En las últimas semanas, el debate sobre el futuro del cine hondureño ha girado alrededor de un decreto administrativo que, para muchos observadores, podría parecer un asunto menor dentro de la reorganización del aparato estatal. La medida forma parte del proceso impulsado por el gobierno del presidente Nasry Asfura para simplificar la estructura institucional del Estado y reorganizar dependencias. Ese objetivo, en abstracto, es razonable. Casi todos los gobiernos que enfrentan estructuras administrativas fragmentadas intentan en algún momento ordenar el mapa de instituciones públicas.

El problema aparece cuando esa lógica administrativa se aplica sin distinguir entre organismos ordinarios del Estado y aquellos que fueron diseñados por ley para operar bajo un modelo institucional específico, como ocurre con el cine hondureño.

La decisión de adscribir la Dirección General de Cinematografía a la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH) ha abierto una discusión que va mucho más allá de la ubicación de una oficina dentro del organigrama gubernamental. Lo que está en juego es la arquitectura institucional que permitió, por primera vez en la historia del país, pensar el cine como una industria.

Conviene recordar que esa arquitectura ya había sufrido una desviación importante en los últimos años. Durante la administración anterior del IHCINE, presidida por Manuel Villa, el instituto se apartó del espíritu que había guiado la creación de la Ley de Cine. En lugar de consolidar el sistema institucional diseñado para desarrollar una industria audiovisual, el organismo comenzó a operar como una plataforma de promoción de una narrativa política específica, donde el respaldo institucional parecía depender más de afinidades ideológicas que de criterios profesionales o industriales.

Aquella etapa dejó una huella profunda en el sector. Cineastas con trayectorias consolidadas —entre ellos el propio Carlos Membreño, hoy promovido por la SECAPPH— fueron marginados de espacios de decisión y oportunidades institucionales por no alinearse con la retórica de la “refundación”. Programas que debían fortalecer la cadena productiva del audiovisual terminaron orientados a validar una visión estrecha del cine como instrumento de propaganda cultural. El instituto, concebido como una estructura técnica para articular industria, financiamiento y proyección internacional, empezó a parecerse más a una oficina de legitimación política. Un instrumento creado para profesionalizar el sector terminó contribuyendo a su fragmentación.

Esa experiencia debería servir como advertencia en el debate actual. La Ley de Cine fue concebida para establecer una política pública estable que trascendiera los cambios de gobierno.

La reacción inicial ante el decreto vino del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que advirtió que la medida podría afectar la seguridad jurídica establecida por la Ley de Cinematografía. El comunicado no fue estridente, pero su mensaje era claro: alterar por decreto una estructura creada por ley introduce incertidumbre en un sector que depende de reglas estables. Ese punto merece ser tomado en serio.

La Ley para el Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, aprobada en 2019, fue el resultado de un proceso político poco común en el país. Durante casi dos años, productores, directores y técnicos del sector audiovisual sostuvieron reuniones con distintas bancadas del Congreso Nacional para construir un proyecto capaz de obtener respaldo transversal. La iniciativa fue canalizada en el Congreso por los diputados Juan Diego Zelaya y Welsy Vázquez, quienes facilitaron su trámite legislativo a partir del texto consensuado con el gremio.

Ese esfuerzo partía de una premisa clara: el cine debía dejar de ser entendido exclusivamente como una expresión cultural para ser tratado como una actividad económica compleja.

Una película moviliza transporte, hospedaje, alimentación, servicios técnicos, construcción de sets, alquiler de equipos, diseño, música, posproducción y distribución. Cada rodaje activa una cadena productiva que se extiende mucho más allá de los propios cineastas. Esa comprensión permitió diseñar un modelo institucional orientado al desarrollo de una industria audiovisual.

Por eso la gobernanza del sistema cinematográfico incorporó actores que no pertenecen al ámbito cultural en sentido estricto. En el Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica participan representantes del sector empresarial, del turismo, del gremio audiovisual y de distintas instituciones del Estado. El COHEP advierte que el decreto de reorganización altera ese diseño.

En el PCM 004-2026, la Dirección General de Cinematografía —núcleo operativo del sistema creado por la Ley de Cine— fue adscrita como dependencia interna de la SECAPPH. En términos administrativos puede parecer un reacomodo menor. En términos institucionales modifica el equilibrio que la ley buscó construir entre política cultural, desarrollo industrial y participación del sector privado.

