Análisis de contexto: 29 de julio de 2023
La Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios (CISMVMF) presentó esta semana un Plan de Acción destinado a prevenir la violencia contra mujeres y niñas en Honduras. Los datos estadísticos mencionados revelan cifras alarmantes de muertes violentas y femicidios en años recientes, lo que destaca la urgente necesidad de abordar este problema de manera integral y coordinada entre los diferentes actores involucrados en el país.
Entre 2018 y 2022, indica el reporte, hubo 1.670 casos de muertes violentas de mujeres y femicidios, y en 2023 se han reportado hasta la fecha 219 muertes violentas de mujeres y femicidios. El plan propuesto por la Comisión busca una coordinación efectiva entre los poderes del Estado, instituciones gubernamentales, la sociedad civil y la cooperación internacional para abordar la violencia de género. Además, se propone implementar iniciativas piloto en áreas con mayor incidencia de violencia, así como acciones concretas para fortalecer la prevención y mejorar los servicios de atención a las víctimas. Es importante destacar que este plan también hace un llamado a detener los discursos de odio hacia las mujeres y a fomentar la denuncia de la violencia para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres, tal como lo establece la Convención Belém do Pará.
Por otro lado, la presidenta Xiomara Castro Vetó este fin de semana la Ley de Educación Integral para prevenir embarazos en adolescentes. Algunos analistas consideran que fue en respuesta a la manifestación «No te metas con mis hijos» convocada por las iglesias. Esta acción generó alertas en el colectivo #LGBTIQ, quienes temen posibles ataques físicos de fundamentalistas religiosos. Dada su experiencia, el colectivo Cattrachas, que cuenta con un registro exhaustivo de este tipo de incidentes, alerta que siempre que este tema de «Guerra Cultural» entra a la palestra pública, integrantes de la comunidad LGTBIQ sufren un aumento en hechos de violencia en su contra.
La sociedad civil ha expresado su preocupación por la posible aprobación de la «Ley de Escuchas» que se pretende discutir esta semana en el Congreso Nacional. Según afirman, la nueva ley podría violar la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos al permitir la intervención de llamadas, mensajes de texto, videollamadas y direcciones IP. Diputados del partido oficialista han salido en defensa del proyecto argumentando que «el que nada debe nada teme», señalando además, con una falta de creatividad que me recuerda a las excusas que usa la derecha para promover este tipo de leyes, «que son los delincuentes quienes más se oponen a esta legislación». Voces más moderadas afirman que para resolver el tema el Congreso Nacional debe revisar la redacción del artículo 23, adaptándolo al artículo 100 de la Constitución de la República, especialmente la línea que dice «cuando sea requerido por la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público o la autoridad judicial». El artículo 100 constitucional habla de la inviolabilidad de las comunicaciones y afirma claramente que se requerirá siempre la autorización judicial. En este sentido, la línea que se propone debería de decir: «cuando sea requerido por la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público, previa autorización judicial debidamente motivada».
Se ha oficializado la adhesión de Honduras a la Corporación Andino del Fomento (CAF), a pesar de no haber sido aprobada el acta con la mayoría simple en el Congreso Nacional. Aun no logro entender realmente la intención detrás del entuerto jurídico creado por el Partido Liberal, quienes en los tres debates anteriores aprobaron la adhesión al CAF y luego, argumentando una supuesta ofensa causada por el discurso del Director de la SAR, Marlon Ochoa, se pretendió dar vuelta atrás en la aprobación de acta. Digo «supuesta ofensa», porque desde que sigo las sesiones del Congreso he escuchado cualquier cantidad de insultos en el salón de sesiones y nunca uno había provocado un bloqueo de esta magnitud, paralizando por completo ese poder del estado. Y el tema sigue, ahora la oposición tiene armas para no sentarse con la Junta Directiva que ha sido incapaz de lograr el más mínimo consenso con los demás partidos. El conflicto deberá pasar a la Corte Suprema de Justicia, para ver si cumple (o no) los requisitos de ley o si queda —como la Junta Directiva de Luis (XIV) Redondo— en un limbo jurídico, en donde cada quién podrá escoger su versión de la realidad.
En el ámbito político, se destaca el proceso de elección del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto de Honduras. La Junta Proponente ha concluido las audiencias públicas y se enviará una lista final de cinco candidatos al Congreso Nacional para su elección que tiene que entregarse este martes 1 de agosto. Aunque aún hay elementos en esa lista que —a mi criterio— debieron ser tachados hace mucho, hablo específicamente del señor Yuri Melara, quién ya ocupó ese cargo y fue despedido en 2005 por un tema de corrupción ligado con la explotación de un bosque en Olancho. Resaltan la salida de dos fuertes candidatos al cargo, los abogados Luis Javier Santos, fiscal de la UFERCO, quien argumentó haber sido removido por no contar con el respaldo del expresidente Manuel Zelaya y Mario Urquía, quienes muchos calificaban como el candidato preferido del partido de gobierno. Algunas fuentes me afirman que los nuevos favoritos son los abogados Vladimir Mendoza y Pablo Reyes. Toca esperar ese circo.
Luis Javier Santos y Mario Turquía
Sigue la discusión de la Ley de Justicia Tributaria. Esta semana el Partido Liberal presentará una propuesta «alternativa» a la LJT impulsada por el gobierno. Esta nueva propuesta, llamada «Ley de Equidad Tributaria» (Equidad no es Justicia), ha sido calificada por funcionarios de la administración como un intento de boicotear la LJT, que no cuenta con el agrado de la Empresa Privada. Queda claro que la primera no cuenta con los 65 votos que necesita y que la segunda no pasará siquiera al pleno.
En el ámbito democrático, el informe de Latinobarómetro destaca esta semana uno datos preocupantes sobre el nivel de aprecio hacia los partidos políticos y la percepción de una posible ruptura democrática en el país. Solo el 40% de los hondureños consideran que los partidos políticos son necesarios y aunque el tema del golpe de Estado es un fantasma que recorre los pasillos de las oficinas de gobierno, apenas el 21% de la población lo considera una posibilidad, si bien el 43% de los hondureños apoyarían un gobierno militar. Los datos de Latinobarómetro señalan que el 70% de los hondureños están dispuestos a entregar la democracia a cambio de que el gobierno resuelva los problemas que les afligen. Solo el 20% están satisfechos. Y si somos honestos, ¿qué razón tienen los hondureños para creer en los partidos políticos y el sistema democrático? ¿Si no se resuelven las demandas de la población desde los gobiernos que llegan democráticamente al poder, por qué habrían de creer ellos en la democracia?