La mañana del 12 de mayo, Tegucigalpa despertó con una imagen que parecía salida de una guerra. Tres cuerpos desmembrados y calcinados fueron encontrados dentro de un congelador abandonado en la zona conocida como “El cimarrón”. La noticia fue difundida rápidamente por medios nacionales e internacionales. Según el reporte inicial, las víctimas presentaban señales extremas de violencia y el hallazgo ocurrió en un contexto de creciente preocupación por la expansión de estructuras criminales y el deterioro de la seguridad urbana.

La escena era brutal incluso para un país acostumbrado a convivir con la violencia. Y eso importa políticamente.

Porque las sociedades no reaccionan únicamente a estadísticas. Reaccionan a imágenes. A símbolos. A episodios que condensan en una sola escena el miedo acumulado de años. Un cuerpo calcinado dentro de un congelador no es solamente un crimen. Es un mensaje. Un recordatorio de vulnerabilidad colectiva. Una advertencia de que el Estado parece incapaz de impedir que la violencia alcance niveles cada vez más espectaculares.

Después de noticias así, la presión pública sobre el gobierno aumenta inevitablemente. La población exige respuestas. Exige capturas. Exige control. Exige fuerza. El problema es que Honduras lleva años intentando hacer algo.

Estados de excepción. Militarización. Fuerzas especiales. Operativos anti-extorsión. Depuraciones policiales. Reformas penales. Intervenciones carcelarias. Nuevas unidades de inteligencia. Nuevos tipos penales. Nuevas cárceles. Nuevos despliegues territoriales. Y, sin embargo, el miedo permanece.

Esa es la atmósfera en la que aparece ahora la nueva reforma al Código Penal y Procesal Penal impulsada desde el Ejecutivo. Una reforma presentada como respuesta a la evolución de las estructuras criminales, especialmente la extorsión y el control territorial ejercido por redes organizadas. El documento insiste en que Honduras enfrenta organizaciones capaces de “imponer terror”, “coaccionar”, “alterar el orden constitucional” y desarrollar control territorial sobre comunidades completas.

La exposición de motivos no está construida sobre una ficción. El problema existe. La extorsión en Honduras dejó hace mucho de ser únicamente un mecanismo de cobro ilegal. Se convirtió en una forma paralela de administración económica y territorial. Transportistas, pequeños comerciantes, repartidores, vendedores ambulantes y barrios enteros viven bajo reglas impuestas por estructuras criminales. Negarlo sería intelectualmente deshonesto.

Pero precisamente porque el problema es real, el debate sobre esta reforma exige más rigor y menos impulsividad.

La peor manera de legislar en materia de seguridad es hacerlo bajo el impacto emocional del horror inmediato.

Porque el miedo produce demanda de protección. Y la demanda de protección produce presión política para expandir el poder coercitivo del Estado. América Latina lleva décadas atrapada dentro de ese ciclo.

El Salvador es hoy el ejemplo más visible. Pero no el único. Colombia durante el conflicto armado expandió legislación antiterrorista hasta crear enormes zonas grises entre insurgencia, protesta y criminalidad. Perú hizo algo parecido bajo Fujimori. México normalizó progresivamente la militarización de seguridad pública hasta volverla permanente. Honduras también ha recorrido parcialmente ese camino.

La actual reforma debe entenderse como parte de esa historia.

El estado de excepción impulsado por Libre nació sobre una realidad que buena parte de la oposición prefirió minimizar en sus primeras etapas: la criminalidad sí había logrado consolidar formas de control territorial y psicológico sobre amplios sectores urbanos. El miedo ciudadano no era propaganda. Era experiencia cotidiana.

Pero las críticas al estado de excepción tampoco fueron imaginarias.

Durante su aplicación comenzaron a acumularse denuncias de detenciones arbitrarias, abusos policiales, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales denunciadas por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. La propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organismos nacionales documentaron preocupaciones por el uso prolongado de medidas excepcionales y la debilitación de garantías constitucionales.

