El caso que la diputada Saraí Espinal relató al aire, en el programa +conscientes, transmitido por ICN, no necesitaba adjetivos. Bastaba con la escena.
Un niño de siete años fue llevado a la montaña por dos adolescentes —uno de 17, otro de 14—. Lo agredieron con un objeto. El menor sobrevivió después de cirugías, campañas de donación y semanas en el Hospital Escuela. La familia tuvo que abandonar su comunidad. Los agresores, dijo la diputada, siguen en libertad.
“¿No me diga a mí que una persona de 17 años que le mete un palo a un menor es un adolescente inocente?”, preguntó en el programa. “Claro que sabía lo que hacía”.
Diputada Saraí Espinal (PLH)
Ese caso —como otros que mencionó: una niña de dos años violada por un joven de 17; menores utilizados para extorsión— constituye el corazón emocional de su propuesta: reducir la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser juzgados como adultos.
En el Congreso, la iniciativa se presenta como respuesta a una percepción social extendida: que el crimen organizado utiliza a menores porque la ley los protege; que el sistema penal juvenil es indulgente; que existe una zona de impunidad.
La diputada lo resumió con una frase que captura el impulso político detrás de la propuesta: “Yo me debo al pueblo. Y el pueblo lo pide”.
Pero las políticas públicas rara vez resisten el análisis si nacen únicamente del caso extremo. Lo que ocurrió en el programa de hoy fue el tránsito —incómodo pero necesario— entre la indignación individual y la realidad estructural.
Una de las primeras correcciones del debate fue conceptual.
En Honduras, los adolescentes entre 12 y 18 años ya responden penalmente. No existe impunidad. Existe un sistema especializado. La propuesta entonces no consiste en hacerlos responsables —ya lo son—, sino en trasladar a los mayores de 16 al sistema penal de adultos.
La exfiscal de la niñez Nora Urbina lo explicó sin rodeos: “El sistema penal juvenil es un sistema educativo. Se enfoca en que el adolescente pueda reintegrarse a la sociedad”.
Abogada Nora Urbina, ex fiscal de la niñez.
La distinción que hace la abogada Urbina entonces no es menor. El sistema juvenil está diseñado bajo el principio del interés superior del niño, establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Honduras en 1990. Ese tratado, “el instrumento internacional más ratificado del mundo”, obliga a los Estados a mantener sistemas diferenciados para menores de 18 años y a priorizar la reintegración social.
El Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a Honduras, de hecho, lo contrario de lo que propone la iniciativa presentada ahora en el Congreso Nacional: elevar la edad mínima de responsabilidad penal de 12 a 14 años y mantener el límite superior en 18.
Los fundamentos no son ideológicos. Son biológicos y psicológicos. El desarrollo del lóbulo frontal —la región asociada al control de impulsos y la evaluación de consecuencias— continúa hasta bien entrada la adultez temprana. La criminología contemporánea coincide: los adolescentes tienen mayor capacidad de rehabilitación y menor persistencia criminal que los adultos.
Moverlos al sistema penitenciario común no endurece el castigo. Cambia su trayectoria.
En América Latina, la evidencia es consistente. En Brasil y México, los estudios muestran que los jóvenes que pasan por cárceles de adultos tienen tasas de reincidencia significativamente mayores que aquellos que permanecen en sistemas especializados. Las prisiones adultas no rehabilitan, socializan en el delito.
Urbina lo expresó en términos simples: ¿“Ahí no va a haber reinserción. Ahí no hay colegio. No van a poder estudiar”.
El segundo momento del programa fue estadístico, y quizá el más revelador.
Actualmente hay alrededor de 149 adolescentes privados de libertad en el sistema juvenil hondureño. En el sistema penitenciario de adultos hay más de 20,000 personas. La proporción dice más que cualquier discurso.
“El desbordamiento del crimen no es por los adolescentes”, señaló Urbina. “El problema de la criminalidad son los adultos”.
Esa afirmación coincide con los datos regionales. Según UNODC y UNICEF, los menores de edad representan entre el 5% y el 10% de los delitos violentos en toda América Latina. La narrativa de una criminalidad juvenil dominante no tiene respaldo empírico.
