Análisis de contexto: 24 de julio de 2023

El pasado jueves se hizo público el retorno a Honduras de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) la abogada Gabriela Castellanos, que abandonó el país un mes antes, luego de haber recibido amenazas contra su seguridad, como reacción a un reporte que publicara señalando la concentración del poder en un grupo de familias liderados por la familia Zelaya. El regreso a la arena pública de la abogada Castellanos se hizo en un evento público, en donde recibió muestras de respaldo de varias organizaciones de Sociedad Civil que —en determinado momento— han sido blanco también de ataques viscerales de funcionarios de gobierno.

Gabriela Castellanos anunció en esa conferencia de prensa, que se quedará en el país para buscar la justicia contra los corruptos. Criticó al gobierno por su indiferencia en el tema y afirmó que continuará denunciando actos de corrupción desde la sociedad civil. También cuestionó la convocatoria de una marcha del gobierno el martes pasado, en la misma fecha y el mismo lugar que una manifestación convocada por la sociedad civil, expresando que no se puede ser gobierno y sociedad civil al mismo tiempo.

La reacción del gobierno no se hizo esperar y como es ya un hábito en sus comunicaciones, al mensaje del presidente Zelaya le siguió la réplica de la presidenta Castro y de allí a los Ministros, vice ministros, directores, activistas y simpatizantes, acusando todos a Gabriela Castellanos de representar intereses de un sector reaccionario de Estados Unidos para desestabilizar el país. La Subsecretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, Carmen Haydé López (sobrina de Enrique Flores Lanza, señalado también de nepotismo en el informe del CNA) emitió un comunicado afirmando que Castellanos pretende ocultar al verdadero sector que representa. «Alertamos a la sociedad en general, que la actual Directora del CNA Gabriela Castellanos, utilizando la sociedad civil, se pretende erigir como representante del Pueblo intentando encubrir los intereses que realmente representa, que son los de un sector reaccionario de los Estados Unidos que desestabilizan el país para promover golpes de Estado», expresó la vice ministra de gobernación.

Llama la atención en esas palabras usadas por la vice ministra, dos ideas que son causa de las tensiones que hoy vivimos. Primero, el empeño del gobierno de hacerse con la representación exclusiva de la categoría «Pueblo», afirmando incluso que el gobierno ES la sociedad civil y que ellos, el gobierno, deciden quién es pueblo y quién no. Y en segundo lugar el miedo al monstruo que se esconde debajo de la cama, el golpe de Estado que habita los corazones de quienes gobiernan el país y ha sido el que realmente ha tomado las decisiones más básicas, desde como conformarse hasta con quién aliarse y con quién no.

La presión contra el CNA ha ido en aumento, de los comunicados pasaron a las amenazas de quitar los fondos públicos que la institución recibe por ley desde 2005, se habla incluso de destituir a Castellanos por medio de una asamblea de socios del CNA, algo que será difícil de lograr por la composición misma del organismo y que de intentarlo el gobierno, solo desgastará aún más su imagen pública.

Luego los ataques pasaron a todos los presentes en la mesa. Graficos e insultos comenzaron a socializarse desde cuentas anónimas con una clara inclinación gubernamental, señalando a los presentes de la sociedad civil como «enemigos del pueblo». Hasta que la presión cayó finalmente en la representante de la ONU, Alice Shackelford, a quien acusan de tomar una posición política al mostrar solidaridad con la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.

Estos ataques a la representante de la ONU ha generado preocupaciones sobre la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), pues muestra el tono con que será percibida cualquier acusación de corrupción en el gobierno. Alice Shackelford publicó luego un comunicado lamentando que su presencia en la mesa haya provocado las reacciones que provocó, afirmando su compromiso en colaborar con Honduras y la lucha anticorrupción. El comunicado pretende calmar los ánimos y seguramente lo hará, pero las heridas que dejan las palabras no se curan tan fácilmente. El gobierno insiste en quemar los puentes que luego necesitará en su ejercicio.

Luego de la acción el martes pasado, de boicotear la marcha convocada por Cespad y otras organizaciones de sociedad civil, era claro que la convocatoria girada en redes sociales por Rashid Mejía, un joven actor, fundador de «Una Sola Voz por Honduras», terminaría en confrontación, pues los colectivos de libre (que no se sabe quién dirige) se «autoconvocaron» en el mismo lugar y a la misma hora que la marcha de Rashid, con el claro ánimo de intimidarlo.

La jornada terminó en agresiones menores a los asistentes y a una transeúnte, que fueron agredidos por los colectivos de Libre. En un videos se muestra a Mejía discutiendo con los miembros de los colectivos mientras es agredido a vista de un oficial de la Dirección de Vialidad y Transporte que no se involucró para calmar la situación. Los colectivos de Libre también persiguieron y agredieron a los miembros de la prensa y ciudadanos que grabaron los incidentes en sus celulares.

