Honduras aprobó catorce de los veintidós indicadores de la Cuenta del Milenio para 2027, exactamente la misma cantidad que el año anterior. Sin embargo, volvió a reprobar en control de la corrupción, Estado de derecho y eficacia gubernamental. El país puede aspirar nuevamente a recibir cooperación estadounidense, pero sigue mostrando deficiencias en las instituciones que deberían administrar esos recursos y convertirlos en desarrollo. Las calificaciones, publicadas esta semana, ofrecen una radiografía incómoda de nuestra historia reciente: hemos conseguido algunos avances económicos sin resolver los problemas que impiden sostenerlos.
El economista Efraín Díaz Arrivillaga, protagonista de la transición democrática de los años ochenta, recordó esta mañana en +Conscientes una sucesión de esfuerzos nacionales que terminaron interrumpidos. Habló de las reformas sociales de Villeda Morales, del reformismo militar, de la industrialización impulsada durante las décadas de 1960 y 1970, de los ajustes económicos de los noventa y de la reconstrucción posterior al huracán Mitch. En cada período identificó proyectos que intentaron modificar el funcionamiento del país, pero que nunca alcanzaron la continuidad necesaria para producir transformaciones duraderas.
Su diagnóstico tiene un valor particular porque proviene de alguien que participó en aquella historia. Díaz Arrivillaga trabajó en las instituciones de planificación económica desde los años sesenta y fue diputado durante los primeros ocho años del régimen constitucional iniciado en 1982. Conoce las decisiones que se tomaron, los proyectos que se abandonaron y algunas de las disputas que determinaron su destino. Su testimonio permite reconstruir una historia económica que rara vez aparece en las discusiones políticas actuales.
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Durante buena parte del siglo pasado, Honduras intentó desarrollar capacidades productivas mediante instituciones públicas de planificación, financiamiento agrícola, inversión en infraestructura y promoción industrial. El Estado participaba directamente en la creación de condiciones para producir. Aquellas iniciativas estuvieron atravesadas por limitaciones técnicas, intereses particulares y contradicciones políticas, pero respondían a una concepción en la que el desarrollo requería algo más que esperar las decisiones de los inversionistas.
La apertura económica de los años noventa modificó esa orientación. El gobierno de Rafael Leonardo Callejas enfrentó desequilibrios fiscales y externos que exigían ajustes. Díaz Arrivillaga reconoce esa necesidad, aunque cuestiona la severidad de algunas medidas y las consecuencias de la estrategia adoptada. La liberalización comercial y el impulso exportador favorecieron actividades como la maquila, pero no fueron acompañados por un esfuerzo equivalente para modernizar la producción destinada al mercado interno.
El resultado fue una transformación incompleta. Honduras desarrolló importantes capacidades exportadoras, mientras amplios sectores agrícolas quedaron rezagados. Los pequeños productores perdieron instrumentos de asistencia técnica, investigación, financiamiento y comercialización que el Estado había construido durante décadas. La desaparición o debilitamiento de esos servicios redujo sus posibilidades de competir frente a productos importados y contribuyó al deterioro de numerosas economías rurales.
La historia exige matices. Las políticas anteriores también habían acumulado ineficiencias y muchas instituciones públicas terminaron capturadas por intereses políticos. La apertura creó oportunidades que antes no existían. El problema estuvo en sustituir una estrategia por otra sin preservar las capacidades que seguían siendo necesarias. El país consiguió desarrollar nuevas exportaciones, pero descuidó parte de su abastecimiento alimentario y dejó a numerosos productores sin instrumentos para aumentar su productividad.
Algo semejante ocurrió con la planificación. Desde mediados del siglo pasado existieron organismos encargados de formular proyectos nacionales de desarrollo. Díaz Arrivillaga recordó su participación en el Plan Nacional de Desarrollo de 1974-1978 y el posterior debilitamiento de esa función estatal. También mencionó la Visión de País y el Plan de Nación impulsados durante el gobierno de Porfirio Lobo, cuyas propuestas territoriales no llegaron a traducirse plenamente en políticas sostenidas.
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Honduras ha elaborado planes que después abandona, mientras su presupuesto continúa respondiendo principalmente a las necesidades inmediatas de cada administración. La planificación perdió relevancia frente a la improvisación, las urgencias fiscales y la distribución política de los recursos. La consecuencia es un Estado que administra obligaciones acumuladas sin disponer de un horizonte suficientemente claro para decidir qué capacidades necesita construir.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica representa otra expresión de esa historia. Fue concebida como un instrumento fundamental para la industrialización y el desarrollo. Sus inversiones hidroeléctricas contribuyeron a transformar la infraestructura económica del país. Con el paso de las décadas, las decisiones sobre generación, contratación y administración alteraron su funcionamiento. Díaz Arrivillaga cuestionó particularmente los costos de determinados contratos privados y la politización de la empresa. Hoy la ENEE constituye uno de los mayores problemas financieros del Estado y una limitación para nuevas inversiones.
Detrás de esas interrupciones aparece un problema político que merece mayor atención. Cada reforma modifica la distribución de recursos, privilegios y oportunidades. Una administración pública profesional limita el reparto partidario de empleos. La transparencia en la contratación reduce los espacios para favorecer empresas determinadas. Una reforma tributaria altera las ventajas de quienes tienen mayor capacidad de influencia. La revisión de contratos estatales puede afectar negocios consolidados durante años.
