El jueves 19 de noviembre, un día después de que doce personas fueran asesinadas en Yorito, Pete Hegseth, Secretario de guerra de Estados Unidos, se reunió con Nasry Asfura en la base aérea José Enrique Soto Cano, en Palmerola. Honduras fue la cuarta escala de una gira que también llevó al secretario de Guerra a Venezuela, Colombia y Ecuador. En Comayagua firmó con Asfura un memorando de ciberdefensa y una declaración conjunta sobre zonas de defensa fronteriza. También anunció un primer tramo de equipamiento militar valorado en cerca de 14 millones de dólares. Lo llamó «un pequeño anticipo». Al explicar qué vendría después, habló de entrenamiento, ejercicios y operaciones que las fuerzas de ambos países realizarían juntas.

La agenda de la gira explica por qué vino Hegseth. La masacre explica el lugar que ocupó Yoro en una visita de alcance regional. Ante Asfura, el secretario elogió el despliegue ordenado por el presidente tras los asesinatos, destacó que Honduras había declarado terrorista a la organización conocida como el Cártel del Diablo y dijo que Washington quería acelerar la cooperación. En la misma visita presentó a la Fuerza de Tarea Bravo como una misión que había pasado de concentrarse principalmente en la asistencia humanitaria y el apoyo a las fuerzas de seguridad a combatir organizaciones de narcotráfico designadas terroristas. Con eso, la respuesta hondureña a una masacre en un municipio del interior quedó inscrita en la política militar de Washington para el hemisferio.

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Lo que Washington llama la doctrina Donroe

En 1823, James Monroe advirtió a las potencias europeas contra nuevas colonizaciones e intervenciones en América. En 1904, Theodore Roosevelt invocó esa doctrina para atribuirle a Estados Unidos la facultad de intervenir en países del hemisferio. El corolario de Donald Trump, conocido como doctrina Donroe, recupera esa pretensión de primacía regional. La Estrategia de Defensa estadounidense de 2026 enuncia el objetivo en términos militares: restablecer el predominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental, asegurar su acceso a puntos estratégicos e impedir que potencias rivales establezcan allí capacidades que Washington considere amenazantes. El combate a organizaciones criminales designadas terroristas es una de las vías por las que esa política se traduce en cooperación con gobiernos de la región.

En Palmerola, esa política adquirió una dimensión hondureña. Hegseth habló en pasado del despliegue que Asfura ya había ordenado en Yoro y en futuro de las operaciones bilaterales. Asfura, a su vez, dijo que «la seguridad no tiene fronteras», habló de un combate que debía librarse en conjunto y cerró con una garantía política: «Aquí tiene un aliado». Los discursos permiten leer a Yoro como un escenario posible porque ya hay allí un operativo hondureño, porque Washington acaba de describir una misión compatible con él y porque ambos gobiernos expresaron su voluntad de trabajar juntos. En las comparecencias quedó sin precisar si ese compromiso incluía enviar personal estadounidense a Yoro y qué funciones asumiría allí.

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Lo que se está disputando en Yorito

En la madrugada del miércoles 18 hubo cuatro ataques, tres en Vallecillos y uno en Pacayal. El balance preliminar de Naciones Unidas fue de doce personas asesinadas, entre ellas cinco mujeres y tres menores de edad. Entre las víctimas estaba Delma Yolanda Olvera Pérez, regidora de Yorito, lideresa tolupana y expresidenta del Consejo Tribal de Mina Honda. Organizaciones defensoras recordaron las amenazas que había denunciado por su trabajo en defensa del territorio. Las autoridades han relacionado preliminarmente los ataques con la estructura que atribuyen a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo. La muerte de Olvera obliga también a investigar los conflictos territoriales y las amenazas previas. El móvil y las responsabilidades de los cuatro ataques siguen por esclarecerse.

