Crisis electoral: de la comisión permanente al juicio político

Este artículo reconstruye de manera ordenada la secuencia completa de la crisis electoral de 2025, desde sus orígenes hasta su desenlace político en los juicios contra altos funcionarios. A lo largo del texto se explica cómo se configuraron las instituciones clave —desde la Comisión Permanente y los nombramientos que surgieron de ella, hasta la integración del Consejo Nacional Electoral y la reconfiguración del Tribunal de Justicia Electoral— y cómo esas decisiones iniciales condicionaron todo el proceso posterior. El análisis sigue el desarrollo del ciclo electoral, pasando por las elecciones primarias, las disputas internas en el CNE, la crisis del TREP, la paralización del órgano y la presión creciente del Ministerio Público, hasta llegar a las elecciones generales y el conflicto que se desata en el escrutinio y la declaratoria. El recorrido culmina con la intervención del Congreso Nacional, cuando la crisis deja de ser electoral y pasa a resolverse en el terreno político mediante juicios políticos. Más que ofrecer una conclusión cerrada, el texto propone una lectura integral de los hechos para entender cómo el sistema fue perdiendo capacidad de resolver sus propios conflictos, hasta llegar a un punto en el que tuvo que ser intervenido desde fuera de sus propias reglas.

Comision permanente juramenta a Johel Zelaya como Fiscal General (Interino)

1. Noviembre 2023 – Comisión Permanente nombra Fiscal General y Adjunto

En noviembre de 2024, en medio de un Congreso Nacional que no lograba alcanzar acuerdos para elegir autoridades clave, la Comisión Permanente —presidida por Luis Redondo— tomó una decisión que marcaría el rumbo de los meses siguientes. Sin la participación del pleno, y en un contexto de parálisis legislativa, procedió a nombrar a Johel Zelaya como Fiscal General y a Mario Morazán como Fiscal General Adjunto.

El hecho no fue menor, ni en su forma ni en su momento. La elección de las máximas autoridades del Ministerio Público es, por diseño constitucional, una de las decisiones más sensibles del sistema político hondureño. Requiere consensos amplios, no solo por su impacto institucional, sino porque define quién tiene la capacidad de investigar, acusar y, en última instancia, incidir en los equilibrios de poder. Que esa decisión se tomara desde la Comisión Permanente —un órgano pensado para garantizar continuidad administrativa, no para resolver nombramientos de alto nivel— introdujo de inmediato un cuestionamiento de origen.

Ese cuestionamiento no se limitó a la oposición política. Se instaló también en el debate público: ¿podía una autoridad nombrada en esas condiciones ejercer plenamente su rol sin que su legitimidad fuera puesta en duda?

Lo que ocurrió después permite entender por qué ese momento es el punto de partida de la crisis. El Ministerio Público, bajo la conducción de Zelaya, no se mantuvo al margen del proceso electoral de 2025. Por el contrario, se convirtió en un actor activo en momentos clave: abrió investigaciones, emitió comunicaciones públicas, intervino en medio de disputas entre autoridades electorales y, según varios testimonios, ejerció presión sobre funcionarios que estaban en el centro de la administración del proceso.

En cadena de radio y televisión, el fiscal general (interino) Johel Zelaya presenta la carga probatoria contra el exalcalde Nasry Asfura

2. Marzo 2024 – Ratificación de Johel Zelaya

En marzo de 2025, el Congreso Nacional volvió sobre una decisión que había quedado abierta desde noviembre. Tras meses de tensión, negociaciones y un equilibrio legislativo frágil, se alcanzaron los votos para ratificar a Johel Zelaya como Fiscal General. La ratificación le dio al nombramiento una cobertura formal que no había tenido en su origen. Pero el camino hasta ese momento no fue neutro.

Entre noviembre y marzo, el Ministerio Público —ya bajo la conducción de Zelaya y con Mario Morazán como adjunto— entró en una fase de alta actividad, con investigaciones dirigidas contra figuras vinculadas a la administración de Juan Orlando Hernández. Entre los casos más visibles estuvo el del exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura. En el ambiente político, esas acciones fueron leídas como algo más que una agenda ordinaria de persecución penal: se interpretaron como parte de una presión dirigida a reconfigurar el tablero legislativo.

La lógica era clara. Sin los votos del Partido Nacional, la ratificación no era posible. Y sin ratificación, la fragilidad del Ministerio Público se mantenía. La activación de procesos contra figuras clave del nacionalismo operó como un elemento de negociación indirecta. No necesariamente como un acuerdo explícito, pero sí como un contexto que alteró los incentivos de los actores políticos.

La ratificación finalmente llegó, pero no en los términos originales. Mario Morazán no fue confirmado como Fiscal General Adjunto. En su lugar, el Congreso eligió a Marcio Cabañas, vinculado al Partido Liberal. Ese cambio no fue menor. Representó un ajuste dentro del equilibrio político que permitió alcanzar los votos necesarios, pero también evidenció que el proceso no había sido lineal ni institucionalmente limpio.

Nuevas autoridades del CNE, juramentados en marzo de 2024

3. Marzo 2024 — Nombramiento anticipado de autoridades electorales

En ese mismo ciclo de negociaciones que permitió la ratificación del Ministerio Público, el Congreso avanzó en otro movimiento de alto impacto: la elección anticipada de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. En una sola sesión, y como parte de un paquete más amplio de nombramientos, fueron designados Marlon Ochoa, Cossette López Osorio y Ana Paola Hall.

