Del libro Héroes y villanos del golpe de Estado**, El Pulso 2019.**

El presidente Julio Lozano Díaz fue derrocado por las Fuerzas Armadas el 21 de octubre de 1956, tomando posesión una Junta Militar de Gobierno integrada por el General Roque Rodríguez, el Coronel Héctor Caraccioli y el Mayor Roberto Gálvez Barnes. Ese primer golpe de Estado de la Historia hondureña constituye, además, el debut de la institución armada en la vida política nacional.

Pero la intención de las Fuerzas Amadas durante el golpe de Estado de 1956 no fue quedarse en el poder. En menos de un año, ya habían organizado las elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, luego de un acuerdo con las élites en la cual dejarían el poder a cambio de la autonomía para la institución armada.

El 21 de octubre de 1957 tomó posesión como presidente de la República el doctor Ramón Villeda Morales y como presidente del Congreso Nacional, el doctor Modesto Rodas Alvarado. Toda la organización que generó el espíritu de la huelga bananera de 1954 se desplazó para lograr la victoria del Partido Liberal. En el fondo, el golpe de Estado de 1956 sirvió también de válvula de escape a la crisis agraria y popular que se venía gestando desde la huelga, al otorgarle el poder al Partido Liberal con la promesa de un gobierno progresista.

Apenas 6 años después, las Fuerzas Armadas gestaron otro golpe de Estado Militar, el 3 de octubre de 1963 al entonces presidente Ramón Villeda Morales. Asumió el cargo de jefe de estado el coronel Oswaldo López Arellano. Es la división al interno del Partido Liberal y el conflicto entre los dos poderes del Estado que crea las condiciones para que las Fuerzas Armadas irrumpan nuevamente en la vida política.

Con el título de Jefe de Estado, Oswaldo López Arellano gobernó hasta el 5 de junio de 1965, cuando la Asamblea Nacional Constituyente controlada por el Partido Nacional lo eligió como presidente constitucional usando los mismos argumentos que la Constituyente de 1956, controlada por el liberalismo, usó para elegir a Villeda Morales como presidente de la República.

El 14 de julio de 1969 el territorio hondureño fue agredido por la Guardia Nacional de El Salvador, que atacó sorpresivamente varios puntos de la línea fronteriza y bombardeó Tegucigalpa, Choluteca, Juticalpa, Santa Rosa de Copán y Catacamas. En la parte sur occidental de país, el ejército salvadoreño logró apoderarse de las ciudades de Ocotepeque, San Marcos de Ocotepeque, y de los pueblos fronterizos de Goascorán, Alianza, La Virtud y Aramecina. Honduras no pudo hacer frente a la invasión salvadoreña y fue la intervención de la OEA la que logró revertir la derrota militar. Unas de las consecuencias de esa guerra, fue el desgaste de imagen pública de las Fuerzas Armadas, empujándolas a dar cierta apertura democrática. López Arellano propuso entonces a los partidos políticos la creación de un Gobierno de Unidad Nacional para las elecciones de 1971.

Por sus conflictos internos, nuevamente el Partido Liberal no logró hacerse con la presidencia de la República, en esa ocasión, ganando el nacionalista doctor Ramon Ernesto Cruz por sobre Jorge Bueso Arias.

El 4 de diciembre de 1972 sin embargo, el General López Arellano volvió a dar un golpe de Estado. A diferencia del anterior gobierno, en este segundo periodo de López Arellano, el régimen militar reconoció las tensiones que venían incrementándose desde el campesinado y asumió una línea reformista, afirmando además su divorcio de los partidos tradicionales.

Para 1972 Honduras era uno de los países más pobres del continente, bajos niveles de ingresos, alto grado de desigualdad social, analfabetismo, desnutrición y altas tasa de mortalidad infantil hacían del país una bomba de tiempo. También existían problemas con respecto a las importaciones y exportaciones. Exportábamos muy pocos productos agrícolas y la mano de obra era de muy baja calidad y poco competitiva. Había muy mala distribución de la tierra, aumentando la tensión entre los campesinos organizados y los terratenientes, que también se quejaban de la falta de carreteras, medios de transporte y lugares de almacenamiento para sus cultivos. Pero el proyecto reformista de López Arellano que buscaba reducir las tensiones en los sectores populares, se vio interrumpido por la crisis que generó un artículo de The Wall Street Journal, denunciando el Bananagate.

