ANALISIS DE CONTEXTO: 21 DE JUNIO DE 2023
Conversando con una amiga, a propósito de la actual situación que vive el país, ella me comentaba: “a este gobierno solo crisis le han tocado”. Yo guardé silencio por un momento, enumerando en mi mente las crisis actuales. “¿Y qué gobierno no ha vivido siempre en crisis?”, le respondí, luego de un rato. Que vivimos en crisis no es nada nuevo, unas inéditas, otras endémicas, unas coyunturales, otras estructurales y todas se suman a esa sensación que tenemos en Honduras, que vivimos en un país en permanente estado de crisis. Al final se eligen gobernantes para gestionar nuestras crisis, algo que nos impide lograr proyectos para enfrentar el futuro.
Hace 10 días se avizoraban para el mes de junio las crisis energética y la que busca atender la Comisión Agraria, afortunadamente la lluvia ha aliviado un poco la primera, parece que los apagones ya no son tan inminentes (por ahora) y la crisis agraria ha pasado a segundo plano de atención, no por ser menos urgente sino por el carácter de las otras crisis que hoy enumeramos.
Han comenzado ya los desalojo en algunas plantaciones de la costa norte, los movimientos campesinos y de los territorios se han declarado en alerta ante el proyecto que impulsó el ejecutivo desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la líder garífuna Miriam Miranda manifestó, a propósito de este proyecto: “representantes del INA junto con Policías y MP, realizan inspecciones en 8 sitios del territorio Garífuna de Trujillo, supuestamente a pedido de la familia Crespo y otros, para desalojar a los Garífunas que habitan esos sitios. Para eso quieren esa Comisión Agraria.” Su reacción confirma que impulsar el proyecto de la Comisión Agraria encontrará mucha resistencia en los grupos organizados que ven con desconfianza al proyecto del ejecutivo. Lograrlo sin violencia requerirá mucho talento por parte de los técnicos y políticos del gobierno.
Oquelí Domínguez, líder ambientalista asesinado en Tocoa
A eso súmele el asesinato del ambientalista de Guapinol Oquelí Domínguez, que fue ultimado en su casa de habitación en Tocoa, departamento de Colón. La familia Domínguez ha sido muy activa en la zona, en oposición al proyecto minero Pinares, con grandes costos para ellos. Ali Domínguez, hermano de Oquelí, fue asesinado en enero de este año. El reclamo ha caído ahora en la incapacidad de las autoridades de dar respuesta en las investigaciones y capturar a los responsables, y en los problemas que ha creado la desarticulación del Sistema de Protección de Defensores y Comunicadores que la Secretaría de Derechos Humanos intervino el año pasado, que aunque en teoría sigue vigente, en la práctica ha perdido confianza en un gran sector de la población que ven la gestión de la ministra Roque como sectaria, más preocupada por la defensa del gobierno que por los Derechos Humanos.
Cuando el asesinato de Oquelí Dominguez se produjo, parecía que iba a crear un efecto dominó, sumando otros reclamos de la zona, pero rápido pasó a segundo plano por otra crisis: la salida de Gabriela Castellanos del país.
Gabriela Castellanos, directora CNA
La abogada Gabriela Castellanos, del CNA ha tenido desde el principio un rol antagónico con el gobierno. Desde enero de 2022 afirmó que la Junta Directiva del Congreso Nacional que dirige Luis Redondo, había sido electa de forma ilegal y que la Amnistía que impulsó el CN era en la práctica un pacto de impunidad. Pero las tensiones aumentaron cuando el legislativo bloqueó la participación del CNA en la elección de la Corte Suprema de Justicia, proceso que comenzó en septiembre del año pasado, y llegó a su clímax hace unas dos semanas, cuando el CNA presentó un extenso informe sobre nepotismo y acumulación de poder desde algunas familias del ejecutivo, entre las que mencionó a los Castro Zelaya, los Flores Lanza, los Moncada, Redondo y otros.
La reacción por parte del gobierno fue muy impulsiva, la presidenta de la República dedicó el discurso del día del periodista a reclamar al CNA por su informe, descalificando no solo su contenido, sino al CNA como institución y a la abogada Castellanos. El reclamo de la presidenta dio la pauta a seguir, la reacción entonces de la militancia del partido de gobierno en redes sociales fue desproporcionada. En redes sociales se dijo cualquier cantidad de insultos y amenazas, parecidas a las que en enero de 2022 se dijeron en contra de la diputada Beatriz Valle, ahora embajadora en Canadá.
Esta semana la abogada Gabriela Castellanos salió del país, según se filtró por la prensa, por temores a su seguridad y la de su familia. Ella afirmó luego que todo comenzó como reacción al reporte del CNA contra el nepotismo. Nuevamente las comunicaciones del gobierno fueron equivocadas, inmediatamente después de que se conociera la salida de la abogada Castellanos, varios funcionarios alieron a descalificar el hecho argumentando, que el mismo se debía a una estrategia de la Embajada americana para “levantarle el perfil” a la señora Castellanos, de cara a una posible candidatura presidencial. Y si hubo un cambio luego en las comunicaciones, con un tono más conciliador y serio, se debió más a la intervención del nuevo Comisionado presidencial de Comunicaciones, Giovanny Domínguez, un comunicador de profesión que busca darle mayor orden a las comunicaciones del gobierno. Hay que ver si lo logra.
No cabe duda que la abogada Castellanos regresará al país a seguir trabajando al frente del CNA, que aunque la presión desde el ejecutivo para sustituirla del cargo por medio de una asamblea de socios ha sido grande, este incidente hará poco ambiente para que eso pase.
