Cada mañana, Juan López repetía un ritual sagrado: Antes de comenzar el día, reunía a su gente y les decía: “Hagamos memoria de Carlos Escaleras”. Con voz firme, evocaba la lucha del hombre que décadas atrás había sido asesinado por defender la misma tierra que él ahora protegía.

Carlos Escaleras no era solo un nombre para Juan. Era un símbolo, un recordatorio de que la muerte llega primero para quienes desafían los poderes que se esconden tras contratos mineros y fortunas en expansión. En la década de 1990, Escaleras se convirtió en la piedra en el zapato de Miguel Facussé, el empresario más poderoso de Honduras, el arquitecto de un imperio construido sobre palma africana y tierras disputadas. Escaleras, activista y político, denunció la devastación ecológica que Dinant —la corporación de Facussé— planeaba llevar a cabo en las montañas de Botaderos. Lo hizo con una determinación que solo podía llevar a un destino: una bala.

El 18 de octubre de 1997, lo mataron de camino a su negocio en Tocoa. Un grupo de sicarios lo interceptó y le disparó sin mediar palabra. Durante años, la justicia hondureña miró hacia otro lado. No importaron los testimonios, las pruebas, las denuncias internacionales. Nadie tocó a Facussé, aunque las sombras de la sospecha jamás dejaron de perseguirlo. Fue hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado de Honduras por su complicidad en el asesinato de Escaleras. Como parte de la reparación, la reserva natural Montaña de Botaderos recibió un nuevo nombre: Parque Nacional Carlos Escaleras. Un acto simbólico, aunque vacío, mientras las mismas manos que borraron su vida continuaban trazando planes en su territorio.

Entre esas manos estaba Lenir Pérez, el yerno de Facussé. Un hombre que aprendió del patriarca cómo jugar en el tablero del poder sin dejar huellas. Mientras Facussé construía su reino con palma africana y represión, Pérez encontró su mina de oro, literalmente, en el subsuelo de la reserva Escaleras. Con la empresa Inversiones Los Pinares, en sociedad con la estadounidense Nucor, Pérez logró instalar un megaproyecto minero en plena área protegida. ¿Cómo? Con concesiones envueltas en opacidad, con pactos que nunca pasaron por consulta ciudadana, con un ejército privado de seguridad que patrulla la zona como si la ley fuera un detalle menor.

Los pobladores de Guapinol se opusieron. Y el Estado respondió con la cárcel. Ocho defensores del agua fueron encarcelados durante más de dos años bajo cargos fabricados. Pero Juan López nunca dejó de alzar la voz. Denunció la represión, organizó protestas, desafió a los empresarios y a los políticos que los respaldaban. Y como Carlos Escaleras, firmó su sentencia de muerte sin saberlo.

El 14 de septiembre de 2024, hace exactamente seis meses, en una noche húmeda y silenciosa, Juan salió de su iglesia en Tocoa. Había terminado una reunión con líderes comunitarios. Sabía que lo estaban siguiendo. Lo sabía desde hacía semanas, desde que su nombre empezó a aparecer en mensajes de advertencia. Pero nunca se dejó intimidar. Caminó hacia su vehículo con la misma resolución de siempre. Y entonces llegaron las balas. El cuerpo de Juan quedó tendido en el pavimento. Un testigo corrió hacia él, lo vio intentar hablar, pero la sangre se llevó sus últimas palabras. Nadie vio a los asesinos, pero todos sabían quiénes eran.

La investigación oficial avanzó con la lentitud meticulosa de quien quiere ganar tiempo para que el escándalo se disipe. Tres hombres fueron detenidos. La fiscalía los presentó como los sicarios que ejecutaron el crimen. Pero la pregunta más importante sigue sin respuesta: ¿quién dio la orden?

Las sospechas se dirigen hacia las mismas figuras que Juan denunció en vida. Adán Fúnez, el entonces alcalde de Tocoa, había sido señalado por corrupción, por vínculos con el crimen organizado, por facilitar el avance de la minería en la zona. Días antes de su muerte, Juan López había exigido su renuncia. La filtración de un video en el que Fúnez aparecía reunido con Carlos Zelaya Rosales y narcotraficantes alimentó aún más las teorías sobre su papel en el crimen organizado. Y sin embargo, la justicia no lo ha tocado.

Lenir Pérez, mientras tanto, sigue en la cima. A pesar de haber sido interrogado por el FBI en Estados Unidos por sus negocios turbios con Nucor, su empresa minera en la reserva Escaleras sigue operando. La ironía es brutal. El parque que lleva el nombre de un ambientalista asesinado es ahora el epicentro de una industria que sigue cobrando vidas. Lo que el gobierno de Libre prometió como un acto de reparación es hoy un testimonio vivo de su hipocresía.

El asesinato de Juan López no es solo una tragedia. Es un patrón. Un eco del crimen de Escaleras, un recordatorio de que en Honduras la defensa del medio ambiente se paga con la vida. Y mientras el poder siga protegiendo a los asesinos intelectuales, la lista de mártires seguirá creciendo.

Pero hay algo que ni las balas ni los contratos pueden borrar: la memoria. La memoria de Juan López, de Carlos Escaleras, de Berta Cáceres, de cada defensor que ha caído en esta lucha. Porque cada mañana, en Tocoa, aún hay quienes se reúnen para recordar. Para nombrarlos. Para seguir exigiendo justicia en un país que parece haber olvidado su significado.