El 7 de julio de 2025, simpatizantes de Libertad y Refundación bloquearon las instalaciones del Consejo Nacional Electoral para impedir que las empresas interesadas en contratar el sistema de transmisión de resultados presentaran sus ofertas. El consejero Marlon Ochoa cuestionaba el procedimiento aprobado por sus compañeras Cossette López y Ana Paola Hall, particularmente la verificación y corrección de los datos obtenidos de las actas electorales.
La controversia tecnológica terminó convirtiéndose en una crisis institucional. Ochoa dejó de asistir a las sesiones y la falta de cuórum paralizó decisiones durante semanas. En octubre, el Tribunal de Justicia Electoral enfrentó otro conflicto cuando Mario Morazán se retiró de sesiones en medio de disputas con sus compañeros sobre resoluciones electorales. Una de ellas estaba relacionada con la candidatura legislativa de Jorge Cálix.
En diciembre, la confrontación descendió hasta las mesas de escrutinio. La Unión Europea documentó que personal designado por Libre y el Partido Liberal obstaculizó los recuentos. Algunas operaciones que debían completarse en cuarenta y cinco minutos necesitaron hasta doce horas. Hubo representantes partidarios que colocaron en cero los resultados de actas sin volver a contar los votos.
La misión europea concluyó que esas deficiencias no comprometieron la integridad de los resultados tabulados. Pero dejó documentado cómo los conflictos políticos podían obstaculizar a las instituciones encargadas de administrar las elecciones.
Ahora esos mismos partidos negocian las reformas que deberían impedir que la historia se repita.
Dennis Gómez, exmagistrado electoral, describió durante una conversación en +Conscientes una institución que funciona prácticamente como «tres CNE», uno liberal, otro nacionalista y otro de Libre. Cada fuerza administra sus espacios y defiende sus decisiones, aunque eso termine perjudicando al organismo que integran.
La descripción resume una vieja contradicción hondureña. Durante décadas, la representación partidaria en las instituciones electorales fue considerada una garantía de transparencia. Los liberales vigilaban a los nacionalistas y estos cuidaban que sus adversarios no manipularan las elecciones. Con la incorporación de Libre, el reparto se amplió, pero conservó su lógica original: construir confianza mediante la desconfianza mutua.
El problema apareció cuando las cuotas dejaron de servir únicamente para vigilar y comenzaron a utilizarse para bloquear.
Eduardo Martell, dirigente liberal, ofreció una explicación complementaria: «Los partidos políticos han sido secuestrados. Y por ende, el partido político se convierte en un agente de secuestro de la institucionalidad».
La observación apunta hacia las cúpulas que controlan candidaturas, negocian nombramientos y administran recursos. Esas dirigencias tienen pocos incentivos para entregar voluntariamente las posiciones desde las cuales ejercen influencia sobre las instituciones encargadas de arbitrar su propia competencia.
Martell llegó a calificar de «perversión del sistema democrático» lo que ocurre dentro del CNE. Sin embargo, su reconocimiento del problema no significa que exista un acuerdo sobre cómo resolverlo.
Gómez defiende una transformación de las Juntas Receptoras de Votos. Su propuesta es retirar a los representantes partidarios de la administración de las mesas y sustituirlos por ciudadanos seleccionados mediante procedimientos objetivos. «Los partidos políticos deben salir de la Junta Receptora de Votos», sostuvo durante la entrevista.
Martell introdujo una objeción que explica parte de las resistencias liberales: «Yo no confío en que el CNE vaya a nombrar a los ciudadanos». Su temor es que una institución controlada por partidos termine seleccionando personas que respondan a esas mismas organizaciones.
La objeción tiene fundamento, pero también encierra una paradoja. Si los partidos desconfían de que el CNE pueda escoger ciudadanos independientes, están reconociendo que la institución que ellos mismos administran carece de condiciones para garantizar esa independencia.
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Un sorteo público y verificable podría ofrecer una salida. Los partidos conservarían la fiscalización de las votaciones, pero perderían el control directo de las mesas. Lo que está en discusión es precisamente esa pérdida de poder.
La tecnología electoral presenta una contradicción semejante. Cada proceso llega acompañado de contratos, equipos y promesas de rapidez. Después aparecen las fallas y comienza la búsqueda de una nueva plataforma.
Gómez propone desarrollar capacidades propias dentro del CNE, con apoyo de las universidades. Martell plantea explorar incluso el voto electrónico, tomando como referencia la experiencia brasileña. Pero ambos reconocen que la tecnología depende de la confianza que exista en quienes la administran.
