Análisis de contexto, 27 de agosto de 2023
La semana inició con la victoria del social demócrata Bernardo Arévalo, en las elecciones presidenciales de la vecina Guatemala. Arévalo, hijo del expresidente de la revolución de octubre, Juan José Arévalo (1946-1951), sorprendió el pasado mes de junio al pasar a segunda vuelta con una campaña de tierra. Con el movimiento Semilla venció en esta última elección a la ex primera dama y tres veces candidata Sandra Torres, de UNE. Torres, que no logró remontar en las encuestas a pesar de su esfuerzo por radicalizar sus propuestas buscando alcanzar el voto de la derecha, ha levantado discretas denuncias de fraude que han logrado poco eco. Arévalo sin embargo, se enfrenta ahora a una infraestructura hostil que amenaza ilegalizar incluso su partido, despojándole de los pocos diputados que ganó. Arévalo deberá tomar posesión el 14 de enero de 2024, pero todo apunta a que Guatemala vivirá meses de crisis post electoral dadas las muchas amenazas que recibe desde sectores oscuros, que se rehusan a reconocer los resultados.
En Ecuador las elecciones dieron como candidatos a la segunda vuelta a Luisa González, candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, cuyo padre se enfrentó en unas elecciones contra Correa. El asesor presidencial de Honduras, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, no desaprovechó la oportunidad para enviar un saludo a González, por el triunfo en la primera vuelta electoral y a su equipo de trabajo, en especial a su amigo Rafael Correa.
En Honduras, la primera mitad de la semana estuvo inmersa en el debate que generó la conformación del Bloque Opositor Ciudadano (BOC), compuesto por Salvador Nasralla y el Partido Salvador de Honduras, el Partido Nacional, el Partido Alianza Patriótica del general Romero Vázquez Velazquez (actor material del golpe al ejecutivo contra Manuel Zelaya en 2009) y sectores del Partido Liberal, entre otras organizaciones y personas independientes. El BOC realizó una marcha multitudinaria el pasado sábado 19, que provocó reacciones a todo nivel. Altos ejecutivos del gobierno y del Partido Libre se han empeñado en ridiculizar la alianza, señalando la contradicción de Nasralla al aliarse con quien, hasta hace poco, era su adversario político, si bien Nasralla fue en el pasado también duro crítico (primero) y aliado (después) de Libre y los Zelaya. Otro de los aliados de Nasralla que ahora niegan el vínculo, es el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien criticó duramente la alianza de su ex amigo con el PN. Contreras, que también es adversario de Libre, había anunciado hace apenas unas semanas una alianza con Nasralla y hoy reniega de ella. Esa movida puede explicarse más en su interés en lograr el favor de la dirección del Partido Liberal, para poder optar así a una candidatura desde esa institución política.
Lo cierto es que la marcha del BOC provocó que el gobierno de Xiomara Castro refuerce su convocatoria que lanzó días antes, para garantizarse una marcha aún mas grande el próximo 29 de agosto, cuando la presidenta Castro convocó a sus bases a hacer acto de presencia en las calles en apoyo a su administración y exigiendo al Congreso Nacional la elección del Fiscal General. Hasta el momento parece que todas las instituciones del Estado están concentradas en participar en esa marcha el próximo 29 de agosto.
Esta semana deberá elegirse al nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto en el Congreso Nacional, y a pesar de que el jefe del legislativo Luis Redondo asegura contar ya con los 86 votos necesarios, lejos está de llegarse a un acuerdo. El PSH, partido al que pertenecía Redondo en las elecciones pasadas, reclamó no contar con un representante en la Comisión multipartidaria para evaluar candidatos a fiscal general. Jhosy Toscano, jefe de la bancada del PSH, niega el PSH esté listo para votar por el nuevo fiscal, como lo aseguró el licenciado en informática Luis Redondo. La bancada del desautorizó al diputado Román Moran, nombrado por Redondo, a formar parte de la Comisión Multipartidaria. El Subjefe de la Bancada, Tomás Ramírez dijo en una entrevista que “mientras no haya un verdadero diálogo que lleve a consensos no podrán tomar la decisión de votar por el Fiscal General y Adjunto”. El diputado Carlos Umaña aseguró también que no habrá elección de nuevo fiscal, por que no hay votos suficientes.
El diputado Jorge Zelaya, aseguró en una entrevista que él no ha sostenido conversación alguna con el titular del Legislativo, Luis Redondo, quien aseveró que para la elección del fiscal general cuentan con el voto del parlamentario nacionalista. Luis Redondo había afirmado que confiaba que antes del 1 de septiembre se tendría nombrado al nuevo fiscal general y adjunto de Honduras, con el apoyo de hasta tres diputados del Partido Nacional, incluyendo a Jorge Zelaya. Se supo luego que Redondo había ofrecido un viaje a Rusia a Zelaya a cambio de su voto, pero el diputado ha rechazado la oferta.
En un acalorado debate en el foro 30/30 de TSi, los diputados del Partido Libre, Rasel Tomé y del Partido Nacional, Antonio Rivera, expresaron sus puntos de vista respecto a la elección del próximo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público. El parlamentario de Libre y vicepresidente del Congreso Nacional, aseguró que “contra viento y marea a finales de este mes se elegirán a las nuevas autoridades del MP”. A lo que Rivera le recordó que Libre no cuenta en la actualidad con los 86 votos necesarios. El jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmientos, aseguró que ya hay “acercamientos” al “más alto nivel” con las distintas fuerzas políticas a fin de elegir al nuevo fiscal general. El parlamentario indicó que con el PL tienen un consenso casi total. Y que el Partido Nacional se reuniría este fin de semana con Carlos Zelaya, para alcanzar consenso sobre fiscal general.
