Carmelo Zschocher llevaba un rato hablando del contrato petrolero cuando dijo algo que me hizo volver sobre las preguntas que le estaba haciendo: «El mar también es nuestra casa».
Esta mañana, en +Conscientes, conversábamos sobre la exploración petrolera anunciada frente a las costas de La Mosquitia. Habíamos hablado de estudios del subsuelo, de las diferencias entre explorar y explotar, de consultas y de posibles beneficios. Carmelo, dirigente misquito, explicaba sus dificultades para comprender un contrato cuyas consecuencias podrían alcanzar la vida de su pueblo. Entonces habló del mar como se habla del lugar al que se pertenece.
En ese mar hay gente trabajando. Según explicó, pescadores de distintas comunidades pasan semanas y hasta meses en los bancos pesqueros. Allí obtienen ingresos, consiguen alimento y sostienen a sus familias. Las áreas que aparecen en una presentación empresarial tienen ya una función en la economía y en la vida de La Mosquitia. Cualquier decisión sobre ellas entra en un territorio habitado, aunque desde tierra firme solo veamos agua.
La periodista Yuam Pravia había utilizado otra palabra para explicar esa relación: despensa. Habló del mar, los ríos, los bosques y las montañas como los lugares de los que depende la vida cotidiana. Su preocupación era qué ocurriría con esa despensa cuando comenzaran los trabajos y qué garantías tendrían quienes la utilizan. Preguntó por posibles restricciones a la pesca, por la información que llega a las comunidades y por las explicaciones en su propia lengua.
Son preguntas que necesitan respuestas antes de que las embarcaciones lleguen. Para una familia que vive de la pesca, conocer dónde podrá trabajar el próximo mes tiene una importancia inmediata. La eventual riqueza petrolera pertenece todavía a un futuro incierto.
El ingeniero geólogo Aníbal Godoy explicó durante el programa que la exploración busca conocer las condiciones del subsuelo y que todavía quedan etapas para establecer la posibilidad de una producción comercial. Esa distinción importa. Honduras necesita inversión y empleo, pero las expectativas deben guardar relación con lo que realmente se sabe. El anuncio de nuevos estudios no permite repartir desde ahora una riqueza cuya viabilidad sigue pendiente.
Mientras conversábamos sobre ese futuro, Pravia insistía en regresar al presente. Habló de las necesidades del hospital, de las dificultades de la pista aérea y de las carencias educativas. Su intervención planteaba una pregunta sobre la credibilidad de quienes vuelven a ofrecer desarrollo: ¿qué experiencia tienen las comunidades con las promesas que recibieron antes?
Ahí está una parte fundamental del problema. La confianza se construye también con un traslado médico que llega a tiempo, con una escuela que funciona y con una institución que responde cuando se denuncia un abuso. Cada obligación incumplida pesa cuando el Estado pide respaldo para un nuevo proyecto.
Pravia reclamaba atención a esas necesidades como pobladora de La Mosquitia. Lo hacía desde una experiencia que, según dijo, comparten comunidades acostumbradas a esperar. Su intervención obliga a considerar qué significa escuchar una promesa de grandes inversiones cuando los servicios esenciales siguen siendo motivo de reclamo.
Durante el programa me referí varias veces a las fallas de comunicación del Gobierno. Al volver sobre la conversación, encuentro que esa explicación resulta insuficiente. Un contrato puede traducirse y una presentación puede mejorar. La pregunta por las garantías permanece: quién vigilará, quién responderá si ocurre un daño y qué posibilidades reales tendrá una comunidad de exigir que se cumpla lo acordado.
Carmelo reconoció haber participado en reuniones con autoridades y representantes de la empresa. Su cuestionamiento era que esos encuentros no constituían la consulta que reclaman. Describió actividades anteriores como espacios de socialización de decisiones ya tomadas. También explicó que cuentan con un protocolo biocultural y con estructuras comunitarias para discutir estos asuntos.
Ese señalamiento merece una respuesta precisa. Si existen procedimientos propios, corresponde conocerlos y explicar cómo serán respetados. Si las autoridades consideran que ya cumplieron con la consulta, deben mostrar cuándo se realizó, quiénes participaron, qué se discutió y de qué manera las respuestas de las comunidades influyeron en las decisiones.
En la conversación quedó pendiente una discrepancia sobre el momento de consultar. Godoy situó ese proceso antes de la perforación, después de los estudios que describió como no invasivos. Los representantes de La Mosquitia reclamaban participación desde ahora. El Convenio 169 contempla la consulta antes de autorizar programas de prospección o explotación en los supuestos que regula. La distinción técnica entre estudiar y perforar requiere, por tanto, una discusión jurídica y territorial que el programa no agotó.
Tampoco basta con suponer que una población bien informada necesariamente aceptará un proyecto. Entender sus posibles beneficios y riesgos puede llevar a distintas conclusiones. Para que la participación tenga sentido, las preocupaciones deben poder modificar lo propuesto. Una consulta cuyo resultado se da por descontado desde el principio difícilmente puede producir confianza.
Carmelo expresó esa tensión a lo largo de la entrevista. Pidió información, tiempo para investigar y oportunidades de comprender por cuenta propia. Más adelante, al hablar de la debilidad de las instituciones y de lo que podría ocurrir frente a una empresa poderosa, dijo que preferiría que no tocaran el mar. Escuché en esa intervención el temor de quien intenta imaginar las consecuencias de un proyecto sin encontrar todavía quién le garantice protección.
Para ampliar sobre la realidad de la mosquitia lea: Los ruidos de la tierra Tawahka
Su posición no puede atribuirse automáticamente a todas las comunidades. Pero tampoco puede despacharse como desconocimiento o rechazo al progreso. Había una pregunta concreta detrás de sus palabras: si hoy cuesta tanto conseguir que el Estado responda, ¿qué ocurrirá cuando haya que reclamar por un daño de grandes dimensiones?
La respuesta exige documentos, instituciones capaces y responsabilidades que puedan hacerse cumplir. Requiere revisar el contrato, las autorizaciones, los estudios y las condiciones bajo las cuales se permitiría avanzar. Los posibles beneficios para las comunidades también necesitan una explicación que permita distinguir compromisos verificables de expectativas.
Honduras tiene razones para investigar sus recursos y discutir cómo podrían contribuir al bienestar de su población. En esa discusión, La Mosquitia debe participar con capacidad de incidir y con acceso a conocimiento independiente. Sus habitantes tienen una experiencia del territorio que ninguna presentación técnica puede sustituir.
La atención al hospital, la educación y el transporte debe avanzar desde ahora. Son obligaciones que existen con independencia de lo que encuentren las exploraciones. Condicionar en la práctica la esperanza de recibir servicios a la llegada de un gran proyecto sería pedirles a las comunidades que acepten una incertidumbre para intentar resolver un abandono.
«El mar también es nuestra casa», dijo Carmelo. Antes de contar los ingresos que algún día pudiera producir el petróleo, necesitamos responder qué pasará con quienes ya viven de ese mar. Y quién estará allí para defenderlos si algo sale mal.