El requerimiento fiscal contra Luis Redondo y los integrantes de la antigua Comisión Permanente del Congreso Nacional ha comenzado a levantar una esquina de la alfombra bajo la cual se escondieron algunas de las actuaciones más graves de la crisis electoral de 2025. Pero lo que aparece debajo no parece limitarse a un grupo de diputados que se excedió en sus atribuciones. Lo que comienza a dibujarse es la posibilidad de una operación política mucho más amplia, ejecutada desde distintas instituciones del Estado con un propósito común: impedir que el poder cambiara de manos.
El Ministerio Público presentó el 20 de octubre una acusación contra catorce personas por veintiuna imputaciones. A Redondo se le atribuyen delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios. El expediente gira alrededor de las actuaciones de una Comisión Permanente que pretendió ejercer atribuciones del pleno y de las decisiones adoptadas para intervenir en el proceso electoral cuando los resultados ya habían sido declarados.
Pero reducir aquella crisis a un problema de interpretación de la Ley Orgánica del Congreso sería como explicar un incendio por el funcionamiento de los fósforos.
La historia comenzó mucho antes.
En noviembre de 2023, la Comisión Permanente sirvió para nombrar interinamente a Johel Zelaya y Mario Morazán al frente del Ministerio Público, una decisión que correspondía al pleno del Congreso Nacional. Aquella maniobra permitió resolver desde una minoría parlamentaria lo que no había podido conseguirse mediante una votación de los diputados. Fue una demostración temprana de que los mecanismos excepcionales podían utilizarse para superar los límites impuestos por la representación democrática.
Después vendrían las disputas por la integración de los organismos electorales, los conflictos internos del Consejo Nacional Electoral, los bloqueos al proceso de contratación del sistema de transmisión de resultados, las denuncias contra las consejeras electorales, las actuaciones del Ministerio Público y las controversias que terminaron paralizando al Tribunal de Justicia Electoral.
Vista por separado, cada crisis podía explicarse como una disputa sobre las competencias de alguna institución. Pero esa fragmentación resultaba conveniente para quienes protagonizaban los conflictos, porque permitía justificar las decisiones sin responder por sus consecuencias. Nadie parecía interesado en examinar el conjunto, mucho menos en preguntarse por qué tantos acontecimientos terminaban siguiendo una misma dirección.
Y, curiosamente, casi todos terminaban produciendo el mismo efecto: debilitar la capacidad de los organismos electorales para conducir el proceso.
La culminación llegó después de las elecciones del 30 de noviembre. Cuando el Consejo Nacional Electoral ya había declarado los resultados, Redondo y los diputados que lo acompañaban intentaron imponer un nuevo escrutinio desde el Congreso. La decisión fue incorporada a un decreto publicado en enero de 2026, cuando el país ya conocía quién había sido declarado presidente electo.
Era el último intento de una estructura política que se resistía a reconocer que su tiempo había terminado, según la interpretación que ahora sostienen quienes enfrentaron aquellas actuaciones desde el Legislativo.
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Durante el programa +Conscientes, Fátima Mena y Merary Díaz reconstruyeron esa secuencia desde sus experiencias como integrantes de la oposición parlamentaria. Ninguna habló de simples irregularidades. Ambas sostuvieron que existía una estrategia destinada a conservar el poder.
Mena recordó las sesiones extraordinarias de diputados que buscaron impedir la consolidación de la Comisión Permanente y los enfrentamientos que acompañaron aquellos meses. Habló de amenazas, intimidaciones y de la convicción que tenían entonces de que se preparaba una ruptura del orden constitucional. Según su relato, existía incluso la intención de prolongar durante seis meses la permanencia del gobierno para provocar posteriormente un nuevo proceso electoral.
Díaz fue más lejos. Ante la pregunta sobre las intenciones de quienes dirigían aquellas actuaciones, respondió sin rodeos: «A quedarse en el poder».
Su explicación vinculó las decisiones del Congreso con las actuaciones de funcionarios electorales, sectores de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y los colectivos partidarios. No las describió como episodios independientes, sino como partes de una operación organizada en la que cada actor habría desempeñado una función.
La expresión que utilizó fue reveladora: aquello, sostuvo, había sido «sistematizado».
Si Mena y Díaz tienen razón, Redondo no actuaba por su cuenta. Era apenas una pieza de una maquinaria que habría involucrado a funcionarios con poder sobre las elecciones, la justicia y las Fuerzas Armadas. El problema es que nadie ha demostrado todavía quién movía los engranajes ni hasta dónde llegaban las instrucciones. Y sería demasiado cómodo cerrar el expediente con los diputados que pusieron la firma, sin averiguar quiénes pudieron haber estado detrás de sus decisiones.
La sucesión de acontecimientos permite sospechar que existió algo más que una extraordinaria acumulación de casualidades. Pero todavía falta demostrar las conexiones. Quién decidió, quién instruyó, quién ejecutó y quién conocía el propósito de las actuaciones. La responsabilidad penal no se transmite por afinidad partidaria, aunque tampoco desaparece cuando las instrucciones se distribuyen entre distintas instituciones.
Y allí aparece el verdadero problema para la investigación.