La forma en que se produjo esa elección es tan relevante como los nombres. No se trató de un proceso pausado, con revisión detallada de perfiles o discusión técnica sobre capacidades. Fue una decisión tomada en bloque, dentro de una sesión cargada de nombramientos simultáneos para distintos cargos del Estado. El ritmo y el volumen de decisiones redujeron al mínimo la posibilidad de escrutinio público o legislativo sobre los candidatos. En la práctica, el Congreso no evaluó trayectorias; validó acuerdos.

Había además elementos que generaban inquietud desde el inicio. Ana Paola Hall no llegaba por primera vez al cargo: era una reelección, lo que en teoría ofrecía continuidad técnica. Pero esa continuidad venía acompañada de percepciones políticas. Distintos actores señalaban su cercanía con la entonces candidata oficialista Rixi Moncada, lo que introducía dudas sobre su posición en un órgano que, por diseño, debía operar con independencia.

En el caso de Marlon Ochoa, la situación era aún más compleja. Al momento de su elección seguía ejerciendo como ministro de Finanzas, es decir, como parte del Poder Ejecutivo. Su paso directo a la autoridad electoral, sin una separación clara en el tiempo, reforzaba la percepción de que el CNE nacía atravesado por la política activa.

Así quedó configurado el órgano electoral meses antes de asumir funciones. No como resultado de un proceso de construcción institucional progresiva, sino como parte de una negociación política más amplia, en la que el CNE fue una pieza dentro de un reparto de posiciones.

Lo que se instala en ese momento no es solo un equipo de trabajo. Es una estructura con tensiones incorporadas desde su origen. Un órgano colegiado que aún no había tomado posesión y que ya arrastraba preguntas sobre equilibrios internos, lealtades políticas y capacidad de arbitraje.

Ernesto Paz Aguilar

4. Julio 2024 — Fallecimiento del magistrado Ernesto Paz y reconfiguración del TJE

El 4 de julio de 2024 fallece el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Ernesto Paz Aguilar, que entró al organismo al llenar la vacante que dejó la salida de Enrique Reina en 2022, que salió del organismo para tomar la cancillería del gobierno de Xiomara Castro.

El Congreso Nacional procede entonces a nombrar como sustituto a Mario Morazán, quien había fungido previamente —de forma breve— como Fiscal Adjunto interino. Su juramentación se realiza semanas después del fallecimiento de Paz, en el segundo semestre de 2024, ya con el calendario electoral acercándose y con las tensiones políticas en aumento.

Ana Paola Hall, Cossette López Osorio y Marlon Ochoa, consejeros propietarios del CNE

5. Septiembre 2024 – Toma de posesión del CNE y primera crisis

En septiembre de 2024, los nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral finalmente asumen sus funciones, varios meses después de haber sido electos por el Congreso. Llegan a un órgano que, en teoría, debía iniciar la organización del proceso electoral con reglas claras y un mínimo de cohesión interna. Pero esa cohesión no existe desde el primer día.

El punto de quiebre se produce de inmediato. El partido de gobierno, Libertad y Refundación, impulsa que el ex ministro de finanzas Marlon Ochoa asuma la presidencia del CNE, lo que le daría control directo sobre la conducción del proceso electoral, incluyendo decisiones administrativas, tecnológicas y de cronograma. La presidencia del CNE define la agenda, coordina el pleno y tiene un peso determinante en momentos de crisis.

Sin embargo, ese intento no prospera. En su lugar, se impone un acuerdo distinto entre fuerzas políticas que reconfigura el equilibrio interno del órgano. Se establece una presidencia rotativa:

• Cossette López Osorio presidiría el proceso de elecciones primarias

• Ana Paola Hall asumiría la presidencia para las elecciones generales

Desde ese momento, el CNE queda estructurado sobre una correlación de fuerzas frágil, donde ninguna de las partes obtiene control total y donde la desconfianza pasa a ser el punto de partida de todas las decisiones.

Lo que sigue confirma esa fragilidad. La instalación del pleno no se desarrolla como un proceso institucional ordenado, sino como una disputa por control político. Según testimonios posteriores —incluida la comparecencia de López Osorio—, desde los primeros días se producen presiones para alterar acuerdos, intentos de imponer decisiones por fuera del pleno y advertencias de consecuencias legales si no se cumplían determinados plazos bajo condiciones específicas.

Ese inicio marca el tono de todo lo que vendrá después.

El CNE no arranca como un órgano colegiado en funcionamiento normal, sino como un espacio en disputa. Cada decisión —desde la presidencia hasta los temas técnicos— queda atravesada por esa tensión. Y eso tiene consecuencias directas: el cronograma deja de ser una herramienta técnica y se convierte en un campo de batalla político.

Elecciones internas y primarias 2025

6. Marzo 2025 – Crisis de elecciones internas

En marzo de 2025 se celebran las elecciones primarias, el primer gran examen del nuevo Consejo Nacional Electoral bajo su integración recién asumida. Lo que debía ser una prueba de capacidad operativa termina convirtiéndose en el primer punto visible de quiebre del sistema.

Desde las primeras horas del proceso comienzan a acumularse problemas. Se reportan retrasos en la distribución del material electoral en distintos puntos del país, centros de votación que abren tarde o que no logran instalarse a tiempo, y dificultades logísticas vinculadas al transporte, la coordinación territorial y la organización de las mesas. A esto se suman inconsistencias en el manejo de credenciales, observadores y personal electoral, que generan confusión en el terreno.

El problema no es solo operativo, es también de conducción. Las tensiones internas del CNE, que ya eran visibles desde septiembre, se trasladan al desarrollo de la jornada. Las decisiones no fluyen con la rapidez necesaria y las respuestas institucionales llegan de forma fragmentada. Cada falla técnica se amplifica en un contexto de desconfianza entre consejeros y actores políticos.

