El aviso de la Alcaldía del Distrito Central sobre el racionamiento de agua cada cinco días no fue presentado como una medida excepcional. Fue comunicado como una reorganización necesaria. En ese gesto administrativo se condensa una de las tensiones más importantes del momento: el país enfrenta impactos cada vez más visibles del cambio climático, mientras sus respuestas siguen operando dentro de márgenes estrechos.
El debate público sobre este tema suele quedarse en el diagnóstico. Honduras es altamente vulnerable. Aporta menos del 0.1% de las emisiones globales. Está expuesta a huracanes, sequías e inundaciones. Todo eso es cierto. También es insuficiente. La discusión relevante comienza cuando se intenta responder qué significa esa vulnerabilidad en términos de decisiones concretas.
César Quintanilla, experto en cambio climático.
En el programa +conscientes de este 18 de marzo, César Quintanilla planteó una de las claves del problema: “Seguimos hablando del cambio climático como si fuera un tema ambiental y no lo es. Es un problema que atraviesa la economía, la salud, el agua y la forma en que vivimos”. Esa afirmación desplaza el tema de la esfera técnica a la política pública. Obliga a mirar cómo se organizan las prioridades del Estado.
La respuesta institucional existe. Honduras cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático, compromisos bajo el Acuerdo de París y una serie de planes sectoriales. También hay proyectos de reforestación, manejo de cuencas y adaptación comunitaria. El problema no es la ausencia de documentos. Es la distancia entre esos documentos y la realidad operativa del país.
Pedro Barahona, desde COPECO, lo expuso sin rodeos: “Tenemos protocolos, tenemos planes, pero la respuesta sigue siendo reactiva. Actuamos cuando el evento ya ocurrió”. Esa lógica tiene implicaciones directas. Significa que la mayor parte del gasto público asociado al clima se ejecuta después del daño, no antes.
Pedro Barahona, COPECO
El costo de esa forma de operar es alto. Las pérdidas provocadas por Eta e Iota en 2020 fueron estimadas en más de 9 mil millones de dólares. Esa cifra equivale a cerca del 37% del PIB. Aun así, la inversión en prevención y adaptación sigue siendo marginal en comparación con el gasto en reconstrucción. La ecuación es conocida: es más barato prevenir que reparar, pero el sistema político no está diseñado para capturar ese beneficio en el corto plazo.
Esa es una de las piezas menos discutidas del problema. La prevención no genera resultados visibles dentro de un ciclo electoral. La reconstrucción sí. Permite inaugurar obras, movilizar recursos y mostrar acción inmediata. Esa lógica ha marcado la forma en que distintos gobiernos han abordado el tema, con avances puntuales que no logran consolidarse en el tiempo.
El sector productivo enfrenta las consecuencias de esa discontinuidad. Héctor Ferreira, desde la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos, describió un escenario que ya no se puede considerar transitorio: “Los ciclos de siembra ya no son los mismos. Hay menos agua, más incertidumbre y menos producción. Eso no es una proyección. Es lo que estamos viendo ahora”. La afirmación apunta a un problema estructural. Más del 40% de la fuerza laboral depende directa o indirectamente de la agricultura. Cuando esa base se vuelve inestable, el impacto se extiende a la seguridad alimentaria y a los ingresos de millones de personas.
Héctor Ferreira, Presidente (FENAGH)
El corredor seco es uno de los espacios donde esa transformación es más evidente. Sequías prolongadas, suelos degradados y reducción en la producción de granos básicos han sido documentados por organismos internacionales durante años. En el programa se mencionó que más de cien municipios presentan procesos avanzados de desertificación. Ese dato no suele aparecer en la discusión cotidiana, aunque explica buena parte de la migración interna y externa.
La relación entre cambio climático y migración tampoco es una hipótesis. El Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional para las Migraciones han documentado cómo la pérdida de cosechas y la inseguridad alimentaria empujan a las familias a desplazarse. La decisión de migrar no responde a una sola causa. El clima se ha convertido en un factor que se suma a la violencia, la falta de empleo y la debilidad institucional.