Merary Díaz no considera que el requerimiento contra Redondo agote las responsabilidades. Durante la entrevista reclamó actuaciones del Ministerio Público contra Marlon Ochoa, señaló al exfiscal general Johel Zelaya y mencionó las responsabilidades que, a su juicio, deberían investigarse en otros organismos electorales y de seguridad.
Cuando la conversación llegó a la posibilidad de identificar a los responsables intelectuales, el señalamiento se extendió hacia el entorno de Manuel Zelaya.
Merary Díaz no dijo que hubiera nuevos requerimientos fiscales preparados. Exigió que el Ministerio Público investigue a Marlon Ochoa, a Johel Zelaya y a quienes pudieron haber dirigido las actuaciones desde otras instituciones. Su sospecha es que Redondo y la Comisión Permanente no actuaban solos, y que las responsabilidades podrían alcanzar a quienes nunca aparecieron en primera fila.
Habrá que demostrarlo. Pero sería una salida demasiado cómoda reducir toda aquella crisis a catorce personas que, por iniciativa propia, decidieron desafiar a las autoridades electorales y poner al país al borde de una ruptura constitucional. Sobre todo si quienes pudieron haber dado las órdenes consiguen permanecer fuera del expediente.
Redondo pudo haber sido el ejecutor visible de las decisiones adoptadas desde el Congreso. Lo que todavía no sabemos es si actuaba por iniciativa propia, si respondía a una dirección política superior o si sus decisiones formaban parte de una coordinación más extensa.
No es una diferencia secundaria. Es la distancia que separa el abuso individual de una conspiración institucional.
También sería ingenuo ignorar los riesgos de la nueva etapa. Libre denuncia persecución política y reclama que sus dirigentes están siendo castigados por defender los resultados electorales que consideraban legítimos. Pero llamar persecución a cualquier investigación contra un antiguo funcionario es una defensa demasiado fácil. Una cosa es exigir garantías judiciales y otra pretender que la militancia partidaria funcione como una forma de inmunidad penal.
La presunción de inocencia protege a los acusados. No obliga a renunciar a investigar sus actuaciones.
Al mismo tiempo, Fátima Mena introdujo una advertencia que no debería perderse entre el entusiasmo por los requerimientos fiscales: los expedientes no deben convertirse en «moneda de cambio» de las negociaciones políticas.
En Honduras, donde las instituciones han sido utilizadas tantas veces como instrumentos de presión entre los grupos que disputan el poder, esa preocupación está lejos de ser retórica. Sería una ironía miserable que las investigaciones destinadas a esclarecer una posible conspiración institucional terminaran convertidas en herramientas para fabricar nuevos acuerdos políticos.
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La justicia no puede funcionar como una lista de enemigos que se entrega a la Fiscalía. Tampoco puede detenerse en el primer grupo de funcionarios acusados si las pruebas conducen hacia otras responsabilidades.
El requerimiento contra Redondo abre, por tanto, una oportunidad que va mucho más allá de su eventual condena o absolución. Permite comenzar a reconstruir judicialmente uno de los episodios más peligrosos de la reciente historia política hondureña.
Durante meses, la crisis electoral fue presentada como una sucesión de conflictos técnicos, denuncias de fraude, disputas de competencias y enfrentamientos partidarios. Cada protagonista defendía su pequeña parcela de legalidad mientras el conjunto del sistema se aproximaba peligrosamente a la parálisis.
Ahora corresponde determinar si aquella fragmentación fue precisamente el mecanismo utilizado para impedir que las instituciones cumplieran sus funciones.
La tesis de una conspiración no nació con este requerimiento fiscal. Fue tomando forma durante la crisis, cuando resultaba difícil explicar por qué tantas decisiones provenientes de instituciones distintas coincidían en obstaculizar el mismo proceso electoral. Las declaraciones de Mena y Díaz le dan una formulación política explícita, desde la experiencia de quienes se enfrentaron a esas actuaciones.
Comparto que esa es una línea central de investigación. No porque sus testimonios constituyan una sentencia anticipada, sino porque los acontecimientos documentados justifican examinar si existió una dirección común.
El país tiene derecho a saber si durante 2025 sus instituciones simplemente fracasaron o si algunas fueron utilizadas deliberadamente para impedir que la voluntad electoral se tradujera en una transición de poder.
No es lo mismo una democracia incapaz de administrar sus conflictos que un grupo político dispuesto a utilizar esa incapacidad para perpetuarse.
La primera necesita reformas. La segunda exige responsabilidades.
Y aunque la justicia todavía debe demostrar la existencia de una conspiración, hay algo que ya resulta difícil de discutir: la Comisión Permanente no operó en el vacío. Sus decisiones estuvieron precedidas por una larga secuencia de disputas institucionales y fueron el último recurso político visible de un gobierno que estaba perdiendo el poder.
El expediente judicial puede limitarse a establecer si Redondo y sus compañeros cometieron los delitos que les atribuye el Ministerio Público. Pero la historia exige una explicación más amplia.
Porque en Honduras suele terminar respondiendo quien puso la firma, mientras permanecen fuera del expediente quienes pudieron haber tomado las decisiones.
La trama que falta probar no termina necesariamente en Luis Redondo. Es posible que apenas comience con él.