—¿De cuántos miembros es su familia?
—Siete, imagínese.
El hombre estaba en la Feria del Agricultor y el Artesano. Nuestro compañero Franklin Rápalo le había preguntado si le alcanzaba el ingreso para comprar los alimentos. Respondió que no y comenzó a enumerar precios: el cartón de huevos, las verduras, la carne. Calculó que alimentar a los siete podía costarle unos mil lempiras diarios. Era su cuenta, hecha allí, frente a la cámara, con las compras todavía pendientes.
«Imagínese», había dicho. Para él, el tamaño de la familia explicaba buena parte del problema.
En el mismo recorrido, un vendedor de huevos contó que llevaba tres semanas con los mismos precios. Ofrecía treinta unidades grandes por 115 lempiras y otras más pequeñas por cien. Cuando Franklin le preguntó por el congelamiento anunciado por el Gobierno, el comerciante explicó que los avicultores no habían aumentado el precio. Pero miraba con preocupación lo que venía: si el combustible seguía subiendo, creía que terminarían trasladando ese costo.
En unos minutos quedaron expuestas las cuentas de ambos lados del mostrador. El comprador necesitaba que el dinero alcanzara; el vendedor, conservar un precio que le permitiera vender y seguir trabajando. Ninguno decidía cuánto costaba transportar la mercadería.
La mañana anterior habíamos comenzado +Conscientes con una cifra considerablemente más alentadora. La inversión extranjera directa alcanzó 675.7 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, un crecimiento del 67.4 % respecto al mismo período del año anterior, según los datos del Banco Central de Honduras divulgados esta semana. Con José Mario Sauceda y Marvin Vázquez conversamos sobre la confianza de los inversionistas y los obstáculos para producir en el país.
Veinticuatro horas después, con Amparo Canales, economista del FOSDEH, estábamos escuchando a un hombre explicar que no podía cubrir la comida de su casa. Entre aquella cifra y esta conversación faltaba recorrer un camino: el que lleva de la inversión al empleo, del empleo al salario y del salario a lo que finalmente entra en la bolsa del mercado.
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Sauceda había descrito una de las dificultades de ese recorrido. Una empresa que obtiene ganancias puede utilizarlas para comprar maquinaria y hacer más eficiente su operación. «Voy a automatizar mis procesos», dijo, poniéndose en el lugar del empresario. Esa decisión puede aumentar la producción sin ampliar la plantilla en la misma proporción. Para saber qué significa la inversión en la vida de la población, también hace falta conocer qué trabajos genera y cuánto pagan.
Durante el segundo trimestre, el 62 % del flujo de inversión extranjera correspondió a utilidades reinvertidas: ganancias que las empresas mantuvieron invertidas en Honduras. Es una señal que merece examinarse y que no permite, por sí sola, contar nuevas fábricas o puestos de trabajo. Tampoco corresponde descartar esos recursos: pueden ampliar negocios, renovar equipos y sostener actividades que ya emplean a hondureños. El dato abre preguntas sobre su destino.
Para quienes intentan abrir o ampliar una empresa, Sauceda encontró una imagen mucho más cercana que cualquier indicador. Habló de la «grapa oficial»: ese requisito que, en su descripción de la burocracia, parece indispensable para que un expediente avance. Falta una firma, otra oficina debe revisar, hay que regresar con una copia. Mientras tanto, el local puede estar alquilado, el crédito corriendo y el negocio sin operar.
Vázquez insistió en la seguridad jurídica y en la necesidad de generar empleo formal. Sauceda añadió los costos de los trámites y el funcionamiento de las instituciones. La confianza que discutíamos tenía consecuencias muy concretas: cuánto tiempo debe esperar alguien para comenzar a producir y cuánto dinero pierde durante esa espera.
La electricidad introdujo otra escena. Vázquez imaginó a un inversionista que construye bodegas, instala refrigeradores y guarda allí su mercadería. Entonces se va la luz. El empresario debe proteger lo almacenado, conseguir respaldo o asumir una pérdida. Antes de vender, ya está pagando por resolver una deficiencia del servicio.
Ese problema tiene distintas escalas. Una empresa grande puede incorporar una planta a su inversión. Un negocio pequeño dispone de menos margen para comprarla y abastecerla. En ambos casos, mantener la mercadería fría cuesta dinero; cambia la capacidad de soportar el gasto.
Amparo llevó la conversación hasta una productora de la zona de Lepaterique con quien había hablado en una feria. Según relató, cuando una compradora le reclamó por el precio de las verduras, la mujer explicó que había aumentado el cobro del vehículo que llevaba sus productos. También habían subido la semilla, el fertilizante y la mano de obra.
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La explicación comenzaba bastante antes del puesto de venta.
Canales recordó otro detalle de sus conversaciones con productores: una lata de semillas de escarola cercana a los 2,500 lempiras. Al preguntar por su procedencia, le explicaron que llegaba envasada desde Guatemala. Para sembrar, aquel productor debía conseguir primero el dinero de la semilla; después vendrían los demás gastos y el riesgo de perder la cosecha. Por eso Amparo insistía en acompañar el crédito con asistencia técnica y medidas para enfrentar las dificultades climáticas.