Aunque el gobierno intentó frenar una marcha de reservistas y veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Honduras, desautorizándolas desde la Secretaría de Defensa y la policía nacional, ellos marcharon el fin de semana para celebrar el día del veterano de guerra y honrar la memoria de los héroes caídos. La marcha de los veteranos, que comenzó a inicios del bulevar Suyapa, fue custodiada por elementos activos de la policía para evitar que sufrieran agresiones, que aunque no dijeron quien podría agredirlos, suponemos refieren a los colectivos de Libre. La movilización contó con la presencia de los exjerarcas de las Fuerzas Armadas, incluyendo Romeo Vásquez Velásquez y Mario Hung Pacheco, entre otros oficiales.

Este sábado, otra marcha se llevó a cabo en varias ciudades del país. Ésta convocada también por organizaciones de la sociedad civil, incluidas las iglesias católica y evangélica, «a favor de la niñez y la familia» y contra la «ideología de género». La marcha estaba dirigida en contra la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente. Aunque la ley ya fue aprobada por el Congreso Nacional, aún no ha sido sancionada por la presidenta. Llama la atención que esta marcha no sufrió acoso ni intimidación por parte de los colectivos de Libre, ya sea porque el sentido religioso de la misma crearía un problema mediático para el gobierno, porque fue multitudinaria y los colectivos estarían en desventaja o porque en el fondo, sectores del actual gobierno también apoyan los ideales conservadores de los convocantes. Lo cierto es que al final ocurrió sin incidentes demostrando que las calles no le pertenecen al partido Libre.

Las autoridades hondureñas anunciaron que ya implementan patrullajes en vehículos sin distintivo policial, llamados «patrullas interceptoras», como estrategia contra la delincuencia y violencia. Aunque el secretario de Seguridad afirma que éstos se utilizarán para atacar a estructuras criminales, no todos están de acuerdo con la medida y se teme posibles abusos e irregularidades. Expertos advierten que desde estos vehículos sin marca se podría violar los derechos humanos y revivir escuadrones de la muerte de los años 80. La falta de identificación de los vehículos genera preocupación, ya que en el pasado ha habido quejas sobre operaciones públicas con vehículos privados donde personas fueron capturadas sin información sobre su destino.

En España, los resultados de las elecciones generales dejaron la formación de un Gobierno en duda. Aunque el PP ganó una mayoría, no obtuvo mayoría absoluta con Vox debido a la resistencia del PSOE y Sumar. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, iniciará contactos con Vox para conocer sus impresiones de cara a la nueva legislatura. Mientras tanto, Jaume Asens de Sumar negocia con Carles Puigdemont en busca de una reedición del Gobierno de coalición. Junts ha pedido «amnistía y autodeterminación» para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, en el gobierno español, a lo que el expresidente Rodríguez Zapatero respondió que la autodeterminación no es viable dentro de la Constitución. Sánchez descartó la repetición electoral y confía en encontrar una fórmula de gobernabilidad.

El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como El Pollo, fue extraditado desde España a Estados Unidos en un vuelo con destino a Nueva York. Carvajal, quien fuera jefe de la contrainteligencia militar durante el Gobierno de Hugo Chávez, enfrenta acusaciones graves por su presunto papel como cabecilla del Cartel de los Soles, acusados de introducir más de 5,6 toneladas de cocaína en EE. UU. La Fiscalía de Nueva York, que acusa a Carvajal de cuatro delitos, con penas que podrían llegar a cadena perpetua, busca con su proceso criminal establecer la red de narcotraficantes vinculados al gobierno de Nicolás Maduro y otros gobiernos aliados a Venezuela, con que Carvajal tuvo contactos.

Con 15 candidatos aún en la carrera por los cargos de Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público, el vocero de la Junta Proponente, Julio Raudales, afirmó que esta semana será crucial para el proceso de elección. Ha habido debates en la Junta debido a diferencias de opinión, pero Raudales aseguró que sus decisiones han sido conforme a su conciencia. Considera que para el puesto de Fiscal General, lo ideal es que el candidato no tenga padrinazgo ni intereses políticos. El proceso de evaluación de los candidatos se llevará a cabo mediante audiencias públicas y la lista final de cinco candidatos propuestos será enviada al Congreso Nacional el 1 de agosto. El proceso ha sido polémico, luego que se conociera que los candidatos favoritos del partido Libre han salido de la contienda.

Y por último, en Honduras se está considerando la aprobación de una nueva «Ley de Escuchas» que permitiría a las autoridades (según la pobre redacción del texto) intervenir teléfonos celulares en casos específicos. Expertos en comunicaciones señalan que es «imposible» intervenir aplicaciones como WhatsApp y Telegram, como señala la ley, debido a su cifrado de extremo a extremo. Los legisladores sin embargo pedirán se aclare algunos incisos, especialmente el artículo 23 para dejar claro que las comunicaciones de los hondureños solo pueden ser intervenidas con orden judicial, según lo contempla la ley actual.