La derrota electoral de Libertad y Refundación ha provocado el surgimiento de nuevas corrientes y aspiraciones presidenciales que reclaman una renovación del partido. Sus dirigentes reconocen errores, cuestionan las imposiciones y consideran necesario recuperar las alianzas que hicieron posible la victoria de Xiomara Castro en 2021. Sin embargo, cuando la discusión alcanza a quienes tomaron las principales decisiones del gobierno y del partido, la autocrítica encuentra sus límites.

Esa contradicción quedó expuesta durante una conversación que sostuve en +conscientes con Octavio Pineda, Rafael Sarmiento y Rodolfo Pastor. Los tres participaron, desde distintas responsabilidades, en el poder que ahora proponen transformar. Sus planteamientos permiten observar una dificultad que trasciende sus aspiraciones: Libre reconoce problemas en su funcionamiento, pero evita examinar con igual rigor la responsabilidad de quienes todavía conservan autoridad.

Cuando pregunté por las razones de la derrota, las primeras explicaciones apuntaron hacia las irregularidades electorales y la intervención de Estados Unidos. Pastor cuestionó la credibilidad del proceso y recordó que la alianza de 2021 no se reprodujo en 2025. Pineda añadió la campaña mediática contra Libre y reconoció errores en los mensajes dirigidos al electorado independiente.

La injerencia extranjera y las irregularidades electorales merecen una investigación rigurosa. Pero ninguna de ellas exime al partido de evaluar los resultados de cuatro años de gobierno. Libre perdió quince diputados y cerca de un millón de votos presidenciales respecto de 2021, aunque aumentó su representación municipal de cincuenta a sesenta y nueve alcaldías. Ese comportamiento desigual exige explicaciones que vayan más allá de las condiciones del proceso electoral.

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El problema no es que los dirigentes se nieguen a reconocer cualquier error. Es que su autocrítica se concentra en la campaña, la comunicación y las circunstancias externas, mientras las decisiones gubernamentales que pudieron provocar el desgaste reciben un examen mucho menos severo.

La misma dificultad apareció cuando pregunté a Rafael Sarmiento por la responsabilidad del Congreso Nacional y de Luis Redondo.

El Congreso fue uno de los principales espacios de poder de Libre. Desde su instalación estuvo marcado por disputas políticas y por alianzas que posteriormente se debilitaron, hasta llegar a períodos en los que las dificultades para reunir consensos afectaron su funcionamiento.

Sarmiento defendió la administración de Redondo. Incluso afirmó que su elección había sido la única presidencia del Congreso que no involucró sobornos, una aseveración que necesitaría pruebas para aceptarse como cierta. Reconoció, sin embargo, que durante el tercer y cuarto año faltó capacidad de diálogo y construcción de acuerdos, y que la polarización dificultó el trabajo legislativo.

El reconocimiento fue significativo, pero dejó fuera la responsabilidad política de aquella conducción.

Libre había llegado al gobierno gracias a una coalición. Su capacidad para negociar acuerdos fue indispensable para alcanzar el poder, pero no consiguió mantener una relación parlamentaria estable durante toda la administración. La incapacidad de conservar alianzas, y mucho menos construir otras nuevas, debió formar parte de la evaluación del fracaso electoral.

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Sarmiento admitió las dificultades del Congreso, pero evitó establecer hasta qué punto sus decisiones contribuyeron al desgaste del gobierno que respaldaba.

Hay una diferencia entre reconocer que una institución funcionó mal y aceptar la responsabilidad de quienes la dirigieron. La primera permite hablar de problemas generales; la segunda obliga a examinar decisiones, conductas y resultados.

Una contradicción semejante surgió al discutir las imposiciones dentro del partido.

Pineda, Sarmiento y Pastor coincidieron en reclamar competencia democrática, igualdad de condiciones y mayor participación de las bases. Pastor relató que, durante las primarias municipales de San Pedro Sula, una corriente pretendió imponerle la planilla de regidores e impedir que negociara con otros movimientos.

Su testimonio describe una forma de concentración de poder que no necesita impedir formalmente las candidaturas. Basta con controlar las planillas, las alianzas y las condiciones para competir.

Sin embargo, al abordar la responsabilidad de Manuel Zelaya, los tres defendieron su continuidad como coordinador general.

Sarmiento reivindicó su capacidad para construir alianzas; Pastor lo presentó como un factor fundamental de unidad; Pineda sostuvo que su liderazgo no estaba en discusión.

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Reconocer la legitimidad de una autoridad elegida es compatible con exigir reformas democráticas. Lo que resulta difícil de justificar es denunciar la concentración de decisiones sin examinar la responsabilidad de quien ha conducido la organización desde su fundación.

