Abrir una llave no significa recibir agua potable. Tampoco lo garantiza el camión cisterna que aparece durante una sequía, el pozo abierto en una comunidad o el botellón comprado en una pulpería. En Honduras, tener acceso al agua y disponer de agua segura continúan siendo dos realidades diferentes. La primera puede medirse por la existencia de una tubería o una fuente cercana. La segunda exige saber de dónde procede el líquido, cómo fue tratado, qué ocurrió durante su distribución y si se encuentra libre de contaminación cuando llega al vaso.

Hasta finales de agosto de 2026, Honduras había registrado 98,172 casos de enfermedades diarreicas. En la última semana epidemiológica reportada se sumaron 3,184 casos, aunque esa cifra representó una reducción del cuatro por ciento frente a la semana anterior. El dato, proporcionado por el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, permite medir una parte de la enfermedad, pero no identificar todas sus causas.

No es correcto afirmar que esos 98,172 episodios fueron provocados por el agua. Las enfermedades diarreicas pueden transmitirse mediante virus, bacterias, parásitos, alimentos contaminados y prácticas deficientes de higiene. Sin embargo, tampoco es posible establecer qué proporción de esos casos podría estar relacionada con agua insegura, porque Honduras no cuenta con una medición nacional reciente que permita vincular la vigilancia epidemiológica con la calidad del líquido consumido por la población. El Estado cuenta a los enfermos, pero no examina con la misma regularidad aquello que podría estar enfermándolos.

La última medición nacional representativa que analizó directamente la calidad del agua dentro de los hogares fue la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDESA-MICS, realizada en 2019 por el Instituto Nacional de Estadística, en coordinación con la Secretaría de Salud y el acompañamiento de UNICEF. Sus resultados mostraron una contradicción que siete años después conserva toda su gravedad.

Aunque alrededor del 97 por ciento de la población utilizaba una fuente considerada mejorada, solamente cerca de la mitad disponía de un servicio de agua gestionado de manera segura. Para cumplir esa última condición, el agua debe proceder de una fuente mejorada, estar disponible cuando se necesita, ser accesible dentro de la vivienda o terreno y encontrarse libre de contaminación fecal y química prioritaria.

La encuesta también encontró contaminación por Escherichia coli en aproximadamente la mitad de las muestras tomadas en las fuentes. Cuando se examinó el agua destinada a beber dentro de los hogares, la presencia de este indicador de contaminación fecal llegó a cerca del 71 por ciento.

El resultado demuestra que el peligro no se encuentra únicamente en los ríos, quebradas o pozos. El agua puede contaminarse en la fuente, pero también durante el tratamiento, la distribución, el transporte, el almacenamiento o la manipulación doméstica. Una tubería no certifica la potabilidad. Únicamente demuestra que existe una conexión.

En el programa +Conscientes, de ICN, Túpac Mejía Medina, asesor nacional de Agua, Saneamiento e Higiene de World Vision Honduras, describió el recorrido del agua como una cadena en la que existen riesgos en casi todos sus eslabones.

El líquido puede salir de una planta con condiciones adecuadas y volver a contaminarse al atravesar una red deteriorada. Cuando el servicio se interrumpe y las tuberías pierden presión, las fisuras y conexiones defectuosas pueden permitir el ingreso de agua contaminada. Después vienen las cisternas, los tanques y los recipientes utilizados en los hogares. Si no se limpian, permanecen destapados o el agua es extraída mediante utensilios y manos contaminadas, el tratamiento inicial pierde su eficacia.

Durante la sequía, esta cadena se vuelve todavía más precaria. La urgencia por conseguir agua desplaza la pregunta sobre su procedencia. La familia compra lo que encuentra y lo almacena donde puede. El camión cisterna deja de ser una alternativa excepcional y se convierte en parte del sistema de abastecimiento, aunque no siempre exista información pública sobre la fuente utilizada o los análisis realizados.

Mejía advirtió que Honduras no mantiene un control suficientemente estricto sobre todas las fuentes de las que se abastecen los camiones cisterna. Algunos operadores utilizan pozos, mientras otros podrían obtener el agua de fuentes superficiales que no ofrecen garantías para el consumo humano. La afirmación obliga a formular preguntas que ninguna persona debería tener que resolver por su cuenta: quién registra esos camiones, quién inspecciona sus tanques, quién comprueba el origen del agua y dónde puede consultar el comprador los resultados.

El agua embotellada tampoco ofrece una garantía automática. La Secretaría de Salud tiene la responsabilidad de ejercer vigilancia sanitaria sobre las empresas purificadoras, pero su capacidad no alcanza necesariamente para supervisar toda la oferta, especialmente la que circula en zonas periurbanas y rurales. Convertir el agua en una mercancía regulada puede imponer mayores controles formales, pero esos controles solamente protegen al consumidor cuando se aplican de manera regular y sus resultados son verificables.

