Me interesa saber quién queda a cargo de un barrio cuando termina el operativo. Quién recibe la denuncia del comerciante al que vuelven a cobrar extorsión. Quién protege a la familia que señaló una casa donde se guardaban armas. Quién responde cuando los hombres capturados recuperan la libertad y regresan a buscar a quienes creen responsables de su detención. En esas horas, lejos de las cámaras, comienza la prueba más difícil de una política de seguridad.
Por eso considero insuficiente la promesa de recuperar territorios mientras el Gobierno no explique cómo piensa gobernarlos después. Entrar con la fuerza pública compromete al Estado con la vida que continuará allí. Cada intervención debería llevar consigo una obligación de permanencia: justicia accesible, protección para quienes colaboran y autoridades a las que se pueda reclamar. Anunciar la recuperación antes de construir esas condiciones confunde el comienzo de una tarea con su cumplimiento.
Las reformas de seguridad y del sistema penitenciario discutidas esta mañana en +Conscientes me dejaron esa preocupación. Hay una expectativa comprensible de que el Estado actúe con firmeza. Quien vive sometido a una estructura criminal tiene razones para exigir una respuesta inmediata. Sería cómodo pedirle paciencia desde un lugar donde podemos salir de casa, abrir un negocio o recibir una visita sin solicitar permiso. La urgencia de esas familias debe orientar la intervención y también la discusión sobre sus consecuencias.
Precisamente porque esa urgencia es real, merece algo más duradero que un despliegue.
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El poder criminal se vuelve especialmente profundo cuando organiza la vida cotidiana. Decide quién vende, quién circula, quién debe marcharse. Su autoridad descansa en la capacidad de castigar y en la certeza de que la víctima tendrá pocas posibilidades de encontrar protección. Una familia puede detestar ese poder y, al mismo tiempo, obedecerlo en todo. Para ella, la supervivencia exige reconocer quién puede hacerle daño mañana.
La llegada de policías o militares altera ese cálculo. Puede abrir una oportunidad para denunciar, recuperar una vivienda o reabrir un negocio. Pero también expone a quienes creen en la promesa estatal. Si la protección se retira antes de que exista una institución capaz de sostenerla, quienes confiaron pueden quedar en una situación más peligrosa. El Gobierno debería asumir esa responsabilidad desde el momento en que pide cooperación. Una denuncia compromete la vida de alguien.
Durante el programa, el general en retiro Luis Maldonado Galeas distinguió el control temporal de una zona de su recuperación mediante la intervención de distintas instituciones. Esa distinción permite plantear una exigencia política concreta: el plan para el día siguiente debe formar parte del operativo desde su preparación. La investigación, los servicios y la protección comunitaria necesitan responsables y recursos antes de que se anuncie el éxito.
Aquí está, para mí, el problema de fondo. Podemos terminar ampliando las facultades de un Estado cuyas debilidades seguimos dejando intactas. Darle más capacidad para detener o restringir movimientos resulta insuficiente si conserva las mismas dificultades para investigar, proteger testigos y sancionar a sus propios funcionarios. La autoridad que se expande hacia la población también debe fortalecerse hacia dentro y aceptar controles sobre su actuación.
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La advertencia del exfiscal Manuel Murillo sobre la debilidad de la investigación toca ese punto. Una captura exige un trabajo posterior que suele recibir menos atención pública: reconstruir los hechos, reunir pruebas y establecer responsabilidades individuales. Allí se decide si la intervención producirá justicia. El expediente merece tanto interés como la fotografía de los detenidos.
Me parece particularmente peligroso convertir cada liberación en una acusación automática contra el juez. Cuando una causa fracasa, debemos poder distinguir entre corrupción judicial, investigación deficiente y detención arbitraria. Confundirlas permite que los responsables de cada falla se escondan en la indignación general. También acostumbra a la sociedad a juzgar la justicia por la cantidad de personas que conserva encerradas.
La misma exigencia debe llegar a las cárceles. Impedir que desde una prisión se ordenen delitos requiere controlar a quienes tienen la obligación de custodiarla. El rigor anunciado para los internos compromete a directores, custodios y mandos. Una política penitenciaria pierde credibilidad cuando concentra toda su severidad en los presos y deja sin explicación las responsabilidades de la administración. La corrupción institucional necesita ocupar un lugar central en cualquier promesa de recuperar el control.
Tampoco acepto que una comunidad deba pagar su protección con la renuncia a reclamar frente al Estado. Quien vive bajo amenaza necesita que la autoridad llegue y necesita conservar derechos cuando llega. Debe poder denunciar una extorsión y también un allanamiento abusivo. Debe contar con protección frente a una estructura criminal y con un procedimiento para defenderse de una acusación falsa. La seguridad que propongo defender incluye ambas cosas porque ambas pueden decidir el destino de una familia.
Ese criterio obliga a mirar con cuidado cualquier mecanismo que amplíe facultades sobre determinados territorios. Sus habitantes deben conocer quién toma las decisiones, durante cuánto tiempo y ante quién pueden impugnarlas. Vivir en una comunidad sometida al crimen no puede convertirse en una condición de ciudadanía disminuida. Al contrario, debería imponer al Estado una obligación mayor de protección y rendición de cuentas.
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El presupuesto revelará cuánto de esa obligación está dispuesto a asumir el Gobierno. Investigar cuesta. Proteger a una familia amenazada cuesta. Sostener una escuela, un centro de salud y una presencia institucional confiable exige personal y continuidad. Si esas responsabilidades quedan pendientes mientras se amplían las facultades coercitivas, tendremos razones para cuestionar la profundidad de la estrategia. Las prioridades se vuelven visibles cuando hay que financiarlas.
También debemos examinar la expresión «ausencia del Estado». Puede haber oficinas públicas, agentes y autoridades en un lugar donde la población sigue desprotegida. Una institución que recibe una denuncia y expone al denunciante está presente, pero ha fallado en su razón de existir. Una autoridad que tolera la extorsión ocupa un cargo, aunque haya abandonado a la comunidad. Recuperar esos territorios exige transformar la relación entre el poder público y quienes viven bajo él.
Esa es la postura desde la que creo que debemos juzgar las reformas. El Gobierno tiene la responsabilidad de enfrentar a las estructuras criminales, y la ciudadanía tiene derecho a exigirle resultados. Entre esos resultados debe estar la posibilidad de vivir sin sometimiento, incluso cuando se retiran las patrullas. Debe estar la confianza de que denunciar servirá para algo y de que un funcionario responderá por sus decisiones.
Cuando se presenten los próximos balances de seguridad, buscaré esa evidencia. Me interesará saber si una familia pudo regresar a su casa y permanecer en ella, si un comerciante dejó de pagar extorsión, si una investigación llegó a una sentencia fundada y si una víctima recibió protección a tiempo. Allí podremos empezar a reconocer una recuperación duradera.
El operativo abre una responsabilidad. El Estado la cumple cuando quedarse a vivir en ese barrio deja de ser un acto de resistencia y vuelve a ser una decisión libre.