Zelaya respaldó políticamente a Rixi Moncada y tuvo una influencia determinante en la orientación del gobierno anterior. Aunque Moncada ganó formalmente las primarias de 2025, el peso de ese respaldo y de la corriente dominante no puede quedar fuera de una evaluación sobre las condiciones de competencia interna.

Esto no significa atribuir personalmente a Zelaya todas las decisiones cuestionadas. Significa que su autoridad también implica responsabilidades.

No es coherente reconocerlo como el principal arquitecto de las victorias de Libre y excluirlo del análisis de sus derrotas.

La renovación enfrenta otro dilema. Pineda y Sarmiento han comenzado a organizar sus aspiraciones presidenciales mientras reclaman nuevas reglas de participación. Ambos defienden el derecho de las bases a elegir candidatos, pero durante nuestra conversación no presentaron mecanismos institucionales precisos para limitar el predominio de las corrientes internas.

Tampoco quedó establecido bajo qué condiciones estarían dispuestos a retirar sus candidaturas para construir una alternativa común. Sarmiento expresó apertura a los acuerdos y Pineda sostuvo que su aspiración debe depender de la militancia, no de una prohibición de la cúpula. Ninguno asumió un compromiso específico.

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La competencia es legítima y puede contribuir a democratizar Libre. Pero una organización no se renueva únicamente porque aparezcan nuevos aspirantes. También debe transformar las reglas que determinan quién puede competir, cómo se toman las decisiones y qué garantías tienen quienes discrepan de la dirigencia.

De lo contrario, la renovación puede terminar siendo una negociación para ampliar el acceso al poder sin modificar su funcionamiento.

La necesidad de reconstruir alianzas expuso otra responsabilidad pendiente.

Sarmiento habló de recuperar relaciones con empresarios, iglesias, medios de comunicación y organizaciones populares. Pastor recordó la importancia de los acuerdos políticos y sociales que hicieron posible el surgimiento de Libre. Pineda insistió en escuchar nuevamente al electorado independiente.

Los tres reconocieron que el partido necesita recuperar vínculos que se debilitaron durante su paso por el gobierno. Pero explicaron poco sobre las decisiones que provocaron esos distanciamientos.

Algunas rupturas pudieron surgir de conflictos legítimos de intereses. Otras pudieron responder a errores de gestión, discursos confrontativos o decisiones políticas equivocadas. Distinguir unas de otras es indispensable para recuperar la confianza ciudadana.

No basta con prometer nuevos acercamientos cuando todavía no se han examinado las causas de los desencuentros anteriores.

Libre conserva treinta y cinco diputados, sesenta y nueve alcaldías y una estructura territorial considerable. Su derrota no significa que haya perdido toda capacidad de representación ni que su recuperación sea imposible.

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Pero esos recursos políticos pueden resultar insuficientes si la renovación se limita a reorganizar las corrientes y preparar las candidaturas de 2029.

El partido necesita una revisión de su experiencia de gobierno que incluya la conducción del Ejecutivo, el funcionamiento del Congreso, la selección de candidaturas y las relaciones con los sectores sociales que contribuyeron a su victoria.

Esa evaluación debe alcanzar a quienes hoy proponen cambios, pero también a Manuel Zelaya, Rixi Moncada, Luis Redondo y los demás dirigentes que participaron en las principales decisiones del gobierno anterior.

No se trata de encontrar un culpable único. Las derrotas electorales tienen múltiples causas y las responsabilidades políticas no son necesariamente iguales. Se trata de evitar que el reconocimiento de errores colectivos termine sirviendo para proteger a quienes tuvieron mayor capacidad de decisión.

Libre tiene derecho a cuestionar las irregularidades electorales y la intervención extranjera. También puede conservar a sus dirigentes históricos, construir nuevas corrientes y organizar una competencia presidencial amplia. Ninguna de esas decisiones es incompatible con una renovación democrática.

Pero la autocrítica debe incluir las decisiones propias y alcanzar a quienes todavía conservan autoridad. De otra manera, las prácticas cuestionadas pueden sobrevivir bajo nuevos liderazgos.

La prueba de una renovación no será cuántos dirigentes compitan por la candidatura presidencial, sino cuánto poder estén dispuestos a someter al escrutinio y a reglas que también puedan limitar sus propias aspiraciones.

Mientras la crítica se detenga ante quienes tomaron las decisiones, Libre podrá cambiar de candidatos sin haber cambiado las condiciones que contribuyeron a su derrota.

+Conscientes | Libre ante su propia refundaciónÓscar Estrada conversa con Octavio Pineda, Rafael Sarmiento y Rodolfo Pastor sobre la derrota electoral de Libertad y Refundación, el liderazgo de Manuel Zelaya, las disputas entre corrientes internas y las perspectivas de renovación del partido. Programa transmitido el 16 de noviembre de 2026 por ICN Digital.