La respuesta corta: El ferrocarril interoceánico
La presidenta Xiomara Castro anunció, el pasado 3 de octubre, la creación de un ferrocarril interoceánico que uniría la costa caribe con el sur del país. Lo calificó como un proyecto de interés público. Sus palabras hacen surgir, nuevamente, la polémica de uno de los proyectos faraónicos más complejos de Honduras.
Para comprender la historia del ferrocarril en Honduras debemos regresar al siglo XIX, primero al gobierno de José Trinidad Cabañas, que fue el pionero en plantear la idea y después al gobierno de José María Medina, que comenzó las acciones para ejecutarlo y con ellas nuestros problemas.
La lógica del gobierno hondureño tenía sentido, los Estados Unidos había logrado un avance impresionante en la segunda mitad del siglo XIX, gracias al caballo de hierro, expandiendo sus fronteras al pacífico, comunicando las regiones más remotas de la nación y lo mismo se podía hacer en Honduras. Entonces no había Canal en Panamá, faltaba aún para su inauguración, pero ya existía la necesidad de acelerar el paso de la mercancía entre uno y otro océano. Facilitar el paso por el istmo parecía una buena inversión.
Pero Honduras era muy pobre en el siglo XIX. No habían caminos ni puertos, no habían ciudades sino fincas. Los hombres no sabían leer, los cultivos se hacían de la misma forma cómo se habían hecho desde el inicio de la colonia. No había industria. Nada. Parecía un enorme solar baldío. Las finanzas públicas eran cercanas a cero. Financiar cualquier cosa en esas condiciones era imposible.
Entonces se contrató a la Casa Bischoffsheim y la Casa Goldschmidt, de Londres, con las que se pactó un préstamo de cuatro millones de Libras esterlinas, con un 10% de interés. Pero el dinero británico nunca llegó. Contrario a lo que se cuenta la narrativa oficial, las arcas gubernamentales apenas recibieron 300,000 Libras esterlinas. Nuestros políticos no solo han sido corruptos, sino además sumamente ineptos. El gobierno de Medina llevó la causa a los Tribunales de Justicia de Francia, donde alegó haber sido sujeto de una estafa y los magistrados franceses condenaron a la Casa Dreyfus por el delito de Manejo Indebido de Empréstitos. Todo eso están en el libro The Morgan-Honduras Loan de Juan E. Paredes, publicado en 1912.
La disputa legal todavía estaba en curso cuando golpeó la crisis financiera de 1873, que afectó a todo el mundo y obligó al gobierno de Medina a devaluar la moneda. Se creó en Honduras el Peso de níquel, para poder así cumplir con los compromisos nacionales, pero los acreedores ingleses consideraron que esa moneda no era suficientemente sólida y declararon que Honduras no podía pagar la deuda. Exigieron al gobierno a la corona proteger los bonos ingleses y garantizarles el pago y sus intereses, y para ello se propuso vender o alquilar el territorio hondureño a su mas probable comprador: los Estados Unidos.
En 1892 el Gobierno de Policarpo Bonilla, aún sin reconocer la deuda, celebró un nuevo contrato para continuar con el proyecto del ferrocarril, con una corporación, primero en Nueva Jersey, más adelante se pasó a otra Corporación de Nueva York, que tampoco cumplieron con el contrato alegando razones de fuerza mayor. Meses antes de vencido el plazo con el gobierno de Honduras, en 1901, el representante de la empresa, Adolph Pereira solicitó al Gobierno de Terencio Sierra una prórroga de un año para cumplir con las obligaciones y el gobierno accedió. Pocas semanas después de la prórroga el cónsul británico protestó porque consideraba que el acuerdo afectaba a los dueños de los bonos de la deuda, que querían su dinero. El gobierno de su majestad presionó entonces al general Sierra, que terminó cancelando la concesión norteamericana en 1902.
Esos últimos meses de 1902 fueron meses caóticos en Honduras, meses de elecciones y luego guerra civil. Y cuando Manuel Bonilla conquistó finalmente al poder, llegó también una carta del Departamento de Estado de Estados Unidos reclamando el pago de $1,056,393, por la incautación ilegal del ferrocarril a una empresa norteamericana, aquellas corporaciones que no habían expandido un kilómetro de Ferrovías, más el pago de la deuda comprada a la empresas británicas por J.P. Morgan, por más de 6 millones de libras esterlinas. El Gobierno intentó argumentar que los Bonos referidos no estaban garantizados por ninguna hipoteca sobre el Ferrocarril, que nunca fueron reconocidos por el gobierno de Honduras y que tanto Inglaterra como Francia calificaron la operación como una estafa. Pero los ingleses no aceptaron.
Samuel Zemurray llevaba unos 9 años de invertir en su finca en Cuyamel. Aún no era el magnate que llegó a ser a mediados del siglo sino un competidor más de la United Fruit Co. En 1909 comenzó la inversión de construir barracones y rieles para sacar su producto y embarcarlo en Puerto Cortés. Llegó a un acuerdo con el presidente Miguel R. Dávila que había asumido el cargo luego de la guerra con Nicaragua que derrocó a Manuel Bonilla, de no pagar impuestos a cambio de un soborno,
Pero una mañana de 1910, Zemurray recibió un escueto telegrama de Washington, diciéndole que debía presentarse en el menor tiempo posible en la oficina del Secretario de Estado de los Estados Unidos. En pocas palabras, el telegrama le decían que las aduanas de Honduras habían pasado al control de JP Morgan.
Dávila, presionado por los acreedores británicos, había aceptado del banco de JP Morgan el préstamo de 10 millones de Libras y a cambio, el gobierno de Honduras daba las aduanas en concesión al banco norteamericano, por un plazo de varias décadas. Zemurray no podía permitirse eso. Él sabía que el impuesto que había acordado no pagar con el presidente Dávila era vital para poder competir con la United Fruit y que un banco norteamericano no podría llegar al mismo acuerdo que llegó con el gobierno de Honduras.
La reunión de Zemurray con el Secretario Knox fue corta. El político era amigo cercano del banquero JP Morgan (y de la United Fruit). No había mucho que discutir. Se había ya firmado el tratado Paredes-Knox que daba vida al acuerdo entre los dos países y Zemurray debía aceptar la nueva condición que lo llevaría a la bancarrota.
Entonces Zemurray supo lo que tenía que hacer. “Ya solo falta que el congreso de Honduras ratifique el acuerdo”, le dijo Knox. Recordó que en New Orleans se hospedaba el viejo presidente Manuel Bonilla. Con él llegaría a un acuerdo. Le financiaría la guerra para derrocar al presidente Dávila y a cambio él se olvidaría del tratado Paredes-Knox y así ocurrió. Zemurray no solo consolidó su inversión en Honduras sino que terminó comiéndose a la United Fruit. La deuda con los ingleses tardó todavía cincuenta años en cancelarse, hasta el gobierno de Manuel Gálvez y el ferrocarril… ese es ahora el sueño de Xiomara Castro.