El problema se agrava en las comunidades rurales. Muchos sistemas no poseen plantas de tratamiento y dependen fundamentalmente de la desinfección. Cuando el agua llega con altos niveles de turbidez, agregar cloro puede resultar insuficiente si no existe un tratamiento previo adecuado. A esto se suman la asistencia técnica irregular, la dificultad para comprar insumos y la ausencia de recursos para reparar o sustituir equipos.

Las juntas administradoras de agua ocupan un lugar decisivo en ese sistema. En numerosos territorios son la única estructura que sostiene el servicio. Sus integrantes protegen las fuentes, reparan tuberías, recaudan tarifas, administran conflictos y procuran mantener funcionando instalaciones que requieren conocimientos técnicos y financiamiento permanente. Algunas juntas poseen una organización sólida; otras trabajan prácticamente solas.

El problema no es necesariamente falta de compromiso comunitario. Es el abandono institucional de estructuras a las que se ha entregado una responsabilidad pública sin asegurarles acompañamiento técnico suficiente.

Mejía señaló que el debilitamiento del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados ha reducido la asistencia sistemática destinada a las juntas y municipalidades. Algunas alcaldías han creado unidades municipales de agua y saneamiento que ofrecen acompañamiento local, pero esa capacidad no existe en todos los municipios. El resultado es un país en el que la calidad del servicio puede depender de la organización de cada comunidad, de la voluntad del alcalde de turno y de la capacidad de los usuarios para financiar el sistema.

Las tarifas forman parte del problema. Cobrar poco puede parecer una medida favorable para las familias, pero una tarifa que no cubre cloración, operación, mantenimiento y reposición termina produciendo un servicio intermitente y vulnerable. El dilema no se resuelve trasladando todo el costo a comunidades empobrecidas. Requiere subsidios correctamente dirigidos, inversión pública, planificación financiera y mecanismos transparentes que permitan sostener los sistemas durante toda su vida útil.

Honduras ha aprendido a inaugurar proyectos, pero no siempre a mantenerlos. La fotografía de una nueva obra sirve para la propaganda; la vigilancia cotidiana de la calidad, la sustitución de una bomba o la reparación de una tubería enterrada ofrecen menos rendimiento político. Sin embargo, el derecho al agua no se cumple el día de la inauguración. Se cumple muchos años después, cuando el sistema continúa funcionando y el agua conserva las condiciones necesarias para ser consumida.

La institucionalidad del sector existe. El Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento debe formular las políticas; el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento regula la prestación; el SANAA tiene funciones de asistencia técnica; la Secretaría de Salud ejerce vigilancia sanitaria; las municipalidades son titulares de los servicios y los prestadores deben garantizar su operación y calidad.

La existencia de varias instituciones debería producir especialización. En Honduras produce con frecuencia dispersión. Todos tienen una parte de la competencia y, cuando el servicio falla, la responsabilidad completa no parece pertenecerle a nadie.

A esta debilidad se agrega una segunda amenaza, menos visible que la contaminación fecal. El doctor Luis Erazo Iglesias, médico y comunicador especializado en salud y medioambiente, advirtió durante el programa +conscientes sobre los posibles efectos de la exposición prolongada a metales, plaguicidas y otros contaminantes químicos.

La diferencia es importante. La contaminación microbiológica puede provocar diarrea, vómitos u otros síntomas en horas o días. La exposición química puede permanecer inadvertida durante años. El agua puede conservar su transparencia, carecer de olores extraños y contener sustancias que no pueden identificarse mediante los sentidos.

El plomo, el arsénico, el mercurio y el cadmio pueden producir daños graves, pero no afectan al organismo de la misma manera. Sus consecuencias dependen de la forma química, la concentración, la duración de la exposición y la vía por la que ingresan al cuerpo. El agua es una de las rutas posibles, pero también pueden intervenir los alimentos, los peces, el suelo, el polvo y determinadas actividades laborales.

La existencia general de estos riesgos está documentada por la ciencia. Lo que Honduras no conoce suficientemente es dónde se encuentran esos contaminantes, en qué concentraciones y cuántas personas permanecen expuestas.

En las zonas mineras puede existir riesgo por el uso o liberación de metales. En regiones agrícolas, los plaguicidas y fertilizantes pueden alcanzar las fuentes superficiales o subterráneas. En los corredores industriales, las descargas sin tratamiento pueden incorporar sustancias químicas a los cuerpos receptores. En las ciudades, las aguas residuales y los desechos sólidos completan una mezcla cuya composición rara vez se comunica al público.

