El Decreto Ejecutivo publicado en La Gaceta el 25 de febrero de 2026 debe leerse dentro de una lógica más amplia de reorganización del aparato estatal. El objetivo declarado es simplificar estructuras, reducir duplicidades y concentrar funciones en las secretarías de Estado. En ese proceso, el gobierno ha intervenido o suprimido una serie de entidades cuya operación había sido cuestionada por su dispersión o por la superposición de competencias. Entre las medidas adoptadas se incluyen la intervención del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) y del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), la reconfiguración del sistema de ciencia y tecnología mediante la absorción de SENACIT/IHCIETI, y la intervención del Ferrocarril Nacional de Honduras. También se eliminan estructuras creadas en los últimos años, como la Comisión Presidencial para la Defensa de la Soberanía y el Territorio, el Gabinete Sectorial para la Coordinación y Transparencia de la Inversión Pública y el Instituto Nacional de la Memoria Histórica. En otros casos, las funciones no desaparecen, pero pasan a operar como dependencias internas de las secretarías, como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) o la Oficina Normativa de Compras y Contrataciones del Estado (ONCAE). Dentro de ese mismo esquema administrativo, el artículo 13 dispone también la adscripción de la Dirección General de Cinematografía a la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPP).

La fórmula parece administrativa, pero sus implicaciones no lo son y vamos a explicar por qué.

La Dirección General de Cinematografía (DGC )no es una unidad administrativa más dentro del aparato estatal. Su creación responde al Decreto Legislativo No. 107-2019, que aprobó la Ley para el Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual de Honduras, marco jurídico que dio vida a la institucionalidad del sector y estableció las bases de una política pública orientada al desarrollo de una industria cultural con impacto económico. Dentro de ese diseño, la DGC constituye el núcleo operativo que permitió la puesta en marcha del actual Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE), concebido como el ente rector del sistema, con funciones de promoción, regulación, atracción de inversiones y articulación del ecosistema productivo. No se trata, por tanto, de una dependencia de gestión cultural ordinaria, sino del eje institucional de una estrategia de desarrollo sectorial construida durante décadas por el gremio y formalizada por ley. Al convertir esta estructura en una dependencia interna de la SECAPP, el decreto ejecutivo modifica de hecho la naturaleza jurídica y el diseño institucional establecidos por el Decreto Legislativo 107-2019, introduciendo una alteración administrativa que desborda el marco definido por el legislador.

El problema, por tanto, no es solo de enfoque. Es también de legalidad. La Ley de Cine estableció una arquitectura específica para el sistema cinematográfico: órganos de dirección, mecanismos de fomento, participación del sector y una estructura pensada para operar con criterios técnicos y de desarrollo industrial. Ese diseño no puede ser modificado mediante reorganización administrativa. La adscripción como dependencia interna equivale a cambiar su régimen de autonomía y su forma de gobernanza sin una reforma legislativa previa. En términos jurídicos, el Ejecutivo estaría alterando por PCM lo que el Congreso definió por Ley.

Pero el impacto más profundo no está en el terreno normativo. Está en el modelo de desarrollo que el país decidió adoptar.

Durante más de medio siglo, el cine hondureño sobrevivió sin institucionalidad. Existe suficiente material de archivo que documenta una historia de producción sostenida por esfuerzos personales, endeudamiento, cooperación internacional y una precariedad permanente de los artistas e inversionistas del cine hondureño. Hubo intentos fallidos de organización del gremio cinematográfico en 1992, 1994, 2002 y 2005 pero ninguno prosperó.

El punto de inflexión llegó cuando el gremio dejó de presentar el cine únicamente como una expresión cultural y comenzó a plantearlo como una actividad económica con capacidad de generar empleo, atraer inversión y proyectar la imagen del país. La producción audiovisual activa una cadena de valor que involucra servicios técnicos, transporte, hotelería, alimentación, construcción de sets, posproducción y promoción internacional. Sobre esa comprensión del carácter estratégico del sector se construyó un proceso de casi dos años de trabajo político, durante el cual representantes de la industria realizaron un sostenido cabildeo con las distintas bancadas hasta consolidar propuestas viables. El texto fue canalizado en el Congreso a través de los diputados Juan Diego Zelaya y Welsy Vásquez, del Partido Nacional, quienes recibieron las iniciativas trabajadas por el sector y acompañaron su trámite legislativo. El resultado fue la aprobación de la Ley para el Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual con un respaldo amplio, reflejo de un acuerdo transversal que reconoció al cine como una política de desarrollo y no como una demanda sectorial o partidaria.

