El juicio que comenzó este lunes puede establecer la responsabilidad penal de cuatro personas vinculadas por el Ministerio Público con la estructura conocida como Delta Team, pero no necesariamente responderá la pregunta que Honduras se ha hecho durante más de cuatro años: qué ocurrió con Angie Samantha Peña.
Esa diferencia es fundamental. Angie desapareció el 1 de enero de 2022, después de salir en una moto acuática desde West Bay, en Roatán. Las diligencias emprendidas para buscarla condujeron a propiedades, personas y evidencias que abrieron otras investigaciones. De ese recorrido emergió la descripción de una organización que, según la acusación fiscal, operaba en la isla desde aproximadamente 2019 y estaba relacionada con explotación sexual, venta de personas, drogas, armas y otras actividades ilícitas. Pero el proceso que se desarrolla entre el 7 y el 14 de septiembre no juzga directamente la desaparición de Angie.
Ante el tribunal comparecen Harold Joseph Green Jr. y William James Murdoch, acusados de trata de personas en la modalidad de venta, y Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo Nájera, procesados por asociación para delinquir. Corresponde al Ministerio Público probar sus acusaciones y al tribunal determinar la responsabilidad individual de cada imputado. La expectativa pública que rodea el juicio no debe sustituir las pruebas ni la presunción de inocencia. Tampoco debería reducir lo ocurrido a la suerte de cuatro hombres.
El caso es más grande que sus acusados porque permitió asomarse a una estructura económica y social que podía funcionar detrás de la imagen paradisíaca de Roatán. Una red de trata no comienza cuando una víctima es trasladada ni termina cuando alguien paga por explotarla. Necesita captadores, vehículos, habitaciones, teléfonos, clientes, negocios y personas que faciliten o encubran sus movimientos. Necesita, además, un entorno institucional incapaz de detectarla o dispuesto a dejarla trabajar.
La desaparición de Angie abrió una puerta que permanecía cerrada. Durante un allanamiento realizado como parte de las diligencias posteriores, las autoridades encontraron a una adolescente de 17 años en una propiedad de Gary Lee Johnston y localizaron en su teléfono fotografías y videos de niñas. Ese hallazgo produjo un proceso independiente que terminó en octubre de 2025 con una condena de 32 años y seis meses contra Johnston por trata de personas agravada y pornografía infantil. La investigación sobre una joven que todavía no aparece había permitido encontrar a otras víctimas que permanecían ocultas.
La pregunta inevitable es cuántas continúan allí.
Las cifras oficiales no contestan esa pregunta. En 2023 Honduras identificó 95 víctimas de trata; en 2024 identificó 49. Las víctimas de explotación sexual registradas pasaron de 78 a 42. Una caída semejante podría interpretarse como una mejoría, pero durante el mismo periodo las investigaciones también se redujeron a la mitad: de 84 a 42. Las estadísticas no miden la dimensión real del mercado. Miden únicamente a quienes el Estado consiguió encontrar y reconocer como víctimas.
Sua Martínez conoce esa diferencia desde dentro. Durante cuatro años dirigió la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, la CICESCT. En una entrevista con +Conscientes, de ICN, sostuvo que durante la administración anterior fueron rescatadas más de 325 nuevas víctimas. También describió la trata como un delito que puede permanecer oculto en una vivienda, una escuela, un hotel, un parque, una terminal de transporte o una conversación iniciada mediante un perfil falso.
Su experiencia le permite formular una advertencia que trasciende el expediente judicial: las redes de trata no trabajan solas.
Según Martínez, estas estructuras pueden relacionarse con policías, agentes de investigación, autoridades locales, turistas y negocios que prestan la infraestructura necesaria para explotar a las víctimas. Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, hizo un señalamiento semejante durante el programa. Afirmó que, en los centros turísticos, policías, militares, alcaldes, fiscales, jueces y otras autoridades han observado durante años situaciones que deberían provocar investigaciones y, al guardar silencio, pueden terminar protegiéndolas.
La afirmación no equivale a una condena colectiva contra las autoridades de Roatán. Sí plantea un problema que el juicio debe ayudar a esclarecer. La acusación incorporada al proceso menciona supuestos policías, el uso de negocios y hoteles y posibles acciones de encubrimiento o manipulación de expedientes. La responsabilidad de personas concretas tendrá que probarse. Pero resulta difícil imaginar que una actividad que requiere captar, movilizar, alojar, anunciar y entregar víctimas pueda sostenerse durante años sin producir señales visibles para quienes administran, vigilan y lucran en el territorio.
