Imagine que su familia es propietaria de un supermercado. Cada mes compra un millón de lempiras en mercadería, pero cuando llega el momento de hacer las cuentas descubre que una tercera parte de los productos nunca se convirtió en ingresos. Algunos se arruinaron en las bodegas, otros desaparecieron de los estantes y una buena cantidad salió de la tienda sin que nadie pagara por ellos.
El negocio pierde 340 mil lempiras mensuales. La familia conoce el problema desde hace años. Ha contratado administradores, cambiado los sistemas de vigilancia, instalado nuevos equipos y prometido reorganizar el establecimiento. Sin embargo, cada vez que revisa sus cuentas encuentra el mismo agujero.
Cualquier familia habría tomado medidas desesperadas para evitar la quiebra. Pero este supermercado tiene una particularidad: es el único de la comunidad. Todos dependen de él para abastecerse y sus propietarios son, en realidad, los mismos vecinos. Si cierra, nadie tendrá dónde comprar.
Los proveedores también conocen la situación. Algunos entregan productos que fabrican en sus propias instalaciones; otros necesitan importar materias primas o utilizan procesos de producción más costosos. Cada uno tiene sus precios, sus inversiones y sus contratos.
La tienda les compra mercadería para mantener abastecidos los estantes. Cuando las ventas no alcanzan para cubrir las facturas, acumula deudas y retrasa los pagos. Los proveedores protestan, pero siguen vendiendo porque el supermercado es su principal cliente y la comunidad necesita sus productos.
Hasta aquí, el negocio parece una pesadilla administrativa. Pero todavía falta conocer cómo se establecen algunos de sus precios.
En una conversación que sostuvimos en +Conscientes, Samuel Rodríguez, representante del sector de generación eléctrica renovable, explicó un mecanismo que permite comprender otra dimensión del problema.
Imaginemos que uno de los proveedores produce una libra de arroz a tres lempiras. Otro, debido a sus mayores costos, necesita cobrar 45 lempiras por la misma cantidad. Bajo determinadas reglas de un mercado mayorista, el precio que recibe el primero puede estar determinado por el costo del segundo, cuando este último resulta necesario para satisfacer la demanda.
Rodríguez utilizó un ejemplo semejante para explicar el mercado eléctrico de oportunidad: un generador renovable con un costo de producción de tres centavos de dólar por kilovatio-hora podría recibir un precio de 45 centavos cuando una planta térmica mucho más costosa determina el precio marginal.
Quince veces su costo de producción.
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El ejemplo no significa que todos los generadores cobren esos precios ni que esa diferencia constituya una ganancia neta. Tampoco describe necesariamente una transacción ocurrida en Honduras. Los mercados eléctricos tienen reglas técnicas y contratos que no funcionan exactamente como las compras de un supermercado. Pero la explicación revela una cuestión que merece examinarse: cómo se determina lo que paga la empresa estatal por la electricidad y cuánto de ese costo termina trasladándose a la población.
El propio Rodríguez reconoció que determinadas condiciones de ese mercado pueden producir beneficios extraordinarios y señales económicas equivocadas.
Volvamos a nuestro supermercado.
Los proveedores necesitan contratos que les permitan recuperar sus inversiones. Nadie construiría una fábrica sin alguna expectativa de vender sus productos y obtener ganancias. Pero el supermercado también necesita comprar a precios razonables, porque sus clientes no pueden pagar indefinidamente las consecuencias de una mala administración.
En Honduras, esa relación se ha complicado durante décadas. La ENEE debe comprar energía, mantener las redes, distribuir el servicio y cobrarlo. Los generadores necesitan recibir sus pagos. Los consumidores necesitan electricidad a precios que puedan pagar. Y el Estado termina interviniendo cuando las cuentas no cierran.
Hay un problema adicional: el supermercado sigue perdiendo una tercera parte de lo que recibe.
Las pérdidas eléctricas de la ENEE se situaron alrededor del 34 % durante el primer semestre de 2026. No toda esa energía es robada. Una parte se pierde físicamente durante su transporte y distribución; otra corresponde a consumos que no se registran, no se facturan o no se cobran adecuadamente. Pero las consecuencias económicas son semejantes: la empresa incurre en costos de suministro que no consigue recuperar mediante sus ingresos.
Samuel Rodríguez insistió en que esta es una de las principales causas de la crisis y cuestionó la capacidad de la distribución estatal para corregirla. Propuso incorporar más empresas distribuidoras, tomando como referencia experiencias de otros mercados centroamericanos.
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La idea merece consideración. También obliga a preguntarse cómo funcionaría la competencia, quién atendería las regiones menos rentables y qué garantías tendrían los consumidores de que los nuevos operadores no se convertirían simplemente en monopolios privados.
