En 2012, Honduras se convirtió en el primer país del mundo en aprobar la creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), espacios semiautónomos donde se cedía soberanía a entes privados para legislar, administrar justicia y gestionar su economía. Presentadas como una solución a la pobreza y la violencia, las ZEDEs fueron, en realidad, la cristalización de un proceso de desmantelamiento estatal que había comenzado tras el huracán Mitch en 1998, cuando, debilitado y endeudado, el país fue empujado hacia una apertura económica extrema bajo las recetas de liberalización, privatización y desregulación impulsadas por organismos multilaterales (“La reconstrucción tras Mitch”, CEPAL, 1999).

Las ZEDEs no solo representaban la entrega de territorios a corporaciones extranjeras; encarnaban la visión de un futuro donde el Estado nacional ya no tiene un papel central, sino uno meramente funcional al capital transnacional. Esa es precisamente la tesis que Daniel Estulin desarrolla en su artículo “El Nuevo Orden Mundial ya está aquí: Vivimos en este momento el fin del capitalismo y la ascensión final de las corporaciones estatales” publicado en La Gaceta de la Iberosfera en 2024: el fin del capitalismo de mercado como lo conocimos, reemplazado por un sistema donde gobiernos, megacorporaciones y élites financieras actúan de manera conjunta para gestionar los recursos del planeta, no en competencia, sino en coordinación tecnocrática.

Estulin describe un mundo en el que los antiguos equilibrios de mercado han sido sustituidos por carteles corporativos apoyados por estados fuertes que actúan como garantes de élites globales. La democracia, en este esquema, se vuelve una simulación: las grandes decisiones ya no se toman en los parlamentos, sino en juntas directivas y foros supranacionales. El ciudadano se convierte en un mero dato, una unidad productiva o descartable según las necesidades de la “empresa mundo”.

En Honduras, el eco de esta nueva arquitectura de poder es palpable. Megaproyectos extractivos, concesiones de territorios, privatización de servicios esenciales y tecnologías de vigilancia masiva ilustran cómo el Estado ha dejado de ser un representante del interés público para convertirse en socio menor de intereses globales. La relación no es solo con corporaciones: es también con otros Estados, especialmente Estados Unidos, que intervienen para garantizar que los flujos de capital, migrantes y materias primas sigan las rutas dictadas desde Washington.

En este entramado, el crimen organizado no es un actor ajeno: es parte integral del nuevo orden. Carteles de droga, redes de trata, estructuras paralelas de poder se integran funcionalmente a la economía global: lavan capitales, controlan territorios, garantizan flujos de personas y mercancías que lubrican el sistema. En muchas regiones, su poder de facto supera al del Estado formal, convertido en máscara legal de una realidad mucho más brutal.

Imaginemos Honduras en 2045:

Los hospitales públicos, desmantelados, solo atienden emergencias clasificadas como “estratégicas”. Los servicios de salud, ahora administrados por aseguradoras globales, aplican algoritmos de prioridad social: si eres joven, productivo y leal al sistema, recibes tratamiento; si no, la espera es eterna.

Las escuelas son terminales de formación corporativa: niños programados para desempeñar funciones últimamente irrelevantes, mientras la inteligencia artificial y la automatización concentran el trabajo significativo en manos de tecnócratas en el extranjero. Los movimientos sociales, aislados y perseguidos, existen apenas como susurros en redes clandestinas. Son vistos por la mayoría no como héroes, sino como residuos molestos de un pasado romantizado.

El acceso al agua, a la electricidad, a la conectividad digital, está condicionado a suscripciones, tarifas dinámicas y puntuaciones de “comportamiento social”. Las ZEDEs, o lo que sea que exista entonces con el mismo espíritu libertario, han multiplicado su presencia: ahora controlan puertos, franjas costeras, corredores agrícolas. No hay soberanía: hay administración.

Las pandillas, reconvertidas en “corporaciones de seguridad”, gestionan barrios enteros bajo acuerdos no escritos con el capital transnacional. La violencia ya no es un problema: es un servicio subcontratado.

El Estado hondureño, ahora solo un mediador de intereses externos, firma acuerdos de “cooperación” con Estados Unidos y conglomerados globales para “optimizar” los flujos migratorios, garantizar la seguridad de las inversiones y administrar las poblaciones sobrantes.

Todo corresponde exactamente al modelo que Estulin describe: la absorción de las funciones estatales por un aparato híbrido de control corporativo y geopolítico, donde la vida humana se mide en términos de rentabilidad, riesgo y utilidad.

En 1977, los Sex Pistols gritaban “No future” en su canción “God Save the Queen”, denunciando el colapso económico y el desencanto de la juventud británica ante un sistema que les había robado el futuro. Era un grito desesperado contra un orden en crisis, pero todavía existía la ilusión de que algo podía cambiar.

Hoy, en el marco que describe Estulin y que ya se despliega ante nuestros ojos, esa proclama adquiere un sentido mucho más oscuro: no es la rebelde negación de una generación marginada, sino la constatación fría de un hecho ineludible.

No hay épica en esta distopía. No hay revolución a la vuelta de la esquina. Solo individuos aspirando desesperadamente a entrar en la maquinaria, a conseguir una suscripción vitalicia que les garantice agua potable, electricidad, conectividad y un lugar mínimo en la gran cadena de datos y extracción.

No hay alternativa construyéndose en las sombras. No hay resistencia suficiente para alterar el rumbo.

There is no future for us.