Cada mañana, Juan López acostumbraba reunir a su gente antes de comenzar el trabajo y repetir una frase que con el tiempo adquirió la solemnidad de un ritual: “Hagamos memoria de Carlos Escaleras”.

Cuando escribí sobre Juan a seis meses de su asesinato, comencé precisamente allí. En Carlos Escaleras. En la historia de aquel otro dirigente popular de Tocoa asesinado en 1997 después de enfrentarse a intereses económicos que avanzaban sobre las montañas de Botaderos. Juan lo recordaba porque sabía que las luchas del presente no podían comprenderse sin mirar hacia atrás.

Hoy han pasado dos años desde la noche en que también lo mataron a él.

Juan salió de la iglesia San Antonio de Padua, en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa, la noche del 14 de septiembre de 2024. Había participado en una actividad religiosa. Llegó hasta su vehículo y allí lo atacaron a tiros. Era regidor municipal, dirigente del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, servidor de la Iglesia y una de las voces más persistentes en la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro y del Parque Nacional Carlos Escaleras.

También era un hombre amenazado. Las instituciones hondureñas lo sabían, lo sabían también los organismos internacionales. Juan era beneficiario de medidas de protección y su nivel de riesgo había sido advertido mucho antes de que lo asesinaran. Dos años después, OACNUDH sigue señalando aquella incapacidad del Estado para garantizar la vida de quienes defienden el territorio como parte de un problema que trasciende el expediente criminal de Juan.

Pero algo importante cambió desde la última vez que escribí sobre este caso.

Entonces había tres hombres detenidos y una pregunta que atravesaba toda la investigación: quién había dado la orden. Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonis Cruz Munguía habían sido acusados como presuntos autores materiales. Según la investigación del Ministerio Público, Guardado realizó labores de vigilancia sobre Juan y se reunió con los otros dos hombres el día del crimen; la Fiscalía sostiene además que una motocicleta utilizada para ejecutar el asesinato formó parte de esa coordinación. Los tres fueron enviados a juicio.

El problema es que ese juicio todavía no ha ocurrido. Estaba previsto para junio de este año, pero fue aplazado hasta enero de 2027 a petición del Ministerio Público, que todavía espera completar diligencias y recibir información que se encuentra en poder del FBI de Estados Unidos.

Mientras tanto, la investigación dio el paso que durante meses parecía improbable. El 12 de mayo de este año fueron capturados el exalcalde de Tocoa Adán Fúnez Martínez, Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez. El Ministerio Público los acusa de asesinato y asociación para delinquir y los ha señalado como presuntos autores intelectuales del crimen. Los tres recibieron inicialmente auto de formal procesamiento y prisión preventiva.

La detención de Fúnez tenía un peso particular. Días antes de morir, Juan había pedido públicamente su renuncia de la alcaldía de Tocoa. Lo había cuestionado por presuntos actos de corrupción y por decisiones relacionadas con el conflicto minero que durante años enfrentó a las comunidades del Bajo Aguán con los proyectos extractivos establecidos alrededor del Parque Nacional Carlos Escaleras. La captura del exalcalde significó que una investigación que parecía destinada a detenerse en los presuntos sicarios finalmente comenzaba a buscar responsabilidades en otro nivel.

En Honduras hemos aprendido a desconfiar de las investigaciones que encuentran al hombre que dispara pero nunca llegan al hombre que paga, organiza o manda. Cada sicario capturado puede convertirse en el muro detrás del cual desaparece la verdadera historia del crimen. En el caso de Juan, por primera vez, ese muro comenzó a moverse. Pero llegar hasta los acusados no es lo mismo que hacer justicia.

A finales de julio, la prisión preventiva de Adán Fúnez fue sustituida por arresto domiciliario. Posteriormente, organizaciones internacionales de derechos humanos informaron que Juan Ángel Ramos Gallegos recibió una medida similar. OMCT y FIDH advirtieron que el regreso de procesados a la misma zona donde viven la familia de Juan y otros defensores podía aumentar los riesgos y cuestionaron que las razones que justificaron originalmente la prisión preventiva hubiesen desaparecido. Ambos continúan vinculados al proceso; el cambio de medida cautelar no equivale a una absolución.

La audiencia preliminar contra Fúnez, Ramos y Méndez tampoco se ha realizado. Debía desarrollarse en agosto, pero fue trasladada al próximo 1 de octubre porque la Fiscalía solicitó más tiempo para profundizar la extracción de información contenida en dispositivos incautados durante la investigación.

Ese es el lugar exacto en el que estamos dos años después.

Hay tres hombres enviados a juicio como presuntos autores materiales. Hay otros tres procesados como presuntos autores intelectuales. Hay teléfonos, pericias, registros, vigilancia, una motocicleta, testimonios y una investigación que ha conseguido subir varios escalones dentro de la posible estructura que condujo al asesinato. Pero no existe todavía una sola sentencia.