«La inmediatez no garantiza la legitimidad», recordó Gómez. Martell sostuvo que los retrasos alimentan las sospechas de fraude. Los dos tienen parte de razón. Un resultado anunciado rápidamente reduce la incertidumbre, pero sirve de poco si las actas no pueden consultarse, las inconsistencias no pueden corregirse de manera transparente y los responsables del sistema responden a intereses partidarios.
Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, anuncia acercamientos para que el CNE administre su propio TREP y pueda ofrecer resultados pocas horas después de cerradas las urnas. También propone sanciones para impedir nuevos bloqueos institucionales.
Son cambios importantes, aunque ninguno garantiza por sí solo que las dirigencias pierdan capacidad de interferir en las decisiones electorales.
La segunda vuelta presidencial revela con mayor claridad los cálculos de cada partido.
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Nasry Asfura ganó en 2025 con el 40.27 % de los votos. Salvador Nasralla alcanzó el 39.53 % y Rixi Moncada el 19.19 %. Una segunda vuelta habría enfrentado a Asfura y Nasralla, dejando a los electores de Libre en condiciones de inclinar la elección hacia cualquiera de los finalistas.
El Partido Nacional teme que una segunda votación permita concentrar el rechazo a su candidato. Durante el gobierno de Libre, el cálculo era inverso: una alianza electoral entre liberales y nacionalistas podía derrotar a su aspirante. Ahora el liberalismo defiende una reforma que podría favorecerlo frente al nacionalismo gobernante.
Martell señaló durante el programa esa conducta de los partidos: quien está en el poder teme que «se van a unir los que están abajo de mí». La conveniencia de la segunda vuelta cambia según quién ocupe la Casa Presidencial.
El problema también es aritmético. Nacionalistas y liberales suman noventa diputados, suficientes para alcanzar los ochenta y seis votos exigidos para una reforma constitucional. Liberales y Libre apenas reúnen setenta y seis. El Partido Liberal necesita convencer precisamente al partido que considera que la reforma podría perjudicarlo.
Gómez reconoció la importancia del mecanismo, pero advirtió que actualmente no existen los votos para aprobarlo. Incluso aprovechó para lanzar una crítica al liberalismo: «El Partido Liberal primero debe librar sus segundas vueltas internas antes de aspirar a las generales».
Mientras esa disputa concentra la atención pública, el financiamiento electoral sigue relegado.
Gómez cuestionó las limitaciones presupuestarias de la Unidad de Política Limpia y las restricciones para conocer quién financia las campañas. Martell denunció las ventajas de funcionarios que buscan votos mientras conservan acceso a vehículos, personal y programas estatales.
Ambos señalaron una debilidad que trasciende el conteo de los votos. Una elección puede celebrarse correctamente después de una campaña profundamente desigual. En Honduras, donde investigaciones judiciales han documentado vínculos entre narcotráfico y política, la transparencia financiera debería ocupar un lugar central en cualquier reforma.
Pero los partidos parecen más interesados en discutir quién contará los votos que en transparentar quién paga para conseguirlos.
La perspectiva de los invitados sobre lo que hará el Congreso fue poco alentadora. Martell anticipó que las reformas podrían terminar siendo «algo meramente cosmético». Gómez advirtió sobre el riesgo de recibir reformas distintas de las que realmente necesita el país, a las que llamó, con ironía, «reformas electorales tipo Temu».
El peligro no consiste únicamente en que los partidos sean incapaces de ponerse de acuerdo. También pueden alcanzar un acuerdo que conserve intactas las cuotas que les permiten controlar las instituciones. Cambiar procedimientos, incorporar tecnología y establecer sanciones sin modificar las relaciones de poder podría preparar una nueva crisis bajo reglas aparentemente renovadas.
Las elecciones generales serán en 2029. Todavía existe tiempo para corregir los errores, pero las reformas que requieren desarrollo tecnológico, capacitación y transformación institucional necesitan comenzar mucho antes.
Los partidos hondureños tienen derecho a competir, vigilar y defender sus votos. Lo que no deberían tener es la capacidad de convertir las instituciones electorales en extensiones de sus propias disputas.
La verdadera medida de las reformas será cuánto poder están dispuestos a entregar quienes hoy controlan el sistema. Porque Honduras necesita llegar a las próximas elecciones sin que alguno de sus competidores pueda volver a comportarse como dueño de las urnas.