Desde que el nuevo gobierno asumió el poder en 2022 sabíamos que los retos a enfrentar serían muchos. La crisis económica global producto de la Pandemia del Covid 19; la guerra en Ucrania que subió los costos de los carburantes y; la inflación económica que obligó al banco central de EEUU a subir los intereses, empujó a varios bancos a buscar capitalizarse luego de inversiones de alto riesgo, provocando una crisis bancaria que parece haber sido controlada (por ahora). Sin embargo la amenaza de una recesión económica continúa en el horizonte y la posibilidad de expansión de la guerra pone en alerta a Europa y la OTAN.
El avance de las derechas europeas debe servir como una alerta de lo que será una tendencia en la próxima década, donde el temor de la población ante la incertidumbre es capitalizada por el populismo con matices xenófobos, misóginos y homófobos, bajo una bandera de la guerra cultural.
A esto sumemos el desgaste estructural del país, luego de 12 años de gobierno nacionalista, que para lucro individual desarmaron, luego del golpe de Estado de 2009, la institucionalidad nacional de pesos y contrapesos que se había logrado construir en las 3 décadas anteriores.
Los vínculos con el narcotráfico del gobierno de Honduras, que iniciaron desde la administración Zelaya en 2006 y se expandieron durante el gobierno de Pepe Lobo (2010-2014), se evidenciaron con el juicio en 2019 a Tony Hernández, que provocó un desinterés de la dirigencia nacionalista por controlar el destino de su propio gobierno. A partir del 2019 Juan Orlando Hernández abandonó en la práctica el ejercicio de gobernar, consciente que solo estaba “quemando tiempo” para llevar él mismo un proceso criminal en New York, los mandos inmediatos del gobierno Hernández comenzaron a ver la forma de salvarse, algunos incluso saliendo del país. Eso impidió que la respuesta a las tragedias de Eta y Iota (y otras del país entre 2020 y 2021) fueran lo suficiente contundentes para mantener la imagen del Partido Nacional de cara a las elecciones de 2021. A propósito de esto último, la historia hondureña nos indica que siempre, luego de una tormenta o desastre natural de tal magnitud (como Eta e Iota), hay un cambio radical del partido en el poder. No existe antecedente en el país de un gobierno que sobreviva, sin grandes costos, la crisis generada por la naturaleza enfurecida.
Consejo de ministros de gobierno de Juan Orlando Hernández
La presencia de las estructuras de los carteles criminales sigue en el gobierno actual, no ha sido desmontada y está lista a generar crisis si no se llega a un acuerdo con ellos. Gobernar un país como Honduras, requiere conocer los balances de poder tanto formales como criminales, en la práctica el Estado no tiene la capacidad de enfrentar a los grupos criminales y tanto en lo rural como en lo urbano, termina negociando cuotas de poder.
Por el lado del partido en el gobierno
Libre surge de un trauma colectivo, el golpe de Estado de 2009 dejó secuelas sicológicas en la familia Zelaya y a un amplio sector del pueblo hondureño que vinieron a repercutir en la elección de su consejo de ministros. Luego de 12 años de esperar el retorno al poder, Libre se encontró sin los cuadros necesarios para enfrentar la problemática del país. La desconfianza en cuadros viejos del Partido Liberal con la experiencia en la administración pública, y el miedo a posibles adversarios adentro del mismo partido (Jorge Cálix) hizo que no se contemplaran alianzas reales con aquellos que Zelaya y su grupo cercano ha mirado como quinta columna, se configuró entonces un gobierno compuesto por familiares de un círculo bien estrecho a las personalidades que controlan el partido (Zelaya, Moncada, Flores Lanza y otros) y cuadros jóvenes que no contaban en ese momento con la experiencia en lo público (ni en lo privado) pero tienen el beneplácito de los dirigentes. Y aunque algunos cuadros han acumulado aprendizaje en 18 meses de gobierno, no todos han aprendido al mismo ritmo y siguen muchos cometiendo errores producto de la falta de experiencia. La lógica ha sido que con la familia (y los cuadros jóvenes sin historia en la administración pública) se puede estar seguro que no habrán conspiraciones. Esa lógica comienza ahora a pasar factura.
Cuadro del CNA que expone la acumulación del poder de la familia Zelaya Castro en Honduras
La alianza con Salvador Nasralla se mostró antinatura desde el 2017, sin embargo Libre se vio obligado a repetirla para lograr el apoyo del sector empresarial de la costa norte, que siempre ha tenido desconfianza del proyecto de los Zelaya Castro. El partido Libre estaba seguro que la oposición a sus políticas serían fuertes, la experiencia de 2009 les dejó ese aprendizaje. Aceptaron la alianza con Salvador Nasralla conscientes que a la primera oportunidad se desharían de él y los suyos. Confiaban en su alianza gremial que compone el partido. Su proyecto fue continuar con lo truncado en el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), esperando que, aunque sin la la correlación de fuerzas necesarias, iban a lograr una alianza con un sector (yanista) del PL.