Porque cambiar de propietario o de administrador no garantiza, por sí mismo, que desaparezcan las pérdidas.
Mientras los expertos discuten estas alternativas, los vecinos de nuestro supermercado enfrentan otro problema: los precios aumentan y sus ingresos no alcanzan.
La familia propietaria decide congelar los precios durante seis meses. Los clientes reciben la noticia con alivio, aunque nadie ha conseguido reducir los costos de los proveedores ni recuperar la mercadería perdida.
La diferencia tiene que salir de alguna parte.
Puede financiarse con dinero de otros negocios familiares, mediante préstamos o retrasando nuevamente los pagos. En el caso de la electricidad, esas alternativas significan recursos del presupuesto público, endeudamiento o nuevas obligaciones de la empresa estatal.
El congelamiento de tarifas aprobado con la reforma energética puede proteger temporalmente a los hogares de aumentos. Esa protección tiene importancia en un país donde muchas familias deben distribuir ingresos insuficientes entre alimentos, transporte, vivienda y servicios básicos. Pero también necesita financiamiento y una explicación transparente de sus costos.
El dinero público que permite sostener una tarifa proviene, directa o indirectamente, de los mismos ciudadanos que utilizan el servicio.
Y entonces llegamos a la nueva reforma.
Después de años de pérdidas y endeudamiento, los propietarios del supermercado deciden reorganizarlo. Crean empresas distintas para la producción, el transporte y la venta. Nombran responsables, separan las cuentas y establecen nuevas reglas para contratar proveedores.
La decisión puede ser razonable. Una administración con funciones claramente definidas facilita identificar responsabilidades, conocer los costos y evaluar resultados.
Eso pretende hacer la Ley de Justicia Energética mediante la reorganización de la ENEE en empresas de generación, transmisión y distribución.
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Pero el nuevo organigrama no recupera la mercadería desaparecida. Tampoco cancela las deudas anteriores ni garantiza que los nuevos contratos serán mejores.
La reforma apenas comienza y sería prematuro juzgar sus resultados definitivos. Lo que sí podemos examinar desde ahora son las decisiones que permitirán establecer si esta reorganización será distinta de las anteriores.
Quién responderá por las pérdidas. Cómo se contratará la nueva generación. Qué garantías existirán para evitar contratos desfavorables. Cómo se administrará la deuda histórica. Cuáles serán las obligaciones de las empresas públicas y privadas que participan en el sistema.
Durante nuestra conversación, Rodríguez defendió la importancia de crear condiciones para atraer inversiones renovables y cuestionó los retrasos en las licitaciones. Sus argumentos tienen fundamento económico: Honduras necesita ampliar su capacidad de generación y ofrecer reglas estables para quienes están dispuestos a invertir.
Pero los intereses de los proveedores no son necesariamente idénticos a los de los propietarios del supermercado. La rentabilidad de una inversión privada y el bienestar de los consumidores pueden coincidir, aunque esa coincidencia depende de las condiciones bajo las cuales se contrata y se presta el servicio.
Por eso la reforma no puede limitarse a crear empresas más eficientes. También debe garantizar que la búsqueda de rentabilidad privada, la administración pública y las necesidades de los consumidores encuentren un equilibrio razonable.
Hay algo inquietante en este supermercado imaginario.
Los administradores cambian. Los proveedores reclaman. Los clientes protestan. Los propietarios se endeudan. Cada cierto tiempo aparece alguien con una nueva propuesta para reorganizar el establecimiento.
Todos hablan de cómo salvarlo, pero la mercadería sigue desapareciendo.
Y lo más extraño es que nadie parece sorprenderse demasiado.
Honduras lleva tantos años conviviendo con las pérdidas de la ENEE que hemos terminado por incorporarlas a nuestras expectativas. Sabemos que la empresa está endeudada, que las tarifas provocan conflictos, que los generadores reclaman pagos y que cada gobierno anuncia una solución.
La crisis se ha vuelto parte del funcionamiento ordinario del país.
Quizá esa sea la mayor dificultad que enfrenta la reforma: corregir un sistema cuyos problemas se han prolongado tanto que cada participante ha aprendido a organizar sus actividades alrededor de ellos.
En cualquier supermercado, perder una tercera parte de la mercadería encendería todas las alarmas. Se revisarían las bodegas, los inventarios, las facturas y las responsabilidades de quienes administran el negocio.
En nuestro supermercado, en cambio, llevamos décadas cambiando de gerentes, discutiendo con los proveedores y pidiendo paciencia a los clientes.
Y al final de cada mes, cuando hacemos las cuentas, descubrimos que seguimos perdiendo lo mismo.
La diferencia es que el supermercado no pertenece a una familia.
Nos pertenece a todos.