El 18 de abril de 1974 el gobierno de López Arellano emitió un Decreto que elevaba el impuesto por caja de 40 libras de banano exportada; dicho impuesto equivalía a 50 centavos de dólar por cada caja.

La reacción de la Standard Fruit Company no se hizo esperar: internamente procedió a reducir sus exportaciones y a destruir 100 mil cajas de banano por semana. En lo externo, movilizó a los más altos ejecutivos de la subsidiaria de la Standard, con el propósito de persuadir al gobernante y dejar sin efecto la medida, o al menos reducir dicho impuesto, que fue lo que ocurrió.

Las compañías bananeras se acercaron al general López Arellano para negociar la derogación del impuesto al banano, algo que logró fácilmente. La United Brands Company a través de su presidente, Eli M. Black, pagó $1.2 millones a López Arellano y su ministro de economía, Abraham Benatton Ramos, según el artículo de The Wall Street Journal en su edición del 9 de abril de 1975.

En septiembre de 1974 el país fue golpeado por el paso del huracán Fifí, causando un inmenso daño a la infraestructura agrícola del país y generando más de 10 000 víctimas. Los campesinos afectados por el huracán comenzaron a presionar al gobierno para obtener tierras a través de una reforma agraria.

Las Fuerzas Armadas de Honduras, ligadas a los intereses de la oligarquía terrateniente, aprovecharon el escándalo del Bananagate para revertir la política reformista de López Arellano, destituyéndolo del cargo de Jefe de Estado el 22 de abril de 1975 y reemplazándolo por el coronel Juan Alberto Melgar Castro.

La caída de López Arellano significó un cambio importante en las relaciones de poder del país. López Arellano en su segundo mandato había establecido alianzas con las organizaciones obreras y campesinas que asustaron a la oligarquía terrateniente que miraban en la reforma agraria la pérdida de importantes privilegios, y exigieron al nuevo gobierno de Melgar Castro revertir esas reformas.

Durante el gobierno de Melgar fueron encarcelados cientos de campesinos que participación en tomas de tierras, como reacción, las organizaciones populares organizaron protestas para reclamar la libertad de los campesinos presos, aumentando el nivel de las acciones que llegaron a su clímax en la llamada «Marcha contra el hambre», que culminó con la masacre de Los Horcones ocurrida en Juticalpa, Olancho, el 25 de junio de 1975; cuando diez campesinos, dos sacerdotes católicos y dos universitarias fueron asesinados.

La masacre de Los Horcones tuvo como principales protagonistas a las Fuerzas Armadas, al general Juan Alberto Melgar Castro y los terratenientes de Olancho, entre ellos Manuel Zelaya Ordóñez en cuya hacienda, Los Horcones, aparecieron enterrados los 14 cadáveres.

El día de la masacre, diversas organizaciones campesinas habían convocado para exigir de la dictadura militar hondureña el reparto de tierras improductivas entre los jornaleros. El 24 de junio, los campesinos pernoctaron en Juticalpa y pasaron la noche en el Centro de Capacitación Santa Clara, el día siguiente, a las 10:00 de la mañana, un grupo de escolares dirigido por el profesor Guillermo Ayes Mejía, llegó a exigir la desocupación del edificio.

La acción del maestro era acompañada por agentes del Departamento de Investigación Nacional (DIN), que vestidos de civil entraron al edificio, sacaron violentamente a los que se encontraban adentro y los llevaron a la hacienda Los Horcones, propiedad de Manuel Zelaya Ordóñez, donde los torturaron y posteriormente asesinaron. Acto seguido, los catorce cadáveres fueron arrojados a un pozo de malacate de 40 metros, que luego fue cegado con la explosión de dos cargas de dinamita, en un claro intento por eliminar las pruebas. Los primeros siete cuerpos tardarían varias semanas en ser rescatados.