En paralelo, comienzan a surgir cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Partidos políticos y sectores de opinión denuncian irregularidades, señalan posibles inconsistencias en los resultados preliminares y exigen explicaciones sobre lo ocurrido durante la jornada. Aunque las misiones de observación no llegan a declarar un fraude estructural, sí documentan deficiencias importantes en la organización y ejecución del proceso.

Ese matiz es clave. No se instala una narrativa de fraude comprobado, pero sí se instala algo igual de potente: la percepción de que el sistema no está funcionando como debería. A partir de ese momento, el lenguaje cambia. Lo que antes eran tensiones internas pasa a ser descrito como incapacidad. Lo que eran problemas logísticos se convierten en evidencia de desorden. Y ese desorden comienza a ser utilizado políticamente por distintos actores para posicionar sus propias narrativas de cara a las elecciones generales.

El resultado de marzo no define la elección, pero sí define el terreno en el que se va a disputar. El sistema electoral llega a la siguiente fase sin haber logrado demostrar control pleno sobre el proceso. Y esa debilidad, más que cualquier error puntual, es lo que abre la puerta a todo lo que vendrá después.

Colectivos de Libre

7. Abril–Junio 2025 – Escalada de tensiones en el CNE

Entre abril y junio de 2025, el Consejo Nacional Electoral entra en una fase de tensión sostenida que ya no puede explicarse únicamente por las fallas de las elecciones primarias. Lo que en marzo aparecía como desorden operativo comienza a transformarse en un conflicto estructural dentro del órgano.

Las diferencias se concentran en tres puntos que terminan definiendo el funcionamiento del CNE:

– el diseño y control del sistema TREP
– el cumplimiento del cronograma electoral
– y las atribuciones del pleno frente a decisiones técnicas y administrativas

El TREP se convierte en el eje de la disputa. No es solo una herramienta tecnológica, sino el mecanismo que permite procesar y divulgar resultados preliminares. Controlar su diseño, su operación o sus límites implica incidir en la forma en que se construye la narrativa electoral la noche de la elección.

En ese contexto, Marlon Ochoa comienza a posicionar de manera más abierta un discurso de fraude. Lo hace antes de que exista un evento concreto que lo justifique plenamente, anticipando escenarios de manipulación y cuestionando decisiones técnicas que aún estaban en discusión dentro del pleno. Ese discurso no se queda en el ámbito interno; empieza a circular públicamente y a ganar eco en sectores políticos y mediáticos.

Al mismo tiempo, el cronograma electoral empieza a tensionarse. Cada decisión pendiente —contrataciones, definiciones tecnológicas, validaciones logísticas— se vuelve más difícil de adoptar en un órgano donde el consenso es cada vez más escaso. El pleno deja de ser un espacio de resolución y comienza a convertirse en un espacio de disputa constante.

Pero hay un elemento adicional que agrava la situación. A partir de la crisis de las elecciones internas, el Ministerio Público —bajo la conducción de Johel Zelaya— incrementa su presencia en el entorno del proceso electoral. Se abren investigaciones, se citan funcionarios, se solicitan documentos y se inicia una dinámica de presión sobre personal clave del CNE, incluyendo a las consejeras.

Esa intervención introduce una nueva capa de conflicto. El órgano electoral no solo enfrenta tensiones internas, sino también un escrutinio externo que, en lugar de operar como un mecanismo de control institucional equilibrado, es percibido —según testimonios posteriores— como una forma de presión en medio de decisiones críticas.

El efecto es acumulativo. Las discusiones técnicas dejan de ser solo técnicas. Cada debate sobre el TREP o el cronograma ocurre bajo la sombra de posibles investigaciones, denuncias públicas o consecuencias legales. La toma de decisiones se vuelve más lenta, más cautelosa y, en muchos casos, más conflictiva.

Lo que ocurre en este periodo es decisivo. El conflicto político, que hasta ese momento se movía entre actores y discursos, termina instalado dentro del funcionamiento cotidiano del CNE. Ya no está fuera del sistema; está operando desde adentro. Ese traslado cambia la naturaleza de la crisis. A partir de aquí, el problema ya no es únicamente qué decisiones se toman, sino si el órgano tiene la capacidad de tomarlas en condiciones normales. Y esa duda es la que acompaña todo el proceso hasta las elecciones generales.

Ana Paola Hall y Cossette López. La silla vacía de Marlon Ochoa

8. Julio 2025 – Crisis del TREP

En julio de 2025, el conflicto que venía gestándose dentro del Consejo Nacional Electoral da un salto cualitativo. Deja de ser una disputa contenida en el pleno y pasa a manifestarse de forma abierta en el terreno.

El detonante es el proceso de contratación del sistema TREP. Ese día, empresas que debían presentar sus ofertas para el sistema de transmisión de resultados no logran ingresar a las instalaciones del CNE. Afuera, grupos organizados —identificados como colectivos vinculados a Libertad y Refundación— bloquean el acceso e impiden el desarrollo normal del proceso. No se trata de una protesta general, sino de una acción dirigida a un procedimiento específico: la recepción de ofertas para un componente técnico central del proceso electoral. La contratación del TREP no es un trámite administrativo cualquiera; es uno de los puntos más sensibles del calendario, porque define cómo se procesarán y divulgarán los resultados preliminares.

Lo que agrava la situación es la ausencia de respuesta institucional inmediata. La Policía Nacional, presente en el contexto, no actúa para desalojar o garantizar el ingreso de las empresas. Esa inacción tiene un efecto claro: permite que la interrupción se concrete y que el proceso se detenga.

