La serie que Javier Suazo esperaba filmar en Honduras podría terminar produciéndose en Costa Rica o República Dominicana. Después de años buscando socios y convenciendo a empresas extranjeras de invertir, el cineasta se encuentra ante una posibilidad que nunca estuvo en sus planes: trasladar el proyecto a otro país. En +Conscientes explicó que las productoras con las que trabaja, vinculadas a España y Brasil, desconfían de las condiciones actuales para producir en Honduras. El presupuesto previsto oscila entre siete y doce millones de dólares. Aún faltan decisiones empresariales y compromisos por concretar, pero la posibilidad de que esa inversión se realice fuera del país ya forma parte de las conversaciones.
Suazo seguirá haciendo cine. Puede cambiar de locación, contratar técnicos de otra nacionalidad y alquilar equipos donde encuentre condiciones para trabajar. Honduras, en cambio, difícilmente recuperará los contratos, los empleos y los servicios que dejarían de contratarse aquí si el proyecto se traslada.
La historia contiene una ironía política. En diciembre de 2019, durante el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández, el Congreso aprobó la Ley de Cinematografía, después de casi dos décadas de gestiones del sector. La legislación buscaba desarrollar una industria que ya producía películas y empezaba a establecer vínculos con mercados internacionales. Siete años después, otro presidente nacionalista, Nasry Asfura, decidió modificar mediante un decreto la estructura creada por aquella ley. Ocho meses más tarde, los mecanismos públicos de apoyo continúan, según denuncian los productores, prácticamente paralizados.
La ley reconocía el carácter económico del cine. Creó la Dirección General de Cinematografía, conocida como IHCINE, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia técnica, administrativa y financiera. También estableció un Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica donde participan representantes del Estado, las empresas y las organizaciones de cineastas. Sus integrantes ejercen sus funciones ad honorem y participan en decisiones sobre proyectos, nombramientos y financiamiento. Era una manera de dar continuidad y conocimiento especializado a una política pública expuesta, como tantas otras, al cambio de gobierno. El Consejo podía discutir cómo se distribuía el fondo, qué proyectos merecían respaldo y cuáles eran las prioridades de la industria, sin dejar todas esas decisiones en manos del ministro de turno. Precisamente esa participación es una de las funciones que hoy reclaman recuperar los cineastas.
Durante la administración de Xiomara Castro, recordó Suazo, mejoraron algunos procedimientos, pero aparecieron tensiones entre las prioridades políticas y culturales de las autoridades y el desarrollo comercial del cine. La institución todavía estaba consolidándose cuando llegó otra reorganización. El 25 de febrero de 2026, el gobierno de Asfura aprobó el PCM-004-2026, que adscribió la Dirección General como dependencia interna de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos.
El ministro Yasser Handal defendió el traslado con un argumento razonable en principio: reducir personal y gastos administrativos para dedicar más recursos a las producciones. Ninguna institución merece conservar oficinas o presupuestos simplemente porque siempre los ha tenido. Pero quien promete hacer más eficiente un servicio tiene que demostrar que el servicio sigue funcionando.
La Dirección General quedó sometida a un proceso de liquidación administrativa. En agosto, Leonel Núñez, vinculado a una de las comisiones liquidadoras, mencionó a Cinematografía entre las entidades cuyos procesos de cierre estaban prácticamente concluidos. Para entonces las asociaciones denunciaban que el Consejo Nacional no funcionaba normalmente, que el fondo de desarrollo no podía operar y que trámites indispensables permanecían detenidos. La ley que regula esas competencias nunca fue derogada.
El Ejecutivo tiene atribuciones para reorganizar su administración, pero existe una controversia sobre los límites de un decreto frente a una ley especial. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada había solicitado desde marzo dejar sin efecto la disposición que trasladaba la Dirección General a Cultura. Una productora puede tolerar dificultades logísticas; difícilmente comprometerá dinero si desconoce qué autoridad puede certificar un proyecto, autorizar un desembolso o cumplir un contrato.
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El presupuesto hace más difícil comprender el resultado. Para 2026, el Programa Nacional de Cinematografía dentro de Cultura recibió una asignación originalmente aprobada de 61 millones de lempiras, mientras otros 9.6 millones fueron asignados a la Dirección General. Según cifras presentadas por las organizaciones del sector, hasta septiembre se habían ejecutado solamente 809,430 lempiras del programa de Cultura: el 1.33 por ciento de su asignación inicial. El dato requiere contrastarse con la ejecución oficial y las modificaciones presupuestarias, pero la Secretaría debe explicar públicamente qué sucedió con esos recursos y cuáles compromisos permanecen pendientes. El monto aprobado tampoco equivale automáticamente a dinero disponible en caja; de ahí la importancia de conocer los registros de Finanzas y no quedarse únicamente con los anuncios presupuestarios.
