En Honduras solemos comenzar a preocuparnos por las elecciones cuando los candidatos ya están en campaña y cualquier decisión de la autoridad electoral se interpreta como una ventaja para unos o una amenaza para otros. Para entonces, los problemas que pudieron resolverse con cierta distancia de la competencia han adquirido nombres, colores y consecuencias inmediatas, mientras las soluciones deben negociarse bajo la presión de un calendario que ya no permite demasiadas correcciones. Buena parte de lo que después llamamos crisis electoral se ha ido formando durante esos meses en que parecía que todavía había tiempo.
La discusión sobre las autoridades pendientes del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, junto con las reformas que debe abordar el Congreso, pertenece a ese momento previo en el que aún es posible actuar con anticipación. Las elecciones de 2029 pueden parecer lejanas, especialmente para quienes apenas comienzan a ejercer el poder, pero la organización del proceso tiene otros plazos: antes de recibir un voto habrá que aprobar procedimientos, preparar personal, contratar servicios y comprobar que los sistemas funcionan. El tiempo que hoy ocupa la negociación política se descuenta del que tendrán las instituciones para hacer ese trabajo. Mientras más tarde el Congreso en definir estos temas, menos tiempo tendremos para garantizar elecciones limpias, transparentes y pacíficas.
Esa fue la preocupación que llevamos a la conversación con Fátima Mena y Kenneth Madrid en +conscientes. Nos interesaba entender por qué siguen pendientes los nombramientos y qué está deteniendo las reformas, más allá de la explicación habitual de que no existen los consensos. Porque esa expresión, repetida hasta convertirse en una respuesta suficiente, deja sin aclarar lo que más importa: cuáles son los desacuerdos, quién sostiene cada exigencia y qué tendría que ocurrir para que el Congreso pueda decidir.
La conversación de esta mañana nos permitió reconocer esa disputa por la influencia de los partidos sobre las instituciones electorales, aunque dejó pendiente precisar los términos de la negociación actual. Conviene mantener esa diferencia, porque una cosa es identificar la costumbre de distribuir cargos entre fuerzas políticas y otra establecer qué condición está bloqueando hoy los nombramientos. Los ciudadanos seguimos necesitando una explicación que permita distinguir si se discuten las capacidades de los candidatos, la procedencia de quien ocupará una vacante, las facultades que tendrá o algún acuerdo que dependa de otras decisiones legislativas.
La falta de esa explicación tiene consecuencias. Cuando la negociación permanece fuera del conocimiento público, resulta difícil evaluar las razones de quienes se oponen y las propuestas de quienes aseguran estar buscando una salida. Todos pueden declararse a favor de la democracia, de la transparencia y de unas elecciones confiables, como en la práctiva ocurre, mientras la responsabilidad por el atraso se diluye en una disputa cuyo contenido apenas conocemos. El Congreso debe responder por esa falta de claridad, al igual que las bancadas que participan en los acuerdos y tienen capacidad para facilitar o impedir una decisión.
Hubo, sin embargo, una coincidencia útil entre los invitados de hoy en +conscientes: completar las autoridades y discutir las reformas son tareas que pueden avanzar en paralelo. Esa conclusión importa porque permite exigir resultados sin esperar a que se resuelvan todas las diferencias sobre el sistema electoral. Las instituciones necesitan una integración que les permita cumplir sus funciones, mientras el Congreso debe discutir los cambios con suficiente tiempo para que puedan aplicarse. Resolver los nombramientos tampoco agotaría su responsabilidad, pues de poco serviría completar los cargos si quedan intactas las condiciones que permitieron paralizar decisiones o trasladar la confrontación partidaria al funcionamiento cotidiano de los organismos.
Durante el programa, Kenett Madrid describió la posibilidad de un modelo mixto, con participación ciudadana en estructuras que han estado dominadas por los partidos. La propuesta obliga también a examinar cómo se escogería a esas personas y qué garantías tendrían para actuar con independencia. La procedencia de sociedad civil no elimina por sí misma los compromisos con quienes promueven una candidatura, del mismo modo que una trayectoria profesional respetable necesita acompañarse de reglas que permitan resistir presiones y hacer públicas las razones de cada decisión.
