Historia de una fractura
El vínculo de un sector de la élite económica y política hondureñas con el narcotráfico tiene raíces concretas, históricas y científicas. Si bien el libro Tierra de narcos, cómo las mafias se apropiaron de Honduras (Grijalbo, 2022) arranca principalmente con los acontecimientos que siguen al asesinato de los esposos Mario y Mary Ferrari en 1976 y concluye con la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández en 2022, debo regresar 200 años en la historia, a 1821, para explicar brevemente el origen de las élites hondureñas y de la fricción que con el tiempo crecerá y hará espacio para la entrada en escena de los cárteles de la droga. El propósito de este capítulo final del libro es explicar esas fricciones, esperando así responder a la pregunta que repetidamente se hace y me hago: ¿qué llevó a la élite hondureña a vincularse con el narcotráfico?
Después de la desintegración de la Federación Centroamericana, fue evidente que no contábamos con las condiciones económicas para afrontar los retos de un Estado moderno. Pero la urgencia por impedir un levantamiento de las clases oprimidas que pusiera en riesgo sus privilegios y sus vidas, como había ocurrido en el resto del continente, hizo que las élites se apresuraran a separarse, primero de España y luego de México.
A diferencia de otros Estados americanos que sí acumularon importantes capitales desde la Colonia a través de la creciente burguesía criolla que tomó el poder una vez consumada la Independencia, en Centroamérica —con la excepción de Guatemala— no hubo grandes acumulaciones de capital, y el capitalismo junto con el Estado moderno apenas llegó hasta el último cuarto del siglo XIX. No teníamos industria en el país, nuestro único recurso era la tierra, sus minerales y la fuerza de trabajo nativa.
Basta una lectura de los reportes financieros de los gobiernos hondureños a partir de la Independencia, pero sobre todo después del colapso de la Federación Centroamericana, para conocer la precariedad con la que funcionaba el Estado. Carecíamos de todo: no había caminos ni escuelas ni hospitales, y las rentas que se obtenían por el impuesto a las importaciones y a la venta de alcohol apenas alcanzaban para sostener un gobierno sumamente débil. Era una sociedad feudal en la que los caudillos locales ejercían el poder total de sus territorios y prestaban sus campesinos para engrosar milicias en guerras nacionales y regionales.
Para 1876 —año en que se impulsó la reforma liberal liderada por Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto— Honduras había avanzado poco en términos económicos. Hubo, eso sí, notables intentos anteriores para modernizar la economía y las instituciones estatales desde el fin de la República Federal de Centroamérica, al punto de que la reforma no habría sido posible sin esos esfuerzos y avances en el desarrollo del Estado, la educación y la sociedad. No obstante, los esfuerzos de la reforma por introducir a Honduras al capitalismo del siglo XIX se concentraron en crear una economía de enclave. Y fue a partir de entonces (1876-1883) cuando se marcó la fractura más clara en la élite dominante; una fractura que evolucionó, como iremos viendo, hasta el gran quiebre del siglo XXI.
Es posible que podamos identificar fracturas anteriores, pero fue con el ingreso del capital transnacional, a través de la minería, como inició la división de la élite que hoy conocemos. Esa división definió quiénes tenían acceso al capital extranjero y quiénes solo contaban con el recurso de la tierra. Esa fractura, además, fue profundizándose a lo largo del siglo XX, especialmente con la entrada del capital bananero desde finales del siglo XIX.
Entre 1876 y 1926, Honduras estuvo sumergida en la etapa de las montoneras, una serie de guerras y escaramuzas entre caudillos provocada por el choque de dos visiones distintas sobre el desarrollo económico del Estado: una mirada externa y ligada al capital transnacional (minería y banano) contra otra mirada interna y ligada a la explotación de la tierra y productos de monocultivo (café, tabaco, añil, zarzaparrilla, hato ganadero).
El traslado de la capital hondureña de Comayagua a Tegucigalpa en 1880, durante el gobierno de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, entre otras razones, podría ser expresión de este conflicto. Digo “podría” porque no existe consenso aún entre los historiadores nacionales sobre por qué se trasladó la capital. A mi parecer, no obstante, es clara la relación del capital minero con la administración Soto-Rosa.
