Imagine que una familia debe tanto dinero que buena parte de sus ingresos se va cada mes en pagar préstamos. Tiene una hipoteca, varias cuotas pendientes y otros compromisos que no pueden esperar. Los intereses cambian y, cuando suben, el dinero ya no alcanza para las necesidades de la casa. El techo necesita reparaciones, las tuberías están dañadas y cada mes se vuelve más difícil llegar al siguiente.
Un día aparece un banco y le ofrece una salida. Le presta suficiente dinero para cancelar las deudas anteriores, le fija una tasa de interés más baja y le permite pagar solamente los intereses durante cinco años. El capital lo devolverá completo cuando termine ese plazo.
La familia acepta. De pronto tiene más dinero disponible cada mes. Puede arreglar las tuberías, reparar el techo y atender necesidades que llevaba años posponiendo. Su situación inmediata mejora considerablemente.
Hay una condición, sin embargo. Dentro de cinco años tendrá que devolver todo el dinero prestado. Si no consigue reunirlo, necesitará encontrar otro banco dispuesto a financiarla.
Eso es, en buena medida, lo que acaba de hacer Tegucigalpa.
La Alcaldía del Distrito Central colocó 375 millones de dólares en bonos internacionales, mediante JP Morgan, a una tasa fija del 9.5 % anual. La operación permite sustituir buena parte de las deudas que mantenía con bancos hondureños, algunas de las cuales llegaron a cobrar intereses del 19 %, según explicó el alcalde Juan Diego Zelaya.
https://oscarlestrada.com/bitacora/poder/el-fmi-nunca-pierde-las-elecciones/
Durante su participación en +Conscientes, el miércoles 11 de noviembre, Zelaya ofreció una explicación bastante transparente de cómo funciona la operación.
Antes, la municipalidad tenía que entregar entre 115 y 120 millones de lempiras mensuales para pagar capital e intereses de sus préstamos. Con los nuevos bonos, ese desembolso se reducirá a unos 85 millones, aunque los pagos de intereses se efectuarán semestralmente.
Estamos hablando de unos 30 millones de lempiras que dejarán de salir cada mes de las cuentas municipales.
Pero el alcalde tuvo el cuidado de hacer una precisión que merece atención: no todo ese dinero constituye un ahorro. Una parte corresponde a obligaciones que simplemente se pagarán después.
Es exactamente lo mismo que ocurre cuando una familia consigue que el banco le reduzca la cuota mensual porque ha dejado de amortizar el capital.
Le queda más dinero para vivir, pero sigue debiendo lo que pidió prestado.
La diferencia puede resultar extraordinariamente útil si se aprovecha bien. También puede convertirse en un problema cuando llega el vencimiento y la deuda continúa intacta.
En el caso de Tegucigalpa, ese momento llegará en 2031.
La municipalidad deberá devolver los 375 millones de dólares, además de haber pagado los intereses correspondientes durante los cinco años. Si el capital permanece pendiente hasta entonces, los intereses sumarían alrededor de 178 millones de dólares.
https://oscarlestrada.com/bitacora/poder/honduras-crece-pero-el-trabajo-no-alcanza/
Zelaya explicó que podrían comenzar a negociar una nueva operación antes del vencimiento. Es decir, buscarían otro financiamiento para cancelar o sustituir el actual, dependiendo de las condiciones del mercado.
La posibilidad existe, pero nadie sabe cuánto costará conseguir dinero en 2031.
Una familia que refinancia su hipoteca depende de sus ingresos y de que el banco quiera seguir prestándole. Una municipalidad depende de su recaudación, de la economía del país y de la confianza de inversionistas que pueden estar a miles de kilómetros de Tegucigalpa.
Hay otra diferencia. La familia de nuestro ejemplo probablemente recibe sus ingresos y paga sus deudas en la misma moneda. Tegucigalpa cobra sus impuestos principalmente en lempiras, pero deberá pagar los bonos en dólares.
Si el lempira pierde valor, cada cuota de intereses y, eventualmente, la devolución del capital exigirán más dinero de las cuentas municipales.
El alcalde explicó que se establecerá una cobertura cambiaria para proteger hasta la mitad de los intereses semestrales. El principal no tendrá esa protección. Es una medida que reduce parcialmente el riesgo, aunque no elimina la exposición de las finanzas municipales a lo que ocurra con el dólar.
Hasta aquí, la operación se parece bastante a una decisión que muchas familias hondureñas reconocerían: cambiar una deuda cara por otra más manejable, aun sabiendo que habrá que resolver el saldo más adelante.
La diferencia está en lo que se pretende hacer con el dinero disponible.
De los 375 millones de dólares, aproximadamente 300 millones se utilizarán para cancelar préstamos bancarios anteriores. Otros 40 millones financiarán la conclusión de la represa San José y unos 35 millones se destinarán a infraestructura vial, movilidad urbana y otros proyectos.
https://oscarlestrada.com/bitacora/honduras/el-estado-que-paga-pero-no-transforma/
La mayor parte de los bonos, por tanto, no representa dinero nuevo para obras. Sirve para pagar a los bancos que ya habían prestado a la municipalidad.
Pero los recursos restantes y la mayor disponibilidad de efectivo permitirán atender necesidades que han permanecido sin solución durante años.
La más importante es el agua.
En miles de viviendas de Tegucigalpa, el abastecimiento sigue siendo una preocupación cotidiana. Hay familias que deben organizar su vida alrededor de los días en que llega el servicio, almacenar agua en recipientes y cisternas o comprarla cuando el suministro falla.