El problema central del sistema hondureño es otro: más del 90% de los delitos quedan en la impunidad, según estimaciones del propio Ministerio Público y organismos internacionales. Y sin investigación efectiva, la severidad de la pena se vuelve irrelevante. En ese contexto, reducir la edad penal funciona más como señal política que como herramienta de seguridad.
Urbina lo planteó con una pregunta que quedó suspendida en el estudio: “¿Por qué no fortalecemos las unidades que investigan a quienes utilizan a los niños?”
La diputada respondió desde otro registro: el de la demanda social. “La gente en tierra adentro vive cosas que nosotros no vemos”, dijo. “Esto no es populismo. Es un clamor”.
Ese argumento tampoco puede descartarse. Las políticas penales suelen surgir de la percepción de inseguridad más que de los datos. El sociólogo David Garland ha descrito este fenómeno como “la cultura del control”: el Estado responde al miedo con símbolos de dureza.
El problema entonces aparece cuando el símbolo sustituye a la solución.
En el mismo debate del programa, la diputada Espinal reconoció algo que desarma parcialmente la lógica punitiva: muchos de los adolescentes son utilizados por el crimen organizado. Son ejecutores desechables. Mano de obra de bajo costo.
La pregunta entonces cambió de dirección. Si los menores son instrumentos, ¿castigarlos más reduce el crimen… o solo reemplaza a unos por otros? ¿El crimen organizado dejará de utilizarlos o buscará a otros jóvenes para usar?
La experiencia internacional sugiere lo segundo. En El Salvador, antes del régimen de excepción, el endurecimiento penal no redujo el reclutamiento juvenil. En México, la militarización del combate al narcotráfico coincidió con el aumento de menores en organizaciones criminales. Cuando el problema es estructural, el mercado criminal se adapta.
Pero el momento más revelador del programa de hoy no estuvo en la confrontación, sino en una coincidencia.
Hacia el final, la diputada Espinal habló de familias fragmentadas por la migración, de jóvenes criados por abuelas, de comunidades sin oportunidades. Habló de educación, de empleo, de prevención. Sin proponérselo, describió el mismo diagnóstico que había defendido la abogada Urbina. La diferencia no estaba en el problema. Estaba en el punto de entrada.
Para Urbina, el camino es fortalecer el Estado social. Para Espinal, el sistema penal debe enviar una señal más dura. Pero el dato estructural permanece.
Honduras tiene más de un millón de niños fuera del sistema educativo. Casi la mitad de su población es menor de 18 años. La inversión en niñez es una de las más bajas de la región. Las instituciones de protección operan con presupuestos limitados. Las municipalidades carecen de programas preventivos. El reclutamiento de jóvenes por maras y pandillas ocurre donde el Estado no está, y cuando ese vacío se llena, ya es muy tarde.
Las reformas penales tienen un atractivo político evidente: son rápidas, visibles y generan la sensación de acción. Las reformas sociales por el contrario son lentas, costosas y sus resultados no se ven en un ciclo electoral.
Por eso el debate sobre la edad penal aparece cada cuatro años. Nora Urbina lo llamó durante el programa “el fantasma de bajarle la edad”. Pero seamos claros, no es un fantasma jurídico, es un reflejo político. Cada vez que el Estado falla en prevención, reaparece la tentación de compensarlo con castigo.
Hay una pregunta que ninguna reforma penal puede evadir. Si el sistema educativo expulsa, si la protección social no llega, si la familia migra por necesidad, si el barrio es territorio de reclutamiento y si la impunidad supera el 90%, el problema no comienza cuando el joven comete el delito. Comienza mucho antes.
En ese sentido, el caso con el que inició el debate de +conscientes —el niño herido en la montaña— contiene dos tragedias, no una. La de la víctima y la de los agresores. Ambos crecieron en un entorno donde el Estado llegó tarde, o no llegó.
Las sociedades que endurecen el castigo sin corregir esas fallas terminan ampliando su sistema penitenciario sin reducir su violencia. Y entonces la pregunta que quedó al final del programa deja de ser retórica.
Si la criminalidad juvenil es marginal en términos estadísticos, si el reclutamiento responde a condiciones sociales y si el sistema penal adulto aumenta la reincidencia, ¿de verdad el centro del problema son los jóvenes? ¿O es un Estado que aparece solo cuando el daño ya está hecho?