A Calixto Vásquez lo fusilaron en La Paz el 17 de septiembre de 1879. Una investigación de la UNAH reproduce una fotografía, conservada en la Casa de la Cultura de La Paz, que lo muestra instantes antes de la ejecución. Para cuando lo capturaron, el 26 de agosto, el Gobierno llevaba más de tres meses con la orden de disolver Similatón, trasladar a sus vecinos y vender sus ejidos.

Vásquez era de Santa María, en el mismo departamento. Había sido aliado de Ponciano Leiva y acabó del lado de José María Medina, el expresidente que aspiraba a volver al poder. En 1876 cayó preso en Comayagua y se fugó. La noche del 31 de marzo de 1879, según contó La Gaceta, sus hombres intentaron sorprender a la guarnición de La Paz. Los soldados repelieron el ataque y capturaron a la mayor parte del grupo. Calixto siguió libre.

Entre quienes declararon durante la persecución estaba un labrador, Hermenegildo Domínguez. En 1878 contó que Calixto había mandado pedir dinero a Pedro Jirón, en Intibucá. Les prometía a sus seguidores que, si el Gobierno les quemaba las casas, les levantaría otras de catorce varas. También fue llamado a declarar Hipólito Vásquez, hermano mayor de Calixto y labrador como Domínguez.

El Gobierno consideraba que darle víveres o escondite a la cuadrilla era motivo de castigo. Señaló a Similatón y a Santa Ana entre los pueblos que la auxiliaban. A Opatoro le reconoció haber ayudado a perseguirla. En el mismo acuerdo que mandaba desocupar Similatón, publicado el 9 de mayo, el Ejecutivo entregó a Opatoro el terreno de Dolores como recompensa. Días después, el Decreto 44 extendió la jurisdicción militar a los pueblos que auxiliaran a los perseguidos.

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Agua para una patrulla

El 16 de noviembre de 2026, la Policía allanó con orden judicial una vivienda en Sulaco y detuvo a la madre y a la hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas. Las señaló como presuntas integrantes del grupo que, según la Policía, él dirige. Doce días antes había anunciado 21 detenciones en operativos simultáneos en Yorito, Sulaco y Victoria. En medio de esos operativos, Confidencial HN difundió una grabación que atribuyó a Ferrera Rodas. La voz amenaza de muerte a quienes vendan o den agua y comida a policías y militares. En otro audio, difundido días después y también atribuido al Diablo, un hombre exige que liberen a su madre y a su hermana y dice que no va a entregarse.

El miércoles 18 de noviembre hubo cuatro ataques en Yorito, tres en Vallecillos y uno en Pacayal. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos contó doce muertos en su informe preliminar. Ese día, el Gobierno declaró de alto riesgo a todo Yoro y sectores aledaños y ofreció cinco millones de lempiras por la captura del Diablo. Desde la noche siguiente, la Secretaría de Seguridad restringió la circulación entre las nueve de la noche y las cuatro de la mañana en Yorito, Sulaco y Victoria.

En la persecución de Calixto, el gobierno de Soto veía en los víveres una forma de auxiliar a la cuadrilla. En Yoro, es la voz atribuida al perseguido la que convierte una venta en una cuestión de lealtad. La reforma penal de octubre contempla, en el artículo 587, las amenazas que restringen el comercio para ejercer control territorial. El 588, sobre colaboración, exige probar que la persona actuó a sabiendas y con la intención de facilitar un acto ilícito. Para el comerciante que baja la cortina cuando ve venir una patrulla, la pregunta es qué le dijeron que le pasaría si la atendía. La respuesta permite entender quién estaba decidiendo a quién podía venderle.

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Los pueblos que ya estaban ahí

Entre las personas asesinadas el 18 de noviembre estaba Delma Yolanda Olvera Pérez, regidora de Yorito y expresidenta del Consejo Tribal de Mina Honda. En septiembre de 2019 le había contado a Radio Progreso lo que la empresa minera ofreció a la tribu a cambio de explotar el cerro: una carretera, una escuela, lavaderos, sanitarios y bolsas de comida. Habló también de los derrumbes y de la contaminación del agua que los vecinos atribuían a la mina. En Mina Honda querían seguir cultivando café. Aquel mes, un cabildo declaró a Yorito libre de minería y el alcalde anunció que pediría la cancelación de las concesiones.

Los vecinos de Similatón acudieron al Estado con una copia del título de sus tierras. Reclamaban los ejidos de los que el Ejecutivo había dispuesto durante la persecución y alegaban que sus derechos venían de antes. En 1897, Similatón se constituyó en municipio con el nombre de Cabañas. Todavía en 1953, La Gaceta publicó un decreto que ordenaba restituir los ejidos conforme a sus antiguos límites. Para los vecinos, el asunto que quedó abierto después del fusilamiento era dónde podían vivir y trabajar.

En Similatón, el Ejecutivo había usado la tierra para castigar a un pueblo y premiar a otro. En Yorito, mucho antes de que el Gobierno central trazara el perímetro del operativo, los vecinos habían acudido al municipio para defender el uso que querían darle a la suya. Delma Olvera tomó la palabra en esa discusión y más tarde ocupó un puesto en la corporación municipal. En noviembre, su nombre volvió a aparecer en un comunicado, entre las víctimas de los ataques. En el reportaje de 2019, era ella quien explicaba por qué su comunidad quería quedarse en el cerro y seguir sembrando café.