El presupuesto hondureño avanza a dos velocidades. Una mantiene funcionando al Estado: paga salarios, atiende la deuda y cumple las transferencias establecidas por la ley. La otra debería construir carreteras, abastecer hospitales, mejorar escuelas, garantizar agua y fortalecer la producción, pero se mueve con mayor dificultad. Al comenzar septiembre, la ejecución general del presupuesto de 2026 rondaba el 55 por ciento, mientras la inversión pública apenas alcanzaba aproximadamente el 35 por ciento. La diferencia no es únicamente contable. Muestra aquello que el Estado puede hacer con regularidad y el punto donde comienza su incapacidad.

El Presupuesto General de la República aprobado para 2026 asciende a 444,335.8 millones de lempiras. Es la expresión financiera de las prioridades del Gobierno, pero también de las obligaciones acumuladas durante décadas. Buena parte de esos recursos tiene un destino establecido antes de que las instituciones comiencen a ejecutar sus planes: remuneraciones, deuda pública, pensiones, transferencias y otros compromisos que no pueden suspenderse sin provocar una crisis.

Durante una conversación en +Conscientes, Nancy Ochoa, jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, explicó que el gasto corriente mantiene un ritmo de ejecución aceptable, mientras el gasto productivo queda rezagado. Germán Dubón, exsubsecretario de Finanzas y Presupuesto, señaló que las partidas destinadas a salarios pueden acercarse al cien por ciento de ejecución porque el Estado no puede dejar de pagar a sus empleados. En cambio, la compra de materiales, las obras y los proyectos de inversión dependen de procesos administrativos y licitaciones que pueden prolongarse durante meses.

El presupuesto de este año comenzó, además, con una dificultad excepcional. La administración de Nasry Asfura asumió el Gobierno sin que el Congreso Nacional hubiese aprobado el nuevo instrumento presupuestario. Aunque la ley permite continuar temporalmente con el presupuesto del año anterior, la reformulación correspondiente a 2026 fue aprobada hasta abril. Las instituciones quedaron con aproximadamente ocho meses para ejecutar recursos concebidos para un año completo.

La prórroga presupuestaria evitó la paralización administrativa, pero no resolvió la incertidumbre. Los funcionarios nuevos encontraron estructuras que todavía estaban siendo reorganizadas, programas heredados y proyectos que debían revisarse antes de continuar. Algunas instituciones decidieron esperar la aprobación definitiva. En infraestructura, donde una licitación puede tomar entre seis y nueve meses, comenzar a mitad del año puede significar que la obra no consiga superar siquiera el procedimiento de contratación antes del cierre fiscal.

La aprobación tardía ayuda a explicar el rezago, pero no puede utilizarse como una absolución. El Estado no comienza de nuevo cada cuatro años. Una transición gubernamental debería permitir la continuidad de los servicios, los contratos y los proyectos que responden a necesidades públicas. Cuando el cambio de autoridades detiene durante meses la ejecución, lo que aparece no es solamente una demora administrativa, sino una institucionalidad demasiado dependiente de las personas y de las decisiones partidarias.

A inicios de julio, el Gobierno había ejecutado 15,639.3 millones de los 48,229.6 millones de lempiras aprobados para inversión pública. La ejecución llegaba entonces al 33.4 por ciento. Las fuentes consultadas posteriormente situaron el indicador entre 34 y 35 por ciento. Aunque el porcentaje puede crecer durante el último trimestre, el retraso reduce el tiempo disponible para revisar contratos, supervisar obras y corregir deficiencias.

En Honduras se ha normalizado que las instituciones aceleren su gasto cuando se aproxima el cierre del año. El porcentaje de ejecución mejora, pero una cifra mayor no demuestra por sí misma que los recursos fueron bien utilizados. Ejecutar no siempre significa concluir una carretera, entregar un medicamento o instalar un sistema de agua. El presupuesto puede registrarse como comprometido o devengado mucho antes de que la población reciba el resultado esperado.

La prisa también aumenta el riesgo de que las instituciones terminen gastando para evitar que los fondos aparezcan como no ejecutados. El éxito administrativo queda reducido entonces al porcentaje consumido, aunque la compra haya sido innecesaria, la obra permanezca inconclusa o el servicio no produzca ninguna mejoría comprobable. El Estado se preocupa por demostrar que gastó, pero tiene mayores dificultades para demostrar qué cambió.

El problema se vuelve más evidente cuando se examina la composición del presupuesto. Para 2026 se aprobaron más de 116,000 millones de lempiras en remuneraciones y alrededor de 66,600 millones para el servicio de la deuda. Solo esos dos componentes absorben aproximadamente 182,600 millones, más del 41 por ciento de todo el presupuesto. No todo ese gasto puede considerarse improductivo. Los salarios sostienen a maestros, médicos, policías y otros trabajadores indispensables. El servicio de la deuda protege la capacidad del país para obtener financiamiento. Pero su peso reduce el margen disponible para crear nuevas capacidades.