A partir de ese momento, el mensaje cambia. El conflicto deja de ser interno o discursivo y pasa a tener consecuencias materiales sobre el funcionamiento del órgano electoral. Un proceso técnico es interrumpido por presión externa, y el Estado no interviene para restablecer las condiciones mínimas de operación.

Las consecuencias son inmediatas. El cronograma se retrasa, las decisiones sobre el TREP se postergan y la incertidumbre se incrementa dentro del CNE. Pero hay un efecto más profundo, menos visible en el corto plazo. Se rompe una línea que, hasta ese momento, todavía se mantenía formalmente: la separación entre política y administración electoral.

A partir de julio, esa frontera se vuelve difusa. Las decisiones técnicas ya no dependen exclusivamente de criterios institucionales o del debate en el pleno, sino que quedan expuestas a la presión directa en el terreno. Lo que se discute dentro del CNE puede ser condicionado fuera de él.

Ese episodio también refuerza una percepción que ya venía creciendo desde marzo: que el proceso electoral no estaba desarrollándose bajo condiciones normales. No porque se haya probado una alteración del resultado, sino porque los mecanismos diseñados para garantizar el proceso comenzaban a mostrar vulnerabilidades frente a la presión política.

Marlon Ochoa, consejero CNE

9. Julio–Agosto 2025 – Parálisis del CNE

Entre julio y agosto de 2025, el Consejo Nacional Electoral entra en su fase más crítica. Lo que hasta ese momento había sido una combinación de tensiones políticas, disputas técnicas e interferencias externas termina convirtiéndose en una parálisis operativa sostenida.

El órgano deja de funcionar con normalidad. Las sesiones del pleno —el espacio donde deben tomarse las decisiones clave del proceso— comienzan a interrumpirse o simplemente no se realizan. El Consejero Marlon Ochoa deja de asistir de forma reiterada, y cuando eso ocurre, los suplentes —que por ley deben garantizar la continuidad del órgano— rechazan integrarse. El resultado es inmediato: sin quórum efectivo, no hay decisiones.

Ese detalle es fundamental. El diseño institucional del CNE contempla el disenso. Está preparado para que haya votaciones divididas, debates técnicos y desacuerdos políticos. Pero no está diseñado para funcionar sin presencia. Cuando los miembros del pleno no asisten, el sistema no entra en conflicto: se detiene. Y eso es lo que ocurre.

Las decisiones se acumulan. Contrataciones pendientes, ajustes técnicos, validaciones logísticas, definiciones operativas. Nada avanza al ritmo que exige el calendario electoral. Incluso aspectos básicos —como pagos, adquisiciones o autorizaciones rutinarias— comienzan a retrasarse.

El cronograma, que ya venía presionado desde las primarias y la crisis del TREP, empieza a desfasarse de manera más visible. Y ese desfase no es abstracto. Tiene consecuencias concretas: menos tiempo para implementar tecnología; menos margen para corregir errores; mayor presión en las etapas finales del proceso

En paralelo, el ambiente interno del CNE se deteriora. Las discusiones dejan de centrarse en resolver problemas y pasan a girar en torno a acusaciones, desconfianza y disputas sobre competencias. Cada sesión —cuando se logra realizar— se convierte en un espacio de confrontación, no de decisión. A esto se suma el contexto externo que ya venía en escalada: presión política, narrativa de fraude, y la presencia activa del Ministerio Público en torno a actuaciones del órgano. Todo esto contribuye a un entorno en el que tomar decisiones se vuelve no solo difícil, sino riesgoso. Lo que emerge en este periodo no es simplemente ineficiencia. Es algo más profundo.

El CNE entra en una condición en la que ya no puede cumplir su función principal: organizar y conducir el proceso electoral de forma continua. El sistema sigue existiendo formalmente, pero en la práctica opera de manera intermitente y fragmentada.

Ese es el punto en el que la crisis deja de ser discutible. Porque una cosa es que un órgano funcione mal, y otra distinta es que deje de funcionar. Entre julio y agosto, el CNE cruza esa línea.

Anal Paola Hall, consejera CNE

10. Septiembre de 2025. Asunción de Ana Paola Hall como presidenta

Conforme al acuerdo de rotación establecido desde la instalación del órgano, Ana Paola Hall asume la presidencia del Consejo Nacional Electoral en el tramo previo a las elecciones generales. Lo hace en el momento más delicado del proceso: con el cronograma presionado, decisiones acumuladas y un ambiente interno marcado por la confrontación.

Su llegada a la presidencia genera expectativa inmediata. No solo por el cambio de mando en sí, sino por el contexto en el que ocurre. El CNE ya no es un órgano en fase de organización, sino una institución bajo tensión, con cuestionamientos públicos y con señales de desgaste en su funcionamiento interno.

A esa expectativa se suma un elemento político que no pasa desapercibido. Sectores de la oposición ven con recelo la figura de Hall por su cercanía con Rixi Moncada, quien había tenido un rol central en el ámbito electoral en el ciclo anterior. Esa relación, más allá de su naturaleza exacta, alimenta dudas sobre el equilibrio interno del órgano en un momento en el que cada decisión adquiere un peso político inmediato.

En ese escenario, la presidencia de Hall queda sometida a una doble presión.

Por un lado, la presión institucional: la necesidad de reactivar el funcionamiento del CNE, destrabar decisiones pendientes y encauzar un proceso que venía acumulando retrasos. Por otro, la presión política: la necesidad de demostrar independencia en un contexto donde cada movimiento es observado e interpretado desde la lógica de la disputa electoral.

El margen de maniobra es limitado. El cambio de liderazgo no implica una recomposición automática del órgano. Las tensiones estructurales —las diferencias entre consejeros, la desconfianza interna, la presión externa y la judicialización del proceso— permanecen intactas.