El problema aparece cuando la representación partidaria se convierte en obediencia y quien llega a una institución entiende que debe proteger a su organización por encima del mandato que ha recibido. Bajo esa lógica, cualquier decisión adversa puede tratarse como una traición, y cualquier ausencia capaz de impedir el funcionamiento del pleno se vuelve un instrumento de negociación. Modificar esa relación exige revisar tanto los procedimientos de selección como las reglas para decidir, sustituir ausencias y exigir responsabilidades, de manera que el cumplimiento de la ley tenga más fuerza que la instrucción de un dirigente.
La exdiputado Fátima Mena llevó la conversación hacia la situación del personal técnico y la necesidad de preservar la experiencia que una institución acumula durante años. La independencia también depende de quienes preparan los procesos, conocen sus dificultades y deben continuar trabajando después de cada cambio de autoridades. Una revisión del desempeño puede ser necesaria, como señaló Madrid, pero tendría que realizarse con criterios que permitan corregir irregularidades sin convertir la evaluación en una nueva oportunidad para repartir empleos o desplazar a quienes no responden al grupo que acaba de llegar.
Algo semejante ocurre con el presupuesto y la tecnología, dos asuntos que suelen atraer atención cuando la urgencia ya ha reducido las opciones. Una institución que recibe tarde sus recursos termina organizando bajo presión lo que debió planificar con anticipación, mientras las contrataciones, las pruebas y la capacitación compiten por un tiempo cada vez más escaso. Después, cuando aparecen las fallas, la discusión se concentra en quien ejecutó el último procedimiento y deja en segundo plano a quienes fueron acumulando las condiciones para que ese trabajo se hiciera al límite.
Por eso, el tiempo forma parte de las garantías electorales. Permite probar un sistema antes de que sus resultados definan una disputa por el poder, corregir un procedimiento antes de que afecte a miles de votantes y capacitar a una persona antes de exigirle que resuelva, bajo presión, una controversia en una junta receptora. Cada aplazamiento va estrechando esas posibilidades, aunque sus efectos permanezcan fuera de la conversación pública hasta el día en que algo deja de funcionar.
La fiscalización del financiamiento político, planteada también por Fátima Mena, completa esa discusión. La confianza en una elección depende de cómo se cuentan los votos, pero también de las condiciones en que los partidos y candidatos compiten para obtenerlos. Conocer quién aporta, cuánto dinero circula y qué capacidad tienen las instituciones para examinarlo permite observar compromisos que pueden prolongarse mucho después de la campaña. Una reforma que aspire a fortalecer la independencia debe ocuparse de esos recursos y de quienes tienen la responsabilidad de supervisarlos.
La experiencia de 2025 tendría que servirnos para orientar ese trabajo. Durante el programa +conscientes de hoy preguntamos si era necesario esclarecer primero las responsabilidades de lo ocurrido antes de avanzar con las reformas, y Mena sostuvo que ambos procesos pueden desarrollarse simultáneamente. Esa posibilidad ofrece una salida razonable: las investigaciones deben continuar mientras se corrigen las deficiencias que ya pueden identificarse, sin convertir la espera de una resolución en una justificación para mantener pendientes los cambios ni utilizar la reforma para dar por cerrado lo que todavía necesita explicación.
Hacia el final de la conversación, Mena mencionó la expectativa de que la comisión llevara un dictamen al pleno en octubre. Esa referencia ofrece un punto concreto para observar si la discusión comienza a producir resultados, aunque todavía deba tratarse como una expectativa y no como un acuerdo cumplido. Su importancia dependerá de que el Congreso haga públicas las propuestas, explique qué problemas busca resolver y establezca un calendario que incluya el trabajo necesario para aplicar lo aprobado.
Quienes hoy tienen los votos para decidir conocen lo que significa depender de una autoridad electoral cuando se disputa el poder. Esa experiencia debería permitirles comprender que las garantías que reclaman desde la oposición deben preservarse cuando llegan al gobierno, porque el derecho de los ciudadanos a cambiar de autoridades no puede quedar sujeto a la conveniencia de quienes ocupan los cargos. Todavía existe margen para preparar la siguiente elección con responsabilidad, pero ese margen se reduce mientras el Congreso negocia. Cuando finalmente haya un acuerdo, las instituciones tendrán que trabajar con el tiempo que les hayan dejado.
Para conocer más del tema de hoy lo invito a ver el programa completo de +conscientes, con los invitados Fátima Mena y Kenett Madrid.