Roatán no es responsable de los delitos cometidos en la isla. Su condición de destino turístico, sin embargo, crea un mercado particular. Hay visitantes con capacidad de pago, una industria dedicada a alojarlos y transportarlos, una población flotante difícil de seguir y una profunda desigualdad entre el dinero que llega y las oportunidades disponibles para numerosas familias. Esas condiciones pueden ser aprovechadas por redes que convierten la vulnerabilidad en mercancía.
Martínez relató que durante su gestión la CICESCT trabajó con el sector turístico y llegó a capacitar o certificar aproximadamente cien hoteles como establecimientos libres de trata. El personal de recepción y seguridad recibió herramientas para identificar el ingreso reiterado de menores con adultos, la ausencia de un vínculo familiar comprobable, señales de miedo o violencia y personas que entraban a una habitación y no volvían a ser vistas.
La iniciativa reconocía una realidad incómoda: los hoteles pueden ser una barrera contra la explotación, pero también pueden convertirse en su infraestructura. No basta colocar cámaras ni entregar un certificado. Se necesita personal capaz de reconocer indicios, protocolos para actuar sin poner en riesgo a la víctima, registros que puedan preservarse como evidencia y consecuencias para los establecimientos que faciliten los delitos deliberadamente.
El comprador también ha permanecido demasiado tiempo fuera del relato. Las coberturas muestran a los tratantes y describen a las víctimas, pero rara vez se detienen en quien paga. Las mujeres y las niñas no aparecen espontáneamente en un catálogo. Alguien solicita verlas, alguien entrega el dinero, alguien proporciona una habitación y alguien decide que su edad, su miedo o sus lesiones no son razones suficientes para detenerse.
Martínez sostiene que la legislación hondureña mantiene una zona de indefinición respecto del consumidor y que el país debe discutir su incorporación efectiva en la persecución de estas redes. La discusión es necesaria porque la explotación no se sostiene únicamente por la capacidad criminal de la oferta. Se sostiene porque existe una demanda dispuesta a financiarla. Perseguir captadores sin afectar el mercado que compra sus servicios permite que otras personas ocupen rápidamente su lugar.
El dinero explica la capacidad de adaptación. Las redes ya no dependen exclusivamente de bares, prostíbulos o contactos presenciales. Pueden acercarse a una adolescente sin que salga de su casa. Un perfil falso, una oferta de modelaje, una promesa de empleo, un videojuego o una relación sentimental simulada sirven para establecer confianza. Después aparecen la solicitud de imágenes íntimas, el chantaje, la amenaza contra la familia y la cita en la que puede producirse la captación física.
En otros casos, la primera reclutadora puede ser una amiga de la misma edad. Martínez aseguró haber conocido testimonios de adolescentes llevadas a una red por compañeras cercanas. La víctima puede ser obligada posteriormente a captar a otras jóvenes, transportar drogas, ocultar armas o vigilar territorios. Cuando las autoridades la encuentran realizando una actividad criminal, el sistema debe determinar si actúa voluntariamente o bajo coacción. Sin procedimientos especializados, una víctima de trata con fines de criminalidad forzada puede terminar procesada como integrante de la organización que la sometió.
El problema tampoco termina en la explotación sexual. La ley hondureña reconoce modalidades como servidumbre, trabajo forzoso, mendicidad forzada, matrimonio servil y utilización de personas en actividades criminales. Algunas permanecen todavía más ocultas porque han sido normalizadas. La trabajadora doméstica que no recibe salario porque le proporcionan comida y techo; la niña entregada en matrimonio para pagar una deuda; el menor utilizado para pedir dinero en un semáforo; el joven amenazado para transportar droga. La apariencia cotidiana de esas escenas ayuda a esconder la violencia que las sostiene.
El Estado hondureño ha conseguido algunas condenas relevantes. En 2024 los tribunales condenaron a 30 tratantes, frente a 21 durante el año anterior. En 2025 la unidad especializada del Ministerio Público informó de 27 sentencias que involucraron a 39 personas por un conjunto de delitos relacionados con trata, explotación sexual, pornografía infantil y otras conductas. Los resultados muestran capacidad para llevar algunos expedientes hasta una sentencia, pero también revelan la estrechez del sistema.
Martínez aseguró que la unidad especializada ha tenido que trabajar con aproximadamente cinco fiscales y, en ocasiones, con un solo vehículo para atender casos en todo el país. Las investigaciones pueden extenderse durante tres años mientras los equipos acumulan nuevos expedientes. Fuera de Tegucigalpa y San Pedro Sula, la posibilidad de encontrar personal especializado, cámaras de Gesell, refugios y servicios de acompañamiento disminuye considerablemente.