A partir de su asunción, la figura de Hall se convierte en un punto de referencia para medir si el CNE puede recuperar capacidad de conducción o si la crisis seguirá escalando. Cada decisión —o la falta de ella— comienza a leerse como un indicador del rumbo del proceso.

En retrospectiva, su llegada a la presidencia no marca una ruptura con la crisis, sino un intento de gestionarla desde dentro. Pero lo hace en un órgano que ya llega debilitado, con conflictos abiertos y con un nivel de desconfianza que limita la posibilidad de recomponer el funcionamiento institucional en el corto plazo.

Magistrados TJE, Miriam Barahona, Mario Flores Urrutia y Mario Morazán

11. Paralización del TJE

En paralelo a la crisis del CNE, el Tribunal de Justicia Electoral entra en su propio punto de quiebre. El órgano que debía resolver disputas y dar certeza jurídica al proceso comienza a mostrar señales de inoperancia en el momento en que más se le necesitaba.

Los señalamientos se concentran en la actuación de Mario Morazán. Según testimonios posteriores presentados en el juicio político, se le atribuye abandono reiterado de sesiones, negativa a participar en deliberaciones clave y acumulación de expedientes sin resolver, varios de ellos vinculados directamente a conflictos del proceso electoral.

Ese comportamiento tiene un efecto inmediato: el TJE deja de cumplir su función como árbitro. Las controversias no se resuelven en tiempo, las decisiones se retrasan y el sistema pierde una de sus principales válvulas de corrección.

Pero la paralización no ocurre en el vacío. Coincide con una presión creciente desde el propio CNE.

El calendario electoral sigue avanzando, y uno de los puntos más críticos es la impresión de papeletas para departamentos como Olancho y Valle, donde existen disputas sobre candidaturas y resoluciones pendientes. El CNE necesita que el TJE resuelva con rapidez para poder cerrar el diseño de papeletas y continuar con el proceso logístico (que ya viene atrasado desde julio).

Esa presión temporal agrava la situación. El tribunal no solo está bajo cuestionamiento por su funcionamiento interno, sino que además enfrenta un reloj que no se detiene. En el centro de esa disputa aparece la figura de Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal y anteriormente vinculado a Libre. Su caso —como otros vinculados a conflictos de candidaturas— se convierte en un ejemplo concreto de cómo las decisiones pendientes del TJE impactan directamente en la organización de la elección.

Lo que está en juego en ese momento no es solo una resolución jurídica. Es la posibilidad de imprimir papeletas correctas, de definir quién aparece en ellas y, en última instancia, de garantizar que el proceso avance sin errores que puedan invalidarlo después.

El resultado es un cuello de botella institucional. El CNE necesita decisiones del TJE para avanzar.
El TJE no está resolviendo en tiempo. El calendario no se detiene. Ese cruce de presiones expone una falla estructural: los dos órganos diseñados para administrar y arbitrar el proceso electoral dejan de operar de forma coordinada.

Marlon Ochoa

12. Judicialización del proceso electoral

En el tramo más tenso del calendario, el conflicto sale del terreno administrativo y político y entra de lleno en el ámbito penal. El Ministerio Público, bajo la conducción de Johel Zelaya, activa una serie de investigaciones que colocan a actores centrales del proceso electoral bajo escrutinio directo.

Las acciones incluyen citaciones, requerimientos de información y diligencias dirigidas a personal del CNE y del TJE. El foco no es marginal: alcanza a consejeras, magistrados y decisiones sensibles del proceso en curso.

El punto de inflexión ocurre cuando Marlon Ochoa presenta en un programa de televisión una serie de audios que, según su versión, evidencian un plan para manipular el proceso electoral. La difusión de ese material tiene un efecto inmediato. Traslada la discusión del plano técnico al plano penal y coloca en el centro del debate la posibilidad de un fraude en curso.

Poco después, el fiscal Zelaya convoca a una conferencia de prensa y califica esos audios como notitia criminis, es decir, como un indicio suficiente para abrir una investigación penal. Con esa calificación, el Ministerio Público no solo reconoce la existencia de una denuncia, sino que legitima públicamente la necesidad de investigar a quienes aparecen mencionados en ese material.

A partir de ahí, el caso escala. El Ministerio Público avanza en la preparación de requerimientos contra Cossette López Osorio, señalando que los audios apuntarían a decisiones irregulares dentro del CNE. En paralelo, se plantean acciones contra los magistrados del TJE Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, a quienes se les atribuye posible prevaricato por haber permitido la inscripción de la candidatura de Jorge Cálix sin la firma del magistrado Mario Morazán.

Ese punto es clave. Lo que está siendo judicializado no es un hecho aislado, sino decisiones propias del funcionamiento del sistema electoral: cómo se inscriben candidaturas, cómo se toman decisiones en órganos colegiados, cómo se interpreta la ley en situaciones de conflicto interno.

El efecto es inmediato y profundo. Por un lado, introduce presión directa sobre los funcionarios que deben seguir tomando decisiones en el proceso. Por otro, altera el equilibrio institucional: el Ministerio Público pasa de ser un observador externo a un actor que incide activamente en el desarrollo del proceso electoral.

A partir de ese momento, cada decisión dentro del CNE y del TJE ocurre bajo una nueva condición: la posibilidad de convertirse en objeto de investigación penal. La línea entre responsabilidad administrativa, interpretación jurídica y delito se vuelve difusa en medio de la crisis.

Ministerio Público llega al CNE

13. Persecución y presión contra consejeras

A medida que el conflicto se profundiza, la presión deja de ser únicamente institucional y adquiere un carácter personal. Las consejeras del CNE pasan a estar en el centro de una dinámica que combina acciones legales, exposición pública y un entorno cada vez más hostil.

