El receso en el Congreso Nacional ha dado una pausa a las tensiones que se viven adentro de ese poder del Estado, paralizado en la práctica por la incapacidad de llegar a consensos entre las distintas fuerzas políticas y una junta directiva que, lejos de buscar acercamientos, intenta forzar a las bancadas de la oposición con posiciones que a la larga demuestran debilidad. Convocar a una reunión extraordinaria para mover algunos puntos de agenda dio un respiro a lo que viene siendo ya un espacio de frustración para la población que sigue la guerra política al interior del legislativo.
El tema del nepotismo y la acumulación de poder que denunciara el CNA ha pasado ya al olvido, si bien algunos voceros del gobierno siguen en un empeño por desprestigiar a esa organización de sociedad civil y su directora, esfuerzo que lejos de aportarle al gobierno muestra una tendencia autoritaria que debería llamar la atención y corregir, si se busca construir un ambiente verdaderamente democrático. Como dije antes, este tema ha pasado ya al olvido, pero seguramente el CNA volverá con nuevas denuncias de corrupción, más sustanciales y deberemos prestar atención a la reacción de esos voceros, para ver cómo define el gobierno su relación con la sociedad civil.
Dos eventos marcan esta etapa que inicia la primera semana de junio: 1. La creación de una comisión técnica interinstitucional publico privada para abordar de emergencia el déficit de generación de energía eléctrica; y 2. La creación desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra (CSAAT).
Ambas iniciativas han sido bien recibidas por los medios de comunicación y la empresa privada, y han sido incluso catalogadas como un cambio de dirección de lo que ha venido siendo el gobierno hasta ahora, que había mantenido una actitud de confrontación al sector privado, amplificada en el contexto del intento de aprobar una nueva Ley de Justicia Tributaria, que se quedó truncado en el pantano legislativo. Es importante resaltar acá que, como afirma la exrectora Julieta Castellanos, harían falta otras acciones por parte de la administración Castro para hablar, en definitiva, de un “giro de timón” en el gobierno.
Comisión Técnica Interinstitucional presidida por José Arriaga Yacaman
La primera iniciativa, La Comisión Técnica interinstitucional para el tema energético, estará integrada por la ENEE, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la Asociación Nacional de Industriales, la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica y la Asociación Hondureña de Energía Renovable. Busca sugerir propuestas para que el sector privado y público encuentren “soluciones más prontas” ante la crisis energética.
El exgerente de la ENEE, José Manuel Arriaga Yacamán, será el encargado de presidir la comisión e indicó que el problema energético se debe a la falta de inversión que se ha estado acumulando desde hace años atrás.
En la práctica, es un reconocimiento por parte del gobierno de que la crisis energética, que sufre el pueblo hondureño, ha sobrepasado su capacidad de respuesta. El día viernes 9 el ministro Erik Tejeada denunció, en Olancho, un sabotaje a la represa Patuca III que mantiene paralizada la generación de energía en esa plata, lo cual indicaría, si las investigaciones comprueban la magnitud de la denuncia, que existe un esfuerzo por parte de actores, aún desconocidos, para profundizar la crisis del gobierno en esa materia.
El tema de la energía eléctrica siempre ha sido sensible, en todas las administraciones y el gobierno que dirige la presidenta Castro está obligado a dar respuesta a la población que reclama los constantes cortes de energía. La falta de acciones en el 2022 denunciadas contra el Ministerio de Energía para prevenir la crisis, pone en riesgo el éxito de la administración Castro, por el creciente daño a su imagen pública que se suma a la imagen amplificada por los medios de incompetencia. Involucrar al resto de los actores relacionados con el tema energético podría distribuir la responsabilidad entre todos, liberando, un poco, al gobierno del problema que parece, por ahora, podría extenderse hasta final del año, con un aumento en los cortes de energía a nivel nacional.
Conferencia de prensa de La vía campesina, presidida por Rafael Alegría, en oposición a la derogación del decreto 18-2008
La segunda acción, ejecutada por la presidenta previo a su viaje a China este viernes, la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, es menos clara en sus objetivos, si bien señala problemas reales y que requieren una atención urgente: 1. Las tomas de la tierra productiva a nivel nacional que suman, según indicara la presidenta Castro en su presentación frente a CNDS, un total de 36.451 manzanas de tierra. Los departamentos de Colón y Atlántida, en el Caribe hondureño, son los “principales polos de conflictividad”, según la misma declaración, que involucra a organizaciones campesinas que reclaman derecho a la tierra, a grupos irregulares y, en algunos casos, según denuncia Castro “otros sectores influenciados por el crimen organizado para crear anarquía en el país”.
