Análisis de contexto: 12 de agosto de 2023
En la localidad de Tatumbla, Francisco Morazán, los habitantes de la zona iniciaron la semana con una toma de caminos bajo la consigna «nadie entra, nadie sale». El malestar, según indicaron a los medios de comunicación, esta relacionado con el nombramiento de docentes en el colegio local. El ambiente se tensó a medida que la policía antimotines llegaba para desalojar a los manifestantes. Hubo resistencia y conatos de enfrentamiento. Los policías llegando a ejercer violencia contra los protestantes que se rehusaban a liberar las calles.
El Secretario de Educación, Daniel Sponda, expresó a propósito de las tomas, que él no veía una justificación para exponer a los niños a esas situaciones, señalando que desde la Secretaría están en disposición de recibir a la población para escuchar sus quejas, una vez que desalojen la calle. Sobre los nombramientos que reclaman los manifestantes en Tatumbla, Sponda afirmó que tienen pruebas de falsificación de plazas en el instituto de Tatumbla y que lo que se buscan es eliminarlas.
Acciones similares de protesta y por las más diversas razones se realizaron durante la semana en otras zonas del país: por taxistas en Talanga, reclamando reparación a la carretera; por pobladores en Limones, por agricultores en Esparta y en Tela, en Belen, en Marcala, en Baracoa, en San Manuel y en Cofradía, Cortés, donde protestaron por falta de fluido eléctrico. Los vendedores del Casco Histórico de Tegucigalpa protestaron en la calles exigiendo se retiren tubos y cadenas de las aceras. Para prevenir la toma de las instalaciones amaneció militarizado el Instituto Técnico Honduras, ubicado en la col. Kennedy de Tegucigalpa.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, expresó su malestar al recibir una nota de cobro de 1.200 millones de lempiras para la municipalidad, por deudas originadas en 1990. El alcalde Contreras expresó que “El Gobierno no nos cumple (con los desembolsos) y nos está cobrando. Si embargan las cuentas de la municipalidad entramos a la quiebra porque no hay capacidad de pago”, dijo.
También en economía: El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de Honduras llegaron a un acuerdo de tres años en el marco del Servicio Ampliado del FMI y el Servicio de Crédito Ampliado. Un equipo del FMI, dirigido por Ricardo Llaudes, visitó Tegucigalpa para discutir el apoyo a las políticas y reformas de Honduras. El acuerdo, sujeto aún a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, busca proporcionar a Honduras aproximadamente USD 830 millones para respaldar las reformas económicas del país. Llama la atención como diversos líderes y figuras, como el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facusse, expresaron su positividad sobre el acuerdo, que dijeron, traerá beneficio para el programa económico y social de la presidenta Xiomara Castro. Sus palabras hicieron eco los funcionarios del gobierno de izquierda, que parecen haber olvidado todas las consignas anti FMI que se gritaban en las calles apenas hace 3 años.
Pero siguiendo con las buenas noticias, el subdirector del INA, Rafael Alegría aseguró esta semana que el país tendrá este año una reserva suficiente de 130 mil quintales de maíz y 70 mil de frijoles. “La producción este año va a ser muy buena pese algunos pronósticos de lluvia e inconvenientes de conflictividad,” dijo.
En un lamentable episodio legislativo, se aprobó esta semana la Ley de Base de Datos de ADN después de un retraso de casi cuatro horas en el inicio de la sesión, que estaba programada para las 3:00 de la tarde. Esta ley tiene como propósito la organización y resguardo de la información genética obtenida y generada de acuerdo a los casos especificados en la normativa, bajo la administración del Ministerio Público a través de la Dirección General de Medicina Forense.
La sesión se reanudó con la discusión sobre esta ley, pero la bancada del Partido Nacional empezó a interrumpir con ruidos de pitos, pitoretas, vuvuzelas y gritos. Encabezados por Tomás Zambrano, Nelson Márquez y Jack Uriarte, los diputados nacionalistas llevaron a cabo una protesta legislativa exigiendo se derogue el decreto 04-2022 que da vida a la amnistía politica para perseguidos por el golpe de Estado de 2009, que los nacionalistas llaman “pacto de impunidad”.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, condenó enérgicamente los “actos de perturbación ilícita” llevados a cabo por el Partido Nacional durante la sesión de ese día. Según reportó, los miembros de dicha bancada agredieron físicamente al personal del Legislativo y causaron daños a muebles y equipos del Congreso.
