ANÁLISIS DE CONTEXTO: 6 DE AGOSTO DE 2023

Luego de un proceso de varios meses para elegir a los más aptos, la Junta Proponente envió, en tiempo y forma, la nómina de cinco abogados para ocupar los cargos de Fiscal General y Fiscal Adjunto. El Congreso Nacional tendrá ahora que negociar los 86 votos necesarios para que dos de estos candidatos sean los ungidos, para llevar en sus hombros la persecución penal, en nombre del Estado hondureño, durante los próximos cinco años.

  1. Jenny Almendarez Flores, de 52 años, parece ser la favorita de la sociedad civil. Es especialista en Derecho Mercantil y cuenta con un máster en Derecho Penal y Procesal Penal. Obtuvo una nota de 95.55%, siendo la más alta del proceso de selección. En su Currículo indica que entre 1994 a 2015 se desempeñó como fiscal del Ministerio Público (MP). Es hija del doctor Juan Almendares Bonilla, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y un abanderado de las causas sociales y los Derechos Humanos. Aunque se presume que no tiene inclinación política definida, su formación de hogar la colocan cerca del partido Libre.

  2. Mario Alexis Morazán Aguilera tiene 46 años de edad, posee un doctorado académico en Derecho Penal y maestría en Derechos Humanos. Obtuvo una nota de 87.98%, siendo el segundo mejor evaluado. Fue director de Derechos Humanos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de 2011 a 2014, y posteriormente fungió como fiscal del Ministerio Público de 2014 a 2016. También se ha desempeñado como catedrático universitario. Es afín al Partido Libertad y Refundación y en el actual gobierno ocupó cargos en la Cancillería y Procuraduría General de la República.

  3. Marcio Cabañas Cadillo, de 47 años, finalizó el proceso de evaluación con una nota de 84.36%. Es originario de Tegucigalpa y posee una especialización en Derecho Penal y Procesal Penal, además de una maestría en Políticas Públicas y Gestión de la Seguridad. En su experiencia profesional destaca que trabajó en el bufete Velásquez (1998- 2000). También laboró como analista de investigación en la Secretaría de Seguridad y ha ocupado varios cargos en el Ministerio Público. Desde el 2000 a la fecha, se desempeñó como fiscal auxiliar y fiscal asignado a la Fiscalía Especial contra Delitos Tributarios y Conexos. Es el que conoce a mayor detalle los pormenores del funcionamiento del Ministerio Público, aunque no conozco su afinidad política, varias fuentes lo señalan como afín al partido Libre.

  4. Johel Antonio Zelaya Álvarez de 43 años. Fue evaluado con una calificación de 80.94%. Es originario de Reitoca, Francisco Morazán, municipio del cual es regidor en la actualidad, cargo al que llegó a través del Partido Liberal. Ha sido asesor externo de la Procuraduría General del Ambiente y de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel). Actualmente, es asesor legal de Grupo Flores y socio mayoritario del despacho Zelaya y Asociados. También es consultor del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

  5. Pablo Emilio Reyes Theodore tiene 40 años de edad. Sacó una calificación de 75.26%. Es originario de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Es abogado con orientación en Derecho Laboral y máster en Derecho Empresarial. Es director de la firma legal ‘Consultus’ y fue asesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH (2010-2012), al igual que de la junta interventora de la Fiscalía (2013). Fue asesor de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de 2014 a 2016 y también participó en la comisión liquidadora de la DEI. Después, fue asesor de la SAR (entre 2017-2020). Se presume su afinidad con el Partido Nacional, si bien algunos abogados que lo conocen me indican que se le vio en marchas de la Resistencia durante el golpe de Estado.

Esta semana salió la noticia de la captura en Olancho de un camión de cigarrillos que ingresó de contrabando a Honduras. Por el lugar a donde fue interceptado el camión debemos suponer que el cargamento ingresó de algún lugar de la costa caribe, más probablemente La Mosquitia hondureña. Esa zona es territorio de los carteles del narcotráfico, difícil imaginar que alguien (si no ellos) lograrían meter un cargamento de ese tamaño por esas aguas. Lo cual me indica cuando menos cierta complicidad entre los traficantes de droga y los traficantes de cigarrillos. Esto coincide con la información con la que cuento de la existencia de un cartel del tabaco que funciona desde México a Panamá, bajo la esfera de operaciones del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Para quienes damos seguimiento a las noticias de violencia en esa zona del país, esto nos puede indicar una pelea de plazas entre por lo menos dos carteles hegemónicos que han demostrado presencia en Olancho, Colón, Yoro y Gracias a Dios, el CJNG y el Cartel de Sinaloa.

El Congreso Nacional derogó esta semana el Decreto 116-2019, conocido como FONDO DEPARTAMENTAL, aka PACTO DE IMPUNIDAD. La polémica surge porque el Partido Nacional se negó a votar por la derogación y la votación solo contó con 82 votos, de 86 que tendría que tener una mayoría calificada. Luis Redondo había mencionado previamente que se necesitaban 86 votos para derogarlo, sin embargo, aprobaron la derogación con 82 votos.

“Para que se derogue realmente el Fondo Departamental tienen que derogar el artículo 81-A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que es quien la crea, y cumplir lo que está en el artículo, eso es lo legal, porque no queremos engañar al pueblo al decir que está derogado. Mientras no se derogue este artículo, el fondo se mantiene”, explicó a la prensa nacional la designada presidencial Doris Gutiérrez.