Pero identificar una actividad capaz de contaminar no demuestra por sí sola que toda el agua de una región esté contaminada. Detectar una sustancia tampoco significa necesariamente que se encuentre por encima del límite permitido. Y encontrar una concentración peligrosa no permite atribuir automáticamente a esa exposición un caso individual de cáncer, enfermedad renal o trastorno endocrino. Entre el riesgo, la contaminación comprobada y la enfermedad atribuible existe una cadena de evidencia que Honduras todavía no ha construido.

Esa carencia resulta particularmente grave en el sur del país, donde trabajadores agrícolas jóvenes han desarrollado enfermedad renal sin presentar necesariamente los antecedentes tradicionales de diabetes o hipertensión. El calor extremo, la deshidratación repetida, la carga física del trabajo y diferentes exposiciones ambientales forman parte de las hipótesis estudiadas en Mesoamérica. Sin investigaciones ambientales y epidemiológicas concluyentes, no corresponde señalar una causa única. Lo responsable es reconocer que existe una población enferma y que el país todavía no ha producido toda la evidencia necesaria para explicar por qué.

La incertidumbre científica no debe utilizarse para negar el riesgo, pero tampoco para presentar como demostradas relaciones que continúan bajo investigación. La comunicación ambiental pierde credibilidad cuando sustituye los análisis por afirmaciones generales o atribuye enfermedades complejas a una sustancia sin establecer dosis, duración y vía de exposición.

La respuesta doméstica también tiene límites. Hervir el agua puede inactivar la mayoría de los microorganismos, pero no elimina metales pesados, plaguicidas ni numerosos contaminantes químicos. En determinados casos, la evaporación puede concentrar las sustancias que permanecen en el recipiente. La cloración es fundamental contra la contaminación microbiológica, pero tampoco convierte en segura un agua químicamente contaminada.

Esto coloca a las familias frente a una desigualdad más profunda. La crisis hídrica no separa solamente a quienes tienen agua de quienes no la tienen. También separa a quienes pueden pagar varias capas de protección —cisterna, botellón, filtro y análisis— de quienes deben consumir el agua disponible sin saber qué contiene.

Cuando el Estado no garantiza la calidad, privatiza el riesgo. Cada hogar debe decidir qué agua compra, cuánto cloro utiliza, qué filtro instala, cuándo limpia el tanque y si puede confiar en el proveedor. El acceso deja de ser un derecho verificable y se convierte en una apuesta determinada por el ingreso, la ubicación y la información de cada familia.

World Vision trabaja actualmente con la meta de ampliar el acceso al agua en 49 municipios y alcanzar hacia 2028 niveles de cobertura y calidad de entre el 90 y el 95 por ciento. El programa incluye fortalecimiento de prestadores, municipalidades, juntas de agua y estructuras locales de gobernanza. Es un esfuerzo significativo, pero sus dimensiones muestran también los límites de la cooperación: Honduras tiene 298 municipios y ninguna organización puede sustituir la responsabilidad nacional.

Mejía informó que recientemente se conformó una mesa técnica gubernamental que busca construir una estrategia nacional de seguridad hídrica e incorporar posteriormente a organizaciones sociales y de cooperación. La iniciativa puede ser importante si posee mandato, recursos, plazos e indicadores públicos. Sin esos componentes corre el riesgo de convertirse en otra instancia de coordinación que diagnostica problemas conocidos sin modificar las condiciones que los producen.

Una política nacional tendría que comenzar por algo elemental: medir nuevamente la calidad del agua. Honduras necesita análisis nacionales actualizados, resultados desagregados por municipio y mecanismos públicos para conocer las condiciones de cada sistema. También necesita registrar y vigilar las fuentes utilizadas por las cisternas, fortalecer el control de las empresas purificadoras y establecer pruebas químicas según los riesgos específicos de cada territorio.

No todos los sistemas necesitan buscar todos los contaminantes existentes. Las zonas agrícolas, mineras, industriales y urbanas enfrentan riesgos diferentes. La vigilancia debe responder a esos contextos y publicar sus resultados de manera que puedan comprenderlos las comunidades.

También se necesita vincular la información ambiental con la sanitaria. Cuando una comunidad presenta un aumento de diarreas, enfermedades renales o síntomas compatibles con una exposición química, los equipos de salud deberían poder conocer qué agua consume, de dónde procede, qué actividades productivas existen alrededor y qué sustancias han sido identificadas en el territorio.

Sin esa relación, el sistema continuará atendiendo pacientes individualmente mientras deja intacta la posible fuente colectiva de la enfermedad.

Honduras sabe actualmente cuántas personas llegan a los centros asistenciales con diarrea, pero no sabe con la misma precisión qué agua bebieron, de dónde procedía ni qué ocurrió durante su distribución. Siete años después de la última medición nacional, el país continúa administrando la enfermedad mientras posterga la vigilancia de una de sus posibles causas.