Durante la primera mitad del siglo XX se desarrollaron los centros urbanos de la costa norte ligados a los intereses bananeros. De esa explosión económica surgió una clase burguesa que, a diferencia de los sectores tradicionales de la élite, se enfocó en el comercio para los obreros de las bananeras. Este nuevo grupo —compuesto en buena parte por migrantes palestinos, pero también por nacionales— se alió con la facción moderna que surgió de la reforma liberal. Su interés no estaba en la tierra, sino en el comercio.
Las condiciones de abandono y precariedad que vivía Centroamérica hacían que el desarrollo del país fuera un reto titánico; sin recursos económicos, la tarea imposible, sobre todo cuando se carecía de los otros elementos necesarios para acumular capital: población para la producción y mercado para el consumo. Esa precariedad nos hizo vulnerables a las condiciones predatorias de los prestamistas europeos y norteamericanos que contaban con un exceso de recursos que buscaban colocar alrededor del mundo para multiplicarlos con intereses.
A principios del siglo XX y luego de décadas de luchas intestinas por decidir el mejor modelo económico para el país, las condiciones del capitalismo internacional estaban prestas para la expansión colonial en la región, creando las economías de enclave (minera y bananera) que favorecieron, sobre todo, a un sector de las élites que creció en riqueza y poder, conviviendo con el capital extranjero. Hablamos, en este punto, de dos facciones claramente diferenciadas. La primera es una facción tradicional de la élite nacional**,** cuya riqueza proviene del control del territorio y su población, siempre opuesta a los cambios en la estructura económica y la reforma agraria. La segunda es una facción moderna liderada por migrantes y nacionales, cuya relación con las transnacionales le permitió acumular capital y poder político, más inclinada a una reforma agraria y a un Estado moderno.
Luego de la gran depresión de la década de 1930, en conjunto con los intereses geopolíticos de la Segunda Guerra Mundial, giró la balanza del poder y se consolidó el sector de la élite tradicional, la cual contaba con los recursos para sobrevivir en el capitalismo de subsistencia (tierra y caudillos). Fue entonces cuando surgió lo que he llamado la pax cachureca.
Defino como pax cachureca a ese periodo de paz que trajo la mano dura de la dictadura. Las montoneras, antes frecuentes, fueron desapareciendo poco a poco durante el gobierno de Tiburcio Carías Andino (1933-1949).
La prolongada dictadura de Carías Andino coincidió con la crisis del capitalismo global. La Gran Depresión de 1929 —que provocó la fusión de los intereses bananeros en Honduras— y la Segunda Guerra Mundial permitieron que el país se mantuviera aislado del mundo. El sector de la élite que en décadas anteriores se favoreció con el capital transnacional de la minería y el banano ahora se vio desplazado porque Estados Unidos reorientó sus recursos a la recuperación de su economía y la guerra.
La pax cachureca terminó con la llegada al poder de Juan Manuel Gálvez, en 1949, cuando Estados Unidos nuevamente cambió su estrategia para la región a una política más expansiva, modernizando las economías de Centroamérica.
Para ese proyecto usaron el recurso que las transnacionales habían formado en los países. Tanto Gálvez (1949-1954) como su sucesor, Julio Lozano Díaz (1954-1956), fueron empleados de las compañías bananeras de la costa norte. Fueron, además, los forjadores del primer sistema financiero nacional (Banco Central de Honduras y Banco Nacional de Fomento, hoy Banadesa) que le permitió a Honduras entrar, con 50 años de retraso, en la lógica del capitalismo del siglo XX.
La presión de las compañías bananeras y el nuevo rol asumido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial impulsaron la salida de Carías del poder y el ascenso del “sector reformista” del Partido Nacional. El mismo fenómeno se dio en el Partido Liberal con las pugnas entre la visión moderna de Ramón Villena Morales (presidente de Honduras desde 1957 hasta el golpe de Estado de 1963) y la visión tradicional de Modesto Rodas Alvarado.