Handal prometió que la reorganización permitiría destinar más dinero al cine. Los productores, ocho meses después, siguen intentando acceder a los mecanismos de financiamiento. También falta conocer cuánto ahorró efectivamente el Gobierno con la reducción de personal y cuánto de ese ahorro llegó a las películas.
Durante la entrevista, Suazo explicó la lógica económica del fondo. Una película puede costar 570,000 dólares y recibir unos 75,000 de apoyo público. Esa cantidad ayuda a buscar los recursos restantes entre coproductores y fondos internacionales. Cuando la producción se realiza en Honduras, parte de ese capital paga salarios, cámaras, transporte, hoteles, alimentación y otros servicios. El gasto público funciona como incentivo para conseguir inversiones adicionales, aunque su beneficio debe medirse por el dinero realmente gastado en el país, los empleos y los impuestos generados.
Ese cálculo parece ausente de la reorganización. Es fácil mostrar en una planilla los puestos eliminados. Bastante más difícil resulta contabilizar una coproducción que nunca llegó, un equipo que trabajó en otro país o un contrato que se perdió mientras los funcionarios discutían quién debía firmarlo.
Las asociaciones identifican 29 proyectos amenazados, con presupuestos declarados superiores a doce millones de dólares. Suazo también denunció aportaciones pendientes a IBERMEDIA, el mecanismo de cooperación que facilita oportunidades de financiamiento internacional.
En agosto, después de numerosas reuniones, los cineastas creyeron haber encontrado una salida. Habían trabajado con Cultura un acuerdo técnico para recuperar las funciones de la Dirección General. Faltaban decisiones de Casa Presidencial. En septiembre volvieron a reunirse, ahora con representantes de la Presidencia. Terminó septiembre, terminó octubre y la solución siguió pendiente. Nadie ha explicado por qué un problema que los participantes consideran solucionable lleva ocho meses ocupando el tiempo de abogados, productores y funcionarios.
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El Gobierno ha sido más rápido para desmantelar la estructura anterior que para poner a funcionar una nueva. Los cineastas han pasado buena parte del año persiguiendo reuniones, discutiendo decretos y averiguando quién puede cumplir los compromisos ya adquiridos. Suazo lleva años trabajando en sus proyectos. Otros productores, según relató, se endeudaron para continuar películas que tenían apoyos comprometidos. Mientras esperan una decisión administrativa, los intereses de sus préstamos no se detienen.
La historia del cine hondureño conoce bien esa obstinación. Sami Kafati comenzó a filmar No hay tierra sin dueño en los años ochenta. Su esposa, Norma, recordaba que guardaba los carretes en un congelador instalado en la sala de su casa para conservarlos. El dinero no alcanzaba y los años pasaban. Kafati murió en 1996 sin terminar la obra. Su familia, sus amigos y la restauradora chilena Carmen Brito continuaron el trabajo hasta que la película pudo estrenarse en 2003, casi veinte años después de iniciado el rodaje.
No hay tierra sin dueño llegó a Cannes, recorrió festivales y se convirtió en una referencia del cine hondureño. Más de cuatro décadas después de sus primeras filmaciones seguimos hablando de ella. Sus imágenes sobrevivieron a su director, a los problemas financieros y a los gobiernos que pasaron mientras intentaba terminarla.
Es difícil recordar quién dirigía las oficinas de Cultura cuando Kafati comenzó aquel rodaje. Menos todavía a los funcionarios que ocuparon esos despachos mientras los carretes permanecían en el congelador. La película sigue ahí.
Dentro de cuarenta años probablemente nadie recordará al ministro Yasser Handal ni sus explicaciones sobre el ahorro administrativo. Las películas realizadas durante este gobierno, en cambio, todavía podrán verse. Algunas llevarán los nombres de técnicos, actores y productores hondureños. Otras habrán terminado rodándose en Costa Rica o República Dominicana. Y habrá proyectos que nunca llegaron a hacerse.
Ese será también el registro de la importancia que Asfura concedió a esta industria. Llegó al poder cuando el cine hondureño finalmente tenía una ley, un fondo y una institución para promoverlo. Ocho meses después, los productores siguen pidiendo que esos mecanismos funcionen. Sami Kafati necesitó casi veinte años y la ayuda de quienes lo sobrevivieron para concluir una película. Honduras ha tenido cuatro décadas para aprender lo que cuesta construir una industria cinematográfica.
Los ministros pasan y los presidentes terminan sus mandatos. Las películas permanecen. Sus créditos finales también dejan constancia de los países que ayudaron a hacerlas posibles.