Al terminar la conversación de hoy con Germán Licona y Frank O’Connor en +Conscientes, quedó pendiente explicar qué necesita hacer el Estado hondureño que no pueda hacer con las facultades que ya tiene. Durante el programa hablamos de inteligencia, de infiltración criminal, de investigaciones que no llegan a sentencia y de instituciones que trabajan sin suficiente coordinación. Cada uno de esos problemas exige una respuesta por parte de las autoridades, pero falta establecer cuál de ellos requiere suspender garantías constitucionales.
La discusión sobre un nuevo estado de excepción debería comenzar allí. El Gobierno tiene la obligación de proteger a la población y responder a las estructuras que cobran extorsión, amenazan familias y controlan comunidades. Esa obligación también exige explicar por qué necesita facultades extraordinarias, qué espera conseguir con ellas y qué ha cambiado desde la experiencia anterior.
Para quienes viven bajo amenaza, la urgencia es concreta. Está en el dinero que deben entregar para mantener abierto un negocio, en el trayecto que sus hijos deben evitar, en la decisión de abandonar una casa. Desde esa experiencia, un despliegue policial puede representar una esperanza comprensible. El problema aparece cuando termina la saturación policial y la familia sigue allí, en la comunidad, esperando a que el criminal no regrese.
Por eso importa tanto distinguir entre entrar a un territorio y conseguir que sus habitantes puedan vivir seguros en él. La presencia de agentes modifica temporalmente las condiciones de una comunidad, pero sostener esa protección requiere investigar, identificar responsables, proteger a quienes denuncian y llevar casos sólidos ante los tribunales. También exige que las instituciones permanezcan cuando desaparezca la atención pública.
Durante el programa de hoy, Licona insistió en la necesidad de evaluar lo que ocurre después de las capturas. Propuso seguir los expedientes, conocer las decisiones judiciales y establecer cuántos casos terminan en condenas o absoluciones. Su planteamiento ofrece una forma concreta de examinar la eficacia de una política que suele presentarse mediante cifras de detenidos y fotografías de operativos.
Una captura inicia un proceso cuyo resultado todavía debe conocerse. Si la investigación fue deficiente, si la evidencia se obtuvo mal o si se detuvo a la persona equivocada, el número anunciado al comienzo puede terminar ocultando un fracaso. La prisión preventiva tampoco resuelve esa evaluación. Hace falta saber qué pudo probar el Estado y con qué respeto a las garantías del proceso.
Ese seguimiento permitiría localizar responsabilidades. Cuando un expediente no prospera, corresponde examinar el trabajo policial, la investigación fiscal y la decisión judicial. Atribuir toda liberación a un juez corrupto impide revisar lo que ocurrió antes de que el caso llegara a su despacho. Aceptar cualquier explicación judicial sin examinarla deja otro espacio sin control. La rendición de cuentas debe alcanzar a toda la cadena.
O’Connor insistió en la fragmentación institucional y en la necesidad de una política de seguridad que tenga continuidad. El señalamiento merece atención. Una investigación puede perder eficacia si la información no circula, si las competencias se superponen o si una institución desconoce lo que hace otra. Pero coordinar requiere precisar responsabilidades y conservar controles. Los jueces deben poder examinar con independencia las actuaciones de quienes investigan y acusan.
La conversación en +conscientes dejó además una tensión que merece detenerse a considerar. Ambos invitados señalaron riesgos de infiltración criminal dentro de las instituciones de persecución criminal y justicia. Si ese diagnóstico es correcto, ampliar sus facultades obliga a fortalecer simultáneamente los mecanismos de vigilancia. Un agente que entrega información a una estructura criminal puede comprometer una operación. Ese mismo agente, con mayores posibilidades de intervenir sobre la vida de los ciudadanos, puede causar un daño todavía mayor.
La depuración, la investigación patrimonial y la sanción de los abusos forman parte de la capacidad del Estado para proteger. Una persona necesita confiar en que su denuncia no terminará en manos de quien la amenaza. Una familia necesita saber dónde está un detenido y ante qué autoridad puede reclamar. La seguridad también depende de esa certeza.
La experiencia del gobierno de Libre debería servir para exigir una evaluación documentada antes de repetir la medida. Durante la conversación de hoy discutimos con los invitados al programa sus prolongaciones, los resultados y los cuestionamientos sobre su aplicación. Ese antecedente merece algo más que un intercambio de acusaciones entre partidos. Hay que establecer qué objetivos se cumplieron, qué estructuras fueron desarticuladas, qué denuncias de abusos se investigaron y cuáles fueron las consecuencias para los responsables.
El criterio debe mantenerse aunque cambie el gobierno. Quienes defendieron la excepción tienen que responder por sus resultados. Quienes ahora la proponen deben explicar qué aprendieron de aquella experiencia y qué modificarán. La incoherencia de un adversario político puede alimentar una discusión parlamentaria, pero no demuestra que una nueva suspensión de garantías sea necesaria.
Tampoco basta con describirla como focalizada o quirúrgica, como hace actualmente la administración del ejecutivo. Esos términos comprometen al Gobierno a presentar una delimitación precisa: dónde intervendrá, qué amenaza busca enfrentar, qué facultades necesita y durante cuánto tiempo. La selección del territorio debe responder a un diagnóstico que pueda ser examinado. La reserva sobre detalles operativos puede ser necesaria; la justificación de una restricción de derechos debe poder discutirse públicamente.
También hace falta establecer desde el comienzo las condiciones para terminar la excepción. Si su continuidad depende de que desaparezca toda la criminalidad, siempre habrá una razón para prolongarla. Una medida temporal necesita un objetivo delimitado y una explicación de cómo las instituciones ordinarias sostendrán los resultados después.
El Congreso tiene una responsabilidad decisiva en ese examen. Debe exigir información suficiente para valorar la necesidad de la medida y revisar su aplicación. Los informes tendrían que permitir conocer tanto sus resultados como sus costos: investigaciones que avanzan, delitos que disminuyen, denuncias de abusos, respuestas institucionales y recursos utilizados. Renovar sin esa evaluación reduce el control a una formalidad.
Pero por sobre todo, hay resultados que deben medirse más cerca de la vida de las personas. Si un comerciante deja de pagar extorsión. Si una familia puede quedarse en su casa. Si denunciar deja de significar exponerse a una represalia. Si una comunidad puede recurrir a una autoridad que responde y permanece. Allí se comprueba la protección que el Estado promete.
El temor de la población merece una respuesta seria. Precisamente por eso, la urgencia no puede convertirse en una autorización indefinida. Antes de volver a suspender garantías, el Gobierno debe demostrar qué facultad necesita, qué resultado espera y cómo responderá por su uso. La ciudadanía ya conoce la promesa de recuperar la seguridad. Le corresponde al Estado demostrar qué hará distinto esta vez.