El agua aparece como otro eje que conecta distintos niveles del problema. Tegucigalpa ofrece un caso claro. El racionamiento no es nuevo, pero su frecuencia y duración han aumentado. Quintanilla lo planteó en términos de gestión: “No es solo que haya menos agua. Es que el sistema pierde una parte significativa antes de llegar a las casas”. Esa pérdida, asociada a fugas, infraestructura deteriorada y conexiones irregulares, agrava el impacto de la variabilidad climática.
La respuesta tradicional ha sido buscar nuevas fuentes o ampliar la capacidad de almacenamiento. Represas, pozos y proyectos de captación. Esas soluciones tienen un límite si no se acompaña con una revisión del sistema de distribución y del crecimiento urbano. La expansión de la ciudad ha ocurrido sin una planificación hídrica acorde. La presión sobre las fuentes existentes aumenta cada año.
El problema no se limita a la capital. En la zona norte, las lluvias intensas generan inundaciones recurrentes. En el sur, las temperaturas elevadas y la escasez de agua afectan la producción y el abastecimiento. En zonas forestales, los incendios se vuelven más frecuentes durante las temporadas secas prolongadas. Son manifestaciones distintas de un mismo fenómeno.
Barahona, de COPECO, introdujo un elemento adicional en el programa: la dimensión cultural del riesgo. “La vulnerabilidad no es solo física. También es cómo la gente entiende y responde a estos eventos”, señaló. La falta de preparación a nivel comunitario amplifica los impactos. Un fenómeno natural se convierte en desastre cuando encuentra condiciones que lo potencian.
Ese punto conecta con una de las debilidades más persistentes del país: la fragmentación de la respuesta. Las instituciones trabajan con mandatos específicos. Los gobiernos incorporan el tema en sus agendas con distintos niveles de prioridad. La coordinación entre actores es irregular. La continuidad de políticas es limitada.
El resultado es un conjunto de esfuerzos que no terminan de articularse. Existen planes, proyectos y experiencias exitosas a pequeña escala. No existe sin embargo una estrategia sostenida que integre gestión de riesgos, desarrollo urbano, política agrícola y manejo de recursos naturales bajo un mismo enfoque.
La pregunta central del programa [si Honduras está preparada para enfrentar el cambio climático] encontró respuestas matizadas. Barahona habló de capacidades existentes que pueden fortalecerse. Ferreira enfatizó la necesidad de políticas claras para el sector productivo. Quintanilla fue más directo: “No estamos preparados. Y lo que viene va a ser más complejo que lo que ya estamos viendo”.
Esa afirmación obliga a mirar hacia adelante con mayor precisión. Las proyecciones climáticas para Centroamérica indican un aumento en la temperatura promedio, una mayor irregularidad en las lluvias y una presión creciente sobre los recursos hídricos. Esos cambios no ocurren de forma abrupta. Se acumulan. Se expresan en episodios como los que hoy ya forman parte de la vida cotidiana.
En los próximos años, eso puede traducirse en racionamientos de agua más frecuentes, mayor volatilidad en los precios de alimentos, incremento en enfermedades asociadas al clima (como dengue y chicunguña) y desplazamientos poblacionales más visibles. No se trata de escenarios lejanos, son tendencias que ya están en marcha.
La discusión sobre el cambio climático en Honduras necesita moverse en esa dirección. Menos énfasis en la descripción general del problema. Más atención en las decisiones concretas que pueden alterar su trayectoria.
Eso implica revisar cómo se asignan los recursos públicos, cómo se planifica el crecimiento de las ciudades, cómo se protege el suelo agrícola y cómo se gestionan las fuentes de agua. Implica también reconocer que la adaptación no es un sector más de la política pública. Es un eje que condiciona el funcionamiento del resto.
El país no parte de cero. Hay conocimiento acumulado, experiencias locales y marcos normativos que pueden servir de base. Lo que falta es la capacidad de convertir ese conjunto en una política sostenida.
La respuesta a la pregunta inicial con la que arrancamos el programa no es una frase cerrada. Honduras ha comenzado a enfrentar el cambio climático, eso lo vemos. Pero lo hace con herramientas parciales y con una lógica que sigue privilegiando la reacción sobre la prevención. El margen para corregir esa trayectoria aún existe, pero el tiempo para hacerlo se está reduciendo.