La madrugada del 11 de mayo de 2012, una operación antidrogas de fuerzas estadounidenses y hondureñas terminó con cuatro civiles muertos en Ahuas, en la Mosquitia. Entre las víctimas había dos mujeres y un adolescente de catorce años. Las autoridades presentaron el operativo como una acción legítima contra el narcotráfico. Cinco años después, una investigación de los inspectores generales de los departamentos de Justicia y de Estado de Estados Unidos encontró graves deficiencias en la planificación, irregularidades en la investigación posterior e información engañosa proporcionada al Congreso.
El presidente estadounidense era Barack Obama, un demócrata.
El episodio merece recordarse ahora que los estadounidenses acaban de propinar una derrota histórica a Donald Trump. Los demócratas recuperaron las dos cámaras del Congreso y triunfaron en estados donde los republicanos parecían invencibles. La guerra con Irán, el costo de la vida y las políticas migratorias contribuyeron al rechazo. Los electores consiguieron establecer nuevos contrapesos frente a un presidente que había gobernado con amplias mayorías parlamentarias. Es una noticia importante para la democracia estadounidense. Lo que no está tan claro es cuánto cambiará para Honduras.
La historia de nuestras relaciones con Washington aconseja prudencia. A comienzos del siglo XX, las compañías bananeras estadounidenses poseían extensas tierras, controlaban actividades económicas esenciales e influían sobre las disputas políticas hondureñas. La United Fruit y la Standard Fruit podían ejercer un poder que el Estado apenas conseguía contrarrestar. Los intereses empresariales se mezclaban con las decisiones diplomáticas y las intervenciones militares. En 1924, marines estadounidenses ocuparon Tegucigalpa durante una crisis política. Honduras se convirtió en uno de los ejemplos que dieron contenido a la expresión república bananera.
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El poder imperial no necesitaba administrar directamente cada territorio. Bastaba con condicionar su economía, proteger aliados y conservar la capacidad de intervenir cuando sus intereses se consideraban amenazados. En Guatemala, la administración republicana de Dwight Eisenhower respaldó en 1954 la operación de la CIA que derrocó al gobierno de Jacobo Árbenz, cuya reforma agraria había afectado intereses de la United Fruit. En Chile, la administración de Richard Nixon financió operaciones encubiertas para debilitar a Salvador Allende y promover su salida. Los documentos desclasificados permiten seguir aquellas intervenciones mucho mejor que los discursos oficiales de entonces.
Durante los años ochenta, Ronald Reagan convirtió a Honduras en plataforma de operaciones contra la revolución sandinista de Nicaragua. Washington fortaleció sus relaciones con las Fuerzas Armadas hondureñas mientras el Batallón 3-16 practicaba desapariciones forzadas y otras formas de represión clandestina. Documentos estadounidenses desclasificados demostraron que la CIA conocía abusos cometidos por organismos de seguridad aliados. La defensa de la democracia en Centroamérica convivió con el respaldo a instituciones que la vulneraban.
Terminada la Guerra Fría, las justificaciones cambiaron y el narcotráfico ganó centralidad. El Plan Colombia, impulsado bajo el presidente demócrata Bill Clinton y continuado durante las administraciones de George W. Bush y Obama, combinó asistencia militar, lucha antidrogas y fortalecimiento estatal. Sus resultados siguen siendo discutidos: hubo mejoras en capacidades de seguridad y también graves costos humanos. Lo significativo es que una estrategia de semejante alcance sobrevivió a presidentes de ambos partidos.
En Honduras, el golpe de Estado de 2009 volvió a mostrar la distancia entre las declaraciones estadounidenses y sus decisiones. El gobierno de Obama condenó la expulsión de Manuel Zelaya y reclamó una salida constitucional. Sin embargo, terminó reconociendo las elecciones celebradas sin que el presidente derrocado hubiera sido restituido. La prioridad pasó de reparar la ruptura institucional a normalizar las relaciones políticas.
Tres años después ocurrió Ahuas. La operación formaba parte de una estrategia de interdicción antidrogas que involucraba a agentes y recursos estadounidenses. Las víctimas eran civiles y las investigaciones posteriores identificaron fallas graves en la actuación de las autoridades. Para sus familias, el partido del presidente estadounidense no constituyó ninguna garantía de protección.