Según los testimonios presentados posteriormente en el juicio político, este periodo está marcado por interrogatorios, citaciones en calidad ambigua —entre testigos e investigadas— y una exposición constante en medios y redes, donde se construyen narrativas que cuestionan su actuación. A esto se suman campañas de descrédito que no se limitan al plano profesional, sino que alcanzan aspectos personales y familiares, elevando el nivel de presión.

El punto más visible de esta fase ocurre cuando las consejeras son convocadas al Congreso Nacional para rendir declaraciones. Esa comparecencia no se produce en un contexto ordinario. Llega en un momento en el que el Congreso, tras meses de inactividad y parálisis legislativa, entra en una etapa de reactivación forzada.

En esa fecha la oposición comienza a presionar para que el pleno retome sesiones y evitar que se repita un escenario reciente: la utilización de la Comisión Permanente —como ocurrió en noviembre de 2023— para tomar decisiones clave en ausencia del Congreso en pleno. El temor es concreto: que, ante una crisis electoral abierta, una Comisión Permanente pueda volver a asumir funciones de alto impacto político e institucional.

A partir de aquí, el lenguaje cambia. Ya no se habla únicamente de problemas en el proceso. Se comienza a hablar abiertamente de una crisis electoral en desarrollo. Y esa definición eleva la tensión: cada actor —CNE, TJE, Ministerio Público y ahora el Congreso— empieza a posicionarse no solo frente a hechos concretos, sino frente a la posibilidad de un desenlace mayor.

Para las consejeras, eso implica un doble frente. Por un lado, deben seguir operando dentro del CNE en condiciones de alta presión institucional. Por otro, enfrentan un entorno político y mediático que cuestiona sus decisiones y las expone a posibles consecuencias legales. El conflicto deja de ser exclusivamente institucional y se personaliza. Las decisiones ya no solo se debaten; se persiguen, se denuncian y se exhiben públicamente. Eso introduce un elemento intimidatorio que impacta directamente en la capacidad de los actores para actuar con normalidad.

14. Elecciones generales 2025

Las elecciones generales se realizan finalmente en un contexto cargado por todo lo ocurrido en los meses previos. El proceso llega a la jornada electoral con retrasos acumulados, tensiones internas dentro del CNE, decisiones pendientes y un ambiente político marcado por la desconfianza. Aun así, el día de la votación transcurre, en términos generales, sin incidentes de gran escala a nivel nacional. La jornada se desarrolla con normalidad en la mayoría del territorio, las mesas se instalan y el acto de votación se lleva a cabo. Ese dato es importante, porque rompe con la expectativa de un colapso operativo total.

Uno de los puntos de disputa más sensibles en la antesala de la elección fue la presencia de observadores internacionales. Marlon Ochoa se opone a su participación, cuestionando su rol y su impacto en el proceso. Sin embargo, la decisión final del pleno —impulsada por Cossette López Osorio y Ana Paola Hall— permite su acreditación. Ese punto termina siendo clave. La presencia de las misiones de observación electoral —tanto regionales como internacionales— proporciona un marco independiente de evaluación sobre el desarrollo de la jornada. Sus informes posteriores no validan una tesis de fraude estructural, pero sí recogen las debilidades acumuladas del proceso: retrasos, tensiones institucionales y condiciones adversas en la organización.

El sistema logra sostener la votación, pero no logra disipar las dudas que se habían acumulado desde las primarias. La narrativa de desorden no desaparece; simplemente se traslada al siguiente momento del proceso. Y ese momento es el más delicado. Porque el verdadero punto de quiebre no se produce durante la votación, sino después. Es en la etapa de conteo, verificación, escrutinio especial y declaratoria donde el sistema necesita mayor cohesión institucional. Y es precisamente ahí donde la crisis se intensifica.

15. Crisis post electoral

El punto de quiebre no ocurre el día de la votación, sino inmediatamente después. Concluida la jornada, el sistema entra en su fase más delicada: conteo, verificación, escrutinio especial y declaratoria. Es en ese momento cuando la crisis, que venía gestándose desde meses atrás, se activa por completo.

La narrativa de fraude —que ya había sido instalada previamente— se intensifica. Actores políticos comienzan a cuestionar los resultados, a denunciar irregularidades y a exigir recuentos, incluso antes de que el proceso técnico haya concluido. El debate deja de ser sobre fallas específicas y pasa a ser sobre la legitimidad del resultado en sí.

En paralelo, se multiplican las acciones formales. Se presentan impugnaciones. Se exigen recuentos. Se cuestionan actas. Pero lo más relevante no es la existencia de estos mecanismos —que forman parte del sistema—, sino la forma en que se utilizan. El escrutinio especial, diseñado precisamente para resolver inconsistencias, se convierte en un nuevo punto de conflicto. Según los testimonios posteriores, se producen intentos de paralizar su desarrollo, decisiones contradictorias dentro del órgano y acciones que terminan ralentizando el proceso en lugar de resolverlo.

Uno de los elementos más críticos es el intento de frenar o condicionar la declaratoria oficial. Sin esa declaratoria, el proceso no se cierra jurídicamente. Y sin cierre, la incertidumbre se mantiene. El sistema entra entonces en una especie de limbo.

La elección se realizó. Los votos fueron emitidos. Pero el resultado no logra consolidarse sin disputa. Ese es el núcleo de la crisis post electoral. No se trata únicamente de una diferencia de interpretación. Se trata de un proceso que pierde su capacidad de generar certeza. Cada mecanismo diseñado para resolver conflictos —recuentos, impugnaciones, escrutinio especial— se convierte, a su vez, en un nuevo foco de conflicto.