Hay que hacer memoria que en el pasado, el recurso de la “insurrección legislativa” fue usado varias veces por el partido Libre, invirtiendo los lamentables roles que hoy vemos en el Congreso Nacional. A pesar de este tumulto, la sesión logró continuar y la Ley de Base de Datos de ADN fue finalmente aprobada, enhorabuena.
El diario El Heraldo publicó esta semana la noticia que describe “La Bestia”, una celda de confinamiento acondicionada por los militares a cargo del Centro Penitenciario Nacional de Támara, para encerrar y quebrar la voluntad de todos aquellos prisioneros que consideraron incorregibles, rebeldes, violentos y desobedientes. En el fondo de la celda se establecieron tres espacios destinados para dormir, pero a los lados les colocaron una canaleta con clavos incrustados, para que el reo al acostarse no se pudiera mover de un lado a otro, dice la nota. Se le montó una segunda planta, pero el piso se hizo de varillas de hierro. Se acondicionó para tener entre siete y ocho reos en las condiciones más inhumanas. Al carecer de servicios sanitarios y sin agua, los reos castigados tenían que hacer sus necesidades fisiológicas en pedazos de papel, bolsas y botes, volviendo el sitio insano. Como el interior y la intemperie solo los separaban los barrotes, en el día los confinados eran azotados por el sol, en la noche por el frío y en invierno por la lluvia, de acuerdo con las descripciones de los internos. Tras una denuncia interpuesta por familiares en 2021, la inhumana celda fue desmantelada. Por cuatro de los casos violatorio de los Derechos Humanos que ahí se cometieron fue detenido esta semana un coronel activo y un teniente coronel de la PMOP.
Mientras tanto, siempre en el tema carcelario, en el Centro Penal de Comayagua hubo una reyerta que dejó un saldo dos heridos. El excomisionado de la Policía, Leandro Osorio, advirtió que las estructuras criminales en los centros penales harán difícil la gobernabilidad y aboga por medidas aún más estrictas. La Policía Militar de Orden Público (PMOP) anunció el traslado de al menos 70 reos de la Granja Penal de Comayagua a cárceles de máxima seguridad para poner fin al motín. El comandante de la PMOP, Ramiro Fernando Muñoz, enfatizó la persistencia en el trabajo de seguridad en las cárceles y menciona el control de un intento de amotinamiento en el centro penal de Comayagua.
Pedro Joaquín Amador, comisionado presidencial para los presos políticos, expresó su indignación ante las alegadas acciones irregulares llevadas a cabo por miembros de la Policía Militar del Orden Público en la prisión de Comayagua. Según lo reportado por Confidencial HN, Amador recibió informes que indicaban que un militar había mutilado el testículo de uno de los reclusos con una navaja, lo cual habría desencadenado el disturbio y el posterior incendio en la institución penitenciaria. Amador tomó la decisión de comunicar esta información a la presidenta Castro, además de expresar su insatisfacción por la conducta de los militares hacia los reclusos. En respuesta, la mandataria le planteó que, si Amador no estaba de acuerdo con la política de seguridad de su Gobierno, debía comunicarlo oficialmente, considerando su actitud como un acto de deslealtad por parte del comisionado presidencial.
El escenario político ya se encuentra en movimiento a más de dos años de las próximas elecciones presidenciales. Los políticos que aspiran a competir por la presidencia han empezado a destacar en el panorama nacional. Entre los nombres que resuenan, se encuentra Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional, quien fue candidato en la contienda anterior y ahora buscaría nuevamente la presidencia. Por el lado de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, coordinador del partido, ha manifestado la posibilidad de que su hijo, Héctor Zelaya, sea candidato presidencial, aunque Héctor Zelaya estaría inhabilitado por ley, mientras otra facción manifiesta su apoyo a Jorge Cálix, que parece estaría optando mejor por la alcaldía, como una opción más segura. Otro nombre que ha sido mencionado repetidamente para la candidatura presidencial de Libre es el de abogada Rixi Moncada, actual ministra de Finanzas, si bien ella parece no decidirse aún.