“El decreto 18 promulgado en el año 2008 logró disminuir la mora agraria conformada por las solicitudes de tierras presentadas ante el INA; del año 2010 en adelante, se tiene una nueva mora agraria constituida por 1,100 solicitudes de tierras, de las aproximadamente 400 resoluciones de expropiación que al tenor del decreto 18-2008 fueron emitidas y resolvieron gran parte de la mora agraria antes del 2009”, dijo Castro.
El proyecto de ley debe incluir “la conciliación de justiprecios pendientes de pago del decreto 18-2008 y asegurar la titularidad de la tierra y los grupos ocupantes”, así como una sección que “castigue la ociosidad, fomente y proteja la función productiva y de los bosques”, agregó.
El decreto 18-2008 al que hace referencia la presidenta Castro en el CNDS, que facultaba al Instituto Nacional Agrario, INA, a la expropiación forzosa de tierras ociosas, fue declarado inconstitucional en enero de 2011 por Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en respuesta a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Federación Nacional de Ganaderos y Agricultores de Honduras, Fenagh, Alejandro Rivera Tejeda, en su condición de apoderado legal de Agroindustrial Río Nance y Rodolfo Antonio Pinela, en calidad personal. Se argumentó en esa ocasión, que el decreto 18-2008 violentaba las garantías constitucionales, como el de la propiedad privada.
Mientras el decreto estuvo vigente, el INA concedió 242 títulos de propiedad a campesinos. Unos 170 expedientes que se encontraban aún en proceso de titulación fueron archivados.
La abogada Maribel Espinoza manifestó en sus redes sociales que para poder proceder a la expropiación, con esta CSAAT, debe hacerse mediante un proceso judicial. La comisión de seguridad agraria y acceso a la tierra no puede, conforme a la ley, proceder a expropiar tierras, aunque las califique como “ociosas” o identifique vicios en su título de propiedad, sin un proceso judicial respectivo. “La potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado es exclusivamente del Poder Judicial. La coerción para hacer cumplir las sentencias judiciales corresponde a la Policia Nacional. Cualquier Comisión administrativa que se nombre no puede invadir la competencia de otro poder del Estado. Cualquier acto o contrato nulo sobre la propiedad o tenencia de inmuebles debe ser demandada su nulidad en los Tribunales, pues solo los Tribunales de Justicia pueden declararla. El CN no tiene facultades para declarar la Nulidad de actos o contratos pues sería invadir la potestad delegada por el PUEBLO a los jueces y Magistrados de la República”.
Dicho esto, podemos prever como escenario para esta instancia, que al querer ejecutar las órdenes de desalojo, esta sea rechazada por algunos grupos campesinos que ocupan las más de 36.451 manzanas de tierra, lo cual requerirá de intervención policial, con su respectiva dosis de violencia en el proceso. Logrado eso, el gobierno podría contar con el respaldo de los sectores empresariales que ven con buenos ojos esa iniciativa, debería además lograr el respaldo de los otros grupos campesinos, para echar a andar esos 170 expedientes que se encontraban aún en proceso de titulación cuando el decreto 18-2008 fue declarado inconstitucional. El CNDS carece de autoridad legal para hacerlo.
Eso sin embargo solo se podrá hacer si hay un acuerdo en el CN “para dar respuesta a la problemática de la mora agraria y las demás resoluciones y reformas de Ley que correspondan a ese Poder del Estado para el logro de la seguridad agraria y el acceso a la tierra. Lo cual llevará el conflicto, nuevamente, al Congreso Nacional.
Si el Congreso Nacional logra un acuerdo y crea una ley con el espíritu del 18-2008, deberá seguirse el proceso respectivo de expropiación en los tribunales de justicia, quienes deberán fallar conforme a la constitución, respetando el debido proceso y el derecho a la propiedad privada que la ley reconoce.
Haga usted sus cálculos de tiempo.