La Secretaría de Cultura ha defendido la decisión como parte de un esfuerzo por fortalecer el sector. En un comunicado reciente, la SECAPPH afirmó que su gestión busca consolidar la industria audiovisual del país y generar mayores oportunidades para los creadores. El anuncio incluye la incorporación del cineasta Carlos Membreño al equipo de trabajo de la institución, destacando que su experiencia permitirá diseñar políticas públicas más sólidas y proyectar internacionalmente el cine hondureño.

La retórica apunta en la dirección correcta. El problema es que ese discurso convive con una decisión administrativa que debilita la estructura institucional que permitió construir la propia industria que ahora se afirma querer fortalecer.

Las políticas públicas no se sostienen únicamente en declaraciones. También dependen de las reglas institucionales que las hacen posibles. Cuando un sistema diseñado por ley es reconfigurado por decreto administrativo, la señal que reciben los actores del sector se vuelve incierta.

Los inversionistas extranjeros que evalúan filmar en un país suelen observar tres factores: incentivos fiscales, infraestructura técnica y estabilidad institucional. Honduras todavía se encuentra en una etapa temprana en los tres ámbitos. La Ley de Cine fue el primer intento serio de construir esa base.

Conviene aclarar además una confusión frecuente en el debate público. El fondo asociado al sistema cinematográfico no fue concebido como un simple mecanismo para financiar producciones locales. Su propósito es más amplio: activar una industria capaz de atraer coproducciones, inversión extranjera y financiamiento internacional. Las cinematografías pequeñas sobreviven precisamente así, utilizando recursos públicos iniciales como palanca para movilizar capital externo.

Sin ese marco institucional y sin esa señal de estabilidad, el país queda fuera de un circuito global donde las decisiones de inversión dependen en gran medida de la confianza en las reglas del juego.

Modificar la estructura del IHCINE sin un proceso legislativo introduce incertidumbre innecesaria.

Dentro del propio sector audiovisual comienza a percibirse otro riesgo. La actual reconfiguración institucional amenaza con profundizar las divisiones que ya surgieron durante la etapa anterior del instituto, cuando la ideologización de su gestión debilitó la confianza entre los actores del gremio.

La Ley de Cine no diseñó el sistema para funcionar como una dirección ministerial tradicional. Estableció un modelo de gobernanza colegiada precisamente para evitar que el desarrollo de la industria dependiera de decisiones administrativas de corto plazo. Cuando ese equilibrio se altera, el sistema pierde legitimidad.

Nada de esto implica que el gobierno esté actuando con la intención deliberada de debilitar el cine hondureño. De hecho, como hemos dicho ya, muchas de las declaraciones públicas de la SECAPPH reflejan una comprensión real del potencial del sector.

La economía audiovisual es una de las industrias creativas con mayor crecimiento en el mundo. Varios países de la región han desarrollado políticas agresivas para atraer producciones internacionales. La República Dominicana es el ejemplo más cercano: en poco más de una década logró convertir el cine en una fuente significativa de inversión extranjera, empleo técnico y promoción turística gracias a un marco legal estable.

Las industrias emergentes son particularmente sensibles a las señales institucionales. Cuando un sector aún está en formación, las decisiones administrativas pesan más que en industrias consolidadas.

La reorganización del Estado puede ser necesaria. Pero algunas instituciones cumplen funciones distintas dentro del aparato público. Algunas operan como unidades administrativas ordinarias; otras son instrumentos diseñados para impulsar sectores económicos específicos.

El cine hondureño pertenece a esta segunda categoría.

El país tardó décadas en construir la Ley de Cine. El sistema que surgió de esa ley todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y su éxito dependerá en gran medida de la estabilidad institucional que logre mantener. La SECAPPH aún tiene margen para corregir el rumbo.

Revisar la adscripción de la Dirección General de Cinematografía y restablecer el diseño institucional previsto por la ley no sería un retroceso. Sería una señal de madurez institucional y un gesto hacia un sector que durante años ha trabajado por construir una industria con recursos limitados.

Las industrias culturales no nacen de manera espontánea. Se construyen lentamente, con leyes, incentivos y estructuras institucionales que permitan trabajar con previsibilidad. Honduras comenzó ese camino hace apenas unos años. Todavía estamos a tiempo de no desviarnos.