16. Intervención del Congreso Nacional

Con el proceso post electoral estancado y sin declaratoria firme, el conflicto se traslada de lleno al Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo. La dinámica que se instala en esta fase es distinta a la anterior: ya no se trata de tensiones dentro del sistema electoral, sino de un intento de reconfigurar el desenlace desde el ámbito político.

El punto de partida es una disputa interna sobre el propio funcionamiento del Congreso. Más de setenta diputados de la oposición impulsan mantener las sesiones del pleno, precisamente para evitar la instalación de una Comisión Permanente que pudiera operar sin ese contrapeso. A pesar de ello, la Comisión Permanente se activa, reproduciendo el esquema que ya había sido utilizado en noviembre de 2023 para tomar decisiones de alto impacto en ausencia del pleno.

La comisión permanente comienza a asumir una posición más activa frente al proceso electoral. Desde ese espacio se cuestionan los retrasos en la declaratoria, se señalan fallas del CNE y se construye un discurso que responsabiliza al órgano electoral por la falta de cierre del proceso. Sin embargo, esa narrativa omite —según lo que ya se había evidenciado en los meses previos— el rol que actores vinculados al propio partido de gobierno habían tenido en la paralización del cronograma.

La intervención escala cuando se plantean acciones concretas sobre el material electoral. Desde el Congreso se promueve la idea de que las actas almacenadas en el INFOP puedan ser intervenidas por otras instituciones —ya sea mediante la Policía o el Ministerio Público— para realizar un conteo alterno o una verificación fuera del CNE.

Ese punto marca un quiebre. El sistema electoral tiene procedimientos claros para el manejo, resguardo y validación de actas. Cualquier intento de trasladar ese proceso fuera de los órganos competentes implica alterar la arquitectura institucional diseñada para garantizar la integridad del resultado.

En ese contexto, comienza a tomar forma una hipótesis más amplia. Si el CNE no logra emitir la declaratoria en el plazo previsto —alrededor del 30 de diciembre—, el Congreso podría intentar asumir un rol directo en la definición del desenlace. Eso abre dos escenarios que empiezan a discutirse públicamente: que el Congreso declare un ganador por vía política o que se impulse una salida transitoria, como un gobierno interino. Ambas opciones implican una ruptura con el procedimiento constitucional ordinario.

En retrospectiva, este momento concentra uno de los riesgos más altos de toda la crisis. No se trata solo de una intervención política en un proceso electoral, sino de la posibilidad de que el desenlace deje de depender de las instituciones diseñadas para ese fin y pase a resolverse desde una correlación de fuerzas en el Congreso. Ahí la crisis alcanza su punto más delicado. Porque ya no está en juego únicamente quién gana una elección, sino bajo qué reglas se define ese resultado.

17. Cierre forzado del proceso y toma de posesión

En medio de la presión acumulada y con el escenario político al límite, el proceso finalmente logra cerrarse, pero no de manera ordenada ni dentro de los tiempos previstos originalmente. La declaratoria de resultados se produce en dos momentos. Primero, el 24 de diciembre, se emite la declaratoria presidencial. Días después se completan las declaratorias para el resto de las planillas. No es un cierre limpio ni consensuado; es un cierre condicionado por la urgencia de evitar que la crisis escale a un punto irreversible.

Antes de ese desenlace ocurre un movimiento clave: el relevo en las Fuerzas Armadas el 19 de diciembre. El cambio en la cúpula militar altera la correlación de fuerzas en un momento crítico para el proyecto oficialista. En un contexto donde se discutían escenarios de intervención política más amplia —incluyendo el rol del Congreso—, ese cambio introduce un nuevo equilibrio que reduce el margen para acciones fuera del marco institucional.

Ese factor resulta determinante. La declaratoria, que había estado en riesgo durante semanas, termina produciéndose en un entorno donde las condiciones políticas ya no favorecen una ruptura abierta del orden constitucional.

Aun así, la crisis no se disuelve de inmediato. Durante enero persisten intentos de cuestionar el resultado, de mantener la narrativa de fraude y de prolongar la incertidumbre. Pero esos intentos ya no logran alterar el curso de los acontecimientos. Para ese punto, el proceso, aunque debilitado, ya ha alcanzado un cierre formal.

El 27 de enero, Nasry Asfura asume la presidencia en una ceremonia en el Congreso Nacional. El acto es sobrio, sin el despliegue habitual de otras transiciones. Refleja el contexto en el que se produce: un país que llega al cambio de gobierno tras una crisis prolongada, con instituciones tensionadas y con una legitimidad que no termina de reconstruirse del todo.

Cossette López Osorio declarando en juicio político

18. Juicios políticos (2026)

Con la transición de mando ya consumada y el nuevo gobierno instalado, la crisis no desaparece; cambia de forma. Lo que no se resolvió dentro del sistema electoral ni en el cierre del proceso se traslada al terreno del control político. El Congreso Nacional activa entonces el mecanismo del juicio político como vía para procesar responsabilidades.

Los señalados no son actores periféricos. Están en el centro mismo del entramado que administró, tensionó y arbitró el proceso electoral:

1. Johel Zelaya, por el rol del Ministerio Público en la judicialización del proceso, el manejo de denuncias y la utilización de elementos como los audios presentados públicamente.

2. Marlon Ochoa, por su actuación dentro del CNE, las ausencias en sesiones, la confrontación interna y la promoción anticipada de una narrativa de fraude.

3. Mario Morazán, por señalamientos de abandono de funciones, acumulación de expedientes y obstrucción del funcionamiento del TJE.