Hay que aclarar que para estas facciones de élites que describo (moderna y tradicional) no existe la frontera de los partidos políticos. Ambas se encuentran en los dos partidos (Liberal y Nacional) e incluso en las fuerzas políticas emergentes, como el Partido Libre.
Las Fuerzas Armadas, por su parte, aparecen en la escena política nacional con el golpe de Estado que propinaron a Julio Lozano Díaz en 1956, el primero de muchos. A pesar de ello, dejaron el gobierno en manos de Ramón Villeda Morales a cambio de la autonomía que este les concedió en 1957.
En 1963, el propio Villeda Morales fue víctima del golpe de Estado liderado por Oswaldo López Arellano, coronel de aviación que impulsó la segunda etapa de la reforma agraria promovida por el mismo Villeda Morales. Ambos respondían entonces a la misma facción de la élite, menos ligada a la tierra y, por lo tanto, más proclive a la reforma agraria. Ahora se sospecha incluso que, de hecho, Villeda Morales permitió el golpe de Estado en su contra para fortalecer a la élite moderna e impedir la llegada del tradicionalista Modesto Rodas Alvarado.
El poder de los militares duró 18 años en el país, con el breve gobierno civil —también derrocado militarmente— de Ramón Ernesto Cruz (1971-1972). En ese periodo el Ejército se alió abiertamente con el sector reformista del Partido Nacional y, por esa razón, Ricardo Zúñiga Augustinus fue vicepresidente de cada uno de los jefes de Estado militares hasta el retorno a la democracia en 1982. Durante todos estos gobiernos del reformismo militar se favorecieron los negocios de la élite moderna y los intereses de las compañías transnacionales y de Estados Unidos.
En el periodo 1962-1982 se crearon también los capitales que ayudarían a conformar la modesta industrialización hondureña. Fortunas como la de Miguel Facussé Barjum, construida a partir de la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones (Conadi) —creada para desarrollar la industria nacional—, surgieron gracias a su alianza con el gobierno militar.
Durante todo el siglo XX los intereses económicos del capital transnacional estadounidense beneficiaron la hegemonía de la facción moderna de la élite nacional, por ello los intereses políticos y económicos de esta facción coincidieron con los intereses imperialistas.
A comienzos de la década de los ochenta, el gobierno de Roberto Suazo Córdova (1982-1986) estuvo representado por las dos facciones de las élites. Él, Suazo Córdova, por un lado, que era de la facción tradicional y heredero directo de Rodas Alvarado, y por el otro lado, la Asociación para el progreso de Honduras (Aproh), que era un “Estado paralelo” auspiciado por la embajada estadounidense y con una marcada línea anticomunista que defendía la visión moderna del desarrollo económico.
En la década de 1990, luego del triunfo electoral de Rafael Leonardo Callejas en 1989, esa tendencia de favorecer a la élite moderna por sobre la élite tradicional se evidenció aún más con la agenda neoliberal, impulsada desde el gobierno de Ronald Reagan y George Bush padre, que ayudó al sector exportador maquilero de la costa norte, al capital financiero y al sector agroexportador ligado a la facción moderna. La propuesta económica para Honduras era una propuesta de la élite moderna, en detrimento de la élite tradicional.
El poder solo sirve si se tiene y es lógico pensar que la facción tradicional de la élite, marginada del desarrollo económico, buscara nuevas formas de acumular riqueza y poder de cara a la facción adversa. Si no tenía capital, necesario en las nuevas reglas del juego político, perdía todo poder. Es cuando entra el narcotráfico como una oportunidad para acumular capital económico y político.
El mercado de la cocaína tuvo su boom a partir de la década de 1970. La cultura disco y las grandes urbes estadounidenses crearon un ambiente favorable para el consumo de la droga, lo que aumentó la demanda y producción de cocaína en Sudamérica. Para 1980, el colombiano Pablo Escobar ya era el rey de la droga en América Latina. La forma como Escobar expandió su poder e influencia por el mundo dejó claro que el éxito del negocio de los narcóticos depende de su capacidad de generar alianzas con quienes en la práctica controlan el territorio por el cual la droga necesita producirse o transitar. La mayor parte de los cargamentos viajaban entonces por rutas marítimas y aéreas sobre el Caribe. El tráfico por Honduras, que en ese momento era equivalente al más simple contrabando, era controlado por oficiales del Ejército que cobraban una coima por dejar pasar.