La discusión pública terminó atrapada en una simplificación estéril. De un lado, quienes parecían negar cualquier riesgo autoritario porque la criminalidad era real. Del otro, quienes parecían minimizar el terror cotidiano que vivían miles de personas porque desconfiaban del Estado.

Ambas posiciones resultaban insuficientes.

La extorsión era real. El miedo también. Los abusos igualmente.

Y precisamente allí aparece el problema más delicado de la nueva reforma: parte de las facultades extraordinarias justificadas bajo el estado de excepción parecen migrar ahora hacia la legislación ordinaria.

La propuesta incorpora allanamientos sin autorización judicial previa en determinados contextos, ampliación de mecanismos de vigilancia, acceso rápido a información privada, expansión de figuras vinculadas al terrorismo y nuevas capacidades excepcionales para órganos de seguridad.

El artículo 587 reformado probablemente resume mejor que ningún otro el corazón del problema. Allí se redefine asociación terrorista utilizando conceptos como “alterar el orden constitucional”, “desestabilizar”, “generar terror” o ejercer “control territorial”.

La intención política detrás de la redacción es evidente: construir herramientas más agresivas contra estructuras criminales complejas.

Pero el problema jurídico también es evidente. Las categorías demasiado abiertas terminan dependiendo menos de la ley y más de quién interpreta la ley.

Y Honduras no enfrenta esta discusión dentro de instituciones plenamente saneadas. Ese es probablemente el vacío más importante de toda la reforma.

El documento amplía capacidades del Estado para perseguir criminalidad organizada, pero dedica sorprendentemente poco espacio al problema que ha atravesado durante décadas a las propias estructuras de seguridad: corrupción, infiltración y captura institucional.

La historia reciente hondureña está llena de advertencias sobre eso.

La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional nació precisamente porque el problema dejó de estar únicamente en las calles. El problema comenzó a aparecer dentro de la policía misma. Agentes vinculados al narcotráfico. Filtración de operativos. Redes de protección criminal. Participación policial en extorsión. Colusión territorial.

Investigaciones académicas recientes han documentado precisamente esa relación ambigua entre policía y estructuras criminales en Honduras. Un estudio publicado en 2023 sobre cooperación criminal entre policías y pandillas en Honduras encontró mecanismos sistemáticos de colusión, extorsión y utilización selectiva de capacidades represivas por parte de agentes policiales. Otro análisis sobre violencia y extorsión en el norte de Centroamérica identifica como particularmente preocupante la participación de policías hondureños en esquemas de extorsión.

Incluso investigaciones internacionales sobre Honduras han insistido en que la corrupción dentro del sistema de justicia y seguridad continúa siendo estructural.

Y allí aparece la pregunta más incómoda de toda esta discusión: ¿Qué ocurre cuando un Estado que no ha resuelto plenamente la infiltración criminal dentro de sus propias instituciones adquiere todavía más facultades excepcionales?

La reforma presentada por el Ejecutivo que irá ahora a discusión al Congreso Nacional castiga más severamente la participación de funcionarios públicos en delitos organizados. Pero eso es distinto a reformar estructuralmente las instituciones encargadas de aplicar la ley. El proyecto fortalece herramientas represivas, pero no construye mecanismos robustos e independientes de supervisión, auditoría, inteligencia interna o control civil sobre cuerpos de seguridad.

En otras palabras: la reforma parece asumir que el problema principal está afuera del Estado. Y Honduras ya aprendió hace tiempo que eso no es completamente cierto.

El crimen organizado hondureño no ha sobrevivido únicamente por control territorial. Ha sobrevivido por capacidad de infiltración institucional.

La historia contemporánea del país está llena de señales sobre eso. Desde las redes de narcotráfico vinculadas históricamente a estructuras políticas y policiales, hasta los escándalos revelados en cortes internacionales, pasando por las denuncias recurrentes sobre protección criminal desde organismos de seguridad.

Por eso la discusión sobre esta reforma no puede reducirse a “mano dura sí” o “mano dura no”.

Ese debate ya fracasó.

La verdadera discusión es otra: cómo construir un Estado capaz de enfrentar criminalidad organizada sin destruir simultáneamente controles democráticos y derechos fundamentales.

Y allí la evidencia académica resulta importante.

