Durante años, el juicio político en Honduras fue una figura latente, una herramienta escrita en la Constitución desde 2013 que parecía más un recordatorio del pasado que un instrumento para el presente. Nació de una herida, de la crisis de 2009 y la destitución sin procedimiento de los magistrados de la sala constitucional en 2012, de la ausencia de un mecanismo que permitiera procesar los conflictos dentro del marco institucional y, sin embargo, permaneció inactiva, como si el sistema hubiese encontrado otras formas, menos visibles, de resolver sus tensiones. Esa inercia se ha roto ahora, no por decisión voluntaria de un Congreso particularmente reformista, sino porque la crisis ya no encontró otra salida.
Lo que está ocurriendo en estos días no puede entenderse únicamente como la activación de un procedimiento constitucional. Es la prolongación de un conflicto que se incubó durante el proceso electoral de 2025, cuando el país operó durante semanas en una zona de ambigüedad institucional que erosionó la confianza pública y desdibujó los límites entre lo legal y lo político. El calendario electoral se desplazó, las sesiones del Consejo Nacional Electoral se interrumpieron, las decisiones comenzaron a responder más a correlaciones de fuerza que a normas claras. En ese contexto, el juicio político aparece menos como una decisión y más como una consecuencia.
El Congreso, al admitir la denuncia y avanzar hacia el proceso, ha colocado en el centro del debate una pregunta que trasciende los nombres propios: si un funcionario puede mantenerse en su cargo cuando su actuación ha comprometido el funcionamiento del sistema democrático. La respuesta, en teoría, debería ser sencilla. En la práctica, sin embargo, está atravesada por una compleja red de lealtades políticas, interpretaciones jurídicas y memorias recientes aún en disputa.
Sandra Ponce, ex fiscal.
La intervención de la abogada Sandra Ponce en el programa +conscientes aportó una claridad que pocas veces se escucha en medio de este tipo de crisis. Su insistencia en que el juicio político no evalúa conveniencias, sino conductas, introduce un elemento incómodo para todos los actores involucrados. No se trata entonces de decidir si un funcionario es útil o inconveniente para un proyecto político, sino de determinar si su actuación, en un momento clave para el país, se mantuvo dentro de los límites que la ley establece. Esa distinción, que parece técnica, es en realidad profundamente política, porque obliga a separar (aunque sea momentáneamente) la lógica del poder de la lógica del derecho.
En el caso del fiscal general Jhoel Zelaya, la discusión gira en torno a una serie de decisiones que, tomadas de manera aislada, podrían parecer parte de su mandato, pero que, observadas en conjunto, sugieren un patrón que merece explicación. La rapidez con la que se activaron ciertas investigaciones, la exposición pública de elementos probatorios que tradicionalmente permanecen bajo reserva, la ausencia de acciones en otros casos igualmente relevantes, configuran un cuadro que no necesariamente prueba una intención, pero sí plantea interrogantes sobre el criterio con el que se ejerció el cargo. No es la persecución penal en sí lo que se cuestiona, eso parece estar fuera de este proceso, pues el Ministerio Público es libre de procesar según requiera la ley a cualquiera, sino la consistencia (o la falta de ella) en la aplicación del derecho penal.
Algo similar ocurre con la figura del consejero del CNE, Marlon Ochoa, cuya narrativa pública se ha desplazado hacia la denuncia de un fraude electoral que no ha sido respaldado por ninguna de las misiones de observación internacional. Esa posición, sin embargo, no responde a las preguntas más inmediatas sobre su propio desempeño dentro del Consejo Nacional Electoral en el pasado proceso. Las ausencias prolongadas, las decisiones contradictorias respecto al TREP, la ruptura del quórum en momentos críticos que terminó retrasando todo el proceso poniéndolo en peligro, forman parte de un registro que no depende de interpretaciones, sino de hechos que ocurrieron a la vista del país.