Los esposos Mario y Mary Ferrari —asesinados por militares en 1976— y Ramón Matta Ballesteros eran quienes fungían como enlace entre el cártel de Medellín y el cártel de Guadalajara; y el país apenas era una ruta secundaria de la droga.
Los narcotraficantes colombianos y mexicanos comenzaron a relacionarse con los militares en los gobiernos de los generales López, Melgar y Paz, porque ellos controlaban cada rincón del país, cada pista aérea, cada carretera y cada avenida de las principales ciudades; además, contaban con absoluta impunidad. Pero, el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979 y el ascenso de Ronald Reagan a la Casa Blanca cambiaron las reglas del juego.
Aunque la guerra contra las drogas la había declarado Richard Nixon en 1971, y Reagan la continuó tímidamente, para 1980 los intereses geoestratégicos de Washington eran otros: era más urgente derrotar la amenaza comunista en Nicaragua que impedir el tráfico de drogas a Estados Unidos. Eso, sumado a la incapacidad que el Congreso de Estados Unidos había impuesto a la Casa Blanca para iniciar cualquier intervención armada o apoyar económicamente a cualquier grupo armando en el extranjero —luego del desastroso desenlace de la guerra de Vietnam— hizo que el narcotráfico pusiera atención en el control de territorio centroamericano.
Reagan tenía las manos atadas por el Congreso y no podía usar recursos de Estados Unidos para apoyar la lucha contra Nicaragua. Por ello recurrió a los fondos de la venta de armas a Irán (el escándalo Irán-Contra) y a recursos provenientes del tráfico de droga en México y Centroamérica. El fin justificaba los medios. Los aviones que volaban desde Honduras en una empresa propiedad de Matta Ballesteros, cargados con cocaína colombiana, eran descargados en Estados Unidos y vueltos a cargar con armamento que se había comprado con las ganancias de la venta de armas a Irán —en guerra contra Irak— para luego volar de regreso a Honduras con armas para la Contra, en guerra con el sandinismo.
Durante la década de 1980, quien controlaba el territorio hondureño era la CIA. La relación entre esta organización y los cárteles sudamericanos y mexicanos se evidenció en 1985 con el asesinato en México del agente de la DEA Enrique Camarena. Testimonios desclasificados por el gobierno de Estados Unidos revelaron que el agente Camarena había descubierto un centro de entrenamiento para contras nicaragüenses en México, auspiciados por el cártel de Guadalajara.
Los militares hondureños, apoyados por Estados Unidos, se vieron beneficiados por la guerra de Reagan en Nicaragua. El flujo de dólares sin ningún tipo de control enriqueció a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, para quienes poco importaba la Guerra Fría, igual que la guerra contra el narcotráfico colombiano y mexicano.
Las Fuerzas Armadas gobernaron durante la dictadura militar (1963-1982) en alianza con el Partido Nacional y la facción moderna de la élite; esta fractura de la élite se vio, de manera un poco menos clara, al interior de las Fuerzas Armadas, especialmente en lo relacionado a la reforma agraria, uno de los proyectos emblemas de la facción moderna, que fue desmantelada por el gobierno de Melgar Castro, quien gobernó en alianza con los sectores tradicionales de la élite rural. La masacre de Los Horcones (1975) jugó un rol importante en el desmantelamiento de la reforma agraria y esta ocurrió en la finca de don Manuel Zelaya Ordóñez, padre del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), esposo de la actual presidenta Xiomara Castro Sarmiento (2022-2026).
