Análisis de contexto, 20 de julio de 2023
La noticia de la semana es, una vez más, la lista Engels, que por tercer año consecutivo publica el Departamento de Estado de Estados Unidos, señalando a 39 funcionarios o exaltos cargos de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, a quienes considera «corruptos y antidemocráticos». La lista, presentada anualmente desde 2021 al Congreso de la unión, prohíbe la entrada a territorio de EE.UU. a estos individuos involucrados en actos que socavan procesos democráticos, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones. Debemos asumir que la lista Engels es un mensaje enviado a las élites centroamericanas, de allí que a veces parezca redundante al incorporar a personajes cuya naturaleza corrupta es ya por todos conocida.
Para cada país el mensaje es distinto. En el caso de Nicaragua, el mensaje va a los cuadros intermedios, operativos de la dictadura de Ortega y Murillo, indicándoles que las sanciones norteamericanas no serán únicamente para la cúpula, que ellos también se verán sancionados. Muchos cuadros operativos del gobierno de Nicaragua han salido del país en los últimos meses en lo que algunos señalan una crisis interna del FSLN. Los mencionados en la lista no podrán pedir refugio luego en Estados Unidos. Entre los sancionados están los jueces que despojaron el año pasado de la nacionalidad y propiedades a más de dos centenas de opositores, defensores de Derechos Humanos y periodistas nicaragüenses.
En el caso de Guatemala el mensaje va para las élites que buscan interceder en el proceso electoral actualmente en curso, poniéndole obstáculos a la carrera política de Bernardo Arévalo, aunque se puede argumentar que el mensaje es más en pro del respeto al proceso democrático altamente cuestionado.
En el Salvador el mensaje va a los grupos financieros aliados del presidente Bukele, si bien algunos sectores consideran que el nombrar a los dos últimos expresidentes del FMLN, Funes y Sánchez, se da un espaldarazo a la campaña anticorrupción que lanzó el presidente Bukele como plataforma para su reelección.
En el caso de Honduras el mensaje parece ir al Partido Liberal, por ser la estructura necesaria para que el oficialismo logre los objetivos que se ha propuesto en aras de lograr un control total de las instituciones del estado. El señalamiento de vicios en la elección de la Corte Suprema de Justicia, en un momento dónde se inicia el proceso para elegir al nuevo Fiscal General, es una señal de alarma, pues se corre el riesgo que ese cargo termine siendo negociado entre las élites de los partidos. Igualmente que apareciera Marcelo Chimirri, mencionado por casos de los que ya fue juzgado, sentenciado y amnistiado, pareciera una forma de poner las alertas en los círculos cercanos a Manuel Zelaya. El año pasado, por ejemplo, el mensaje iba más a los colaboradores, Enrique Flores Lanza y Rasel Tomé, también amnistiados en el mismo decreto que Chimirri.
Ha sido un error por parte del Partido Liberal, publicar un comunicado en respaldo a los enlistados por Engels, pues lejos de fortalecer la institución demostrando su compromiso por la lucha en contra de la corrupción, queda evidente que pesa más el espíritu de cuerpo para defender a sus militantes. El llamado que arranca esta semana e irá aumentando en un amplio sector del partido liberal será para que el pueblo liberal manifieste, en las urnas, si respalda o no a las autoridades del partido.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció esta semana vía Twitter que 110 colombianos fueron arrestados por formar parte de una red criminal de préstamo de dinero. La Fiscalía de El Salvador afirmó que estos individuos se hacían pasar por microfinancieras no registradas y ofrecían créditos con intereses del 20%. Cuando las personas no podían pagar, los amenazaban y usurpaban su identidad para transferir dinero al extranjero. Desde 2021, más de 20 millones de dólares se han enviado a Colombia y se han identificado aproximadamente 3,000 denuncias de crímenes cometidos por colombianos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que hay más de 400 colombianos irregulares en El Salvador y que tendrían que abandonar el país. Sin embargo, abogados de derechos humanos han expresado preocupación por la violación de los derechos de los colombianos detenidos, algunos sin pruebas y sin acceso a sus familias. La noticia viene en medio del aumento de tensiones entre el gobierno salvadoreño con el gobierno colombiano, el arresto de ciudadanos del país suramericanos y la expatriación sin derecho a la defensa solo aumentará las tensiones entre ambos países. Es importante recalcar que la modalidad de prestamos colombianos también existe en Honduras, que es una forma regular de acceder a recursos para pequeños comerciantes y que ha sido comprobado por la prensa nacional que existe un vínculo entre estos «microfinancistas» con mafias locales o pandillas.
EEUU renovó esta semana su recomendación a sus ciudadanos para «reconsiderar», o sea, no viajar a El Salvador por la delincuencia. Algo que contradice el discurso oficial de El Salvador pacificado. Sobre todo alerta que el régimen de excepción del presidente Bukele violenta los derechos de defensa de los ciudadanos.
Miles de hondureños marcharon esta semana en apoyo al gobierno de Xiomara Castro para exigir la aprobación de la ley de justicia tributaria. La manifestación fue convocada por el partido Libertad y Refundación (Libre) como una respuesta a una convocatoria previa hecha por sociedad civil para exigir la instalación de la CICIH en el país. La marcha original, convocada por CESPAD, fue luego cancelada para evitar ser usada por el gobierno. El sacerdote jesuita del espacio de reflexión de la compañía de Jesus calificó la decisión del CESPAD como una muestra de «alta madurez». La periodista Ana Elsy Mendoza, miembro de la Coalición Anticorrupción de Honduras (CAC), indicó por su parte que la convocatoria paralela del gobierno a marcha de las antorchas «afecta una actividad ciudadana», pues el derecho a la protesta en la calle le pertenece al pueblo todo, independiente de su ideología o filiación política.
Si bien la marcha del gobierno que reunió varios miles de personas abajo del Congreso Nacional sirvió para demostrar músculo en la convocatoria, compuesta mayoritariamente por empleados y activistas del partido, ha fortalecido la impresión de que el gobierno de Xiomara Castro cuenta con poca tolerancia para cualquier tipo de acciones de calle convocadas por organizaciones de sociedad civil, independientemente de quién sea el convocante, aislando todavía más a un gobierno que parece temer a su propia sombra.
La Secretaría de Seguridad de Honduras anunció que implementará una nueva estrategia de vehículos policiales no identificados como patrullas que intervendrán «cuando sea necesario». El objetivo de la Secretaría anuncia es prevenir, disuadir y controlar el delito en el país. Aunque esta táctica se ha implementado con éxito en otros países, la falta de identificación oficial puede generar desconfianza hacia las fuerzas de seguridad, en una población que ha sido testigo de cómo, durante décadas, personas «disfrazadas de policías», en algunos casos policías en activo, han cometido delitos en contra de la población quedando la mayoría en la impunidad. La policía debería trabajar más la construcción de esa quebrada confianza ciudadana en la institución antes de poner hombres armados en vehículos civiles con autoridad para detener a los ciudadanos.
Esta semana se cumplen tres años de la desaparición a mano hombres vestidos con chalecos con el logo de la Dirección Policial de Investigación (que usaban vehículos civiles no identificados como patrullas) en la comunidad Triunfo de la Cruz, en la costa caribe hondureña. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) instó al gobierno de Honduras a continuar la búsqueda de los cuatro líderes de OFRANEH. Organizaciones de derechos humanos y pobladores relacionan la desaparición con los reclamos de tierras y otros derechos de la etnia negra. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una orden urgente en 2021 para proteger a las comunidades garífunas y buscar a los desaparecidos.