La noticia de la masacre circuló rápidamente y generó protestas sociales en reclamo por justicia. Las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a abrir una investigación que culminó en 1978. Esto, más las acusaciones que comenzaron a aparecer vinculando a oficiales de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico (de los cuales hablaremos más adelante) hizo que la institución armada destituyera a Melgar Castro del cargo de Jefe de Estado, el 7 de Agosto de 1978, y el nuevo triunvirato determinó que los ejecutores de la masacre, civiles y militares, fueran juzgados, condenados y cumplieran penas de cárcel. Uno de ellos fue Manuel Zelaya Ordóñez, padre del presidente Manuel Zelaya Rosales, quien fue condenado en 1979 a veinte años de prisión.

Sin embargo, el 3 de septiembre de 1980, los responsables de la masacre de Los Horcones fueron favorecidos por el decreto de amnistía de la nueva Asamblea Nacional Constituyente y salieron libres el 11 de septiembre de 1980. La democracia hondureña se inauguraba así con un manto de impunidad sobre la masacre de campesinos en Los Horcones.

Mientras tanto, con la caída de Anastasio Somoza en Nicaragua, el 19 de julio de 1979, la dinámica de poder de las Fuerzas Armadas comienza a desplazarse cediendo el control, gracias a la intervención anticomunista del gobierno de Ronald Reagan, a oficiales de ala dura, como el general Gustavo Álvarez Martínez.

Con la creciente preocupación del gobierno de los Estados Unidos por el giro que la situación en Centro América iba generando después del triunfo de la Revolución Sandinista, y temiendo un efecto dominó sobre la ya volátil situación social de la región, la República de Honduras se convirtió, a partir del 20 de enero de 1981, con el ascenso al poder de Ronald Reagan, en una abierta base militar de entrenamiento, provisión de armas y recursos, tanto para las fuerzas gubernamentales salvadoreñas y guatemaltecas como para la “contra” nicaragüense.

Se pretendía librar una lucha contra la amenaza comunista que suponían los movimientos revolucionarios de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Por lo tanto, Honduras se transformó en una frontera geográfica e ideológica organizada por la convicción y adhesión de las élites políticas y militares a la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).

Las élites hondureñas colaboraron desde un inicio en el desarrollo de las políticas de contrainsurgencia planificadas por el gobierno de los Estados Unidos, la CIA y por militares argentinos en Honduras. Tanto el Partido Liberal como el Nacional, la empresa privada y las Fuerzas Armadas aceptaron la situación con el entendido que la alianza con los Estados Unidos traería grandes beneficios materiales y económicos para ellos.

Según la tesis de Esteban De Gori, H*onduras: políticas de contrainsurgencia, doctrina de la seguridad nacional y democracia (*XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, 2009), «La Doctrina de Seguridad Nacional reordenaba el mundo exterior y el mundo interior de cada Estado-Nación a partir de una reflexión que al situarse en un conflicto de contención (al comunismo) utilizaba la concepción de enemigo interno. La cual “jugará un rol gravitante, bajo el manejo cognitivo de las dinámicas de resistencias a las políticas colonialistas europeas y la de EEUU”».

La nueva relación del gobierno de Honduras con los Estados Unidos que inicia en 1982 se basó en el acuerdo firmado entre ambos países el 20 de mayo de 1954 (en plena huelga de obreros de las compañías bananeras). El Tratado Bilateral de Asistencia Militar tenía como objetivo preparar la invasión a Guatemala para derrocar al presidente Jacobo Arbens y establecía ejercicios militares «para lograr objetivos comunes y compatibles de Honduras y de los Estados Unidos». Según este tratado, Washington definía ademas, «las zonas geográficas en las que se llevarán a cabo, el tipo y el número de fuerzas militares que se utilizarían, y el período de tiempo para cada ejercicio militar».

