Un cuarto de punto porcentual nos llevó a discutir qué clase de economía queremos tener. Habíamos comenzado la conversación en +Conscientes con una decisión del Banco Central: elevar la tasa de política monetaria de 5.75 a 6 por ciento. Al terminar, estábamos hablando de fábricas, inversión pública, educación y niños que crecen sin una alimentación adecuada. El recorrido tenía sentido. Para entender las posibilidades de Honduras, tarde o temprano hay que salir de la discusión sobre el precio del dinero y entrar en las condiciones que permiten producir y vivir del trabajo.

Los economistas Julio Raudales y Guillermo Matamoros coincidieron en respaldar el ajuste elaborado por el Banco Central. Lo consideran una medida preventiva, de alcance moderado, que busca evitar que las presiones sobre los precios se vuelvan persistentes y obliguen después a una intervención más fuerte. Matamoros introdujo, sin embargo, una precisión que merece acompañar toda la discusión: una medida puede ser adecuada y tener costos.

Para una familia que destina casi todo su ingreso a comida, transporte y vivienda, contener la inflación es indispensable. Cada aumento obliga a hacer alguna renuncia. El dinero que falta se consigue dejando una compra pendiente, reduciendo una porción o adquiriendo una deuda. Quien dispone de ahorros tiene cierto margen para defenderse; quien vive al día recibe el golpe completo.

El problema aparece cuando alguien hace cuentas y descubre que ya no puede pagar el préstamo que necesitaba. Puede seguir necesitando la casa o la maquinaria para su negocio, pero debe aplazar la decisión porque el interés le consume el margen que tenía. Ambos invitados al programa coincidieron al afirmar que el ajuste del Banco Central no implica que eso vaya a ocurrirle de inmediato a todo el mundo, dependerá de cada banco y de las condiciones del crédito. Aun así, ese posible costo merece tanta atención como el beneficio que se espera conseguir.

La responsabilidad monetaria consiste, en parte, en administrar esa tensión. Actuar demasiado tarde puede hacer más difícil controlar los precios; restringir más de lo necesario puede debilitar la actividad. Por eso las autoridades deben explicar qué esperan conseguir, en cuánto tiempo y con qué indicadores evaluarán sus decisiones. La confianza también depende de que la ciudadanía pueda comprenderlas.

Durante el programa, esa explicación fue abriendo una pregunta más amplia: ¿qué estamos haciendo para que la estabilidad permita construir una economía con mayores oportunidades?

Matamoros llevó la conversación hacia los límites de nuestra actividad exportadora. Habló de dificultades en la industria y de cambios en la organización del comercio internacional. Fue cuidadoso al reconocer que todavía estaba estudiando cuánto pesaba cada factor. Esa cautela importa: atribuir el desempeño de una industria a una sola decisión política puede servir para una discusión partidaria, pero ayuda poco a entender qué necesita cambiar.

Su planteamiento más relevante fue la necesidad de avanzar hacia productos de mayor valor. Cuando le pregunté si aquello suponía el agotamiento del modelo, matizó la idea. La maquila ha sido una estrategia importante para Honduras; ahora necesitamos ampliar sus capacidades. Matamoros mencionó otras autopartes, además de los arneses, y las posibilidades de los servicios. También habló de producir mejor en la agricultura.

Ese razonamiento obliga a mirar el futuro con más exigencia. Un país que quiere atraer actividades más complejas necesita trabajadores preparados, energía confiable, infraestructura y capacidad para incorporar tecnología. Necesita, además, empresas dispuestas a invertir en ese salto. La productividad se construye dentro de los centros de trabajo y depende también de lo que sucede fuera de ellos: cuánto tarda una mercancía en llegar a su destino, cuántas veces se interrumpe la electricidad, qué conocimientos adquiere un joven y en qué condiciones de salud llega a su vida adulta.

Allí entró la observación de Julio Raudales sobre la inversión pública. Cuestionó su ejecución y la preparación presupuestaria frente a la sequía. Su argumento permite examinar una responsabilidad concreta del Gobierno: si las condiciones financieras se vuelven más exigentes, adquiere mayor importancia que el gasto destinado a mejorar la capacidad productiva se ejecute bien y a tiempo.

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Un proyecto de riego que se retrasa deja a productores expuestos durante otra temporada. Una carretera deteriorada sigue cobrando su costo en combustible, tiempo y mercadería perdida. Una obra presupuestada que no se convierte en un servicio útil representa una oportunidad que el país continúa esperando.

Por eso la coordinación entre política fiscal y monetaria debe poder observarse en decisiones. El Banco Central tiene una responsabilidad sobre la estabilidad de los precios. El Gobierno, a través del presupuesto y de sus instituciones, debe atender obstáculos que una tasa de interés no puede resolver. La sequía requiere previsión, infraestructura y una respuesta productiva. Los problemas de abastecimiento requieren conocer dónde se interrumpe la cadena y actuar allí. La falta de formación necesita continuidad mucho más allá del calendario de una administración.

Pero sería incompleto colocar toda la obligación sobre el Estado. Al final del programa pregunté qué podíamos esperar del sector privado. La respuesta se desplazó hacia el liderazgo político, la educación y la salud. Quedó pendiente una parte de la conversación que conviene recuperar.

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¿Qué inversión están dispuestas a realizar las empresas para mejorar sus procesos? ¿Qué formación pueden ofrecer a sus trabajadores? ¿Cómo incorporarán tecnología y abrirán espacio a nuevos proveedores? Pedir condiciones favorables para invertir debe acompañarse de compromisos que también puedan evaluarse. La transformación productiva necesita decisiones públicas y empresariales, y ninguna de las dos sustituye a la otra.

Julio Raudales cerró hablando de educación y nutrición infantil. Parecía que nos habíamos alejado del anuncio monetario, pero habíamos llegado a una de sus conexiones más profundas. Las posibilidades económicas de una persona empiezan a formarse mucho antes de que solicite un préstamo o busque empleo. Un país limita su futuro cuando permite que sus niños crezcan sin las condiciones para aprender y desarrollar sus capacidades.

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Estas inversiones requieren paciencia, recursos y constancia. Sus resultados no caben en el balance de una semana y difícilmente producen el rédito inmediato de una inauguración. Sin embargo, de ellas depende buena parte de lo que Honduras podrá hacer dentro de diez o veinte años.

La decisión sobre la tasa merece seguimiento. Habrá que observar qué ocurre con los precios, cómo responden los bancos y qué pasa con el financiamiento productivo. También habrá que preguntar por las obras, la formación y las inversiones que deberían ampliar nuestras posibilidades.

Para quien vive de un salario, una inflación menor ayuda a conservar lo que tiene. Acceder a un trabajo mejor, producir con menos incertidumbre o conseguir una vivienda requiere que la economía ofrezca algo más. La estabilidad es una base necesaria. La tarea pendiente es construir sobre ella un país donde llegar a fin de mes deje de ser la medida de todas las aspiraciones.

VideoEl aumento de la tasa de política monetaria abre una discusión que va más allá del costo del crédito. A partir de la conversación con Julio Raudales y Guillermo Matamoros en +Conscientes, Óscar Estrada examina por qué contener la inflación debe acompañarse de inversión pública, transformación productiva, educación y salud. La estabilidad es necesaria, pero convertirla en oportunidades exige compromisos del Gobierno y del sector privado.