En esas casas, el costo del agua no se mide solamente en la factura mensual. También aparece en el dinero destinado a comprarla, en el tiempo que se pierde esperando una cisterna y en las tareas domésticas que dependen de contar con suficiente agua almacenada.
Por eso la represa San José tiene una importancia que va mucho más allá de cualquier discusión bancaria.
Zelaya aseguró que el proyecto, cuyo costo ronda los 65 millones de dólares, podrá concluirse en 2028 y beneficiar a unos 350,000 habitantes, especialmente en sectores como la Kennedy.
Si esos compromisos se cumplen, el endeudamiento tendrá una consecuencia que cualquier familia podrá reconocer: disponer de agua con mayor regularidad.
El beneficio, naturalmente, dependerá también de que las redes de distribución permitan llevarla hasta los hogares. Una represa terminada no resuelve por sí sola todos los problemas del sistema.
Durante la entrevista, Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, explicó que el acceso al mercado internacional representa un avance para una municipalidad que necesita diversificar sus fuentes de financiamiento.
Su valoración fue ampliamente favorable. Consideró que la operación demuestra capacidad de gestión y puede abrir nuevas oportunidades para financiar infraestructura.
Hay razones para compartir parte de ese entusiasmo. Una ciudad que depende exclusivamente de unos pocos bancos tiene menos opciones para negociar sus préstamos. Disponer de alternativas puede darle mejores condiciones y mayor independencia financiera.
Pero Mossi también recordó que los organismos multilaterales ofrecen financiamientos que pueden amortizarse durante períodos de hasta veinte años.
La diferencia merece atención. Una familia que compra una casa procura distribuir su costo durante un plazo compatible con sus ingresos. No suele convenirle contratar una hipoteca que deba cancelar completamente dentro de cinco años, a menos que tenga una fuente segura para devolver el dinero.
Una represa tiene una vida útil de décadas. Sus beneficios también se extienden durante muchos años. Financiarla con obligaciones de vencimiento relativamente corto exige mayor cuidado sobre la manera en que se pagarán.
Esto no significa que la emisión haya sido una mala decisión. Significa que necesitamos conocer el costo completo de las alternativas disponibles antes de concluir que fue la mejor.
Hay, además, un asunto que trasciende los cálculos bancarios.
Las familias no pueden cambiar sus obligaciones simplemente porque cambie la persona que administra el dinero de la casa. Las municipalidades tampoco deberían hacerlo cuando cambia el alcalde.
La deuda de Tegucigalpa continuará después de esta administración. Quien ocupe la Alcaldía en los próximos años deberá respetar compromisos negociados hoy y encontrar los recursos para atenderlos.
Zelaya explicó que los inversionistas exigieron mecanismos de control sobre los ingresos municipales. Un fideicomiso administrará los pagos y establecerá prioridades para cumplir las obligaciones. También anunció auditorías internacionales y un portal donde se podrá consultar información financiera.
Todo eso puede contribuir a ordenar las cuentas.
Pero hay una pregunta que no deberíamos perder de vista: ¿qué ocurrirá si la municipalidad necesita más dinero para pagar la deuda y sus ingresos no crecen como espera?
En cualquier casa conocemos las consecuencias. Primero se eliminan algunos gastos, después se aplazan reparaciones y finalmente se buscan nuevas fuentes de ingresos. En una municipalidad, esas decisiones pueden afectar servicios, inversiones y tributos que terminan pagando los habitantes.
El alcalde anunció que pretende mejorar la recaudación sin aumentar las tasas, mediante la actualización del catastro, la digitalización de trámites y una mejor identificación de actividades económicas que actualmente no pagan lo que corresponde.
Es un propósito razonable. Una ciudad no puede financiar servicios modernos con registros tributarios desactualizados. Pero los resultados de esas reformas todavía deben demostrarse.
La colocación de bonos también obliga a una transparencia que debería comenzar con algo bastante sencillo: publicar cuánto se debía antes, cuánto se debe ahora, cuánto costó la operación y cuándo habrá que pagar cada obligación.
No se necesita ser economista para comprender esa información. Son las mismas cuentas que cualquier familia responsable intenta llevar en una libreta, una hoja de cálculo o un cuaderno.
Y conviene recordar que el dinero de una municipalidad pertenece a sus habitantes, aunque las decisiones de financiamiento correspondan a sus autoridades.
Tegucigalpa consiguió una oportunidad importante. Ha cambiado obligaciones caras por un financiamiento de tasa fija y dispone de recursos para avanzar en obras necesarias. El acceso al mercado internacional también puede mejorar su capacidad de negociación futura.
Pero todavía no ha resuelto definitivamente su deuda. Ha conseguido cinco años para mejorar sus ingresos, ordenar sus gastos y construir infraestructura que la ciudad necesita desde hace décadas.
Dentro de ese plazo tendrá que demostrar que el dinero liberado sirvió para algo más que respirar con mayor tranquilidad.
En 2028 sabremos si la represa San José comenzó a cumplir la promesa de llevar agua a miles de hogares. En 2031 conoceremos cómo se resolvió el vencimiento de los bonos.
Mientras tanto, los capitalinos deberían tener derecho a revisar las cuentas de esta operación con la misma atención que prestan a las deudas de sus propias casas.
Porque la deuda cambió de manos, pero la obligación de pagarla sigue siendo nuestra.