Edmundo Orellana, ex ministro de Transparencia del gobierno de Honduras
Entre los efectos inmediatos que se pueden contar de la crisis que generó la salida de la abogada Castellanos, está la salida del Ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, quién días antes de anunciar su renuncia al cargo había expresado su solidaridad con la abogada Castellanos, de quién es muy amigo. Parece ser que él ya tenía pensada su renuncia, que cae ahora en un momento delicado para el gobierno.
El paso del doctor Orellana por la administración de Xiomara Castro es una larga lista de frustración. Desde el inicio de su gestión alertó el desinterés de fortalecer esa secretaría, la falta de presupuesto para funcionar y la poca voluntad de las demás secretarías de responder a sus cuestionamientos. El último incidente fue el intercambio que hubo entre el Ministro de Transparencia, Ricardo Salgado y el doctor Orellana, cuando éste último le cuestionó el manejo poco transparente de unos fondos para comprar pasajes aéreos a Cuba a través de una ferretería. El doctor Orellana tuvo incluso que mostrarle los artículos de la ley que le facultan para pedir tales reportes. Estoy seguro que su salida obedece más a ese incidente que al exilio temporal de la abogada Castellanos, pues en él vio poco interés por parte de la presidenta Castro de implementar transparencia en su administración.
La renuncia ahora de Orellana deja en el gobierno la sensación de una administración poco interesada en la transparencia, en la lucha contra la corrupción y en la crítica, interna o externa. El doctor Edmundo Orellana anunció que se incorporará al Parlamento Centroamericano a partir del mes de agosto, a donde fue electo por el Partido Liberal.
Por último y de mayor magnitud, es la crisis que se generó a partir de ayer martes 20, cuando un grupo de internas, aparentemente de la pandilla 18, ejecutó con saña a un total de 46 internas de la cárcel de mujeres en Támara, Francisco Morazán.
Víctimas en el incendio de la cárcel de Comayagua, 14 de febrero de 2012
Las masacres carcelarias no son nuevas en el país. El 2003, la masacre de la cárcel de El Porvenir, causó la muerte de 72 internos de la pandilla 18; luego, en 2004, 103 internos de la cárcel de San Pedro Sula, en esa ocasión de la Mara MS13; luego, en 2012, el incendio en la cárcel de Comayagua, con un saldo de más de 300 víctimas; más un constante goteo de muertes de internos en distinto tipos de incidentes. Lo que ha sido nuevo en este caso es que ocurrió en una cárcel de mujeres, que históricamente ha sido considerada de baja peligrosidad.
Nuevamente, y como algo que se ha vuelto ya constumbre en los altos funcionarios del gobierno, la reacción pública fue lamentable. El Canciller Enrique Reina llegó incluso a decir en un tuit que “esto demuestra una escalada conspirativa contra Xiomara Castro, de las fuerzas oscuras que convirtieron a Honduras en un narco estado”.
Y no niego que haya existido una conspiración: se introdujo más de 10 armas de fuego en la cárcel, incluyendo un AR15, gasolina e incluso granadas de fragmentación que fueron usadas para ejecutar a 46 mujeres en media hora. Pero esa carnicería fue advertida con tiempo. Como suele suceder, los mismos internos alertan a las autoridades cuando algo de esa magnitud está siendo planificado. Y si la inteligencia de la policía en las cárceles sabía y no hizo nada, ¿quién es responsable entonces de esa conspiración?
Ramón Sabillón, ex ministro de Seguridad del gobierno de Honduras
Producto de la crisis generada por la masacre en la cárcel de mujeres y ante lo que es evidentemente un fracaso en la política de seguridad del gobierno, la presidenta Castro destituyó al general Ramón Sabillón, y puso en su lugar al que hasta ahora había sido jefe de policía Gustavo Sánchez, un académico que ha sido señalado hasta ahora de ser “un policía de escritorio”.
Y aunque amplio sector de la sociedad hondureña exigía acciones drásticas por parte del ejecutivo, luego de la destitución de Sabillón ha quedado cierta inconformidad en el ambiente, pues se ve como injusto que solo él saliera del cargo, cuando la vice ministra Julissa Villanueva ha sido, desde hace meses, la encargada de la estrategia de intervención de las cárceles en todo el país; ella era además quién desde hace un mes manejaba información (o debió manejarla) por parte de otras internas que alertaron que “algo iba a ocurrir” en la cárcel. Si no lo sabía ella, ¿a dónde se cortó la comunicación con la inteligencia de la policía?
Por otro lado, se presume que Ramón Sabillón fue ministro de Seguridad del gobierno en sugerencia de la embajada Americana, que mira como importante en su estrategia continuar con las extradiciones de narcotraficantes. En la víspera fue extraditado el político Oquelí Midence, suplente del diputado Carlos Zelaya Rosales, Secretario de la Junta Directiva y la salida de Sabillón se ve ahora, como un deja vu de la destitución que sufrió en 2015, cuando capturó a los Valle Valle, según relata el mismo Sabillón, en contra de la voluntad del expresidente Juan Orlando Hernández, también extraditado.
Por último y viendo las nubes que se forman en el cielo, en el caribe se está conformando el huracán Bret. Aún no conozco si el mismo pasará o no por la región, aunque tiene una trayectoria amenazadora. Si llega, habrá que prepararse para más inundaciones y deslizamientos, aunque eso aliviará las represas que necesitan agua para generar energía eléctrica, generará además otras crisis.