Con esas acciones que llevaron a cabo, el gobierno de Honduras con el de Los Estados Unidos, se estableció en territorio nacional una base para la formación de militares y ejércitos contra la amenaza comunista. Para las Fuerzas Armadas, este período sirvió no solo para redefinir su rol en la región, con la asistencia de los Estados Unidos, sino para moldear a su nueva oficialidad con la asistencia de militares argentinos, fundamentalmente del Grupo de Tareas Exterior del Batallón 601, que los asesoraron en la represión interna, que produjo 184 desaparecidos según el informe presentado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en 1994, Los Hechos hablan por sí mismos.

En el trabajo de Ariel Armony La Argentina, Los Estados Unidos y la Cruzada anticomunista en América Central 1977-1984 (Buenos Aires, UNQ, 1999), citado por Esteban De Gori explica que «la participación de los militares argentinos fue orientada por la pretensión de llevar adelante una cruzada anticomunista a toda América intentando, durante la administración Carter, asumir el liderazgo regional en la lucha contrainsurgente conformando para ello una articulación con diversos ejércitos comprometidos con los intereses geoestratégicos norteamericanos. Estas operaciones y asesoramiento apuntaban a extender el Plan Cóndor ideado por los gobiernos militares del Cono Sur con el objetivo de construir un nivel de coordinación interamericana entre diversos gobiernos militares latinoamericanos y la CIA, donde la persecución, los encarcelamientos y asesinatos de militantes y dirigentes revolucionarios en cualquier país seria parte de una guerra que cada Estado libraba, como la región misma, contra la amenaza comunista».

«De alguna forma —continúa Esteban De Gori en su tesis—, se latinoamericanizó la represión política argentina. La DSN se convirtió en un cruzada militar, ideología y discursiva que pretendía en América Latina componer una escenografía binaria del conflicto, nominar y conceptualizar a los enemigos y a sus características e inscribir cada acción de dicha cruzada en las raíces occidentales y cristianas».

El General Gustavo Álvarez Martínez era la punta de lanza en la Doctrina de Seguridad Nacional en Honduras, coordinaba los proyectos contrarrevolucionarios de la CIA en la región. Graduado en la Academia Militar Argentina en 1961, y luego en la Escuela de las Américas, fue comandante de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) y designado Jefe de las Fuerzas Armadas Honduras en 1982, convirtiéndose en uno de los actores dominantes de la política hondureña.

Continúa De Gori: «La lucha contra la amenaza comunista fue aprovechada por los grupos políticos gobernantes ya que parte de ese presupuesto militar sirvió para la construcción de caminos, puentes, hospitales y ciertas políticas de infraestructura que ayudaron a lograr cierto apoyó de la población a la alianza con los Estados Unidos y, por ende, a mismos gobiernos constitucionales».

Fue, sin embargo, ese éxito de la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta por el gobierno de los Estados Unidos y ejecutada por las Fuerzas Armadas en Honduras, que marcó el inicio de la pérdida del poder político que los militares mantuvieron hasta la década de los noventa. Al final de toda guerra, los militares se vuelven una carga.

«La derrota del FSLN en Nicaragua y la posibilidad de acuerdos pactados en El Salvador y Guatemala entre sus movimientos revolucionarios y los gobiernos, y la disolución de la URSS resignificaron las formas de la intervención norteamericana en Centroamérica y el Caribe incluyendo las partidas presupuestarias dirigidas al gobierno de Honduras. Las condiciones políticas a fines de la década de los ochentas se habían modificado radicalmente. La presión de la opinión pública contra la intervención norteamericana en Nicaragua y en El Salvador obligó al Congreso de los Estados Unidos a reducir sustancialmente la ayuda militar. En este contexto de postguerra fría la política norteamericana comenzó a desvincularse de su alianza con el ejército hondureño y ya no lo consideró un aliado contra el comunismo sino un obstáculo para los procesos democráticos. Ahora la democracia, ante la ausencia del enemigo soviético y subversivo, podía articularse con las políticas neoliberales que empezaban a imponerse en todo el mundo. Democracia y mercado aparecían como los más eficientes reguladores de la vida económica, política y social».

Es aquí, cuando comienza a hacerse presente en la política hondureña, un nuevo actor en la región centroamericana: El Narcotráfico.