La violencia de género es un problema serio. Según datos del Centro de Derechos de las Mujeres (CDM), de enero a septiembre del 2023, se registraron 26,456 denuncias de violencia doméstica y 37,772 denuncias de maltrato familiar, a través del Sistema Nacional de Emergencia (911). El Observatorio de la Violencia de la UNAH y los organismos de defensa de los derechos humanos reportan que en 20 años en Honduras han perdido la vida de manera violenta unas 8,050 mujeres. En promedio una mujer muere diariamente en este país por causa de la violencia machista. Un problema de tal magnitud debe ser atendido de manera transversal, en todos los niveles, con toda la contundencia necesaria.

No podemos negar que los principales agresores de las mujeres somos los hombres, que la gran mayoría de esos casos involucra a un hombre como agresor y que el 95 % caen en la impunidad, ya sea por falta de interés de los órganos de justicia en investigar los casos, por insuficiencia de recursos asignados a los organismo responsables de su prevención o, a veces, por complicidad de otros hombres que justifican la violencia de género con elementos culturales.

En el caso de los políticos hondureños la practica sigue siendo esa. En nuestra historia tenemos diputados “pijiadores” de mujeres, ministros agresores y acosadores; hay en nuestra fauna local un presidente que se dice golpeaba a su esposa, entonces primera dama y otro que aún hoy comentan ha sido un agresor psicológico de su compañera de hogar. Y cuando esos casos han salido a la luz pública, una vez que no han podido detenerlos, siempre han alegado persecución política o un intento de destruir su gobierno o partido. Nunca un político hondureño ha reconocido ser un violentador de mujeres y hasta donde recuerdo, nunca han habido condenados tampoco por ese tipo de delitos.

Pero tampoco podemos negar que ha sido frecuente el uso de los sistemas de justicia para perseguir adversarios políticos, a veces con causas reales, a veces con bulos, cuyo propósito ha sido destruir una carrera o un proyecto político que desde el poder se reconoce como peligroso. Porque esa ha sido también una constante, si alguien ha salido a la luz publica y ha tenido que responder por algún delito (menciono aquí cualquier figura contemplada por el código penal) ha sido siempre de la oposición. Desde el poder siempre se ha protegido al agresor, al corrupto, al delincuente, según sea de su partido o ayude a los intereses de quienes en ese momento gozan de sentarse en la silla más cara y quienes se han atrevido a enfrentarlos han debido pagar muy caro su atrevimiento. Recordemos a Gladis Lanza.

Tampoco se puede negar que hay mujeres, en Honduras y en el mundo, que han comprendido la ventaja que un sistema legal, que para equilibrar las desigualdades históricas pone peso en la agredida, otorgándole de oficio credibilidad a su versión de los hechos, que la gran mayoría de los casos son ciertas, pero que hay unas versiones que no, que presentan un cuadro más complejo repleto de tonos grises, en donde la frontera entre víctima y victimario se diluye en una maraña de circunstancias.

Es cierto que de oficio los órganos de investigación criminal, activistas y organizaciones de mujeres deben creerle en la denunciante y que es en un juicio JUSTO en donde se puede construir la escala de grises para que el juez o tribunal decida si es o no culpable, el agresor, de lo que le acusan. Recuerdo acá mi breve paso por los juzgados, cuando me tocó llevar casos de violencia intrafamiliar y la creencia generalizada era que los dados estaban cargados, que el juez o la jueza tenía ya una versión del veredicto, antes siquiera de escuchar sus atenuantes.

Pero en el mundo real y en especial en las redes sociales la realidad es otra. Se han hecho famosos casos como los de Amber Heard y Jhonny Deep, en donde el “agresor” salió exculpado, tanto en lo legal como en lo mediático, cuando se “demostró” que el caso era cuanto menos más complejo que la maniquea lectura de bueno o malo, culpable o inocente, víctima o victimario.

He conocido casos, en las cortes hondureñas, de mujeres que han usado los recursos legales de los juzgados de violencia contra la mujer para vengarse una infidelidad o agravio, que a su mirada era imperdonable, y que después la realidad resultó siendo otra. Casos incluso de acusaciones falsas de violación, con lo polémico que esto resulte siquiera decirlo en este escrito. No son la mayoría, debo afirmar, ni siquiera es determinante para definir las estadísticas de un país en donde diariamente ocurre todo tipo de violencia contra la mujer, pero existen.

Y es acá en donde entra el tema mediático. Antes he escrito sobre los peligros de usar la justicia y los sistemas de persecución penal con fines políticos, de caer en la justicia como espectáculo de escarnio para las masas. Pero nunca está de más volver a levantar la alarma del peligro que esto representa. No se ayuda a las víctimas politizando los casos criminales, menos aún cuando el juicio y la sentencia viene, no de un cuerpo competente sino de una estructura artificial, que solo existe en las redes sociales. Porque si la denuncia está en los tribunales, los acusados tienen el derecho a defenderse en los tribunales. Pero si el caso está en los medios de comunicación, allí llega también el derecho del que se considera agredido en su derecho a ser vencido en juicio, volviéndolo un caso político donde quien pierde es, si ha existido, la víctima.

El diputado disidente de Libre Jorge Cálix ha pasado ahora por un proceso mediático sostenido desde las plataformas afines al gobierno y los perfiles de los activistas que le detractan; antes de ser judicial, su caso es político y como político respondió. Yo no sé si él es o no culpable de los actos de que lo acusan, hasta el momento he visto una lucha asimétrica en su contra, donde no se le ha dado espacio para defenderse, hasta hoy, que responde desde lo mediático. Si algo de culpa hay, no debería temer enfrentarlo y resarcirse con la verdad. Estoy seguro que eso también lo aprecian los electores. Lamentablemente, por haberse politizado este caso desde el gobierno, atrás quedó la denunciante, en un rol de reparto, en una trama para la que no importa realmente, en una pelea por imponer una verdad, usando cada quien todos los recursos a mano porque, se percibe, de eso depende el futuro de más que un proyecto político.