La corrupción comienza antes de que alguien robe.
Comienza cuando una institución decide quién puede contratar con el Estado, qué procedimiento utilizará para escogerlo, cuánto de esa decisión quedará registrado y quién tendrá derecho a revisar lo que ocurrió después.
Por eso la política anticorrupción del gobierno de Nasry Asfura merece ser observada ahora, cuando todavía no existen razones suficientes para juzgarla por sus resultados.
El 9 de junio, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2026-2030. El documento contiene propuestas importantes: fortalecer los organismos de control, mejorar la contratación pública, ampliar los datos abiertos, identificar a los beneficiarios finales de las empresas que reciben contratos del Estado y coordinar la acción de las instituciones encargadas de prevenir y perseguir la corrupción. El decreto creó además un Comisionado Presidencial para la Transparencia, adscrito a la Presidencia, aunque aclara que la investigación penal continúa correspondiendo al Ministerio Público.
La estrategia merece una oportunidad para demostrar si funciona.
Pero también merece vigilancia.
Porque, mientras el Gobierno construye esa política, ha comenzado a utilizar mecanismos excepcionales que aumentan inevitablemente la discrecionalidad con que se administra parte del dinero público.
El caso más evidente son las emergencias.
No hay nada irregular en declarar una emergencia cuando existe realmente una situación que requiere una respuesta inmediata. Sería absurdo obligar al Estado a esperar durante meses una licitación mientras faltan medicamentos, una carretera está destruida o una crisis sanitaria exige actuar.
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El problema comienza cuando confundimos la necesidad de actuar rápido con la necesidad de actuar sin controles.
El propio Gobierno declaró en marzo una emergencia por un año en el régimen de Enfermedad y Maternidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El decreto estableció un procedimiento excepcional y simplificado de contratación directa.
Aquí aparece una pregunta que deberíamos hacernos cada vez que escuchamos la palabra emergencia: ¿qué controles sustituyen a los que acabamos de quitar?
Una licitación no garantiza honestidad. Hemos tenido suficientes experiencias en Honduras para saber que también puede manipularse una licitación. Pero la competencia obliga, al menos en teoría, a comparar ofertas, justificar decisiones y dejar un expediente que permita reconstruir lo sucedido.
Cuando se elimina esa competencia porque existe urgencia, la obligación de transparentar debería aumentar, no disminuir.
Necesitamos saber a quién se contrató, quiénes son los propietarios reales de la empresa, qué precio se pagó, cuál era el precio disponible en el mercado, quién autorizó la compra y quién verificó posteriormente que lo comprado correspondía con lo pagado.
No porque debamos asumir que quien contrata directamente está robando.
Precisamente porque no deberíamos tener que confiar en él.
Una institución sólida no está diseñada para depender de la honradez de quien ocupa temporalmente el cargo. Está diseñada para que incluso una persona deshonesta encuentre dificultades para abusar de él.
Ahí comienza la prevención.
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Pero ahora aparece una segunda señal que vuelve más importante esta discusión.
El proyecto de Presupuesto General de la República para 2027 incluye una disposición, contenida en su artículo 109, que pretende mantener bajo reserva determinada información relacionada con las asignaciones y gastos del Congreso Nacional, la Presidencia de la República y CONDEPOR.
No estamos hablando todavía del presupuesto aprobado. Estamos hablando de un proyecto que deberá pasar por el Congreso. SEFIN lo presentó formalmente como parte del Presupuesto 2027 y mantiene publicados los documentos correspondientes a las instituciones incluidas en él.
Pero la sola propuesta debería obligarnos a preguntar por qué.
Es comprensible que determinada información relacionada con operaciones de seguridad, inteligencia o defensa deba protegerse. La propia legislación hondureña contempla excepciones al acceso público cuando existe un interés legítimo que debe preservarse.
Lo difícil de explicar es por qué una institución encargada del deporte requiere una reserva amplia sobre información relacionada con sus asignaciones y gastos.
CONDEPOR no maneja secretos militares. Administra dinero público destinado, entre otras cosas, a infraestructura y actividades deportivas.
