El precio de la vida

Cada viernes, antes de que la ciudad termine de despertarse, Adalid Irías ya está en los mercados. Camina entre los puestos con una libreta en la mano, preguntando lo mismo desde hace más de veinte años: cuánto vale el frijol, cuánto el pollo, cuánto el tomate. No es un ejercicio estadístico abstracto. Es un registro paciente de la vida cotidiana. Mientras las cifras oficiales se construyen en oficinas, él mide el país en libras, en lempiras y en decisiones pequeñas: ¿qué deja de comprar una familia para poder llevar algo más a la mesa?

Ese trabajo, aparentemente rutinario, tiene una dimensión política. Durante el programa +conscientes de hoy, en un comentario que surgió fuera de micrófonos, Irías recordó que el gobierno anterior intentó cerrarle todos los espacios posibles. Se le retiraron fuentes de financiamiento, se le eliminó su personería jurídica, se le presionó. El problema no era su metodología, era que sus números no coincidían con la narrativa oficial. Cada semana, su tabla de precios contradecía el optimismo del discurso público.

En el estudio de ICN, la intervención de Irías mantuvo ese mismo tono: el de quien no habla desde modelos teóricos (aunque también lo maneja) sino desde la observación directa. “Las batallas que libran los consumidores todos los días”, dijo, describiendo el momento en que una persona compara precios, reduce cantidades o sustituye alimentos para que el dinero alcance.

Lo que emerge de ese monitoreo constante es una conclusión sencilla y dura: la canasta básica no es una cifra. Es un límite. Y cada vez más familias viven justo debajo de ese límite.

Irías calcula que una canasta alimentaria esencial para cinco personas ya supera los quince mil lempiras, mientras que en el mercado laboral formal hay salarios mínimos que rondan los nueve mil en sectores de menor ingreso.La distancia no se cubre con eficiencia doméstica ni con sacrificio. Se cubre reduciendo consumo, deteriorando la dieta o acumulando deuda.

Ahí es donde el trabajo de campo de Irías se encuentra con la lectura estructural de Julio Raudales. Si Irías describe el precio de la vida, Raudales nos explicó el precio del trabajo.

Desde su posición como académico y rector, la intervención de Julio Raudales se movió en otra escala. La pregunta que planteó no fue cuánto cuesta vivir, sino por qué el trabajo en Honduras vale tan poco. La respuesta, repetida en distintos momentos de la conversación, se concentra en una sola palabra: productividad.

En Honduras, explicó Raudales, existe una oferta masiva de trabajo poco calificado. Cuando la oferta de un factor es abundante y su calidad es baja, su precio tiende a caer. El resultado es un mercado laboral donde la mayoría de los trabajadores no gana el salario mínimo y donde el empleo formal es la excepción, no la regla.

La economía cotidiana confirma esa realidad. Más del setenta por ciento de la población ocupada trabaja en el sector informal. El ingreso no proviene de un salario, sino de ventas ambulantes, servicios ocasionales o trabajos sin protección. El salario mínimo, en ese contexto, funciona más como una referencia normativa que como una realidad económica.

La conversación entre ambos fue reveladora precisamente por ese contraste de escalas.

Irías nos habló de sustituciones: la carne por pollo, el pollo por menudos, los alimentos frescos por productos procesados. Raudales habló de estructuras: baja formación, escasa inversión, mercados poco dinámicos. Irías describió el momento en que una familia elige entre dos verduras. Raudales explicó por qué el país produce empleos que no permiten comprar ninguna de las dos.

El punto de encuentro entre ambas miradas aparece cuando la conversación se desplaza hacia las estrategias de sobrevivencia. Cuando el ingreso no alcanza, las familias ajustan. Se reduce la calidad de la alimentación, se compra al crédito, se acumulan deudas en la pulpería o en la tarjeta. En algunos casos, el salario completo se destina al pago de créditos y el ingreso disponible se reduce a una fracción mínima. Esa dinámica no es marginal. Es el mecanismo central de ajuste de la economía hondureña.

La otra válvula de escape son las remesas. La comparación que hizo Raudales fue directa: el mismo trabajo doméstico que en Honduras paga ocho mil lempiras puede pagar el equivalente a ochenta mil en Estados Unidos. La diferencia no es el esfuerzo del trabajador. Es el entorno productivo. Por eso el país recibe miles de millones de dólares al año. No como complemento, sino como sustituto del ingreso local.

A partir de ahí, la discusión entró en un terreno donde el debate público suele simplificarse: el salario mínimo. La tentación política es evidente. Si el costo de la vida sube, aumentar el salario parece una solución inmediata. Ambos invitados coincidieron en el riesgo de esa tentación. Los incrementos por decreto, sin respaldo en productividad, se trasladan a precios o a empleo. Algunas empresas reducen personal. Otras pasan a la informalidad. El resultado final puede ser más pobreza, no menos.

Irías introdujo un matiz importante en la conversación. El problema no es solo el salario. También es la inestabilidad de los precios. Los ajustes salariales suelen ser absorbidos por aumentos en la canasta básica en pocos meses. Es un ciclo donde el ingreso sube nominalmente, pero el poder adquisitivo permanece igual. En ese punto, la conversación dejó de ser técnica y se volvió política en el sentido más amplio.

Porque la brecha entre el costo de la vida y el valor del trabajo no es solo un problema económico. Es un problema de expectativas. Cuando el trabajo no permite mejorar las condiciones de vida, la movilidad social se detiene. Aparecen la frustración, la migración y la dependencia de subsidios o transferencias.

Los subsidios, como señalaron, tienen un efecto ambiguo. Pueden aliviar tensiones en el corto plazo, pero si son indiscriminados, distorsionan precios y reducen recursos para inversión en salud, educación o infraestructura. El alivio inmediato puede convertirse en un costo estructural.

Al final del programa +conscientes, sin necesidad de formularlo como consigna, quedó planteada una idea que atravesó toda la conversación. El problema del costo de la vida en Honduras no es, en el fondo, un problema de precios. Es un problema de valor.

El valor del trabajo es bajo porque la economía produce poco valor por trabajador. La calidad del empleo depende de la calidad del capital, de la educación, de la tecnología y de la organización productiva. Mientras esos factores no cambien, cualquier mejora en ingresos será temporal o artificial.

Adalid Irías seguirá yendo los viernes al mercado. Sus tablas seguirán registrando el pulso real de los precios. Pero esas tablas no cambiarán de manera significativa hasta que cambie algo más profundo: la capacidad del país para generar trabajos que produzcan más, paguen mejor y permitan que el salario deje de ser una línea de supervivencia y se convierta, finalmente, en una herramienta de progreso.

Porque el costo de la vida no baja cuando los precios se controlan. Baja cuando el trabajo vale más.