Conviene seguir ese recorrido para entender un precio, y también para discutirlo. El aumento del diésel no autoriza a subir en la misma proporción toda la mercadería. Hay que conocer cuánto representa el transporte, qué otros costos cambiaron y cuánto margen tiene cada participante. La productora necesita cubrir sus gastos; la compradora tiene derecho a saber por qué paga más. Vigilar los precios exige algo más que repetir que el combustible está caro.
El dato de inflación tampoco resuelve por sí solo esa conversación. En agosto de 2026, la variación interanual fue del 6.20 %, según el BCH y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano. Ese promedio compara el nivel general de precios con agosto del año anterior. La compra de cada familia tiene una composición propia.
Amparo explicó lo que ocurre cuando el ingreso deja de alcanzar: se sustituyen alimentos, se reducen cantidades, se busca algo más barato. A eso se refería cuando habló del deterioro de la calidad de vida. La familia sigue comiendo, pero modifica lo que puede llevar a la mesa.
En el programa anterior, Sauceda había utilizado el ejemplo de una persona que adquirió un vehículo para trasladarse al trabajo y ahora debía destinar más dinero a llenarlo. El salario seguía igual. La diferencia salía del mismo presupuesto con el que pagaba la comida, la vivienda y las necesidades de sus hijos. Un gasto que aumenta obliga a revisar los demás.
Las remesas aparecen en muchas de esas cuentas. Vázquez recordó que se destinan a sostener el consumo, la salud, la educación y la vivienda. Desde fuera del país, alguien ayuda a completar lo que falta dentro de una casa. Ese dinero mantiene ventas y permite atender necesidades, pero deja poco espacio para emprender cuando casi todo llega comprometido. Detrás de la capacidad de compra de un hogar puede estar la jornada de trabajo de una persona que emigró.
También hay consecuencias para quienes permanecen aquí vendiendo. Canales lo explicó con sencillez: «Si las empresas no venden, tampoco pueden producir más». El pequeño comerciante puede recibir mercadería más cara y encontrar, al mismo tiempo, clientes que compran menos. El esfuerzo por atraer inversión tiene que considerar esa capacidad de consumo. Abrir un negocio requiere que haya personas en condiciones de comprarle.
La discusión termina llegando al Estado porque una parte del alivio depende de sus decisiones. Sauceda planteó una pregunta política al describir los recortes familiares: si las personas modifican su forma de vivir para ajustar las cuentas, ¿qué gastos está dispuesto a revisar el Gobierno? Su propuesta fue reducir gastos estatales y examinar los impuestos.
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Canales puso sobre la mesa la dificultad de financiar esa respuesta.
—¿Qué se va a sacrificar? —preguntó.
Propuso revisar las partidas disponibles, proteger salud, educación y compromisos esenciales, y buscar recursos para los hogares más vulnerables y la producción. Sus prioridades no eran idénticas a las de Sauceda, pero ambas intervenciones obligaban a discutir decisiones concretas. Reducir un ingreso público exige establecer cómo se cubrirán las obligaciones; mantener un gasto exige explicar para qué sirve.
Por eso la transparencia presupuestaria tiene una relación directa con la vida cotidiana. Si las autoridades afirman que no hay margen para ampliar un apoyo, corresponde mostrar cómo están utilizando el dinero. Si anuncian un subsidio, debe ser posible conocer su costo y seguir el beneficio hasta quienes lo reciben. La explicación importa especialmente cuando el ciudadano escucha que el Gobierno está ayudando y, aun así, vuelve a pagar más.
Canales pidió que el esfuerzo también incluyera al sector privado. Proteger a las familias y sostener la producción requiere distribuir responsabilidades, además de negociar recursos. El productor necesita poder sembrar; el comerciante, vender; el trabajador, un ingreso que cubra sus necesidades. Las respuestas deben atender esa relación y la urgencia de cada parte.
El hombre de la feria no tenía que esperar al cierre del próximo trimestre para saber cómo iban sus cuentas. Debía terminar las compras y volver a una casa de siete personas. El vendedor de huevos, a su vez, esperaba poder mantener los precios sin perder el negocio. Allí tendrán que encontrarse los resultados de la inversión y las decisiones del Gobierno: en la posibilidad de que uno pueda comprar y el otro pueda seguir vendiendo.
. También debe poder seguir el dinero destinado a aliviar la crisis: cuánto se ejecutó, quién lo recibió y qué resultado produjo.
Canales insistió, además, en el financiamiento y la asistencia técnica para la producción agrícola. Su planteamiento permite mirar más allá de la siguiente semana de precios. Un productor que pierde su cosecha o no puede financiar la siembra necesita condiciones para volver a producir. El crédito, el manejo del agua y el acompañamiento técnico forman parte de la respuesta que propuso para reducir esa vulnerabilidad.
Los tiempos son distintos y el Gobierno debe atenderlos a la vez. Mejorar el suministro eléctrico, ampliar la producción y generar empleo requiere continuidad. La alimentación de una familia tiene un plazo mucho más corto. El alivio inmediato necesita llegar mientras se construyen las condiciones para que deje de ser indispensable.
Al terminar las dos conversaciones, vuelvo al comprador de la feria. Para su hogar, la mejoría económica tendrá una medida concreta: poder llevar los alimentos necesarios sin desatender otro gasto esencial. Las cifras de inversión ayudan a conocer hacia dónde se mueve la economía. El empleo, los ingresos y las cuentas de quienes compran cada semana permitirán saber hasta dónde está llegando esa mejoría.