Y Honduras se prepara para nuevas inversiones relacionadas con instalaciones deportivas y competencias regionales.
En el programa +Conscientes de esta mañana, Alex Navas, quien trabajó en la MACCIH, planteó precisamente ese punto: en lugar de cerrar información, instituciones como CONDEPOR deberían abrirla para que ciudadanos, organizaciones y organismos de control puedan saber cómo se utiliza cada lempira.
La discusión no consiste entonces en decidir si Asfura es corrupto o si su gobierno lo será.
No tenemos elementos para hacer semejante afirmación.
La pregunta importante es otra: ¿está construyendo un sistema que hará más difícil la corrupción cuando aparezca la oportunidad?
Esa diferencia es fundamental.
Honduras ha pasado demasiado tiempo esperando el escándalo.
Descubrimos las compras sobrevaloradas después de pagar. Descubrimos empresas relacionadas después de adjudicarles contratos. Descubrimos redes de influencia cuando el dinero desapareció. Y luego esperamos durante años que fiscales, auditores y jueces reconstruyan lo que pudo haberse observado desde el principio.
La experiencia de la MACCIH dejó una enseñanza incómoda.
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Las grandes estructuras de corrupción rara vez funcionan como la historia sencilla del funcionario que mete la mano en una caja.
Funcionan como redes.
Necesitan decisiones administrativas, empresas, contratos, intermediarios, funcionarios, operadores políticos y, llegado el momento, instituciones incapaces de investigar o sancionar.
Navas recordó durante el programa el caso Red de Diputados. Cuando aquel proceso avanzaba, el Congreso aprobó en 2018 una reforma que obligó a trasladar determinadas diligencias al Tribunal Superior de Cuentas. La MACCIH calificó ese tipo de decisiones como parte de lo que entonces llamó un “pacto de impunidad”.
Ahí encontramos otra dimensión de la corrupción.
No solamente se puede manipular un contrato.
También pueden manipularse las reglas con las que después deberá investigarse.
Por eso una estrategia anticorrupción no puede medirse exclusivamente por el número de personas que terminan procesadas.
Cuando el Ministerio Público entra en escena, algo ya ocurrió.
La prevención empieza mucho antes.
Comienza cuando cada contratación deja un rastro que puede seguirse: quién recibió el contrato, cuánto cobró, cómo se compara ese precio con el mercado y quién está realmente detrás de la empresa beneficiada. También depende de que los órganos de control puedan intervenir a tiempo y de que periodistas y ciudadanos tengan acceso a los documentos necesarios para reconstruir la ruta del dinero público.
Y también cuando el funcionario sabe que alguien puede hacerlo.
Eso produce un efecto que ningún discurso anticorrupción puede sustituir: la posibilidad real de ser descubierto.
El Gobierno de Asfura tiene todavía tiempo para demostrar qué clase de estrategia ha construido.
Sería injusto decretar su fracaso cuatro meses después de haberla aprobado. En el programa de hoy hice precisamente esa salvedad: todavía no conocemos un gran escándalo de corrupción de esta administración que permita sacar conclusiones definitivas sobre sus resultados.
Pero tampoco necesitamos esperar tres años para comenzar a evaluarla.
Podemos observar desde ahora cuántas contrataciones directas realiza el Estado, cuánto tarda en publicarlas, qué información conocemos de los contratistas, cuántas auditorías se realizan, qué ocurre con las solicitudes de información y si las instituciones de control cuentan con capacidad suficiente para hacer su trabajo.
Podemos observar también qué hace el Gobierno cuando tiene que escoger entre comodidad administrativa y transparencia.
Ahí estará probablemente la prueba más importante.
Porque gobernar bajo reglas que todos pueden observar es relativamente sencillo cuando esas reglas no incomodan.
La verdadera política anticorrupción comienza cuando la transparencia obliga al poder a explicar una decisión que preferiría no explicar.
La primera prueba de la estrategia de Nasry Asfura, por tanto, no será cuántos corruptos termine encarcelando su gobierno.
Será cuánto poder está dispuesto a ejercer bajo reglas que permitan a los demás observarlo.