Diversos estudios sobre percepción del crimen en América Latina muestran que el miedo ciudadano tiende a incrementar apoyo a políticas punitivas y expansión penal. Pero también muestran algo más complejo: las sociedades no necesariamente demandan únicamente castigo; demandan seguridad efectiva y confianza institucional.

Ese matiz importa.

Porque la percepción de inseguridad no nace solamente del número de homicidios o de extorsiones. También nace de la desconfianza hacia las instituciones encargadas de combatirlas.

La población hondureña exige más acción del Estado mientras simultáneamente teme a sectores del propio aparato de seguridad. Esa contradicción no es irracional. Es el resultado acumulado de décadas de violencia, corrupción e impunidad.

Por eso la reforma necesita algo que el debate político hondureño rara vez tolera: discusión técnica seria.

Criminólogos. Sociólogos. Especialistas en inteligencia financiera. Expertos constitucionalistas. Organizaciones de derechos humanos. Especialistas en corrupción policial. Estadísticos. Investigadores sobre violencia y control territorial.

Porque legislar desde el horror inmediato puede producir leyes populares. Pero no necesariamente leyes efectivas.

La experiencia latinoamericana demuestra que las medidas excepcionales rara vez retroceden completamente una vez instauradas. Y cuando se combinan expansión penal con instituciones débiles o infiltradas, el resultado puede ser profundamente peligroso para la democracia.

El riesgo no es solamente abuso estatal. El riesgo es algo todavía más complejo: fortalecer institucionalmente estructuras que el propio crimen ya aprendió a penetrar.

Y esa es probablemente la advertencia central que Honduras necesita discutir antes de aprobar esta reforma.

La extorsión debe combatirse, en eso estamos totalmente de acuerdo. La violencia debe enfrentarse con todo el peso de la ley. El Estado tiene obligación de responder a la ciudadanía. Pero ninguna reforma penal resolverá el problema hondureño si el país sigue evitando la discusión más incómoda de todas: que el crimen organizado no solamente controla territorios. También aprendió, hace mucho tiempo, a habitar partes del propio Estado.

Fuentes consultadas:

Amnesty International. (2025). Honduras 2025. Amnesty International. Amnesty International Honduras 2025

Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras. (Diversos informes y comunicados oficiales sobre depuración policial, 2016–2020).

Inter-American Development Bank. (2023). Combating Crime in Latin America and the Caribbean: What Public Policies Do Citizens Want? BID. IDB Crime and Public Policy Report

Infobae. (2026, mayo 12). Honduras: hallan tres cuerpos desmembrados y calcinados dentro de congelador. Infobae. Infobae nota sobre cuerpos calcinados en Tegucigalpa

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH). (2024). OACNUDH llama a adoptar respuestas integrales de combate a la violencia y criminalidad organizada a partir de un enfoque de derechos humanos. OACNUDH Honduras sobre estado de excepción

Poder Ejecutivo de Honduras. (2026). Proyecto de reforma al Código Penal y Código Procesal Penal. Documento oficial.

Rodgers, D., & Baird, A. (2023). The dynamics of criminal cooperation between the police and gangs in Honduras. ResearchGate/Publicación académica sobre cooperación criminal y colusión policial en Honduras. The dynamics of criminal cooperation between the police and gangs in Honduras

Street Gangs in Central America Research Initiative (SCAIN). (s.f.). Gangs, Violence and Extortion in Northern Central America. Florida International University. Gangs Violence and Extortion in Northern Central America

Human Rights Watch. (2025). World Report 2025: Honduras. Human Rights Watch. Human Rights Watch Honduras 2025

Human Rights Watch. (2025). El Salvador: Violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción. Human Rights Watch. Human Rights Watch El Salvador

Justice Research and Policy. (s.f.). Fear of crime and punitive attitudes in Latin America. Documento académico sobre percepción del crimen y apoyo a políticas punitivas. Fear of crime and punitive attitudes study

The New Yorker. (2021, noviembre 15). Is the President of Honduras a Narco-Trafficker? The New Yorker. The New Yorker Honduras narco-trafficking article