Al 20 de noviembre, lo que se conoce públicamente es un despliegue hondureño. El Gobierno declaró a Yoro territorio de alto riesgo, ordenó movilizar hasta 500 policías, militares e investigadores, instaló retenes permanentes y elevó a cinco millones de lempiras la recompensa por información que permita capturar a Ferrera. La Policía seguía buscándolo este viernes. Mientras tanto, circulan grabaciones cuya autoría se le atribuye y que sigue sin verificarse de forma independiente. En una se amenaza a comerciantes y vecinos que atiendan o colaboren con la Policía. En la más reciente, la voz exige la liberación de su madre y su hermana y afirma que no se entregará. Las grabaciones intentan imponer un costo a la población por cualquier trato con la autoridad. Ese desafío ayuda a entender por qué la gente puede reclamar protección inmediata incluso cuando desconfía de la forma en que el Estado suele intervenir en su territorio.

Ahí está la demanda social que importa. Las familias necesitan garantías contra represalias y una investigación capaz de establecer quién ordenó los asesinatos. Las organizaciones que acompañan a las comunidades tolupanas reclaman protección para sus liderazgos y advierten que el despliegue puede agravar el despojo si se ignoran los conflictos por la tierra. Desde el Congreso, Tomás Zambrano exigió una intervención inmediata de las autoridades en varios municipios de Yoro. Son demandas distintas que coinciden en la urgencia. Ese ambiente facilita que el Gobierno presente más cooperación militar como una respuesta a la crisis.

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El límite constitucional

El artículo 205 de la Constitución asigna al Congreso la facultad de autorizar o negar el tránsito de tropas extranjeras, autorizar la recepción de misiones militares extranjeras de asistencia o cooperación técnica y aprobar o improbar tratados internacionales. El artículo 245, numeral 43, exige autorización previa del Congreso para que el presidente permita el tránsito de tropas de otro país. Por su parte, el Decreto 208-2026, invocado para declarar a Yoro territorio de alto riesgo, prevé un mando compuesto por instituciones hondureñas. Si se ampliara la misión estadounidense más allá de las funciones que ya desempeña en Palmerola, el Ejecutivo tendría que identificar el instrumento jurídico que invoca, explicar qué tareas cubre y precisar qué autorización legislativa corresponde. Esas son preguntas que el Congreso puede plantear ahora, mientras el alcance de la cooperación todavía se discute en público.

Lo que Ecuador anunció por partes

En enero de 2024, Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno e identificó a 22 grupos como terroristas. Al mes siguiente se publicó la ratificación del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas estadounidenses. En 2025, el electorado ecuatoriano rechazó levantar la prohibición de bases militares extranjeras. La prohibición quedó en pie y la cooperación continuó. El 2 de marzo de 2026, tras recibir al jefe del Comando Sur, Noboa anunció una ofensiva con aliados, entre ellos Estados Unidos. El 3 de marzo, el Comando Sur comunicó el inicio de operaciones de las dos fuerzas y dejó sin precisar el lugar y el papel de cada una.

La cronología se completó después. Un informe militar ecuatoriano revisado por Human Rights Watch situó el comienzo de la primera fase en San Martín, Sucumbíos, el 1 de marzo, antes del anuncio de Noboa. El documento deja sin establecer qué papel desempeñó Estados Unidos ese primer día. La participación estadounidense en un ataque del 6 de marzo sí quedó confirmada en una carta que Trump envió al Congreso el 9. Entre el primer anuncio y esa carta se pasó de una declaración de cooperación a la confirmación de una intervención concreta, con fecha y participación de fuerzas estadounidenses. Para entonces, el ataque ya se había ejecutado.

Si la lectura de Palmerola se cumple, la próxima noticia podría llegar bajo el lenguaje de la asistencia: un anuncio de apoyo estadounidense a la Operación Yoro, una ampliación pública de las funciones de Bravo o un acuerdo que identifique al departamento como ámbito de cooperación. La señal decisiva sería que alguno de esos anuncios vincule personal estadounidense con una tarea concreta en el operativo de Yoro, y permita saber si esa tarea consiste en asesorar, prestar apoyo o intervenir directamente. La entrega de equipo en Palmerola y el despliegue hondureño en Yorito son los hechos conocidos hasta este viernes. Entre ambos, Hegseth y Asfura dejaron planteada una posibilidad que merece discusión pública ahora, antes de que el primer documento preciso sobre una eventual intervención sea el que informe que ya ocurrió.