En el programa de esta mañana hubo un momento en que las dos explicaciones parecieron encontrarse. Julio Larios sostenía que existía persecución política contra Salvador Nasralla y, al mismo tiempo, le exigía presentar los documentos de su campaña. Su argumento dejaba una pregunta abierta: ¿cómo exigir cuentas en un país donde la autoridad que las reclama también está bajo sospecha?
La respuesta importa más allá de Nasralla. De ella depende que podamos fiscalizar a quienes aspiran a gobernarnos sin entregarles a sus adversarios un instrumento para apartarlos de la competencia. También depende que la denuncia de persecución conserve su gravedad y no termine convertida en una respuesta automática frente a cualquier requerimiento.
El caso tiene varias dimensiones que conviene mantener separadas. La semana pasada la UFTF, Política Limpia, anunció una multa superior a los 146 millones de lempiras a Salvador Nasralla por no notificar oportunamente 21 aportaciones privadas que sumaban más de 73 millones. La revisión de las cuentas, además, dejó observaciones sobre el respaldo de distintas operaciones. El monto de esas aportaciones no representa, por sí mismo, dinero desaparecido. Tampoco una remisión al Ministerio Público demuestra responsabilidad penal. La discusión pública pierde precisión cuando todo termina reducido a una cifra enorme y una sospecha todavía mayor.
Nasralla sostiene que existe una operación política en su contra. Tiene derecho a denunciarla y a presentar los elementos que la sustenten. Pero esa denuncia deja pendiente la explicación sobre sus cuentas. Saber quién quiere perjudicarlo puede ayudar a comprender el contexto; saber quién aportó, cómo se registró el dinero y qué se hizo con él permite examinar la campaña. Ambas preguntas necesitan respuestas propias.
Germán Leitzelar, invitado esta mañana a +conscientes, contó una experiencia que puso el problema en una escala más comprensible. Su rendición, dijo, no llegaba a cien mil lempiras y aun así necesitó cerca de quince días para depurar la información. Le faltaban documentos, tuvo que revisar registros y recibió una tarjeta bancaria cuando ya había terminado el procedimiento para el que la necesitaba. También reconoció que encontró colaboración en la unidad fiscalizadora.
Su relato mostró el trabajo que hay detrás de una obligación que solemos mencionar como si se resolviera entregando una carpeta. Rendir cuentas exige conservar facturas, identificar aportantes, registrar transferencias y poder reconstruir cada operación. Si esas tareas se abandonan durante la campaña, después hay que buscar a quienes ya se fueron, pedir documentos que nadie guardó y explicar decisiones tomadas bajo la urgencia de conseguir votos.
En el programa lo comparamos con limpiar la casa después de una fiesta, cuando ya no queda nadie para ayudar. Pero una campaña que aspira a administrar el Estado tiene que prever quién recogerá las cuentas. La capacidad de organizar un equipo, supervisarlo y exigirle resultados forma parte de lo que un candidato ofrece cuando pide confianza para gobernar. La honestidad declarada necesita prácticas que permitan comprobarla.
Hasta allí, la exigencia al fiscalizado parece clara. La dificultad comienza cuando examinamos a quien fiscaliza.
Larios insistió en que las instituciones pueden utilizarse para golpear adversarios. Es una advertencia que merece atención. Sin embargo, durante la conversación no tuvimos a la vista una comparación de expedientes que permitiera establecer si a conductas semejantes se les aplicaron criterios distintos. Hablamos de selectividad sin disponer de los elementos necesarios para demostrarla en este caso. Esa es una tarea pendiente para el periodismo y una demanda legítima de información a las autoridades.
La imparcialidad se vuelve comprobable cuando podemos conocer qué se requirió a cada campaña, qué plazos recibió, qué explicaciones fueron aceptadas y por qué se impuso determinada consecuencia. Una institución fortalece su autoridad cuando permite seguir el razonamiento de sus decisiones. La debilita cuando el ciudadano solo conoce el anuncio de la sanción y debe adivinar el criterio.
También debemos ser cuidadosos con la circulación de documentos. Que un informe llegue a periodistas o analistas no demuestra, por sí solo, una filtración indebida. Primero hay que establecer qué documento es, si tiene carácter público y cómo fue divulgado. La transparencia de las cuentas electorales es una exigencia ciudadana. Su presentación fragmentada o interesada puede servir a una disputa política. Distinguir ambas cosas requiere examinar hechos concretos.
La desconfianza tiene un efecto corrosivo: nos acostumbra a buscar al beneficiario de una decisión antes de preguntar si está fundamentada. Entonces el candidato habla de sus enemigos, la autoridad invoca su competencia y el ciudadano espera el arreglo que, supone, llegará después. Los documentos quedan relegados mientras discutimos quién tiene suficiente poder para imponer su versión.
Salir de esa dinámica exige sostener las dos responsabilidades. El candidato debe responder por su campaña, incluso cuando sospecha de quienes lo investigan. La autoridad debe justificar su actuación, incluso cuando considera evidentes los incumplimientos. Una irregularidad real puede ser utilizada políticamente; un uso político puede apoyarse en una irregularidad real. Reconocer esa posibilidad obliga a investigar mejor.
Quien promete combatir la corrupción debe poder explicar cómo financió su camino hacia el poder. Quien le exige esa explicación debe demostrar que aplica el mismo rigor a los demás. Mientras una responsabilidad sirva de excusa para eludir la otra, seguiremos discutiendo las intenciones de los protagonistas sin terminar de conocer sus cuentas.