Luego de un año Libre ha comprendido que ni el país estaba en las condiciones de hace 12 años, ni el continente. Sus afinidad con Venezuela se ha mostrado incapaz de capitalizar los recursos necesarios para el gobierno y la crisis económica de todos los países del continente (Argentina, Brasil) hace difícil cualquier tipo de apoyo financiero. Su política de dejar ser dejar pasar para con el gobierno de Daniel Ortega está resultando cada vez más onerosa. Su esperanza parece estar en China, para conseguir los fondos frescos a través del refinanciamiento de la deuda, que le permita impulsar los proyectos de asistencia que son la apuesta para mejorar la imagen pública del gobierno de cara a las elecciones de 2025. Vender la deuda les permitiría capitalizar algunos recursos para el desarrollo de sus proyectos, pero para eso necesita una serie de reformas fiscales que están resultando difíciles en el contexto actual. También existe la duda de si a la fecha hay la capacidad de ejecución necesaria en los ejecutivos del gobierno.
Marlon Ochoa, secretario del SAR hablando al CN en la sesión del 16 de mayo de 2023
Libre no cuentan con una mayoría simple en el CN y eso hace imposible avanzar con los proyectos legislativos que requiere el gobierno de Castro. El proyecto de adhesión al CAF el 16 de mayo de 2023 desencadenó una crisis que demostró los límites de la actual Junta Directiva encabezada por Luis Redondo. Es evidente que con esta crisis el gobierno perdió la iniciativa que había mantenido muy bien en las últimas semanas, con la discusión de la Ley de Justicia Tributaria. Un error de procedimiento permitió que el Partido Liberal acomodara sus fuerzas para paralizar, junto con el resto de las bancadas de oposición, cualquier discusión en el hemiciclo legislativo. Cualquier acuerdo para avanzar en el tema del CAF deberá ser negociado a un precio quizás demasiado alto para Libre. Queda esperar y ver cuál es.
Se ha demostrado además que el gobierno tampoco puede dar por sentados los votos para la LJT y se vuelve sumamente difícil lograr los 85 votos necesarios para elegir un nuevo fiscal. Cuando se pensó que había un acuerdo luego de la elección de la CSJ, queda claro que todo está en el aire. El presidente Redondo afirma que la crisis es en ánimo de impedir la derogación de una serie de reformas al código penal que aumentaría las penas en los delitos de lavado de activos. Hay, en la práctica, una huelga de brazos caídos en el legislativo que los esquiroles de los colectivos no pueden romper.
Esas son crisis que, en el caso de la LJT parecía estar llegando a su fin, pero están lejos de concluir. En el caso de la Fiscalía ni siquiera ha comenzado. El contraste entre el tono agresivo del presidente Redondo y el tono conciliador que ha tomado el resto de la JD representada por los diputados de Libre, demuestran la orfandad política del presidente Redondo. Las afirmaciones recurrentes de Carlos Zelaya Rosales de apoyo al presidente del legislativo puede interpretarse también como una señal de vulnerabilidad de LR, pues dejan claro que solo se sostiene en el cargo por el respaldo de un partido al cual él no pertenece y que en cualquier momento ese respaldo puede desaparecer.
Presidenta Xiomara Castro Sarmiento, en la premiación del día del periodista
La denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) con una gráfica de la concentración de poder en un número limitado de familias, que han acumulado una gran cantidad de altos cargos ejecutivos, generó una reacción visceral del gobierno, al punto que la presidenta Castro dedicó su discurso del día del periodista para atacar al CNA y desde entonces, cuadros medios del gobierno, ministros y viceministros, han continuado con los ataques personales a la señora Gabriela Castellanos, presidenta del CNA. La reacción pareciera desproporcionada, los ejecutivos del gobierno olvidan que ellos representan al país y los ataques, evidentemente organizados son un abuso de autoridad que atenta contra el Derecho Humano de la Libre Expresión, pero el daño de presentar las redes familiares como una amenaza para la democracia, en un momento donde las bases continúan presionando por integrarse a la maquinaria del Estado, ya fue hecho. Ha quedado posicionada en la opinión pública que la crisis de gobernabilidad es consecuencia de la contratación del personal equivocado para el gobierno. El nepotismo no es un problema en Honduras, la población está dispuesta a tolerarla si lo básico está cubierto, cuando eso falla, se vuelve una carga que amenaza la estabilidad.
En el plano interno, el gobierno está planteando sus apuestas en los gremios y colectivos, si bien han disminuido las protestas y tomas de estos, algo que indica que han sido controlados. Siguen siendo una fuerza de choque que piensan usarla como esquiroles para desarmar huelgas, como en el caso del INFOP, protestas y manifestaciones.
La imagen pública del gobierno continúa desfavorable, los números de la última encuesta del ERIC le dan apenas un 44% de aprobación. Dudo que a un mes de haber salido ese dato los números hayan cambiado mucho, dado el contexto actual de país. Es urgente para el gobierno levantar esa imagen para lo cual deben lograr la ejecución de proyectos que respondan las demandas públicas.
El principal reto para esta semana está en lograr destrabar el congreso nacional y permitir que los proyectos legislativos avancen. Mientras más tiempo permanezca la huelga de brazos caídos del legislativo, más dañará la imagen del gobierno.
La principal amenaza para este mes está en el tema energético. El aumento de los apagones y la posibilidad de racionamientos del fluido eléctrico dará armas a la oposición y deteriorará la imagen de la administración, que luego de 18 meses sigue recurriendo al recurso de “la narco dictadura” para desviar la atención, a pesar que parece que eso no esta ya funcionando.
Óscar Estrada