En enero de 2026, al menos tres rutas de transporte en San Pedro Sula y Choloma dejaron de operar de un día para otro. Los conductores denunciaron que extorsionadores llegaron a los puntos de buses, dejaron números de teléfono y advirtieron que habría muertes si no se cumplían pagos. “Ya nos han matado a varios conductores… no queremos ser una víctima más”, dijo uno de ellos. Semanas después, un audio con nuevas amenazas paralizó más de un centenar de unidades en la zona norte. El mensaje no cambió: pagar o morir.
Esa lógica, que se repite con variaciones en Tegucigalpa, La Ceiba o Choloma, forma parte del trasfondo sobre el que se discute hoy la seguridad en Honduras. No aparece siempre en los discursos oficiales, pero define la urgencia de las decisiones. Sobre esa presión cotidiana se han construido las respuestas del Estado en los últimos años: primero el estado de excepción, y ahora una nueva propuesta que busca clasificar como terroristas a estructuras como maras, pandillas y carteles.
En ese contexto, la secretaria de Derechos Humanos, Leda Pagán, ofreció una entrevista en el programa +conscientes que permite observar cómo el Estado interpreta su propio papel frente a esta crisis. “Todo se está haciendo en el marco de la ley… y esa es la mejor amiga de cualquier funcionario público”, afirmó. La declaración fija una posición institucional clara, que convive, sin embargo, con un conjunto de datos que describen una realidad más compleja.
El informe más reciente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documenta que durante la vigencia del estado de excepción (aplicado desde diciembre de 2022 y extendido durante más de dos años y medio durante la administración Castro) se registraron desapariciones forzadas, casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en operativos de seguridad. La medida se prorrogó en más de veinte ocasiones y llegó a cubrir la mayor parte del territorio nacional. En ese período se realizaron cerca de 16 mil detenciones, la mayoría vinculadas a delitos de drogas, con una proporción mucho menor asociada a extorsión.
Leda Pagán, Secretaria de Estado de Derechos Humanos
La coexistencia de estas dos narrativas, la legalidad declarada y los abusos documentados, no es un detalle menor. Define el margen dentro del cual se mueve la política de seguridad. Pagán reconoce el contexto en el que se tomaron decisiones. “En un país como el nuestro… la inseguridad lleva a que cualquier administración pueda tomar decisiones extremas”, dijo. Su lectura introduce un elemento central: la excepcionalidad como respuesta.
Esa excepcionalidad, sin embargo, dejó huellas concretas. La OACNUDH no solo registró violaciones, también cuestionó la eficacia de la medida. No encontró evidencia clara de que el estado de excepción hubiera reducido la criminalidad de manera sostenida. Al mismo tiempo, organizaciones locales documentaron patrones repetidos en las detenciones: jóvenes de barrios específicos, zonas previamente identificadas como focos de actividad criminal, operativos masivos con escasa individualización de responsabilidades.
En paralelo, el crimen organizado mantuvo su capacidad de adaptación. Las redes de extorsión continuaron operando, los mercados siguieron pagando, el transporte siguió siendo uno de los sectores más golpeados. Estimaciones de asociaciones empresariales han calculado que la extorsión mueve cientos de millones de lempiras al año en Honduras, afectando a miles de pequeños negocios y rutas de transporte. Ese dinero no se queda en la operación inmediata. Circula a través de estructuras de lavado que incluyen comercio formal, inversiones y sistemas financieros informales.
La escala del fenómeno explica la presión sobre el Estado. También explica el giro hacia nuevas herramientas. La propuesta de declarar terroristas a maras, pandillas y carteles se presenta como un intento de responder a estructuras que ya no se perciben únicamente como delincuencia común, sino como organizaciones con capacidad de control territorial y económico.
Pagán se mueve con cautela en ese terreno. Reconoce la dimensión política de la categoría. Advierte la necesidad de revisarla. Su énfasis se mantiene en otro punto: la prevención, el respeto a la dignidad humana, la legalidad como marco de actuación. “Nuestra tarea es prevenir… procurar que el Estado no vulnere derechos”, afirmó.
La Secretaría que dirige, sin embargo, opera dentro de un entramado institucional que tiene limitaciones documentadas. El propio informe de la OACNUDH señala debilidades en la investigación penal, problemas en la cadena de custodia, dificultades en la coordinación entre instituciones y limitaciones al derecho a la defensa. El sistema penitenciario supera las veinte mil personas privadas de libertad, con niveles de hacinamiento y control que han sido objeto de intervención militar en distintos momentos.