Aunque existe una alianza de buena voluntad entre Salvador Nasralla, el único que abiertamente ha dicho que será candidato presidencial y el alcalde de San Pedro Sula Roberto Contreras, este último expresó al final de la semana su intención de lanzarse él también como candidato a la presidencia por el Partido Liberal. Otros nombres que suenan en ese instituto político son Quintín Soriano, Eduardo Maldonado y José Azcona.
Jesús Gumaro Jaime Estrada (centro, de camisa blanca) habla con sus abogados.AFP
El excapitán Santos Orellana apareció esta semana en el Podcast de Radio América El Radar, revelando que la DEA le solicitó que declarara sobre la existencia de un plan para asesinar al expresidente Juan Orlando Hernández y al exembajador James Nealon, algo que, según señaló Orellana, era falso. No explicó en el programa de radio las razones que tendría la DEA para presionarlo a dar esas declaraciones. Sin embargo, un tribunal hondureño condenó en septiembre de 2014 al mexicano Jesús Jaime Estrada y los hondureños Víctor Lorenzo Flores y José Javier Contreras bajo cargos de conspiración para atentar contra Hernández. Juan Orlando Hernández está preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
El diputado Juan Barahona denunció esta semana supuestos planes para derrocar al gobierno de Xiomara Castro. “Las fuerzas oscurantistas que se oponen al desarrollo del país se han estado articulando para sacar de la manera que sea a la mandataria”, dijo.
El periodistas Esdras Amado López, antes aliado y diputado del partido Libre, respondió a Barahona argumentando que Mel Zelaya es el principal golpista de Honduras, alegando que fue el expresidente quién “planificó un autogolpe”.
La tensión subió con las expresiones del diputado Rasel Tomé, quien a tono con Barahona afirmó la existencia de conspiraciones de militares retirados para dar un golpe de Estado a la presidenta Castro. Carlos Zelaya hizo eco advirtiendo que el golpe de Estado de 2009 “deberá pagarse algún día”.
Ese extremo fue negado por Isaías Barahona, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, al decir que “los funcionarios de Libre ahora ven golpes hasta en la sopa. Nadie puede decir ni hacer nada, porque sienten que están intentando darle un golpe a Xiomara”.
El ambiente de elección se va tensando en la medida se acerca la fecha para que el Congreso decida quién rectorará el Ministerio Público. El diputado Erasmo Portillo afirmó que Libre no debe tener control de la Fiscalía. “Libre, ya tiene los tres poderes del Estado y no ha hecho nada. Honduras es un país que no tiene rumbo. Libre no merece tener un fiscal general que atienda a sus intereses,” dijo. Y para no perder la costumbre de los dimes y diretes entre los diputados, el congresista de Libre, el siempre moderado (ironía) Sergio Castellanos respondió a Portillo afirmando que “las dos últimas elecciones del Fiscal General han sido fraudulentas e ilegales”.
El diputado nacionalista Erik Alvarado lamenta que el oficialismo aún no haya convocado a un diálogo sobre la elección de nuevas autoridades del Ministerio Público y considera que hablar de golpe de Estado es una cortina de humo; la Asociación de Fiscales del Ministerio Público advierte que tomarán acciones si se imponen nuevas autoridades y pide que se escoja al Fiscal de la lista de cinco candidatos enviada por la Junta Proponente; el diputado Rafael Sarmiento de Libre asegura que el nuevo Fiscal General y Adjunto saldrán de la lista de candidatos remitida al Congreso y destaca la importancia de cumplir con el mandato constitucional para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público. Mientras y sin que venga al caso aún, la presidenta Castro convoca a las bases de su partido para tomar las calles en exigencia para que elija al fiscal en tiempo y forma.
Termino este resumen alertando de lo que sucedió en Ecuador. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio por parte de un grupo armado de narcotraficantes colombianos, marca un giro en los procesos democráticos en Latinoamérica. El ambiente de inestabilidad que ya vivía Ecuador, ya de por sí sumamente complicado, podría desestabilizar la región completa.