Las organizaciones de derechos humanos nunca han dirigido la Policía, controlado el Ministerio Público ni dictado sentencias en los tribunales hondureños. Tampoco han tenido bajo su responsabilidad las investigaciones criminales, la administración de las cárceles o la persecución de las estructuras del narcotráfico. Sin embargo, algunos diputados han comenzado a tratarlas como si fueran responsables de que el Estado no consiga derrotar al crimen organizado.
El diputado liberal Francis Cabrera llegó a plantear la eliminación de los derechos humanos como una posible solución a la criminalidad. Otros legisladores han seguido una línea semejante, presentando las garantías judiciales como obstáculos para proteger a los ciudadanos. La acusación tiene una ventaja política considerable: permite encontrar un responsable de la impunidad fuera de las instituciones que tienen la obligación de combatirla.
Durante décadas, los gobiernos hondureños han anunciado guerras contra las maras, planes de seguridad, depuraciones policiales, reformas penales y operaciones militares. Se han multiplicado las penas, creado nuevas unidades de investigación y construido centros penitenciarios de máxima seguridad. A pesar de esos esfuerzos, el crimen organizado ha conseguido penetrar instituciones públicas, desarrollar redes de protección política y mantener actividades que dependen de la corrupción y de la incapacidad estatal para investigarlas.
Los derechos humanos resultan ahora una explicación conveniente para ese fracaso.
El problema de esta narrativa es que confunde deliberadamente dos responsabilidades diferentes. El Estado tiene la obligación de prevenir el delito, investigar a sus responsables y conseguir que sean sancionados conforme a la ley. Las organizaciones defensoras vigilan que esas actuaciones respeten las garantías constitucionales y acompañan a las personas cuyos derechos han sido vulnerados. Una organización puede denunciar una detención arbitraria sin pronunciarse sobre la inocencia de la persona detenida. Su intervención busca establecer si la autoridad actuó legalmente, una condición indispensable para que la justicia funcione.
Esta distinción parece estar perdiéndose en el discurso de algunos representantes políticos.
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Las reformas penales aprobadas recientemente por el Congreso Nacional amplían las facultades de persecución contra las organizaciones criminales. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido sobre los riesgos de la asociación terrorista definida de manera extensiva, el uso de tatuajes como indicios de pertenencia, las detenciones prolongadas, los allanamientos sin suficiente control judicial y la prisión preventiva obligatoria.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se sumó a esas preocupaciones y pidió revisar la compatibilidad de las disposiciones con la Constitución. Las observaciones alcanzan garantías fundamentales relacionadas con la libertad personal, la defensa y la responsabilidad penal individual.
El Congreso tiene facultades para reformar la legislación. También tiene la obligación de hacerlo dentro de los límites constitucionales. La existencia de recomendaciones técnicas no constituye una intromisión en sus atribuciones. Forma parte de los mecanismos de supervisión a los que está sometido el Estado hondureño por sus propias decisiones soberanas y por los compromisos internacionales que ha ratificado.
Durante el programa +Conscientes, Reina Rivera, exjueza y excandidata hondureña a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló una disposición particularmente preocupante. La reforma del artículo 587, que regula la asociación terrorista, incorpora conductas relacionadas con restricciones a la circulación de bienes, servicios o personas y contempla organizaciones que, aun teniendo fines lícitos, realicen determinadas actividades comprendidas en el tipo penal.
Su advertencia merece una investigación rigurosa. Honduras tiene una larga historia de conflictos territoriales en los que comunidades indígenas, garífunas y campesinas han recurrido a manifestaciones, ocupaciones y bloqueos para reclamar derechos. Una legislación penal redactada con términos excesivamente amplios puede facilitar interpretaciones que confundan una protesta social con actividades propias de organizaciones terroristas. Eso no significa que cualquier protesta constituya automáticamente un delito bajo la nueva normativa. Significa que el alcance de las prohibiciones debe estar claramente delimitado para impedir aplicaciones arbitrarias.
La misma legislación establece, sin embargo, protecciones especiales frente a allanamientos dirigidos contra determinadas autoridades y exautoridades, que requieren control judicial previo. Naciones Unidas ha cuestionado esa diferencia por sus implicaciones para la igualdad ante la ley.
