Un presidente dispone de pocos minutos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para presentar a su país. Escoge lo que considera importante, lo que puede interesar a otros gobiernos y lo que quiere que sus ciudadanos escuchen desde casa. Esa selección contiene una definición de prioridades. También deja silencios que merecen atención.
Nasry Asfura llevó a Nueva York una Honduras abierta a la inversión. Habló de seguridad jurídica, energía, infraestructura, minería y oportunidades de empleo. Presentó la ubicación entre dos océanos como una ventaja económica y ofreció un gobierno dispuesto a facilitar la llegada de capital. Esa invitación tiene sentido, Honduras necesita producir más y ofrecer mejores perspectivas a su población. Su alcance dependerá de las condiciones que nuestro país pueda negociar y de la capacidad del Estado para hacerlas cumplir.
Antes de presentar esa oferta, el presidente Asfura expuso su interpretación de las elecciones de 2025. Sostuvo que la democracia y la libertad estuvieron en riesgo y que las instituciones y los votantes permitieron preservarlas. Con ello situó a su gobierno dentro de una historia de recuperación nacional. La confianza económica que pidió después descansaba sobre esa afirmación política: Honduras había superado una amenaza y podía presentarse como un interlocutor confiable.
En +conscientes de esta mañana examinamos esa relación entre legitimidad y apertura económica. La lectura que surgió fue que Asfura buscaba proyectar estabilidad hacia el exterior, mientras afirmaba ante la audiencia hondureña su versión de la transición. Conviene reconocerla como una interpretación del discurso. La tribuna internacional permite al gobernante presentar su relato, pero la evaluación de las instituciones exige mirar cómo funcionan dentro del país.
La seguridad jurídica ofrecida a un inversionista debería ser reconocible también para una comunidad que reclama por el uso del agua, un trabajador que exige el cumplimiento de sus derechos o una empresa pequeña que compite por un contrato público. La confianza se vuelve frágil si las reglas dependen del tamaño del negocio o de la cercanía con el poder. El valor de la promesa presidencial se comprobará en esos encuentros cotidianos entre el ciudadano y el Estado.
Carolina Meléndez, que nos acompañó desde Nueva York, señaló una ausencia en la intervención: la situación de los migrantes hondureños no recibió una defensa explícita. Su observación introdujo una dimensión que la presentación económica del país dejaba pendiente. Honduras habló a quienes podrían traer capital, mientras las necesidades de quienes viven y trabajan fuera de sus fronteras, y aportan casi el 30% del PIB nacional, quedaron sin un planteamiento específico en esa tribuna.
Meléndez interpretó esa omisión como una señal de cautela frente a Washington. El discurso no permite establecer por sí solo el motivo del silencio. Sí permite examinar la jerarquía de los asuntos que el Gobierno decidió presentar. La protección de los hondureños en el exterior forma parte de los intereses nacionales y merece una presencia proporcional a su importancia en la vida del país.
La diplomacia puede requerir conversaciones reservadas. No todo reclamo necesita convertirse en confrontación pública, y una declaración firme tampoco garantiza un resultado. Pero una estrategia discreta debe poder evaluarse por sus gestiones y sus logros. Corresponde conocer qué se solicita, ante quién se plantea y qué respuestas se consiguen para las familias que viven pendientes de una resolución migratoria.
Ese es uno de los límites de medir una participación internacional por la recepción del discurso, las fotografías o las reuniones anunciadas. Los contactos tienen valor, pero adquieren significado para la población cuando abren una negociación, resuelven un problema o permiten obtener recursos bajo condiciones convenientes. La política exterior necesita continuidad después del regreso de la delegación.
Asfura expuso también la sequía y la necesidad de soluciones para el agua, la agricultura y la infraestructura. Allí hay una agenda concreta sobre la cual trabajar. Su desarrollo exige identificar proyectos, territorios y beneficiarios, además de precisar cómo se financiarán. La cooperación, el crédito y la inversión privada pueden contribuir de formas distintas. Cada modalidad supone obligaciones que el país debe conocer antes de celebrarla como una oportunidad.
Durante el programa, Javier García insistió en la importancia de proteger la soberanía al atraer inversión. Esa preocupación obliga a discutir las condiciones de los acuerdos. Un Estado puede ofrecer estabilidad a sus socios y conservar al mismo tiempo su capacidad de regular, fiscalizar y proteger los bienes públicos. Para hacerlo necesita instituciones preparadas y funcionarios capaces de negociar con información suficiente.
La Asamblea ocurre en un contexto que vuelve esa tarea más difícil. Las grandes potencias reclaman cooperación, pero también recurren a la presión para obtener decisiones favorables. Los países pequeños necesitan relaciones que les permitan acceder a mercados, tecnología y financiamiento, y deben construirlas desde una desigualdad evidente de recursos. Precisamente por eso les conviene sostener reglas comunes y alianzas que amplíen su margen de actuación.
La conversación en +Conscientes se extendió hacia las reuniones de seguridad celebradas alrededor de la Asamblea y su posible relación con las decisiones internas de Honduras. Es una línea que merece seguimiento. La coincidencia entre prioridades estadounidenses y reformas hondureñas permite formular preguntas sobre coordinación e influencia; demostrar una imposición requiere documentos y una reconstrucción de cómo se tomaron las decisiones.
El interés hondureño debe poder identificarse en cada acuerdo. Frente al crimen organizado, por ejemplo, la cooperación debería contribuir a investigar mejor, proteger a las víctimas y reducir la capacidad de las redes criminales. Su evaluación necesita resultados dentro del país. Aceptar una agenda compartida compromete recursos y facultades del Estado, por lo que exige explicar qué obtiene la población a cambio.
Estados Unidos negocia desde sus propias prioridades. Honduras necesita llegar a esas conversaciones con las suyas claramente definidas. La afinidad política puede facilitar el contacto, pero no sustituye la preparación de proyectos, el conocimiento de sus costos ni la determinación de los límites que el país está dispuesto a aceptar.
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El discurso de Asfura dejó una oferta reconocible. Ahora el Gobierno debe darle contenido mediante decisiones que puedan examinarse: proyectos con condiciones públicas, compromisos sujetos a seguimiento y gestiones que incluyan a los hondureños dentro y fuera del territorio. La credibilidad buscada en Nueva York también se construye frente a ellos.
Un país necesita atraer inversión. Necesita, además, que su representación internacional lleve consigo las preocupaciones de quienes esperan empleo, protección y servicios que funcionen. Los hondureños son los destinatarios de los resultados que esa diplomacia debe conseguir. A ellos habrá que rendirles cuentas cuando termine la temporada de discursos.