A medida que el proceso avanza, se vuelve más difícil sostener la idea de que todo se reduce a una persecución política, aunque tampoco sería honesto negar que el cálculo político no está presente. El Congreso que hoy impulsa este juicio no es un actor neutral. Ningún congreso lo es. Responde a una nueva correlación de fuerzas, a una mayoría que no existía hace un año y que ahora busca redefinir los límites del poder institucional. Esa intención, sin embargo, convive con una realidad más compleja: la crisis que dio origen a este momento no fue producto de una sola institución ni de un solo grupo.
El proceso electoral de 2025 dejó al descubierto una cadena de decisiones que involucró a múltiples actores: el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Justicia Electoral, las Fuerzas Armadas, la Secretaria de Seguridad y el propio Congreso Nacional. Cada uno, en distintos momentos, contribuyó a un escenario en el que la legalidad se volvió frágil y la política ocupó su lugar. Pretender que esa crisis pueda resolverse únicamente mediante la destitución de algunos funcionarios es, en el mejor de los casos, una simplificación.
Antonio Rivera Callejas y Carlos Cálix en +conscientes
El comportamiento del Congreso anterior, presidido por Luis Redondo, forma parte de ese entramado. La decisión de cerrar el Congreso durante meses, la conformación de una comisión permanente cuestionada, la ausencia de contrapesos en momentos críticos, no pueden ser tratados como episodios aislados. Tampoco pueden ignorarse las acciones de los diputados de Libre que hoy denuncian el juicio político, pero que en su momento acompañaron o permitieron decisiones que contribuyeron al deterioro institucional.
Esa continuidad es la que vuelve incompleto cualquier intento de cerrar el ciclo sin una revisión más amplia de los responsables de hacer colapsar el proceso electoral anterior. El juicio político puede ofrecer una narrativa ordenada sobre responsabilidades individuales, puede incluso establecer precedentes importantes en materia de rendición de cuentas, pero difícilmente podrá resolver por sí solo una crisis que fue, desde el inicio, sistémica.
En ese sentido, lo que está en juego no es únicamente el destino de los funcionarios señalados, sino la forma en que Honduras decide procesar sus conflictos políticos en el futuro. Si el proceso se percibe como selectivo, si las responsabilidades se distribuyen de manera desigual, el resultado no será un fortalecimiento institucional, sino una profundización de la desconfianza. Y esa desconfianza, como ya se ha visto, tiende a traducirse rápidamente en movilización, en confrontación y en nuevas crisis.
La escena de anoche en el Congreso, con sus interrupciones, sus gritos y sus intentos de bloqueo, es apenas una manifestación visible de esa tensión. Detrás de ella se encuentra una disputa más profunda sobre quién define las reglas y bajo qué condiciones se aplican. Esa disputa no se resolverá en una votación ni en una comisión de nueve diputados. Requiere una mirada más amplia, menos complaciente con las propias posiciones y más exigente con las responsabilidades compartidas.
Porque al final, más allá de las defensas y las acusaciones, lo que queda es la pregunta de cómo llegó el país a un punto en el que la estabilidad institucional dependía de decisiones tomadas al límite de la ley, y por qué ese punto no fue corregido a tiempo. Mientras esa pregunta no se aborde con la misma intensidad que se está aplicando ahora a los funcionarios en juicio, cualquier resolución será parcial.
Nada de lo que ocurra en este proceso, ni las destituciones, ni las absoluciones, ni los discursos que las acompañen logrará cerrar este capítulo si no se examina también el papel que jugó el Congreso anterior presidido por Luis Redondo, y las decisiones (y presiones) que, desde allí, contribuyeron a la crisis. En ese examen inevitable aparecen los diputados de Libre que hoy se presentan como defensores de la institucionalidad frente al juicio político, pero cuya actuación en el momento más crítico del proceso electoral formó parte del problema que ahora se intenta corregir.
Sin esa revisión, con nombres y apellidos, el juicio político corre el riesgo de convertirse en un punto de llegada que en realidad es apenas un nuevo comienzo. Y Honduras, que ha aprendido a convivir con ciclos de crisis que nunca terminan de resolverse, podría encontrarse, una vez más, avanzando hacia una solución que deja intactas las condiciones que hicieron posible el conflicto.