Honduras se convirtió así en uno de los pocos países del continente con una legislación específica para el desarrollo cinematográfico. El diseño institucional reflejó esa visión: el cine como industria. Por eso, la estructura de gobernanza del sistema no se limita al ámbito cultural, sino que integra representación del Estado, del gremio cinematográfico y de sectores vinculados a la actividad económica, entre ellos el sector empresarial organizado (COHEP) y el sector turístico (CANATUR), además de las asociaciones de cineastas que participaron en la construcción de la ley. No se trata de una concesión simbólica cualquiera sino del reconocimiento de que la producción audiovisual forma parte de una cadena productiva que genera empleo, moviliza servicios, atrae inversión y puede producir divisas.

La adscripción a Cultura que estamos viendo ahora en el PCM-004-2026 introduce un cambio silencioso pero decisivo que amenaza con dañar seriamente a la industria cinematográfica hondureña: el sistema deja ya de operar como política sectorial y pasa a formar parte de la administración burocrática de la SECAPP. En el lenguaje administrativo, una dependencia interna carece de autonomía funcional. En el lenguaje económico, el cine vuelve a ser tratado como actividad artística subsidiada, no como industria estratégica.

Ese giro ocurre en un momento en que otros países de la región han tomado el camino contrario. La República Dominicana convirtió su ley de cine en un instrumento de atracción de producciones internacionales, generando miles de empleos y un ecosistema de proveedores locales. Colombia y México han fortalecido sus agencias sectoriales bajo la misma lógica. El crecimiento de estas industrias no ha sido espontáneo; ha dependido de estabilidad institucional y de señales claras al mercado. En Honduras, esa estabilidad tomó décadas en construirse y apenas comienza a consolidarse. Los fondos son limitados, los resultados aún modestos, pero la arquitectura existe.

El decreto introduce un riesgo doble. Desde el punto de vista legal, altera una estructura creada por ley sin el procedimiento legislativo correspondiente. Desde el punto de vista estratégico, desmantela el enfoque industrial que hizo posible la propia existencia del sistema.

Pero este no sería el primer retroceso que enfrenta la industria cinemartográfica. Durante la administración anterior del instituto, bajo la dirección de Manuel Villa, el IHCINE operó dentro de un clima de alineamiento político que generó preocupación en el gremio. La percepción de que el acceso a oportunidades, fondos o espacios institucionales estaba condicionado por afinidades con el proyecto de la “refundación” provocó el desplazamiento de profesionales y afectó las trayectorias de realizadores y técnicos sin vinculación política con el partido gobernante. Esa etapa introdujo un factor de incertidumbre que debilitó la confianza en la institución y fracturó un ecosistema que apenas comenzaba a consolidarse sobre bases técnicas y profesionales, bajo la administración de Raúl Agüero. Si esa dinámica de Villa erosionó el capital humano y la confianza del sector, la adscripción administrativa que hoy se impone Asfura amenaza con afectar la arquitectura institucional misma.

Es importante señalar que la reestructuración del Estado responde a un objetivo legítimo de eficiencia administrativa. El problema no parece derivar de una intención específica de debilitar el cine, sino de la aplicación uniforme de criterios de simplificación sobre instituciones cuya naturaleza es distinta. Pero no todas las entidades públicas cumplen la misma función, y algunas operan como instrumentos de política económica sectorial, no como unidades administrativas ordinarias.

En este caso, el efecto de la medida excede con mucho el ahorro o la simplificación que pudiera generar. Afecta la credibilidad del país ante inversionistas, organismos de cooperación y productores internacionales. Debilita la señal de que Honduras busca construir una industria audiovisual competitiva. Y coloca en incertidumbre un marco institucional que tomó décadas en consolidarse.

La corrección es posible, aún. Y conviene hacerla pronto. Si Nasry Asfura considera que el cine debe integrarse plenamente al ámbito cultural, la vía adecuada es una reforma a la Ley de Cine. Pero ese camino implicaría una decisión política explícita: abandonar el modelo de desarrollo industrial que el país adoptó en 2019. Si, por el contrario, se reconoce el valor económico del sector, la adscripción debe revisarse para preservar su diseño institucional y su autonomía operativa.

El cine hondureño aún está en una etapa de formación. Es una industria compleja en un ambiente altamente competitivo. Sabemos bien que no genera todavía los volúmenes de empleo o inversión que podrían justificar una atención prioritaria en el debate público. Y es precisamente por eso, que las decisiones institucionales pesan más. En sectores emergentes, el marco legal y la estabilidad administrativa determinan si una industria crece o se queda en promesa.

El PCM-004-2026 busca simplificar el Estado. En el caso del cine, el resultado puede ser el contrario: debilitar uno de los pocos instrumentos creados para que una actividad cultural se convierta, finalmente, en la industria que Honduras merece.