A finales de la década de los ochenta, con el fin de la Guerra Fría, Honduras perdió importancia militar y estratégica, y las Fuerzas Armadas, el favor de Estados Unidos. La vieja rencilla continuaba, si bien la facción tradicional aún se mantenía fuerte. Pero, fue el huracán Mitch que azotó el territorio hondureño en 1998 y provocó miles de millones de dólares en pérdidas, justo después de las reformas neoliberales de Callejas Romero (1990-1994), lo que terminó con la posibilidad de la facción tradicional de acumular el capital necesario para competir políticamente contra la facción moderna por el control del Estado. En el contexto del huracán la facción moderna no se vio particularmente golpeada en su capital, pues su riqueza descansaba en las industrias urbanas: maquila, sector financiero, comercio y telecomunicaciones, altamente favorecidas además durante la reestructuración de la economía de Callejas Romero.
Debemos sumar, también, que la cooperación internacional asumió las demandas de los sectores populares que venían exigiendo reformas electorales desde la crisis constitucional de 1985, cuando se enfrentaron las dos facciones de la élite liberal (la facción tradicional suazocordovista/rodismo versus la facción moderna azconista/rosenthalista) por su turno en las elecciones generales de ese año. Estados Unidos y la Unión Europea, a través del PNUD, impulsaron en 2001 las reformas electorales que en su momento parecieron la solución a la falta de representación democrática en las estructuras políticas del país.
Estados Unidos, a través de su influencia, impulsó las reformas electorales que “terminaron” con un siglo de práctica en los partidos tradicionales: hasta ese momento las planillas de alcaldes y diputados eran arrastradas por la papeleta presidencial. Quien controlaba la presidencia —de la República o del partido— controlaba también a sus representantes en las alcaldías y en el Congreso Nacional; y así se garantizaba el flujo del poder. Pero al abrirse la papeleta al voto con fotografía en las elecciones de 2005 —como ocurriera en México a inicios de aquella década, cuando el PRI fue desplazado del poder luego de 70 años de hegemonía—, se hirió el poder que las élites hondureñas tenían sobre sus partidos. Ya no era necesario el favor del caudillo para acceder a estructuras de poder (alcaldes y diputados), pues bastaba con contar con el capital necesario para la campaña para acumular poder político. Los narcotraficantes, antes dependientes del favor de los caudillos que les permitían funcionar a cambio de una fracción de las ganancias, ya no necesitaban llegar a un acuerdo con los políticos para acceder al poder, pues ellos podían ser el poder.
El dinero del narcotráfico en Honduras hizo que la facción tradicional ascendiera al poder sobre la facción moderna a partir de las elecciones de 2001, con la llegada de Pepe Lobo a la presidencia del Congreso Nacional.
Si vemos el mapa político del país, quienes han gobernado Honduras a partir de 2006 han sido presidentes alejados de los centros de poder de la facción moderna: Mel Zelaya y Pepe Lobo de Olancho, Juan Orlando Hernández de Lempira, con el breve paso de Micheletti Baín de Yoro, y ahora Xiomara Castro de Zelaya, otra vez de Olancho/Santa Bárbara.
La consecuencia no esperada de la estrategia del imperio
Desde 2006, fueron frecuentes las denuncias en la prensa —controlada por la facción moderna— que vinculaban al presidente Manuel Zelaya Rosales con el narcotráfico. Diariamente se enumeraban las avionetas que caían en el país con matrícula venezolana como prueba que ligaba a los gobiernos de Hugo Chávez y Manuel Zelaya con el tráfico de droga. Manuel Zelaya, un liberal terrateniente que se impuso a la facción moderna de su partido, financió su campaña en parte con los fondos que le facilitó el narcotraficante Héctor Emilio Fernández Rosa, Don H, según testimonios del mismo narcotraficante en las cortes de Nueva York; él mismo aseguró haber entregado dos millones de dólares para la campaña de 2005.
El contrincante de Mel Zelaya para esas elecciones fue el nacionalista Porfirio Lobo Sosa, vinculado por su parte con los Rivera Maradiaga, herederos del cártel de Aníbal Echeverría Ramos. Pero esos vínculos no habrían pasado de lo anecdótico, aceptado como normal en la política local, de no haber ocurrido el más grave error de cálculo que ha cometido la facción moderna en su disputa con la facción tradicional: hablo del golpe de Estado de 2009 que sacudió el tablero político de manera irreversible.