Hay una diferencia enorme entre afirmar que el caso permanece exactamente donde estaba hace dos años y afirmar que Juan López ya obtuvo justicia. Esa diferencia importa porque una democracia se mide no solamente por su capacidad de abrir investigaciones, sino por su capacidad para llevarlas hasta donde conduzcan, incluso cuando comienzan a tocar redes de poder político, económico o criminal.

El propio comunicado que OACNUDH publicó en ocasión de este segundo aniversario reconoce “importantes avances recientes” en la investigación y judicialización, pero inmediatamente agrega la condición que todavía falta: determinar la responsabilidad penal de todas las personas involucradas y lograr el esclarecimiento pleno de los hechos. Advierte además que las demoras injustificadas favorecen la impunidad.

Ese énfasis es fundamental entenderlo. Porque el asesinato de Juan nunca ocurrió aislado del territorio que defendía. Guapinol no es solamente el nombre de un río ni Carlos Escaleras el nombre de un parque nacional. Detrás de esos nombres existe una larga disputa por la tierra, el agua, las concesiones, las licencias ambientales y la capacidad de las comunidades para decidir qué ocurre en el territorio donde viven.

También existe una historia de criminalización.

Los defensores de Guapinol conocieron la cárcel antes de que quienes supuestamente conspiraron para matar a Juan conocieran los tribunales. Ocho defensores permanecieron privados de libertad durante más de dos años mientras defendían los ríos de los que dependen sus comunidades.

Juan permaneció allí cuando ellos fueron encarcelados. Organizó, denunció, acompañó. También continuó denunciando después de que salieron. Por eso reducir su asesinato a un homicidio cometido por seis individuos sería demasiado cómodo. Los responsables penales deberán ser determinados por los tribunales y únicamente una sentencia podrá establecer la culpabilidad de cada acusado. Pero comprender por qué mataron a Juan exige mirar algo más grande que los nombres contenidos en un expediente.

Exige mirar las condiciones que hicieron posible el crimen. OACNUDH lo dijo de una manera poco habitual por su claridad al conmemorar estos dos años: el Estado debe garantizar transparencia en las decisiones sobre proyectos extractivos, vigilar el otorgamiento de permisos y licencias, asegurar evaluaciones ambientales independientes, permitir una participación efectiva de las comunidades y evitar que la criminalización, los desalojos o la privación de libertad se conviertan en la respuesta frente a las demandas sociales. También recordó que las empresas tienen responsabilidades frente a los riesgos y represalias que pueden enfrentar quienes cuestionan sus actividades.

Es decir, la justicia por Juan comienza en un tribunal, pero no termina allí.

Este 14 de septiembre su nombre volvió a recorrer las calles de Tocoa. La Iglesia convocó actividades para recordarlo y exigir justicia. La Conferencia Episcopal y la Universidad Católica entregaron por segunda vez el premio que lleva su nombre, esta vez al mismo Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos desde el cual Juan desarrolló su lucha.

Hay algo inevitablemente hermoso en que la organización sobreviva al hombre que intentaron silenciar.

Pero también hay algo peligroso en la manera en que los países convierten a sus muertos en símbolos.

Los homenajes pueden terminar sustituyendo aquello que deberían exigir.

Carlos Escaleras terminó convertido en el nombre de un parque. Berta Cáceres terminó convertida en el nombre de calles, premios y auditorios. Juan López comienza ahora el mismo tránsito hacia la memoria pública.

Honduras tiene una extraordinaria capacidad para honrar a sus muertos.

Ha demostrado mucha menos capacidad para protegerlos cuando todavía están vivos.

Cada mañana Juan decía: “Hagamos memoria de Carlos Escaleras”.

No creo que para él hacer memoria significara repetir un nombre.

Era recordar por qué lo habían matado. Entender qué poderes había enfrentado. Reconocer qué estructuras seguían intactas después del crimen. Y usar esa memoria para evitar que la historia volviera a repetirse.

Ahora nos corresponde hacer lo mismo con Juan.

Dos años después de su asesinato sabemos mucho más. La justicia hondureña ha llegado más lejos de lo que había llegado cuando se cumplieron seis meses de su muerte. Sería injusto negar ese avance.

Pero Juan no necesita solamente que el Estado identifique sospechosos.

Necesita que investigue toda la cadena del crimen, que presente pruebas capaces de sostenerse frente a un tribunal, que determine responsabilidades sin importar hasta dónde conduzcan y que garantice que su familia, sus compañeros y quienes continúan defendiendo el territorio puedan hacerlo sin convertirse en los próximos nombres de nuestra memoria.

Dos años después ya existen acusados.

Todavía falta justicia.

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