Análisis de contexto: 15 de julio de 2023
Esta semana comenzamos con Centro América. En el vecino Nicaragua, el dirigente opositor en el exilio Félix Maradiaga culpó al presidente Daniel Ortega por el revés sufrido en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) frente a Colombia, donde se le negó a Nicaragua extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia. Maradiaga señaló que la tiranía de Ortega perjudica los intereses soberanos de Nicaragua y representa un riesgo para la seguridad hemisférica. Atribuyó el debilitamiento de la legítima demanda de Nicaragua sobre su plataforma continental a la mala gestión de la política exterior de Ortega y sus relaciones con países como China, Irán y Rusia. Por su parte, el también dirigente opositor, Juan Sebastián Chamorro, consideró que el fracaso de la demanda refleja la pobreza de la política exterior de la dictadura de Ortega.
Sandra Torres / Bernardo Arévalo
En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad concedió un amparo al partido político Movimiento Semilla, protegiendo su personalidad jurídica y deteniendo así su cancelación. Esto sucedió en medio de una crisis política electoral prolongada en el país. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) había solicitado suspender la personalidad jurídica de Movimiento Semilla debido a presuntas firmas falsas presentadas durante su proceso de constitución. La candidata presidencial Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), mostró solidaridad con el líder de Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, y suspendió temporalmente su campaña electoral en favor de competir en igualdad de condiciones en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Este fin de semana se espera que ambos partidos reinicien campaña. Sandra Torres se encuentra ahora en una situación de desventaja, luego que el intento del Ministerio Público terminara impulsando a Arévalo, que ha aprovechó la persecución para mostrarse como un candidato anti sistémico, y la posibilidad que su nombre se asocie con los sectores que intentaron intervenir en los resultados del pasado 25 de junio. Torres deberá ahora cambiar su estrategia, indicando que la verdadera afectada con la crisis ha sido ella.
Antonio Rivera Callejas
El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas denunció esta semana que sus comunicaciones telefónicas habían sido intervenidas, luego que Honduras Pro, un medio ciudadano en Estados Unidos que ha seguido de cerca los juicios a narcotraficantes en Nueva York, filtrara varias conversaciones telefónicas suyas con distintas personalidades, entre políticos de su partido y periodistas. Las conversaciones han sido sacadas de contexto, hechas en 2019, cuando el juicio a Tony Hernández, y son presentadas ahora como “prueba” de los vínculos de líderes del partido nacional con narcotráfico. Si bien del tema que hablan es otro. Rivera intentó culpar, también sacando de contexto, al gobierno de Xiomara Castro, alertando ser víctima de espionaje. El incidente debe llamar la atención porque pone en tensión varios derechos: el derecho de la libertad de prensa con que cuenta Honduras Pro que, aunque lamentablemente ha sacado de contexto la conversación de Rivera Callejas, defendemos su derecho a exponerlas; el derecho a la privacidad de las llamadas telefónicas, que está contemplado en la Constitución y también defendemos, aunque se debe reconocer este derecho se violentó en el gobierno pasado de Juan Orlando Hernández y, a pesar de las denuncias de Rivera Callejas, no existe evidencia que muestre al actual gobierno interviniendo las llamadas telefónicas de la oposición.
El Congreso Nacional de Honduras finalmente votó y logró el resultado que hace casi dos meses sabíamos que obtendría: no obtuvo los votos para ratificar el acta la adhesión del país al Banco Andino de Fomento, a pesar de haber sido aprobada en mayo pasado con 66 votos. La confirmación del acta fue rechazada con 71 votos en contra y 55 a favor, y aunque el presidente del Congreso Luis Redondo ha dicho que el convenio ya fue a probado, restándole importancia a la ratificación del acta, está la duda ahora de si la presidenta Xiomara Castro dará su sanción presidencial o pedirá la intervención del poder judicial en la disyuntiva. Nuevamente la junta directiva, electa de manera “inusual” se esfuerza en “estirar” a su conveniencia el espíritu de las leyes, para justificar su incapacidad de lograr acuerdos en el pleno del legislativo.
Donde sí hubo consenso en el Congreso Nacional, fue en la derogación del decreto 57-2020 y la reforma al decreto 93-2021, que expertos en la materia habían dicho que fueron aprobados para proteger a los corruptos en la anterior administración, acusados de lavado de activos. La derogación de estos decretos es un paso importante hacia la aprobación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Sin embargo, aún queda pendiente derogar el decreto 116-2019, que protege a diputados investigados por malversación de fondos públicos, algo dificil de imaginar dada la brecha que divide actualmente a las bancadas.
Miembros de la misión de NNUU reunidos con el Canciller Reina
El Gobierno de Honduras recibió oficialmente al equipo de expertos de la ONU que analizará las condiciones para instalar la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH). Los funcionarios hondureños afirmaron estar firmes con el compromiso de la presidenta Xiomara Castro y su Gobierno en la lucha contra la corrupción y en cumplir con el Memorándum de Entendimiento entre la ONU y Honduras para combatir las redes de corrupción. Los expertos de la misión exploratoria de la ONU llegaron al país para estudiar si Honduras cuenta con las condiciones necesarias para la instalación de la CICIH y comenzaron reuniones para estimar dichas condiciones y la viabilidad de la implementación de la Comisión. La ONU expresó su apoyo para avanzar en la construcción de un sistema de justicia eficaz e independiente que responda a las aspiraciones de la sociedad hondureña.
Ministro de Defensa José Manuel Zelaya Rosales con militares, en operación de destrucción de armas incautadas en los presidios.
Ya el tema de la Isla del Cisne pasó a segundo plano esta semana, si bien los planes para instalar la cárcel en aquel lugar parecen seguir avanzando, tomará meses antes de volver a levantarse el tema. La mayoría de las organizaciones ambientalistas han alertado del peligro que el proyecto significa para el ecosistema de la isla, no así la secretaría de ambiente que sigue defendiéndolo como “viable”. Lo que ha pasado desapercibido esta semana y es quizás más delicado que la isla, es la destrucción de las armas incautadas en los presidios que supervisó el Secretario de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales. La vice Ministra de Seguridad Julissa Villanueva alertó en sus redes sociales que con esa acción se podría estar destruyendo evidencia importante, pues las armas habrían sido destruidas sin una prueba balística que nos diga en qué crímenes fueron usadas y sobre todo, cuál fue la ruta que tomaron para llegar hasta los presidios hondureños.