4. Suplentes del TJE, por no integrarse al pleno en momentos críticos, contribuyendo a la parálisis del órgano.

El juicio político, que durante años había sido una figura casi decorativa en el sistema institucional hondureño, adquiere aquí una nueva centralidad. No se utiliza para un caso aislado, sino como instrumento para revisar el comportamiento de todo un conjunto de actores que operaron durante la crisis electoral.

Eso marca un cambio importante. El Congreso no intenta reconstruir el proceso electoral ni revisar resultados. Tampoco actúa como tribunal penal. Lo que hace es definir, desde el plano político, si hubo conductas incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y si esas conductas deben tener consecuencias, principalmente la destitución o inhabilitación.

Pero este movimiento no está exento de tensiones. Por un lado, responde a una demanda de rendición de cuentas. Después de una crisis prolongada, existe presión por identificar responsables y evitar que lo ocurrido quede sin consecuencias. Por otro, se abre un debate sobre los límites del propio juicio político: si se está utilizando como mecanismo legítimo de control o como herramienta de disputa política en una etapa posterior al conflicto electoral.

Ese debate atraviesa todo el proceso. Las audiencias, los testimonios y la presentación de pruebas buscan construir una narrativa coherente de lo ocurrido: retrasos, parálisis, presiones externas, judicialización y decisiones que afectaron el desarrollo del proceso. Pero al mismo tiempo, los señalados argumentan que se trata de una persecución política o de una reinterpretación interesada de hechos complejos.

En ese cruce de versiones, el juicio político cumple una función específica. No cierra la crisis electoral en términos técnicos, pero intenta cerrarla en términos políticos. Busca establecer una lectura institucional de lo ocurrido y fijar un precedente sobre las consecuencias de ese tipo de comportamiento.

Juicio político contra Marlon Ochoa, Mario Morazán y suplentes del TJE

LECTURA DEL PATRÓN (RESUMEN)

Cuando se ordena la secuencia completa, lo que emerge no es una suma de episodios desconectados, sino una progresión. Cada fase prepara la siguiente. Cada decisión —o cada omisión— reduce el margen de maniobra del sistema hasta dejarlo sin capacidad de autocorrección.

El punto de partida es un origen cuestionado de las autoridades. El nombramiento del Ministerio Público en Comisión Permanente, la elección anticipada del CNE dentro de paquetes políticos y la reconfiguración del TJE en medio del ciclo previo a elecciones instalan desde el inicio una duda: las instituciones clave del proceso no nacen de consensos amplios, sino de acuerdos forzados. Esa marca de origen no desaparece; acompaña todo lo que viene después.

Sobre esa base se instala una disputa interna desde el inicio. El CNE no logra consolidarse como órgano colegiado. La discusión por la presidencia, los intentos de imponer control y la desconfianza entre consejeros hacen que el órgano arranque sin cohesión. No hay una fase de estabilización. La tensión es el punto de partida.

Esa tensión evoluciona rápidamente hacia el bloqueo del órgano electoral. La ausencia de consejeros, la no integración de suplentes y la incapacidad de sesionar convierten el disenso en parálisis. El sistema no falla por decisiones equivocadas, sino por falta de decisiones.

En paralelo, aparece la presión externa. La intervención de colectivos en procesos técnicos, las llamadas políticas, la exposición pública de decisiones internas y la inacción de instituciones de seguridad frente a esos hechos trasladan el conflicto fuera del órgano. El CNE deja de ser un espacio cerrado y comienza a operar bajo presión directa.

A ese escenario se suma la judicialización. El Ministerio Público entra al proceso no solo como ente de control, sino como actor que incide en el comportamiento de quienes toman decisiones. Investigaciones, audios, conferencias públicas y requerimientos convierten decisiones administrativas y técnicas en posibles hechos penales. Eso altera los incentivos de todos los actores: decidir implica riesgo.

El resultado de esa combinación es una crisis operativa. El cronograma se retrasa, el TREP se vuelve objeto de disputa, las decisiones se acumulan y el sistema pierde ritmo. La administración electoral deja de ser continua y pasa a ser intermitente.

A pesar de eso, la elección se realiza. Es una elección bajo tensión. El día de votación transcurre sin incidentes mayores, pero bajo condiciones que ya venían deterioradas. La presencia de observadores internacionales permite documentar esa dualidad: una jornada que se sostiene, pero un proceso que arrastra debilidades.

El verdadero punto de quiebre llega después. El conflicto post electoral activa todas las tensiones acumuladas. Narrativas de fraude, impugnaciones, bloqueos al escrutinio y disputas sobre la declaratoria impiden cerrar el proceso con normalidad. El sistema pierde su capacidad de producir certeza.

En ese vacío entra el Congreso Nacional. La crisis deja de ser electoral y pasa a ser política. El Congreso interviene, construye una lectura de lo ocurrido, intenta incidir en el desenlace y finalmente, ya en una nueva composición luego del cambio de mando, activa juicios políticos para procesar responsabilidades. Con eso, el conflicto cambia de terreno y de reglas.

Lo que resulta de esa secuencia no es un accidente ni un colapso espontáneo.

Es una crisis escalonada.

Un proceso en el que:

• instituciones nacen con legitimidad frágil

• conflictos internos impiden su funcionamiento

• actores externos presionan sus decisiones

• el sistema judicial interviene en momentos críticos

• la operación se deteriora progresivamente

• la elección se realiza, pero no se logra cerrar

• y el poder político termina asumiendo el control del desenlace

Esa acumulación define el carácter de lo ocurrido. No es solo una crisis electoral. Es una crisis del sistema que debía administrarla. Y eso cambia la forma en que se entiende el resultado, pero sobre todo, la forma en que se interpreta el precedente que deja hacia adelante.