Bajo Trump, aquella política de seguridad adquirió una dimensión todavía más letal. Desde septiembre de 2025, las Fuerzas Armadas estadounidenses atacan embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Hasta el 27 de octubre de 2026, la organización Just Security contabilizaba 72 ataques y 243 personas muertas o desaparecidas, presumiblemente fallecidas. Washington sostiene que sus objetivos son narcoterroristas, pero ha divulgado escasa información que permita verificar individualmente esas acusaciones. Familiares de dos hombres muertos en un ataque en octubre de 2025 denunciaron que eran pescadores sin vínculos criminales y presentaron una demanda judicial. Human Rights Watch y expertos de Naciones Unidas han cuestionado la legalidad de las operaciones y denunciado posibles ejecuciones extrajudiciales. No se ha establecido que todas las víctimas fueran civiles ajenos al narcotráfico. Tampoco puede aceptarse que una sospecha de actividad criminal autorice, por sí sola, una ejecución sin juicio.
La continuidad resulta perturbadora. Obama dejó cuatro civiles muertos en una operación antidrogas en la Mosquitia. Trump ha convertido la destrucción de embarcaciones sospechosas en un instrumento declarado de su política regional. Los métodos y las dimensiones de ambas actuaciones son diferentes, pero comparten un problema fundamental: las decisiones de seguridad de Washington pueden terminar costando vidas latinoamericanas sin que existan mecanismos suficientes de investigación y rendición de cuentas.
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Esto no significa que demócratas y republicanos sean idénticos. Obama restableció relaciones diplomáticas con Cuba en 2015, una apertura que Trump restringió posteriormente. Las diferencias en protección migratoria, derechos y cooperación pueden cambiar la vida de personas concretas. Pero los métodos varían dentro de una relación de poder que persiste: Washington define prioridades comerciales y militares que repercuten sobre el continente mucho más allá de sus fronteras.
En +conscientes, la investigadora hondureña radicada en New York, Carolina Meléndez interpretó la victoria demócrata como una oportunidad para revisar las deportaciones y fortalecer la protección de los migrantes. Leyla Gutiérrez, exdiplomática hondureña en Qatar y China, recordó que los intereses estratégicos estadounidenses suelen sobrevivir a cada administración. Un Congreso opositor puede investigar operaciones de ICE, condicionar presupuestos y cuestionar intervenciones militares sin que Estados Unidos renuncie a controlar sus fronteras, competir con China o preservar su influencia regional.
La dependencia hondureña da a esa continuidad una dimensión cotidiana. Entre enero y septiembre de 2026 recibimos más de diez mil millones de dólares en remesas, casi todas procedentes de Estados Unidos. Nuestra economía depende de trabajadores cuya permanencia está sometida a leyes y decisiones en las que Honduras no tiene voto. Algo semejante ocurre con las exportaciones, sujetas a las políticas comerciales de nuestro principal mercado. Los estadounidenses pueden castigar a sus gobernantes por una política económica; nosotros recibimos sus consecuencias sin participar en la elección.
El gobierno de Nasry Asfura apostó por acercarse a Trump y participó en sus iniciativas regionales de seguridad. Pero la afinidad no aseguró concesiones para los hondureños afectados por la cancelación del TPS. Ahora deberá relacionarse con una Casa Blanca republicana y un Congreso demócrata capaz de investigar, negociar presupuestos y examinar acuerdos exteriores. Una diplomacia organizada alrededor de la simpatía entre presidentes corre el riesgo de quedarse sin interlocutores cuando cambia el poder legislativo.
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También sería cómodo atribuir toda nuestra subordinación al extranjero. Empresarios, militares y políticos hondureños han buscado repetidamente respaldo estadounidense para consolidar sus posiciones internas. Las bananeras tuvieron socios locales; la militarización de los ochenta tuvo ejecutores hondureños; la cooperación antidrogas continúa mediante decisiones compartidas. La desigualdad internacional no elimina la responsabilidad de las élites que la administran y, muchas veces, se benefician de ella.
Honduras necesita relaciones institucionales con ambos partidos estadounidenses, capacidades propias de negociación y una economía menos expuesta a las decisiones de un solo país. Ninguno de esos objetivos se alcanza con declaraciones antiimperialistas mientras se conserva intacta la dependencia, ni con una subordinación complaciente para obtener favores del gobernante de turno.
Los estadounidenses consiguieron imponer límites políticos a Trump mediante las urnas. Ese resultado merece reconocerse. Pero la democracia de una potencia no garantiza justicia para quienes viven fuera de sus fronteras. En Ahuas, cuatro civiles murieron durante una operación antidrogas bajo una administración demócrata. Trece años después, bajo un presidente republicano, las muertes en operaciones estadounidenses contra embarcaciones sospechosas han vuelto a colocar la responsabilidad por las víctimas en el centro del debate.
La derrota de Trump puede abrir oportunidades. Nuestra historia demuestra que ninguna elección estadounidense construirá por nosotros el poder necesario para defenderlas.