Agregó: “Lo que derogaron anoche fue la ley especial del fondo, entonces significa que esa ley especial está derivada de donde se crea el fondo. Está incompleto, eso es quitar las ramas, pero dejar las raíces. Esos artículos donde se crea el fondo solamente pueden ser reformados o derogados con mayoría calificada”.

Gutiérrez exhortó a los parlamentarios a completar el proceso y suprimir o modificar los artículos 81-A y 83 de la Ley Orgánica del Congreso, ya que al continuar vigentes dejan abiertas las puertas a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad al no cumplir con lo establecido en la normativa.

El artículo 81-A de ley del Poder Legislativo reza de manera textual: “Créase el Fondo Social Departamental como un programa permanente de proyecto social de los diputados en todas las comunidades, destinado a la ejecución de programas, proyectos y cualquier ayuda social que impacten positivamente en las comunidades”.

Presidenta Castro pidió a sus ministros esta semana que le ayuden a ejecutar el presupuesto. Indicó que está sumamente preocupada y pidió un informe sobre cómo se ejecutarán los recursos asignados a las Secretarías de Estados por lo que resta del 2023. Asignó además dos mil millones de lempiras para la reconstrucción de escuelas por medio de la AMHON, un movimiento que ha sido interpretado por algunos analistas como un reconocimiento de la baja ejecución de la Secretaría de Educación en la reconstrucción de escuelas, luego de casi dos años de gobierno. Igual interpretación merece el nombramiento de la Dra. Sandra Ramírez como comisionada Presidencial para la construcción de hospitales.

Esta semana la Organización Fraterna Negra OFRANEH alertó su rechazo a la aprobación y puesta en práctica de la Ley especial de las Transacciones de Carbono para la justicia climática, aprobada por este gobierno, la cual han calificado como una iniciativa neocolonial. Según denuncia Ofraneh, la ley se aprobó sin consulta previa e informada con los pueblos indígenas y de los territorios. El reclamo se suma a otros similares expresados por organizaciones como COPINH.

El ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) de Honduras, Lucky Medina, anunció en la COP27 llevada a cabo en noviembre del año pasado 2022, la implementación de “créditos soberanos de carbono” para construir infraestructura resistente al cambio climático y cuidar áreas protegidas. El Congreso Nacional legisló para regular estas transacciones de carbono. La Ley propuesta busca promover justicia climática y controlar emisiones, estableciendo un Comité Nacional para las Transacciones de Carbono. Aunque Honduras tiene bajas emisiones, la Ley plantea interrogantes sobre regulación y beneficios. Se destinaría el financiamiento a áreas protegidas y conservación. Sin embargo, los críticos a esta legislación cuestionan la motivación gubernamental y la falta de enfoque en otras problemáticas ambientales. Se destaca la falta de transparencia y participación comunitaria, y manejo inadecuado de fondos en la implementación de la ley. La propuesta genera controversias sobre la equidad, control estatal y sus implicaciones ambientales en Honduras.

Honduras reportó un número inédito de migrantes transitando por el país. Unos 2000 personas por día, durante el último mes de Julio. 52% más migrantes que lo que se reportó en el anterior récord de October 2022 y un incremento del 75% sobre junio de 2023. El principal origen de los migrantes en tránsito por Honduras son Cuba (160,000), Venezuela (130000), Haití (65000) y Ecuador (50000), una cifra que solo amenaza con aumentar en la medida las crisis en esos países se incremente. Paralelamente, los hondureños representan el segundo grupo de más solicitantes de asilo en México, solo después de los haitianos, muy adelante de los cubanos y venezolanos.

El Gobierno de Nayib Bukele buscó prohibir la presentación de un libro en la Feria Internacional del Libro de Guatemala del pasado mes de junio. La colección de cuentos Sustancia de hígado de la escritora Michelle Recinos denuncia las arbitrariedades del régimen durante un estado de excepción impuesto por Bukele para enfrentar la violencia de las pandillas. Uno de los cuentos, «Barberos en huelga», relata desapariciones y abusos cometidos por las autoridades. El estado de excepción permitió restringir derechos y militarizar la seguridad en El Salvador, desatando cacerías y abusos similares a épocas de la guerra civil. A pesar de ello, Bukele mantiene altos niveles de popularidad. La represión se ejerce contra voces críticas y la sociedad vive en tensión constante debido a arrestos arbitrarios. Organizaciones de derechos humanos han denunciado muertes por torturas, golpes y negligencia médica en cárceles, mientras el Gobierno inaugura una megaprisión de alta seguridad. La estrategia de seguridad del Gobierno ha logrado reducir la criminalidad, pero la represión y la censura han generado preocupaciones sobre los derechos y la libertad de expresión en el país centroamericano.

En Estados Unidos, la Fiscalía de Nueva York solicitó esta semana el decomiso de los 8,000 dólares y 111 Lempiras que andaba Tony Hernández consigo al momento de su arresto en 2018. El gobierno de Estados Unidos ha solicitado antes se le entregue todos los bienes incautados de Juan Antonio Hernández Alvarado, aunque no se ha dicho cuáles son esos bienes o siquiera si existe alguno.

Y por último, quiero tomar un momento para saludar, en nombre de mi generación, a la memoria y obra del actor, escritor y amigo Eduardo Bähr (1940-2023) quien falleció esta semana a los 82 años de edad. Quienes hoy nos dedicamos a las letras en Honduras, no nos queda sino agradecerle a Eduardo su amistad y permanente entrega a las artes. Él, en varias etapas de mi vida, fue una inspiración que agradezco de corazón. Hasta siempre, querido Eduardo.