El golpe de Estado, un error caro de las élites
El narcotráfico, para prosperar, como dijimos antes, requiere de un acuerdo con quien en la práctica ejerce el control del territorio, ya sean estos militares, como lo fue hasta la década de 1980; contras, durante la guerra antisandinista; o civiles, a partir de la década de 1990. El Plan Colombia empujó a los narcotraficantes colombianos a buscar nuevas rutas en México y Centroamérica, así como la Iniciativa Mérida movió a los cárteles mexicanos también hacia Centroamérica.
En las democracias modernas, quien tiene el capital para campaña accede al control de las estructuras del Estado, claves para favorecer a su sector de clase. La relación con el capital transnacional y Estados Unidos hizo que la facción de la élite hondureña moderna acumulara poder, favoreciendo sus intereses desde las estructuras del Estado. Ese equilibrio se vio afectado con la crisis financiera de 2008 (como ocurrió en la Gran Depresión de 1929), que impidió que la facción moderna accediera al capital de los bancos internacionales, al tiempo que el capital del chavismo, producto de los altos precios del petróleo, favorecían a la facción tradicional de la élite.
La alteración del equilibrio de las facciones creó las condiciones para la alianza entre la facción tradicional y el narcotráfico, alianza que aún persiste.
El golpe de Estado de 2009 tuvo un alto costo político para la facción moderna. Elvin Santos, representante de esa facción, estaba proyectado como ganador de las elecciones de 2009, pero el temor —justificado— de un cambio a la Constitución de la República —creada por la facción moderna en 1982— a través de una constituyente —creada ahora por la facción tradicional— que los desplazara del acceso al poder obligó a la facción moderna a actuar con asistencia de los militares.
Si vemos a los sectores que apoyaron el golpe de Estado de 2009, reconoceremos, con nombres y apellidos, a los principales representantes de la facción moderna de la élite de ambos partidos en escena (Liberal y Nacional), así como de la empresa privada y grupos de sociedad civil. A la vez, la élite tradicional, antes adversa a los sectores populares, se alió con aquellas categorías sociales más afectadas por las políticas neoliberales. El narcotráfico, nuevamente, favoreció la alianza con quien en la práctica ejerciera el control del territorio.
El golpe de Estado de 2009 marcó un nuevo clímax en las tensiones interclase de la élite hondureña. Para su subsistencia, las élites necesitan el control del Estado: quien controle el Estado acumula capital. En las elecciones generales de 2009, cuando el sector de la élite tradicional del Partido Liberal se rehusó a participar en los comicios, dieron en la práctica la victoria a la facción tradicional del Partido Nacional. La facción moderna, independiente del partido político y agrupada a favor del golpe de Estado, fue desplazada por los sectores conservadores del cachurequismo, más cercanos entonces a la figura (tradicional) de Tiburcio Carías Andino que al sector “reformista” (moderno) de Zúñiga Augustinus y Callejas Romero.
Finalmente, Juan Orlando Hernández, representante también de la facción tradicional, se hizo de la presidencia en 2014, al igual que los dos anteriores presidentes, con ayuda financiera del narcotráfico. Con Hernández vemos ahora cómo la facción tradicional de la élite ha logrado posicionarse en el control de los recursos del Estado, estableciendo cambios en la legislación para garantizar esa hegemonía necesaria para enfrentar política y económicamente a la facción moderna, políticamente debilitada después del golpe de Estado de 2009.
Eso no quiere decir que ni la facción tradicional ni la facción moderna tomen medidas a favor de las clases desposeídas del país. Ambas facciones pelean el acceso a los recursos del Estado hondureño en favor de sus respectivas facciones de clase, y el narcotráfico, en este sentido, es un recurso disponible en esa pelea.
Llegar a este punto de fricción entre las élites hondureñas nos ha tomado 140 años de historia y seguramente no terminará pronto. Pero solo entendiendo las razones económicas de fondo podremos saber qué acciones tomar como país para dejar de ser tierra de narcos.