La administración actual reformuló el presupuesto bajo una política de austeridad y anunció como prioridades la salud, la educación y la seguridad. Esas áreas recibieron asignaciones importantes y mantienen una ejecución relativamente alta. Sin embargo, durante el programa, Ochoa llamó la atención sobre las reducciones aplicadas a Agricultura, Infraestructura y la Secretaría de la Mujer.

La dirección de esos recortes resulta especialmente sensible. Honduras enfrenta una sequía que amenaza la disponibilidad de agua y la producción de alimentos. La red vial continúa limitando la actividad económica y encareciendo el transporte. La violencia contra las mujeres exige instituciones capaces de prevenirla y atender a las víctimas. Reducir recursos en esas áreas puede producir ahorro inmediato, pero también aumenta los costos que el Estado deberá asumir más adelante.

Las asignaciones revelan una visión de gobierno. No basta con declarar que la salud o la educación constituyen prioridades. Es necesario determinar qué parte del incremento se destina a salarios y cuánto queda para medicamentos, infraestructura hospitalaria, reparación de escuelas, tecnología o formación docente. Una institución puede recibir más dinero sin adquirir mayor capacidad para atender a la población.

Ese será el punto de partida del Presupuesto General de 2027. La cifra preliminar anunciada por la Secretaría de Finanzas ronda los 457,000 millones de lempiras. Representaría un aumento de aproximadamente 12,664 millones frente al monto aprobado para 2026, equivalente a 2.85 por ciento. El Gobierno todavía debe remitir el proyecto al Congreso y revelar su distribución institucional, sus fuentes de financiamiento y sus disposiciones generales.

El aumento parece considerable hasta compararlo con la inflación. El marco macrofiscal utiliza como referencia una inflación central cercana al cuatro por ciento. Si los precios crecen a ese ritmo, el presupuesto de 2027 tendrá más lempiras, pero una capacidad de compra menor. En términos reales, la reducción rondaría el uno por ciento.

La diferencia deberá ser absorbida en alguna parte. Los salarios públicos aumentarán como resultado de compromisos ya adquiridos. El país deberá continuar pagando la deuda y afrontar el vencimiento de bonos soberanos. Los costos de medicamentos, combustibles, materiales y contratos también responderán a la inflación y al tipo de cambio. Si esas obligaciones reciben protección, el ajuste puede terminar concentrándose nuevamente en la inversión y los programas con menor capacidad de presión política.

El Gobierno presenta el crecimiento moderado del presupuesto como parte de una política de disciplina fiscal. La cautela es comprensible. Un Estado no puede ampliar indefinidamente el gasto sobre la base de ingresos inciertos y nueva deuda. Pero la austeridad no es neutral. Sus efectos dependen de dónde se reduzca el gasto y de quién soporte la pérdida.

El problema fiscal tampoco se limita al gasto. Honduras mantiene una estructura tributaria en la cual los impuestos al consumo tienen un peso significativo, mientras las exoneraciones reducen los ingresos disponibles. La informalidad laboral dificulta ampliar la base tributaria, pero formalizar no debería significar perseguir a vendedores ambulantes y pequeños emprendimientos. Supone crear condiciones para que las unidades económicas crezcan, accedan a servicios financieros y puedan cumplir obligaciones simplificadas sin ser expulsadas del mercado.

En 2027 también pesará la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Su deuda, sus pérdidas y las obligaciones con los generadores constituyen un riesgo fiscal que ninguna reorganización institucional elimina automáticamente. Dividir la empresa puede modificar su administración, pero no borra sus pasivos. Si estos terminan trasladándose al presupuesto, a las tarifas o a nuevos préstamos, será la población quien absorba nuevamente las consecuencias de decisiones políticas y empresariales tomadas durante décadas.

La discusión presupuestaria llegará ahora al Congreso Nacional. Allí no solamente se decidirá cuánto recibirá cada secretaría. También se definirán las facultades para trasladar partidas, contratar deuda, efectuar compras, entregar transferencias y modificar el presupuesto durante su ejecución. Las Disposiciones Generales pueden resultar tan importantes como la tabla de asignaciones, porque establecen quién podrá mover el dinero y bajo qué controles.

El Congreso debería socializar el proyecto antes de dictaminarlo y abrirlo al análisis de universidades, colegios profesionales y organizaciones sociales. La discusión no puede reducirse a las negociaciones entre bancadas ni a la búsqueda de fondos para instituciones, municipalidades y organizaciones vinculadas con los diputados. El presupuesto no es una suma que se reparte entre quienes tienen mayor capacidad de presión. Es el instrumento mediante el cual el Estado decide qué necesidades reconoce y cuáles deja esperando.

La experiencia de 2026 ofrece una advertencia para el próximo año. Un presupuesto puede crecer, cumplir formalmente con sus obligaciones y cerrar con un porcentaje aceptable de ejecución, mientras las transformaciones necesarias continúan postergadas. El Estado hondureño ha aprendido a pagar su propia continuidad. Todavía no demuestra la misma capacidad para financiar el futuro del país.