El fracaso de las transformaciones hondureñas no puede atribuirse únicamente a la incompetencia de los gobernantes. También debe examinarse la resistencia de los grupos que encuentran beneficios en conservar determinadas reglas. La debilidad institucional puede resultar perjudicial para la sociedad y, al mismo tiempo, conveniente para quienes ejercen influencia sobre las decisiones públicas.
Los partidos políticos han desempeñado un papel central en ese proceso. El control de las instituciones permite distribuir cargos, presupuestos y contratos, pero también debilita su capacidad técnica. Cada administración encuentra funcionarios que pertenecen al partido anterior y pretende sustituirlos por personas de su confianza. La experiencia acumulada se pierde, los proyectos quedan suspendidos y las instituciones deben comenzar nuevamente procesos que pudieron haber continuado.
Durante la entrevista, Díaz Arrivillaga formuló una frase que resume buena parte de este problema: «Tenemos leyes, pero no tenemos instituciones». La legislación hondureña establece numerosas obligaciones y procedimientos, pero su aplicación depende demasiado de relaciones políticas, decisiones discrecionales y acuerdos entre grupos de poder. La profesionalización del servicio público sigue siendo una tarea pendiente después de cuatro décadas de democracia constitucional.
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La reflexión adquiere otra dimensión cuando se examina la responsabilidad de la generación que participó en la transición de 1982. Aquellos dirigentes defendieron la institucionalidad democrática, pero también formaron parte del sistema político en el que terminaron consolidándose muchas de las prácticas que hoy cuestionan. La recuperación del gobierno civil fue un avance histórico que no consiguió transformar suficientemente las relaciones entre partidos, instituciones y ciudadanía.
Díaz Arrivillaga ofreció un testimonio revelador al evaluar la situación de la Democracia Cristiana, organización en la que militó desde 1972 y de la que fue candidato presidencial. Lamentó que el partido perdiera su identidad y su fuerza moral cuando comenzó a privilegiar las negociaciones por cuotas de poder sobre la defensa de un proyecto político. Su reconocimiento trasciende la historia de una organización minoritaria. Describe un mecanismo que ha afectado, con diferentes intensidades, a buena parte del sistema partidario hondureño.
La búsqueda de posiciones institucionales terminó convirtiéndose en un objetivo que desplazó los programas de transformación. Las alianzas se establecen alrededor de los espacios que pueden distribuirse, mientras las políticas de largo plazo quedan subordinadas a los acuerdos necesarios para conservar influencia. Así, la alternancia permite cambiar gobiernos sin modificar sustancialmente las prácticas mediante las cuales los partidos administran el Estado.
El gobierno de Nasry Asfura enfrenta ahora esa herencia. Ha conseguido mantener el diálogo con el Fondo Monetario Internacional y busca recuperar el acceso a la Cuenta del Milenio. Son gestiones importantes que pueden fortalecer la estabilidad financiera y abrir oportunidades de inversión. Pero los acuerdos internacionales no sustituyen las decisiones internas. La aprobación de indicadores constituye una condición para competir por cooperación, no una demostración de que el país haya resuelto sus problemas estructurales.
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Díaz Arrivillaga mantuvo su evaluación crítica de mayo sobre la ausencia de un rumbo gubernamental. Describió una administración dedicada a apagar incendios, sin una estrategia que articule las decisiones económicas, sociales e institucionales. Es una apreciación que debe confrontarse con las acciones del Gobierno, pero plantea una exigencia legítima: la estabilidad macroeconómica necesita traducirse en una política de desarrollo capaz de aumentar la productividad, mejorar la educación, generar empleos y fortalecer las instituciones.
El reto tampoco puede resolverse mediante un acuerdo ceremonial entre las dirigencias políticas. Un proyecto nacional requiere compromisos verificables, presupuestos consistentes, instituciones profesionales y mecanismos que impidan abandonar las prioridades cada cuatro años. Debe reconocer los conflictos entre intereses económicos y sociales, establecer responsabilidades y someter sus resultados a evaluación pública. La continuidad institucional no significa inmovilidad ni obliga a los gobiernos a renunciar a sus diferencias. Significa que las capacidades del Estado pertenecen al país y no a quienes temporalmente lo administran.
Honduras vuelve a presentarse ante Washington con la expectativa de recibir recursos que podrían contribuir a su desarrollo. La decisión estadounidense llegará después. La responsabilidad hondureña existe desde ahora.
Durante décadas hemos construido instituciones que luego debilitamos, impulsado políticas que después abandonamos y formulado proyectos nacionales que rara vez sobreviven a sus promotores. Cada gobierno recibe las consecuencias de esas decisiones y encuentra razones para comenzar otra vez.
El verdadero desafío de Asfura, como el de quienes lo precedieron, consiste en demostrar que es posible gobernar sin destruir la continuidad del Estado. Mientras el poder político siga tratando las instituciones como una propiedad temporal, Honduras continuará acumulando oportunidades perdidas.
La tragedia de nuestra historia es que cada generación ha tenido que empezar a construir un país que la anterior dejó inconcluso. Y ninguna ha conseguido todavía garantizar que la siguiente pueda continuar la obra.