La multa contra Salvador Nasralla tiene una cifra que cualquiera puede repetir: 146 millones de lempiras. Los nombres de quienes financian las campañas hondureñas tienen una protección que dificulta conocerlos. Política Limpia puede anunciar una sanción millonaria y los ciudadanos pueden discutir durante semanas si está justificada, mientras la información necesaria para examinar a los aportantes permanece bajo reserva.
En el expediente de Nasralla, la Unidad sancionó la notificación fuera de plazo de 21 aportaciones privadas por L73.2 millones. El excandidato rechazó los señalamientos y su defensa apeló. El incumplimiento señalado debe resolverse conforme a la ley, con sus pruebas y garantías. Lo que esa sanción permite afirmar es que hubo una decisión administrativa sobre el plazo de notificación. Para establecer una procedencia ilícita del dinero harían falta otros elementos.
La controversia ha puesto a Política Limpia frente a una exigencia que tendrá que responder con documentos. Debe explicar cómo examinó esas aportaciones, qué pudo verificar y qué criterios aplicó a las demás campañas presidenciales. Una sanción de esa magnitud obliga a mostrar la consistencia del procedimiento, especialmente cuando el afectado denuncia que se pretende perjudicar su participación política.
Pero el expediente también permite observar las limitaciones del control electoral. En +Conscientes, José Perdomo, oficial jurídico de ASJ, señaló que la información disponible depende en gran medida de lo que los propios candidatos entregan. A esa dependencia se suman las dificultades técnicas, de personal y de presupuesto para verificar las declaraciones y hacer efectivas las sanciones.
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El balance divulgado en septiembre registró 556 candidatos que no presentaron sus informes financieros. Catorce resultaron electos y seguían sin cumplir esa obligación al momento del reporte. La cifra deja pendiente una explicación sobre las consecuencias de llegar a un cargo público sin haber entregado las cuentas exigidas por la legislación.
Entre los candidatos que sí presentaron informes, el trabajo apenas comienza con la recepción de los documentos. Una auditoría tendría que comprobar si el donante declarado tenía capacidad económica para aportar, de dónde obtuvo los recursos y si actuó por cuenta propia. También debería buscar los gastos que la campaña omitió, incluidos los servicios pagados directamente por terceros.
La publicidad deja contratos y facturas. Los buses tienen propietarios y los anuncios tienen proveedores. Es posible contrastar esos registros con las cuentas de una campaña, siempre que la autoridad tenga capacidad para obtenerlos y examinarlos. Josué Murillo recordó durante el programa que la fiscalización puede realizarse mientras se desarrollan las actividades electorales y también después de que se presentan los informes. Su aplicación requiere personal y recursos que la Unidad continúa reclamando.
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Aun cuando la autoridad consiga reconstruir las cuentas, el ciudadano enfrenta otra barrera. La reserva administrativa sobre información de aportantes privados, establecida en 2018 y ratificada en 2023, restringe el acceso a antecedentes necesarios para seguir las relaciones entre los financistas y los funcionarios electos.
Con esos nombres podría examinarse si una empresa que obtuvo contratos contribuyó antes a determinada candidatura, si un sector beneficiado por una exoneración financió a quienes la aprobaron o si los promotores de una concesión apoyaron al alcalde que la respalda. Cada relación necesitaría investigarse antes de atribuir una irregularidad. La reserva dificulta incluso identificar por dónde comenzar.
Perdomo explicó que entre las propuestas presentadas al Congreso están el levantamiento de esa restricción, un registro público de financiamiento privado y medidas penales frente al financiamiento ilícito. También sostuvo que la discusión legislativa actual se concentra en aspectos administrativos y logísticos de los organismos electorales, mientras las reformas que afectan el control del dinero siguen pendientes.
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Allí el debate adquiere nombres y responsabilidades políticas. Los diputados tienen que decidir si los ciudadanos podrán consultar quiénes sostuvieron económicamente sus candidaturas. Deben establecer qué información se publicará, cuándo estará disponible y con qué recursos contará Política Limpia para comprobarla. Sus decisiones alcanzarán a los empresarios, colaboradores y grupos que hicieron posible sus campañas.
Una publicación posterior puede servir para investigar al funcionario que ya ocupa el cargo. Durante la campaña, esa misma información permitiría evaluar al candidato antes de entregarle el voto. El momento de divulgarla forma parte de lo que el Congreso deberá resolver.
La sanción a Nasralla ha conseguido atraer atención hacia el dinero electoral. El seguimiento tendrá que alcanzar a las otras campañas y llegar hasta la votación de las reformas. Entonces podremos conocer qué diputados están dispuestos a publicar los nombres de sus aportantes y cuáles prefieren conservar la reserva que hoy los protege del escrutinio ciudadano.