A mediados de la semana trascendió la destitución de la Jueza Karla Romero, quien se hizo famosa luego que juramentó a la presidenta Xiomara Castro el 27 de enero de 2022. Karla Romero, asegura que su destitución es una persecución política, por haberse negado a reconocer la investidura del jefe del legislativo Luis Redondo. El argumento de las autoridades administrativas de la Corte Suprema que informan del despido de la jueza Karla Romero, asegura que ella dio positivo en una prueba de alcoholemia luego de un accidente de tránsito en el que se vio envuelta hace unas semanas y que eso justificaría su despido. Ese argumento ha sido repetido por varias autoridades del gobierno y por militantes del partido en las redes sociales, si bien existe duda razonable por el perfil que la jueza había alcanzado en los últimos meses. Lo cierto es que, como muchas cosas hoy en día, no importa cuánto defiendan las autoridades la decisión de la Corte Suprema de despedir a la jueza Romero. No importa si ella incurrió en faltas o no, de si fue una acción de la presidenta o del pleno. El tinte político está bien pegado y nada ni nadie se lo quitará. Esa decisión daña a la Corte porque queda como que respondió el favor de la elección cumpliendo el deseo de Luis Redondo. Muy mal precedente.
El Jefe del Estado Mayor Conjunto, Vicealmirante José Jorge Fortín, expresó en una declaración inusual, en un evento oficial de la institución armada, un no a los golpes de Estado, señalando como golpistas a los generales en condición de retiro: Hun Pacheco, Isaías Barahona, Romeo Vásquez y Maldonado Galeas. Los alto oficiales en retiro reclamaron por las acusaciones de Fortín. Después de Escuchar las declaraciones del jefe militar, el diputado Tommy Zambrano alertó que hay una intención del gobierno en disolver el Congreso Nacional e imponer una constituyente para establecer su dictadura Socialista. Esa misma tarde el secretario de Seguridad, José Manuel Zelaya Rosales, hijo del Secretario del Congreso Nacional, amenazó con usar la cárcel del cisne para los golpistas y traidores. Y la Policía Nacional anunció que, en el marco de sus competencias legales, ha organizado equipos especializados para investigar y contrarrestar cualquier amenaza orientada a la comisión de los delitos de Traición a la Patria, Terrorismo y Golpes de Estado.
Olvidan estos altos oficiales que el golpe de Estado de 2009, que sigue paseándose como fantasma por los pasillos de Casa de Gobierno, fue ejecutado no por individuos, sino por instituciones y que fue precisamente las Fuerzas Armadas, no los oficiales, la responsable de la ejecución. Si bien los oficiales son al final los que ejecutan las órdenes. En todo caso debería tomarse como una confirmación a la ciudadanía que ELLOS, las Fuerzas Armadas de Honduras y La Policía Nacional de Honduras no harán un golpe de Estado, ya que poco poder tienen ningún ciudadano para ejecutar cualquier acción SIN EL RESPALDO de las fuerzas de seguridad nacional, que han sido en nuestra historia las culpables siembre, de este tipo de acciones.
Además, esta semana también se conoció (como un recordatorio de lo que está de fondo en esos discursos de Traición a la Patria, Terrorismo y Golpes de Estado) que bajo el argumento de “traición a la patria” y “Terrorismo“, el gobierno de Nicaragua expropió la Universidad Centro Americana (UCA) de la Compañía de Jesus, un atropello más a la ciudadanía que se suman a la matanza de más de 350 personas en las protestas de 2018, el encarcelamiento de toda la oposición política, la expatriación de toda la prensa nacional y de líderes comunitarios.
Esta semana salió de prisión, tras cumplir su condena en Estados Unidos, quien fuera el primer extraditado hondureño, Carlos “el negro” Lobo. Lobo, quien fue uno de los narcotraficantes más importantes del país, se prepara ahora para volver al territorio nacional, luego de terminar su condena. Junto a él irán volviendo poco a poco toda esa plana de narcotraficantes que estuvieron activos en la época más oscura del país.
En las protestas de esta semana, no me queda claro si continúa o no la toma de los 17 estudiantes estudiantes encapuchados que mantenían cerrada la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), exigiendo cambios en las autoridades a las que consideran ilegales. Se que se canceló el período en el CURLA, en la ciudad de La Ceiba y que el pasado jueves las autoridades de la Ciudad Universitaria anunciaron que se habían ya liberado las entradas, pero que no llegaron estudiantes ese día por la misma confusión que yo aún tengo. En Cofradía, Cortés, pobladores en colonia Naco protestaron exigiendo proyecto de alcantarillado y también en ese departamento, Marco Henderson Suazo, Presidente de Patronato de la comunidad de Travesía, en Puerto Cortés, y empleado de la Empresa Nacional Portuaria, fue asesinado la madrugada del martes. Aún se desconoce los motivos del crimen.
Y por último, esta semana se levantaron las alarmas por el creciente número de migrantes que atraviesan el país. El epicentro de la crisis migratoria está en Danlí, El Paraíso, donde los viajeros, de distintas nacionalidades, entran desde Nicaragua. Autoridades que han atendido la crisis afirman que un 38% de las personas en movimientos son mujeres, niñas y niños. Las ciudades fronterizas alertan el ingreso de casi cuatro mil personas diarias durante esta semana. Más de 222 mil migrantes han ingresado a Honduras en lo que va del 2023, una cifra que ha superado ya a la presentada el año pasado. Solo en julio entraron a Honduras alrededor de 50,000 personas. La ciudad de Danlí no descarta cerrar la ciudad a todos los migrantes. Una medida drástica que resuena con la anunciada por el gobierno de Panamá, que analiza el cierre de su frontera terrestre con Colombia, por el aumento exponencial de más de 307 mil migrantes, que han cruzado de manera irregular por el Tapón del Darién.