Esa estructura condiciona cualquier política. También condiciona las promesas de reforma.
Leda Pagan, Secretaria de DDHH
El mecanismo de protección a defensores y periodistas, uno de los instrumentos clave del Estado en materia de derechos humanos, es un ejemplo. “Se ha vuelto una especie de cascarón… está vacío”, dijo Pagán durante la entrevista. El diagnóstico coincide con evaluaciones previas. Desde su creación, al menos una decena de beneficiarios han sido asesinados. Las fallas en coordinación, la filtración de información y la falta de cobertura territorial han sido señaladas de manera recurrente.
La ministra plantea un proceso de reconstrucción, con acompañamiento internacional. Insiste en el diálogo como herramienta. “No excluimos a nadie… estamos obligados a platicar con todos”, afirma. La apuesta es por la apertura.
El problema es que el deterioro del mecanismo no es únicamente operativo. Está vinculado a la capacidad del Estado para proteger en territorios donde el control no es suyo. En zonas del Bajo Aguán, por ejemplo, el informe de la OACNUDH documenta el desplazamiento de al menos 468 familias campesinas en 2025, en un contexto de violencia y disputas por la tierra. En Cortés, se registraron prácticas de reclutamiento forzado. En distintos puntos del país, comunidades enteras conviven con estructuras criminales que regulan la vida cotidiana.
Ese nivel de penetración introduce una complejidad adicional. El crimen organizado no es una entidad externa. Está integrado en circuitos sociales y económicos. Utiliza negocios formales para lavar dinero, establece relaciones con actores locales, construye redes de colaboración que incluyen coerción y supervivencia.
La respuesta estatal, cuando se apoya principalmente en herramientas coercitivas, tiende a concentrarse en los eslabones más visibles. El propio dato de detenciones durante el estado de excepción sugiere una priorización del microtráfico sobre delitos como la extorsión. Esa lógica no es exclusiva de Honduras, pero aquí se produce en un contexto de capacidades limitadas para desarticular estructuras financieras complejas.
La categoría de terrorismo, en ese escenario, amplía el margen de acción del Estado. También amplía el margen de interpretación. Define nuevas formas de asociación, nuevas figuras de colaboración, nuevas posibilidades de imputación. Su aplicación requiere precisión jurídica y capacidad investigativa. Sin esas condiciones, el riesgo es que se convierta en un instrumento amplio, aplicado con mayor intensidad en territorios ya estigmatizados.
Pagán introduce un elemento que rara vez aparece en el debate público. “Las violaciones de derechos humanos se traducen en demandas millonarias que paga el pueblo hondureño”, señala. La afirmación apunta a las consecuencias internacionales. Honduras ha enfrentado condenas en instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con reparaciones económicas significativas. La defensa del Estado en esos casos ha sido irregular, según reconoce la propia ministra.
Esa dimensión financiera conecta con otra forma de límite. No solo se trata de capacidad operativa o jurídica. También de sostenibilidad. Cada abuso documentado, cada condena internacional, tiene un costo que se traslada al presupuesto público.
La entrevista de este día a la ministra Leda Pagan, leída en su conjunto, no ofrece una ruptura con el sistema de violación de los Derechos Humanos, ofrece un retrato. Muestra a una funcionaria que reconoce los problemas, que plantea correcciones institucionales, que insiste en la legalidad como marco. Muestra también a un Estado que enfrenta presiones reales como la violencia, la extorsión, el control territorial, con herramientas que han demostrado límites.
El tránsito hacia una política más dura, con categorías como terrorismo, se produce sobre esa base. No sobre una institucionalidad fortalecida, sino sobre una que todavía arrastra debilidades.
En la colonia donde el conductor de bus paga extorsión, la discusión sobre terrorismo suena lejana. Su cálculo es inmediato: cuánto pagar, a quién, cuándo. La presencia del Estado se mide en operativos esporádicos, en retenes, en promesas. La continuidad del negocio criminal se mide en otra escala.
Entre esas dos dimensiones, la política pública y la experiencia cotidiana, se define el alcance real de cualquier reforma. La entrevista de Pagán permite ver cómo el Estado formula sus respuestas. Los datos permiten ver hasta dónde llegan.