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La contradicción es difícil de ignorar. Mientras se amplían las facultades de intervención sobre la población, el Congreso introduce garantías específicas para funcionarios públicos, incluso después de abandonar sus cargos. Los legisladores deberían explicar las razones jurídicas de ese tratamiento y demostrar que no constituye una protección injustificada para quienes han ejercido el poder.
La experiencia de El Salvador permite comprender por qué estas discusiones merecen atención.
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, explicó en +Conscientes que la persecución denunciada por su organización comenzó antes de la instauración del régimen de excepción de 2022. Identificó como un momento decisivo la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general en 2021. El debilitamiento de esos contrapesos, sostuvo, facilitó posteriormente la utilización del sistema judicial contra las voces críticas.
Cristosal había presentado numerosas denuncias sobre posibles actos de corrupción y documentado abusos relacionados con la política de seguridad. En mayo de 2025 fue detenida Ruth López, responsable de su Unidad Anticorrupción y Justicia. La organización denunció irregularidades en el proceso y consideró su encarcelamiento una represalia por su trabajo. Dos meses después suspendió sus operaciones dentro de El Salvador.
La secuencia muestra las consecuencias que puede tener la pérdida de independencia de las instituciones encargadas de controlar al gobierno. El caso salvadoreño tiene particularidades que impiden equipararlo automáticamente con Honduras. También ofrece antecedentes que conviene examinar antes de que las tensiones políticas deriven en restricciones concretas contra las organizaciones defensoras.
En nuestro país, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos y otras organizaciones han documentado durante décadas desapariciones forzadas, abusos policiales, violencia contra comunidades y amenazas a dirigentes sociales. Sus denuncias han incomodado a gobiernos de diferentes partidos. Esa relación conflictiva resulta comprensible: supervisar a quienes ejercen autoridad implica cuestionar decisiones, investigar actuaciones y exigir responsabilidades.
Las organizaciones tampoco están exentas de críticas. Deben responder por la calidad de sus investigaciones, la transparencia de sus recursos y la veracidad de sus denuncias. Pero esos cuestionamientos no justifican atribuirles las deficiencias de instituciones que nunca han administrado.
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El Congreso ha preferido endurecer las penas y ampliar las facultades de las autoridades antes que examinar por qué tantas investigaciones criminales terminan sin resultados. Las deficiencias del sistema de justicia tienen causas conocidas: investigaciones mal realizadas, escasez de recursos, corrupción y, en numerosos casos, complicidad de funcionarios con las estructuras criminales que deberían perseguir.
Las nuevas reformas no resuelven por sí mismas esos problemas. Por el contrario, al reducir los controles judiciales sobre determinadas actuaciones, pueden terminar concediendo mayor poder a instituciones cuya capacidad y confiabilidad siguen estando bajo cuestionamiento. El problema de la impunidad hondureña nunca ha sido exclusivamente la falta de leyes severas, sino la manera en que se investiga, se administra justicia y se ejerce la autoridad.
En Honduras hemos conocido fiscales que protegieron intereses criminales, policías vinculados con estructuras delictivas y autoridades políticas relacionadas con redes de narcotráfico. La historia reciente ofrece suficientes ejemplos de cómo la impunidad puede desarrollarse dentro de las propias instituciones responsables de combatirla.
Es más fácil señalar a quienes denuncian esos problemas que explicar por qué persisten.
Las organizaciones de derechos humanos pueden equivocarse y deben responder por sus errores. Los gobiernos, en cambio, tienen responsabilidades legales que no pueden trasladar a quienes los supervisan. Corresponde a las autoridades investigar, demostrar responsabilidades y conseguir sentencias. También les corresponde garantizar que sus agentes respeten la ley.
Las reformas penales deberán evaluarse por sus resultados en la investigación y sanción de delitos, pero también por la manera en que se apliquen. Las advertencias de Naciones Unidas, el CONADEH y otras instituciones ofrecen al Congreso la posibilidad de corregir disposiciones que presentan riesgos antes de que produzcan consecuencias difíciles de reparar.
Quizás por eso resulte tan conveniente responsabilizar a los derechos humanos. Porque mientras se discute si deben existir límites para el poder, permanece sin resolverse la responsabilidad de quienes han tenido ese poder durante décadas y no han conseguido administrar justicia.