La mayor debilidad aparece después de la condena. La antigua titular de la CICESCT sostuvo que solamente conoce una sentencia que haya incorporado una reparación digna para las víctimas. También afirmó que negocios relacionados con casos de explotación han continuado funcionando después de las decisiones judiciales. Mencionó un restaurante de Tegucigalpa donde habrían sido rescatadas 12 personas sometidas a explotación laboral y sexual, pero que permaneció abierto y sin indemnizarlas.
La Ley contra la Trata de Personas permite ordenar reparaciones. En la práctica, la justicia se concentra en imponer prisión y dedica mucha menos atención a reconstruir la vida destruida. Martínez lo resumió durante la entrevista: Honduras mantiene una justicia punitiva que mira los derechos del imputado y olvida los derechos de la víctima.
Una sobreviviente necesita mucho más que ser retirada del lugar donde la explotaban. Requiere seguridad, vivienda, tratamiento psicológico, atención médica, educación, ingresos y protección frente a quienes pueden buscarla nuevamente. Necesita recuperar la capacidad de decidir que el sometimiento fue destruyendo. Una respuesta centrada en la víctima debe preguntarle si quiere estudiar, emprender, trasladarse a otra comunidad o salir del país. Protegerla sin escucharla puede convertirse en otra forma de decidir sobre su vida.
Si la pobreza facilitó la captación, rescatar a la víctima y devolverla a la pobreza significa regresarla al punto donde comenzó su vulnerabilidad. Una condena que no decomisa los beneficios de la red, no cierra los negocios utilizados y no compensa a la persona explotada deja intacta buena parte de la estructura económica del delito.
En medio de este panorama, Martínez hizo durante el programa una denuncia que obliga a mirar más allá del juicio. Aseguró que, después del cambio de gobierno, la CICESCT perdió personal con entre cuatro y siete años de experiencia, dejó de contar con su departamento de prevención y comenzó prácticamente desde cero. Los cambios administrativos son habituales cuando llega una nueva gestión, pero en una institución especializada pueden borrar conocimientos, contactos territoriales y relaciones de confianza construidas durante años con víctimas e investigadores.
La afirmación debe ser respondida por la actual dirección de la Comisión. Honduras necesita saber si permanecen activos los equipos regionales, los programas de prevención, la capacitación de hoteles y los protocolos desarrollados durante la gestión anterior. El problema no es conservar a una funcionaria ni defender una administración. El problema es determinar si el Estado destruye su capacidad acumulada cada cuatro años y obliga a las instituciones a aprender nuevamente mientras las redes criminales conservan su experiencia, sus contactos y su dinero.
El asesinato de Dereck McNeil profundiza esa desconfianza. McNeil había declarado como testigo protegido dentro del proceso relacionado con Delta Team. Su identidad fue mencionada públicamente antes de que fuera asesinado en agosto de 2026. Su muerte no demuestra por sí misma la veracidad de cada una de sus afirmaciones ni establece quiénes fueron responsables. Sí demuestra el costo que puede pagar una persona cuando el sistema no consigue preservar eficazmente la reserva y la seguridad alrededor de un testimonio de alto riesgo.
El efecto se extiende a todos los posibles testigos. Si colaborar con la justicia significa quedar expuesto, las personas que conocen el funcionamiento de estas redes tendrán razones para guardar silencio. Y una estructura que opera en la clandestinidad necesita precisamente eso: víctimas demasiado amenazadas para denunciar, clientes protegidos por el anonimato, vecinos acostumbrados a no preguntar y funcionarios convencidos de que investigar es más peligroso que mirar hacia otro lado.
El juicio contra Delta Team llega rodeado de expectativas porque el país quiere finalmente una respuesta sobre Angie Peña. Es posible que el proceso aporte información y establezca responsabilidades importantes. También es posible que, al terminar, la pregunta central permanezca abierta. Su trascendencia no debe medirse únicamente por lo que diga sobre cuatro acusados, sino por lo que obligue a reconocer sobre el territorio y las instituciones que hicieron posible que una presunta red creciera detrás del paraíso.
Angie sigue desaparecida. Otras víctimas fueron encontradas porque alguien comenzó a buscarla. Esa es la dimensión más dolorosa del caso: la búsqueda de una joven permitió ver un mercado que ya existía, una cadena de explotación que necesitaba mucho más que tratantes y un Estado que llegó cuando el daño llevaba años acumulándose. El desafío ahora no consiste solamente en condenar a quienes resulten culpables. Consiste en impedir que, mientras Honduras observa este juicio, otra red continúe creciendo fuera de cuadro.